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Actualizado el 2016-08-22 a horas: 16:42:10

La guerra del agua y el fantasma de la privatización

Arturo D. Villanueva Imaña (*)

Los pueblos que olvidan su historia o la desconocen, tienden a repetir sus errores y, consiguientemente, sufrir sus consecuencias.

Todos quienes conocen y se han acercado al caso de “la guerra del agua” en Cochabamba del año 2000, saben que ella constituye un referente mundial en la lucha popular contra los intereses transnacionales, la privatización y el extractivismo. Además, se trata de un proceso que continúa contribuyendo a los procesos de búsqueda y construcción de alternativas al poder corporativo transnacional (tanto en el plano del conocimiento y las investigaciones académicas, como en el ámbito del ejemplo para las luchas populares en otros países). Tal es la magnitud e importancia de este acontecimiento histórico.

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Y no es menos, porque tiene la virtud de sintetizar en una misma problemática y en un tiempo muy corto, cómo evoluciona una demanda local por un servicio (y en ese mismo tránsito cómo va expresándose y madurando la conciencia popular), hasta convertirse en una explosión de dignidad y rebeldía, que lo convierte en un emblemático referente nacional y mundial de las luchas populares contra los intereses transnacionales.

Ahora bien, a más de 3 lustros de aquella épica coyuntura de rebelión que sigue concitando interés por su contundencia y las indudables conquistas alcanzadas (nada menos que habiendo expulsado a un consorcio corporativo que pretendió privatizar y convertir en un negocio el derecho a un recurso vital como es el agua); resulta indispensable retornar la vista a lo que sucede hoy. Y ello es imperioso, porque semejante esfuerzo no logró resolver los problemas y las carencias apremiantes de agua que sufre la población, pero sobre todo aquella población mayoritaria que no dudó en comprometerse y luchar.

Esta enorme deuda social e histórica que se sigue arrastrando, como la necesidad de recuperar y entender el pasado para no repetir sus errores, es la motivación principal que orienta este artículo; en la esperanza de que pueda aportar algunas ideas, ante la preocupación que surge como consecuencia de la sequía y escasez de agua que nuevamente sufre Cochabamba.

LA GUERRA DEL AGUA[1]/.

Quizás no sea una tarea fácil entender cómo se llegó al extremo de que todo un pueblo se vuelque a las calles para enfrentarse a las fuerzas militares y policiales en defensa de su derecho vital al agua. En el caso de Cochabamba, Bolivia, donde se produjeron esos acontecimientos que cobraron vidas y varios heridos, se explicaba en ese momento (y actualmente también), por el enorme crecimiento poblacional y urbano, sumado a un deficiente, oneroso y abusivo servicio de provisión de agua para la población, que terminó por agudizar un crónico déficit de agua que sufría el pueblo por varios años. La muestra de ello, es que una mayoría de los pobladores de la ciudad recibía agua (y aún lo continúa haciendo), solo por algunas horas, no recibe nada, o sencillamente no está conectada al servicio de provisión. Ello sin contar que, además, debían pagar tarifas mensuales elevadas (tal como lo siguen haciendo hoy).

Sumado a ello, está el hecho de que no solo existía una creciente demanda de agua potable para consumo domiciliario en la ciudad; sino también de agua para riego y uso doméstico, para aquella mayoritaria población que históricamente le había otorgado la identidad de “despensa” y “granero” al antiguo fértil valle cochabambino. Es decir, los campesinos.

Para encarar esta situación, durante más de cinco décadas, los cochabambinos habían fincado esperanzas y establecido ilusiones, en la realización de un proyecto múltiple (agua potable, riego y energía eléctrica). Tan ansiada solución debía provenir de la construcción de una represa que se alimentaría del trasvase de aguas cordilleranas, y que le dio el nombre a la empresa “Misicuni”, pero que nunca (hasta ahora) logró concretizar dicho anhelo que resolvería los problemas antedichos.

El periodo neoliberal que se caracterizó por la privatización de recursos y empresas nacionales; en los años 90 abrió nuevamente la posibilidad de que aquel ansiado proyecto que por décadas no pudo ser concretado, se realice. Sin embargo, muy en contrario de lo que el pueblo demandaba, el gobierno de entonces, en vez de hacerse cargo del mismo, decidió finalmente (porque a la licitación internacional lanzada no se presentaron proponentes), entablar negociaciones y conceder la responsabilidad de efectuar el proyecto, a un consorcio privado (que a su turno ya había hecho las modificaciones para que el proyecto resultase rentable para sus intereses), y en el que se incluía (entre otras como la española Abengoa y la británica International Water) la transnacional Bechtel[2]/.

Dicha iniciativa fue rechazada desde el principio por las organizaciones populares aglutinadas en el Comité de Defensa del Agua. Cuestionaban la intención declarada y establecida en el convenio firmado, de que los beneficiarios debían pagar un incremento en las tarifas de agua potable y alcantarillado, no desde el momento de recibir el “beneficio”, sino previamente y durante todos los años que iba a durar la construcción de la obra (que en ese momento, para la construcción del túnel de trasvase de aguas solamente, se estimaba que por lo menos duraría 5 o 6 años más).

Paralelamente, otorgando el sustento y validez a los términos del Convenio firmado, pero también definiendo un nuevo marco legal que incluía la regulación de la captación y concesión del recurso agua como tal, a nivel nacional; el gobierno había aprobado en octubre de 1999 una controvertida y rechazada ley de servicios básicos, agua potable y alcantarillado; cuyo contenido respondía, además, a lineamientos y políticas de privatización que el Banco Mundial y el FMI propugnaban y pretendían imponer. Desde ese momento, aquella problemática local que atañía exclusivamente a la ciudad de Cochabamba y sus alrededores, pasaba a constituir una política nacional que eventualmente tendría efectos en todo el país[3]/.

Al mismo tiempo y de esta manera, al incluir en la norma la regulación y control de los pozos y fuentes particulares de provisión de agua por parte del consorcio que obtuvo la concesión por 40 años; el gobierno provocó además la preocupación, alarma y rechazo de parte de los campesinos de los valles, que sintieron que ello iba a derivar en la privatización del agua y la monopilización del control y distribución de la misma. Además, aceptar semejante idea iba a suponer el enriquecimiento de un consorcio privado por el pago de unas aguas que siempre habían sido utilizadas para producir, formando parte de sus usos y costumbres ancestrales.

Lo que en principio aparecía y quería mostrarse como la mejor alternativa para resolver el problema del agua en Cochabamba; termina descubriendo de cuerpo entero una política privatizadora y explotadora de los recursos naturales, para beneficio de corporaciones transnacionales y cuya política era promovida por organismos internacionales como el Banco Mundial (que dicho sea de paso no solo tuvo injerencia en la elaboración de la Ley, sino que también se inmiscuyó directamente en los términos específicos del contrato con el consorcio transnacional, que buscaba adueñarse del agua por medio de la empresa Aguas del Tunari).

En el fondo, teniendo un escenario de movilizaciones, cabildos y protestas que interpelaban cotidianamente al gobierno (local, regional y nacional), la guerra del agua explotó al comprobarse un incremento desmesurado de tarifas, que se hizo evidente en las facturas recibidas, sin que existan ni siquiera remotas posibilidades de que mejore el servicio y, sobre todo, accedan al agua[4]/. Y es que ese convenio firmado con la empresa Aguas del Tunari (como se llamó el consorcio), implicaba convertir el servicio de provisión de agua en un negocio, y el acceso al agua en la privatización y explotación de los recursos naturales para beneficio transnacional.

Ya no se trataba de un proyecto público para la prestación de un servicio básico a la población, sino de un proyecto privado y lucrativo para beneficio y enriquecimiento de un consorcio, en el que se incluye la privatización y adueñamiento de un recurso natural vital.

El original Comité de Defensa del Agua, entonces y bajo las circunstancias, pasa a convertirse en la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, en cuya organización se suman fabriles, maestros, comerciantes minoristas, transportistas, universitarios y sobre todo regantes y campesinos, que resultaban afectados directamente con la política neoliberal de privatización.

Es importante destacar en este caso, que ni siquiera se cumplía con el supuesto “beneficio” de recibir inversión y capitales frescos para la construcción de las obras, porque ese dinero que eventualmente debería repercutir en el mejoramiento del servicio, iba a salir del incremento de las tarifas que la propia población pagaría de forma anticipada por años[5]/. El consorcio por tanto no invertiría, pero a cambio recibiría ingresos y ganancias calculadas en 64 millones de dólares anuales.

Convencido como estaba en esos años el gobierno de que “si los cochabambinos querían agua, debían pagar”; no quiso ni tuvo la capacidad para entender que el agua es un bien esencial y vital al que toda la población tiene derecho, pero que además históricamente había sido un derecho consuetudinario ancestral que los campesinos y pueblos indígenas reivindican, y que, por tanto, privatizar su acceso y uso, era un despropósito inviable. Esta incomprensión fue resuelta en las calles, con la rebelión popular y la guerra del agua que se desató entre los meses de Febrero y Abril del año 2000.

Como resultado final, se rescinde el contrato y el consorcio transnacional fue expulsado del país; la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (2029) es modificada y aprobada en el Parlamento, incluyendo las propuestas, sugerencias y observaciones planteadas por las organizaciones populares; se conforma un directorio transitorio con la responsabilidad de reorganizar y dar funcionamiento a la empresa operadora; y se logra el compromiso para liberar a residenciados, dar atención médica a los heridos, e indemnizar a parientes de muertos y desaparecidos.

En perspectiva, el estruendo de la épica conquista fue tal, que despertó la conciencia, la convicción y la voluntad de lucha emancipadora en muchos otros lugares del mundo. Así, La Guerra del Agua (con mayúsculas), aparece como una rotunda negación y fuerza a todos aquellos que todavía sufren ese mismo tipo de duda, inseguridad e incertidumbre; la misma que también habían sentido “los guerreros del agua” en Cochabamba, al preguntarse si efectivamente se podía derrotar y expulsar semejantes intereses y poder transnacional, por la lucha de un pueblo tan pequeño y pobre como Bolivia.

El hecho de que la Guerra del Agua hubiese permitido poner un límite al poder y las intenciones de privatizar el agua, también devolvió a la gente común la oportunidad de reapropiarse de la capacidad colectiva de decidir sobre su futuro, y abrir la posibilidad de transformar la realidad existente, para otorgarle un nuevo sentido común a las cosas. Es decir, que el proceso de deliberación colectiva (por medio de asambleas y cabildos), así como el ejercicio de toma de decisiones horizontales; logró internalizar un aprendizaje y establecer un tipo de conducta colectiva y socialmente comunitaria, en la que se comparten experiencias y propuestas, para ponerlas en la práctica de manera conjunta. De esa manera se puede concluir que la Guerra del Agua contribuyó al establecimiento de la semilla para construir una nueva forma social, colectiva y comunitaria de emprender los desafíos y proyectos.

ANÁLISIS Y PROYECCIONES A FUTURO.

En vista de la confluencia de variados y muy ricos acontecimientos, decisiones, experiencias de lucha, deliberación, cabildeo, movilización, insurgencia y negociación que se producen en un tiempo corto y un lugar específico entre el pueblo, sus organizaciones y las autoridades de gobierno; la Guerra del Agua puede ser comprendida como un laboratorio de experiencias sumamente rico en el que se han concentrado diverso tipo de lecciones, propuestas y visiones.

Lo que comenzó como una problemática local para resolver una álgida necesidad y acceder a un servicio público de provisión y abastecimiento de agua, terminó por poner en jaque las bases de sustento esenciales del modelo neoliberal. Es decir, las bases que sostenían la liberalización del mercado, la privatización de las empresas y los recursos naturales, y su entrega a los intereses corporativos transnacionales. Al mismo tiempo, la Guerra del Agua también perfiló y vislumbró muy embrionariamente, la posibilidad y necesidad de sustituir una administración privada, lucrativa y burocrática del servicio, por una forma colectiva y social que atienda el derecho del pueblo a un recurso vital como el agua.

La Guerra del Agua constituye un rotundo y contundente golpe contra las amenazas que esgrimían todos quienes defendían la privatización del agua, la concesión de un negocio muy lucrativo a las transnacionales, y la enajenación de un recurso vital como el agua.

A la luz de los resultados alcanzados, aquellos argumentos utilizados como amenazas para “defender” la privatización del agua, quedan chicas e irrelevantes. Ellas se remitían a repetir consabidas ideas de un razonamiento conservador y procapitalista. Las mismas giraban en torno a que se iba a perder y ahuyentar la única oportunidad de atraer inversiones internacionales; que se perdería la ocasión de realizar un proyecto tan anhelado como el de Misicuni; que no se volvería a tener ninguna ocasión de resolver el problema del agua; que se perdería el respaldo de los organismos internacionales tan necesarios en la cooperación para el desarrollo y los proyectos contra la pobreza; que se iba a producir un “callejón sin salida” en el que todos perderían si el consorcio abandonaba el proyecto y reclamaba una indemnización por incumplimiento de contrato; que se provocarían daños económicos de una magnitud que afectaría a la economía nacional; etc.

Si se observa con más detenimiento la lógica y el tipo de desempeño que la asociación corporativa se disponía a desarrollar a través de la empresa Aguas del Tunari, se confirma algo que la historia se ha encargado de demostrar suficientemente. Que el capitalismo, el desarrollismo y el extractivismo, ni siquiera son coherentes con el propósito de lograr expandir el negocio emprendido, y mucho menos el supuesto objetivo de lograr el bienestar para la población (como prometen a los cuatro vientos); sino que por lo general su interés se concentra en vaciar y esquilmar lo más rápido posible el emprendimiento adjudicado, o el negocio convenido.

A contra cara de ello, hoy a más de 15 años de lo sucedido, también se tiene la suficiente distancia y perspectiva para preguntarse, cómo es posible que habiéndose logrado semejantes conquistas y resultados, los problemas del agua persistan en Cochabamba (¿). La Guerra del Agua había logrado detener y cambiar el rumbo de la historia, e impedir la privatización y usurpación del agua por intereses transnacionales corporativos, pero no alcanzó a resolver los problemas crónicos de la población mayoritaria y más pobre.

Al respecto, omitiendo la fácil tentación de buscar e identificar culpables (pero que no ayudan a encontrar soluciones), quizás es importante destacar otro tipo de aristas fundamentales. Por ejemplo, que así como se tuvo la virtud y lucidez para saber lo que NO se quería, quizás no se tuvo la claridad, la oportunidad, ni el tiempo para construir una propuesta que atienda y resuelva el crónico déficit y la falta de acceso al agua de la mayoría de la población cochabambina.

Tampoco se percibió el potencial que parecía perfilarse en la idea de constituir una forma colectiva y social de gestión (sobre la base de los comités de agua autogestionarios que ya habían estado funcionando para resolver localmente el problema del agua, por ejemplo), pero que no existió el diseño, ni la fuerza social necesaria para emprenderlo. Tal fue el desconocimiento y tácito rechazo a dicha opción, que actualmente no existe ni siquiera un solo representante de base o de las organizaciones populares que forme parte del Directorio de SEMAPA. Las decisiones siguen ignorando el criterio del pueblo. Más aun, se ha denunciado que el proyecto de emergencia elaborado para mitigar el grave problema de abastecimiento y sequía que se está sufriendo este año 2016, no contempla al 50% de la población de la ciudad de Cochabamba, porque se trata de barrios y familias no conectadas y que no forman parte del servicio de agua potable prestado por SEMAPA. Sin embargo, es la misma gente que ganó La Guerra del Agua y continúa siendo la más necesitada y pobre.

Ironía de ironías, precisamente esta masa mayoritaria de familias, barrios y organizaciones sociales, excluidos y discriminados del sistema de servicio de agua que presta SEMAPA, es la que de muy diversas maneras y durante años, ha ido creando y poniendo en práctica modos y maneras alternativos y autogestionarios de provisión, abastecimiento y gestión del agua. Como si ello no fuese suficiente, en muchos casos lo ha hecho de forma asociativa y comunitaria. Estas iniciativas de base constituyen la razón y causa fundamental por la cual se ha invisibilizado y encubierto la incompetencia, incapacidad y negligencia de las autoridades e instituciones competentes. Es decir, que quienes deberían ser los responsables de resolver el problema crónico del agua, prestar el servicio y dar cumplimiento al derecho al agua que tienen todos los cochabambinos, en realidad no han cumplido sus labores y más bien se han encargado de empeorar un servicio, cobrando facturas elevadas por un servicio que no prestan y una provisión de agua que no dan.

Ha tenido que ser la grave sequía y las profundas restricciones, especulación y encarecimiento del agua que están sufriendo los cochabambinos, el motivo que ha hecho evidente la profunda crisis que sufre esta metrópoli valluna. A tal punto han funcionado estas iniciativas de base, que si no fuese por ellas, hace mucho tiempo SEMAPA habría vuelto a ser intervenida porque las familias no tendrían de dónde sacar agua.

Al margen del invalorable aporte que significan las iniciativas de base (principalmente de los sectores más pobres y necesitados), que se han dado a la tarea de idear soluciones para resolver sus problemas, así como de construir formas alternativas de provisión y hasta gestión del agua en forma comunitaria (cuyos ejemplos deberían servir en muchos casos para desarrollar alternativas realmente innovadoras y sostenibles); lo cierto es que, como no todo es positivo en la realidad, se ha producido un proceso de privatización de las fuentes de agua.

Siguiendo el afán, pero sobre todo la imperiosa necesidad de autoabastecimiento de agua que tienen las familias, lo que ha sucedido en la práctica y de facto, es que se ha privatizado y apropiado particularmente las FUENTES de agua subterráneas que dispone Cochabamba. Ello ha derivado en un pingue negocio a costa de las familias y zonas más pobres, pero también de aquellas que no teniendo agua, deben adquirirla de alguna parte.

Mientras tanto, SEMAPA sigue cobrando facturas elevadísimas, por un servicio que no presta y un agua que no da. Es más, ante la evidencia del encarecimiento y especulación que se produce por la escasez de agua, a las “autoridades” no se les ha ocurrido mejor idea que intentar “regular y controlar” a los cientos de cisterneros que les salvan de la obligación de prestar un servicio eficiente. De esta manera tan sutil, sucede que de facto y oficiosamente legalizarían y formalizarían la apropiación particular de las fuentes de agua, con la consecuente mercantilización y venta onerosa del líquido vital, como si este recurso pudiese ser privatizado en beneficio particular.

La Guerra del Agua, como se puede apreciar, no solo ha tenido la fuerza y capacidad para luchar y vencer contra grandes intereses transnacionales, sino que ha seguido encontrando y construyendo modos alternativos de base (autogestionarios y comunitarios) para atender y solucionar sus problemas cotidianos. Siendo que ello no parece ser apreciado por una buena parte de la gente y mucho menos por las entidades y autoridades que podían haber rescatado y puesto en práctica varias experiencias y ejemplos invaluables de este proceso, queda la sensación de desconsuelo, al mirar que los problemas básicos persisten. Sin embargo, a diferencia de quienes piensan que La Guerra del Agua no ha servido para mucho, lo que corresponde es EXIGIR con urgencia y perentoriamente, que las autoridades e instituciones encargadas, CUMPLAN su labor y dejen de seguir viviendo de un cobro por servicios que no prestan y del ofrecimiento de proyectos que nunca terminan, pero que si tienen la virtud de generar ilusiones, pero sobre todo corrupción.

NOTAS

(*) Sociólogo, Boliviano. Cochabamba, Bolivia. Agosto 15 de 2016.

[1]/ De la importante variedad de trabajos y videos producidos, se destaca el siguiente video testimonial de un “guerrero del agua”, en vista de que expresa una visión y un relato directo y vivencial sobre lo sucedido. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=dY5hRUv7DPo

[2]/ Al margen de un controvertido y muy oscuro historial, esta empresa norteamericana es la mayor compañía de ingeniería en ese país, que con 44.000 empleados que trabajan en 50 países del mundo, facturaba ingresos para el año 2009, en el orden de más de 31.000 millones de dólares.

[3]/ Es un punto digno de destacar, porque lo que en un principio se entiende como las causas y motivaciones locales que provocan el levantamiento popular de la Guerra del Agua; posteriormente se constituye también en un eslabón que ya no solo explica la expulsión de una transnacional, sino de un proceso nacional de luchas populares que pocos años después (2005), terminará expulsando al siguiente gobierno neoliberal que había dado continuidad a las políticas de privatización, explotación, enajenación y extractivismo de los recursos naturales.

[4]/ Tal fue la magnitud de la indignación, la protesta y el rechazo popular, que las tropas policiales resultaron insuficientes y las tropas militares (en un principio y por medio de un comandante que se negó hacerlo), se resistieron a tomar acciones represivas contra lo que entendían era su propio pueblo. Ello derivó en el traslado desde otros departamentos del país, de un grupo especializado de combate y mayores tropas, provocando aún más la indignación y rebeldía de la población, que interpretaba y sentía esta decisión como una provocación y un abuso intolerables. En este contexto se entiende también por qué, a su turno, se origina lo que se ha dado en llamar “los guerreros del agua” (ver video testimonial).

[5]/ Puede parecer una anécdota, pero el capital declarado para la conformación del consorcio transnacional, fue de menos de 10.000 dólares americanos.

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