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Área: Opinión >> Periodismo ciudadano
Actualizado el 2016-06-03 a horas: 12:52:14

El Ministerio de Educación obliga a los docentes a trabajar hasta en su tiempo libre

Maestros de base golpeados por la política autoritaria del gobierno masista

Miguel Lora Ortuño

El Ministerio de Educación obliga a los maestros a realizar diplomados y maestrías pagados por ellos mismos con la finalidad de recaudar al menos 74,5 millones de bolivianos para solventar los costos de la burocracia administrativa. Además, el Ministerio está ejecutando medidas que atentan contra los derechos más elementales de los maestros, como por ejemplo suprimir el día libre mensual que tienen los docentes que trabajan en zonas alejadas.

Miguel Lora Ortuño

Es maestro y dirigente sindical.

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Como consecuencia de la caída de precios de los hidrocarburos y los minerales en el mercado mundial, los ingresos al Estado por las exportaciones han disminuido en más del 40%. Como respuesta a esta situación, el gobierno toma el fácil camino de cargar el costo de la crisis sobre las espaldas de la población; parte de esta política es que el Ministerio de Educación obliga a los maestros a realizar cursos de diplomados y maestrías pagados por ellos mismos con la finalidad de recaudar inmensas cantidades de plata para solventar los costos de la administración escolar.

Por otra parte, ha creado impuestos indirectos para los maestros y la población en general a través de valores, que se venden por miles en todo el territorio nacional, para todo tipo trámites obligatorios en el sector educativo (ascensos de categoría, títulos en provisión nacional, diplomas de bachiller, designaciones de cargos, transferencias, etc.).

La circular 034-2016 obliga a los maestros y directores a hacer cursos de especialidad y diplomado pagados. Tomando en cuenta que son 15 mil los maestros que deben hacer estos cursos de especialidad, cuyo costo per cápita es de 1.590 Bs., el Ministerio de Educación recaudará 23,8 millones de bolivianos.

Por otra parte, obliga a los directores a realizar cursos de maestrías cuyo costo per cápita es de 13 mil Bs. Si este monto lo multiplicamos por 3.900 directores que existen en todo el país, el Ministerio obtendrá 50,7 millones de bolivianos. Por todas estas “obligaciones” creadas, el Ministerio tendrá un fabuloso ingreso de 74,5 millones de bolivianos. Detallamos a continuación algunos valores que se venden por miles, cada día, en todas las direcciones distritales del país:

1.- Valores para tramitar el título en provisión nacional (costo total) 200 Bs.

2.- Actualización del Registro Docente Administrativo (RDA) 5 Bs.

3.- Legalización del título en provisión nacional para el PROFOCOM 20 Bs.

4.- Boletines de notas (por miles) 0.20 Bs.

5.- Valores para el trámite de diplomas de bachiller (por miles)

6.- Certificado de notas (por miles)

8.- Partes mensuales (por miles)

Estamos olvidando muchos otros valores que han inventado para exaccionar a los maestros y a la población. Haciendo un cálculo minucioso de lo que significan estos ingresos para el Estado es para caerse de espaldas. Y ¿dónde está la plata? La utilizan para cubrir el costo de la administración escolar (creación de ítems para la administración central, departamental y distrital; compra de vehículos, de muebles y la construcción de nuevos edificios).

Eso de que la educación “es gratuita, la primera función del Estado, un derecho humano”, etc., en este país es otro cuento demagógico, este gobierno acude a las mismas trampas que siempre han hecho los gobiernos burgueses, que consiste en convertir los servicios en negocios lucrativos para sostener a la pesada e inútil burocracia del Estado.

Suprimen las salidas sociales

A raíz de la aplicación de la Resolución Ministerial 01-2016 que reglamenta la aplicación de la Ley 070 (reforma educativa “Siñani – Pérez”), el Ministerio de Educación está ejecutando medidas que atentan contra los derechos de los maestros y está multiplicando sus actividades, recortando abusivamente su tiempo libre.

El Ministerio de Educación ha suprimido las salidas sociales (dos días cada mes), derecho que ganaron los maestros que trabajan en zonas alejadas con la finalidad de mantener contacto normal con sus familiares (esposas(os), hijos(as), padres, etc.); para atender sus necesidades de salud, toda vez que en estas zonas no existe la atención de la Caja Nacional de Salud; hacer los trámites administrativos en las direcciones departamentales; cobrar sus sueldos, porque no existen sucursales del Banco Unión en estas provincias alejadas, etc. Los directores distritales y de unidades educativas frecuentemente usan como aparatos represivos a los dirigentes de padres de familia organizados en las juntas escolares para vigilar celosamente que ningún maestro abandone el lugar donde trabaja y se les obliga, en sus horas libres, a asumir determinadas responsabilidades ligadas a las actividades de la comunidad.

Tomando como garrote la Resolución Ministerial 01-2016, los dirigentes de comunidades indígenas y las OTBs, generalmente manipuladas por las autoridades políticas y educativas de la región, endurecen las condiciones de trabajo de los maestros en provincias alejadas. De manera abusiva, pretenden obligarles a permanecer en la localidad aún en sus días libres, dedicando su tiempo libre a otras actividades de la comunidad que nada tienen que ver con su trabajo específico de maestro.

Por otra parte, se está generalizando la determinación en sentido de suprimir el día libre que tienen los maestros y administrativos para salir a la ciudad con la finalidad de cobrar sus sueldos, una vez por mes y el último día de la semana, de tal modo que puedan aprovechar el sábado y el domingo para atender otro tipo de necesidades. Deliberadamente los directores de las unidades educativas, “por instrucciones superiores”, elaboran los horarios evitando que los maestros tengan días libres y permanezcan toda la semana en la región.

Los maestros de provincias no son esclavos, son seres humanos con necesidades materiales, sociales y espirituales, y privarlos de las salidas sociales, una vez por mes, es un atentado contra sus derechos más elementales. Los maestros que trabajan en el Trópico de Cochabamba, tanto rurales como urbanos, se han rebelado y, a pesar de la prohibición, han hecho uso de sus salidas sociales el mes anterior y han sido inflexiblemente descontados en sus sueldos por pedido de las federaciones cocaleras de padres de familia de abierta filiación oficialista a pesar de que cuentan con el apoyo de los padres de familia de base.

Además, las autoridades emiten disposiciones en sentido de que los maestros(as) y directores(as), de manera obligatoria, deben realizar cursos de diplomados y maestrías, cuyos costos sobrepasan su capacidad económica toda vez que están sometidos a sueldos miserables. Las direcciones sindicales presionan para que este tipo de cursos deben ser voluntarios y gratuitos; como consecuencia de esta acción sindical ha suspendido los mismos en La Paz y Cochabamba pero mantiene vigentes en el resto del país.

El Ministerio ha dispuesto cursos de nivelación obligatorios, durante el período de las vacaciones de invierno, para los alumnos con dificultades de aprendizaje. Para aminorar la reacción adversa del magisterio ha señalado que estos cursos son voluntarios para los maestros que deben trabajan sin recibir ninguna remuneración y sólo un certificado con valor curricular para que puedan concurrir a los concursos de méritos. Esta disposición es disparatada toda vez que el mismo Ministerio, el año pasado, señalaba que las vacaciones son para el descanso del alumno y prohibió que los maestros den tareas y trabajos prácticos, de hecho muchos han sido duramente sancionados por haber dado trabajos en el período de vacaciones.

Tenemos conocimiento de que, como consecuencia de la resistencia generalizada del magisterio a esta medida, el Ministerio de Educación está negociando con la dirigencia del magisterio rural para cambiar la orientación de estos cursos como actividades voluntarias, para alumnos y maestros, de naturaleza artística, deportiva y cultural en general.

Además, aplica sistemas informáticos defectuosos para la información y la centralización de calificaciones de los alumnos y les obliga a ejecutar los trabajos de un día para otro con grave riesgo de incurrir en errores que luego se traducen en sanciones y gastos económicos para realizar las correcciones en la ciudad de La Paz. Muchos maestros(as), sobre todo aquellos de mayor edad que no tienen prácticas en el maneo de las computadores, se ven obligados a acudir a los servicios de otras personas que generalmente los exacciona económicamente.

Todo este conjunto de actitudes abusivas y arbitrarias del Ministerio de Educación y de las autoridades a nivel departamental y local configura un cuadro insostenible que está colmando la paciencia de los maestros y se traduce, de esta manera, en la acentuación de la política autoritaria del gobierno en el sector de la educación. Parece que se pretende convertir a los maestros en bestias de carga que sólo deben cumplir sin chistar las órdenes que se imparten de manera despótica desde arriba.

Importante victoria en el Trópico cochabambino

La Resolución Ministerial 01-2016, decisión abusiva y unilateral del Ministerio, reduce a los maestros a condición de esclavos que deben permanecer en los lugares donde trabajan durante todo el año, privados de relacionarse con sus familiares. La reacción de los maestros urbanos y rurales del Trópico de Cochabamba ha sido ejemplar; desafiando a la prepotencia de las autoridades y de los sindicatos cocaleros han decidido hacer uso de su derecho por dos meses, aún a riesgo de los descuentos que les han aplicado sin contemplación alguna. Sin embargo han trabajado arduamente para lograr el apoyo de los padres de familia, sobre todo en los centros urbanos como Villa Tunari, Ivirgarzama y otros.

En la última reunión organizada en Lauca Ñ, el sábado 21 de mayo, con la intervención decidida de las bases de los maestros urbanos y rurales graníticamente unidas y de sus organizaciones sindicales han logrado arrancar el respeto al derecho de salir una vez por mes a la capital para atender sus necesidades materiales y espirituales.

Lo que hay que destacar son las actitudes diferentes asumidas por los dirigentes sindicales de los magisterios urbano y rural. Éstos últimos, en su intervención, han empezado ratificando su apoyo incondicional al “proceso de cambio” y a la aplicación de la Ley 070 y han terminado, en tono suplicante, pidiendo por favor que se respeten las salidas sociales, todo con la finalidad de no incomodar a la dirección cocalera prepotente y abusiva de la región.

La actitud del dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, Elmer Revollo, fue diametralmente opuesta a la de su colega rural. Planteó con firmeza la posición oficial de su sector frente a la reforma y a las medidas arbitrarias que viene imponiendo el Ministerio de Educación contra el magisterio y terminó exigiendo el derecho que tienen los maestros a estas salidas sociales; la intervención del dirigente que, en repetidas oportunidades pretendieron cortar los que conducían la asamblea, fue entusiastamente apoyada tanto por maestros urbanos y rurales.

La lección que se debe aprender de este episodio de las luchas del magisterio boliviano es la importancia que tiene la acción unitaria y firme de las bases de ambos magisterios (urbano y rural). Las condiciones para esta unidad son óptimas ahora que el gobierno quiere aplicar a rajatabla su reforma anticientífica y anti docente. Por otra parte hay que subrayar la importancia que tiene el trabajar con los padres de familia y las comunidades, sólo incorporándolos a las movilizaciones del magisterio por la defensa de la calidad de la educación se logrará imponer con la acción directa la vigencia de la educación fiscal, única y gratuita; el derecho democrático que tienen los hijos de los más pobres a una educación que les permita acceder a los niveles más altos de su profesionalización.

Las direcciones sindicales políticamente independientes del oficialismo tienen que atender todos los días las quejas de las bases, porque los oficialistas simplemente se encogen de hombros y se convierten en esbirros de las autoridades frenando el malestar que se está acumulando en sus bases. Los dirigentes sindicales deben asumir oportunamente la necesidad de canalizar y generalizar movilizaciones de sus bases buscando el apoyo de los padres de familia y de toda la comunidad para arremeter contra las autoridades. No olvidar que estos sectores también están sufriendo las consecuencias de las medidas económicas antipopulares del gobierno.

* El autor es secretario general del Partido Obrero Revolucionario (POR).

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