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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2015-08-06 a horas: 21:16:39

Poder para delinquir

Roger Cortéz Hurtado *

Un componente esencial de la ola que arrastró y hundió a gran parte de los gobiernos neoconservadores en nuestro continente, sustituyéndolos por otros identificados genéricamente como populares y de izquierda, fue la expectativa de terminar con el escandaloso vaciamiento de las arcas y riquezas públicas.

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De las situaciones más burdas, como las de las privatizaciones llevadas a cabo por los gobiernos de Carlos Menem en la Argentina, a las más solapadas y discretas, el hartazgo se había cruzado en la garganta de nuestras sociedades que exigían otra forma de gobernar que extirpe tales prácticas. Aquí, en casa, el retorno del Estado a una posición central en la economía se acompañó de la reivindicación de un Control Social, llevado a rango constitucional, como forma de prevenir el retorno de las artimañas que permitieron que el capitalismo estatal se convierta en cimiento fundacional de nuevas burguesías y clases dominantes.

Pero, este año 2015 nos ha espetado en el rostro la evidencia de que el uso del poder para acumular y bombear riqueza a los bolsillos de los gobernantes y sus clientelas es una práctica que no sólo se mantiene inmutable, soportando con perfecta comodidad cualquier orientación ideológica de los gobiernos, sino que se diversifica y especializa, incrementando la velocidad y el caudal de los recursos saqueados.

Brasil es por ahora el país de donde nos llegan a diario noticias que dan cuenta del tamaño descomunal de operaciones a través de las cuales se bombean capitales públicos a bolsillos privados. La fase número ¡16! de las investigaciones sobre PETROBRAS, primero, de ELETROBRAS, a continuación y de su subsidiaria “Electronuclear”, ahora, ratifican las sospechas de que supera los 6.000 millones de dólares el caudal desviado de los contratos entre grandes empresas públicas y las mayores compañías constructoras brasileñas.

Estos montos corresponden apenas al 2%, en promedio, de los contratos amañados mediante los que Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y varias otras, han estado copando la construcción de grandes obras y el aprovisionamiento de bienes y servicios. Las tres compañías nombradas han operado en Bolivia por varios años, construyendo nuestras principales carreteras; lo mismo ocurre en casi todos los demás países sudamericanos. En Colombia, por ejemplo, sólo Odebrecht está ejecutando contratos por unos 2.200 millones de dólares y participa con grandes posibilidades ganadoras en licitaciones que involucran otros 2.700 millones de dólares.

En Chile, ha quedado al descubierto un esquema mediante el que una de las empresas mineras más grandes distribuía, con total pluralidad ideológica, igual entre pinochetistas o socialistas, generosas contribuciones de campaña y otros pagos para lubricar la buena voluntad de todo el espectro de partidos hacia sus actividades.

Cuando se compara el tamaño de las operaciones del llamado crimen organizado (tráfico de personas, drogas ilícitas, armas, minería ilegal, extorsiones, juego, prostitución, etc.) con los capitales que se transan por obras públicas, concesiones de licencias ambientales y otras, las primeras empalidecen frente a las segundas. Desde el punto de vista del beneficio y la fortaleza de los mecanismos de encubrimiento e impunidad, no cabe la menor duda de que la manera más segura e inteligente de robar y saquear no es siguiendo la carrera de gánster, sino la de político profesional.

Está completamente demostrado que el eslabón clave para la comisión de los macro delitos son en la realidad contemporánea los partidos políticos, en tanto los encargados legales y oficiales para elegir y nombrar a los funcionarios que arman contratos y califican licitaciones. Las muy lentas y accidentadas investigaciones que están llevándose a cabo en nuestro país sobre las irregularidades cometidas en el Fondo Campesino (FONDIOC) dejan avizorar que, en nuestro caso, aportaríamos una innovación a tales prácticas, al añadir, como parte del paquete ampliado de políticos profesionales, a dirigentes de organizaciones sociales. De esta manera se garantizaría, además, que todo control social, basado en el control de tales dirigencias, sea completamente inocuo.

Aquí, como en cualquier lugar del mundo, la asociación entre organizaciones políticas y contratistas, y muchos más con bancos y compañías financieras, garantiza la comisión de crímenes de lesa humanidad en el espacio económico; no debemos seguir ignorándolo y manteniéndonos pasivos e inermes ante esta realidad.

* Texto tomado de www.facebook.com/roger.tezhur/posts/10153222231709263

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