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Actualizado el 2015-06-02 a horas: 06:10:33

Los derechos laborales de los docentes universitarios en el en actual contexto

Carlos Peñaranda Pinto*

La Resolución Nº. 31/2011 del XIII Congreso Nacional de Docentes Universitarios en su parte considerativa señala que la lucha gremial ha impedido que los docentes sean considerados como funcionarios públicos además que la sentencia constitucional Nº. 16/200 establece para los docentes Universitarios el carácter de asalariados, la Resolución Nº. 10/11 del mismo congreso, también en la parte considerativa señala que el DS 28699 de 1ro de mayo de 2006, reconoce la estabilidad laboral para todos los trabajadores asalariados.

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Al respecto señalaremos que, La Sentencia Constitucional No. 016/2000 de 3 de abril de 2000 dio lugar a la Ley N° 2104 de 21 de junio de 2000 (Ley modificatoria a la ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público) que en su Art. 1 modifica los parágrafos III y IV del Artículo 3 de la ley 2027.

Con las modificaciones respectivas, El parágrafo III que es de nuestro interés, señala: “Las carreras administrativas en los gobiernos Municipales, UNIVERSIDADES PÚBLICAS, Escalafón Judicial del Poder Judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Público, se regularán por su legislación especial aplicable (adaptable, ajustable) en el marco establecido en el presente estatuto[1].

La Aclaración de la Sentencia 16/00 señala que, la norma contenida en el art. 3º-III de la Ley Nº 2027 (Estatuto del Funcionario Público), como se indica en la Sentencia Nº 16/00 de 3 de abril de 2000, faculta a las Universidades Públicas a regirse por su propia legislación, sirviendo de marco de dicha legislación especial los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º-I, 10º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 53º, 54º y 55º del Estatuto del Funcionario Púbico .

Los artículos 5, 6, 7-II y III, 8, 9, 11 y 17 del Título II y los Títulos III, IV, VI y VII del Estatuto del Funcionario Público no forman parte del marco de aplicación de la Legislación especial que rige a la Universidad Boliviana en el ámbito de aplicación de la Ley Nº 2027.

La aclaración señala también que, tampoco el Art. 7 parágrafo III forma parte del marco de aplicación de la Legislación especial que rige a la Universidad Boliviana[2], por lo tanto se puede colegir que no están excluidos otros derechos establecidos en la Ley General del Trabajo y otras disposiciones del régimen laboral.

En base a lo expuesto precedentemente, señalaremos que los docentes universitarios están dentro del marco de la Ley del Funcionario Púbico ya que sigue vigente el parágrafo I del art. 3 de la Ley del Funcionario Público que señala que el ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración; para mayor aclaración, el parágrafo II señala que Igualmente están comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente norma los servidores públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas.

Los docentes universitarios, son servidores públicos que prestan servicios en relación de dependencia con del Estado SE REGULAN POR SU LEGISLACIÓN ESPECIAL acomodada o ajustada a la ley del funcionario público, es decir dentro el marco de la Ley del Funcionario Público. Sus derechos los tiene consagrados en el Ar. 7 parágrafo I de la mencionada ley; sin embargo, ello no significa que estén excluidos otros derechos establecidos en la Ley General del Trabajo y otras disposiciones del régimen laboral.

El Articulo 92 de la Constitución Política del Estado reconoce la Autonomía Universitaria; la Autonomía, le da la facultad a la Universidad para gobernarse de acuerdo con sus propias normas e instituciones, obviamente integrada a instancias superiores, como es en nuestro caso el Sistema Universitario y el Estado.

Para la carrera docente, esa normativa propia específica que rige la docencia se llama REGLAMENTO GENERAL DE DOCENCIA y está en consonancia con el Estatuto Orgánico.

El reglamento General de Docencia, señala cual es el mecanismo para entrar la carrera docente, al escalafón; en otras palabras establece el procedimiento para ser Docente Titular (ordinario); en esa medida y siempre que se haya cumplido lo determinado en dicha norma, todo docente tiene el derecho de demandar derechos establecidos en la Ley General del Trabajo y otras disposiciones del régimen laboral. Los docentes extraordinarios según el Art. 8° de la mencionada norma son aquellos nombrados para colaborar en la docencia y la investigación por un periodo de tiempo definido, habitualmente un semestre o un año.

Todo docente extraordinario sabe en última instancia que desde 2007 en San Simón, no hay procesos de selección evaluación y admisión de docentes tal como establece el Capítulo VI del Reglamento General de la Docencia de la UMSS y que las convocatorias por las cuales ingresan, señalan el periodo para el cual son contratados.

El reglamento General de la Docencia es una norma especial. El principio jurídico de especialidad señala que la norma específica predomina o prevalece sobre la norma general; suponiendo obviamente que la norma especial no se contradice con la norma general.

Con relación a los derechos de otra normas superiores, tanto las autoridades, como La Federación Universitaria de Docentes de San Simón han señalado en reiteradas ocasiones que el Reglamento General de la Docencia es caduco, anacrónico; a su vez, señalan que las Resoluciones del XII Congreso Nacional de Universidades y dela II Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades son inconstitucionales. Bajo ese argumento en Cochabamba el rectorado ha emitido la Resolución Rectoral RR 155/2015, la cual ha sido refrendada por la RCU Nº 01i/15, para subsanar (en palabras de las autoridades) una deuda histórica con los docentes

Es menester señalar que si el Reglamento de Docencia es caduco, corresponde al Congreso Ordinario y no al Consejo reformar dicho reglamento. También recordar que si la norma especial se contradice con los derechos laborales consagrados en la Constitución Política del Estado, el órgano competente es el Tribunal Constitucional Plurinacional y no el Consejo Universitario; además que de acuerdo al Art. 4 del Código Procesal Constitucional, se presume la constitucionalidad de toda norma en tanto el Tribunal Constitucional no declare su inconstitucionalidad a través de una sentencia.

Al respecto, el constitucionalista José Antonio Rivera (ex magistrado del Tribunal Constitucional y docente Titular de la Carrera de Derecho de la UMSS) señala que, si bien es cierto que todas las personas tienen derechos fundamentales y garantías constitucionales; no es menos cierto que el ejercicio de los derechos fundamentales no es absoluto; pues según las normas previstas por el art. 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el art. 28 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y el art. 32.2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que forman parte del Bloque de Constitucionalidad, “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

Los fines de la Universidad, establecidos en el Estatuto Orgánico en su Art. 16° inciso b señala que San Simón debe formar profesionales idóneos en todas las áreas del conocimiento científico, tecnológico y cultural, que respondan a las necesidades del desarrollo nacional, regional y estén dotados de conciencia crítica (derecho colectivo) .

La idoneidad de la formación de los profesionales de seguro está vinculada a la idoneidad de los docentes; ergo, para acceder al cargo de docente se tiene que demostrar conocimientos, capacidades, experiencia, didáctica, habilidades y destrezas en el proceso de Selección, Evaluación y Admisión docente regido por el Reglamento General de Docencia. La justa exigencia del bien común estriba en que a los estudiantes, padres de familia y población en general les asiste el derecho y la obligación de precautelar la calidad de la formación de los futuros profesionales, más aún si se quiere que esos profesionales posean conciencia crítica.

El art. 91 de la Constitución parágrafo en su parágrafo I. avala lo dicho precedentemente ya que prescribe que la Educación Superior desarrolla procesos de formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad y tiene por misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social”. Esa misión, constituye una restricción al ejercicio del derecho al trabajo del profesional que aspira a la docencia universitaria; ya que para acceder a ese cargo debe y tiene que demostrar sus conocimientos, capacidades, experiencia, habilidades y destrezas, sometiéndose al proceso de Selección, Evaluación y Admisión; superado ello recién adquiere la calidad de Docente Titular e ingresa a la Carrera Docente, en el que su permanencia está condicionada al rendimiento profesional verificada mediante la evaluación de desempeño.

Argumentar que los docentes extraordinarias son los igual o mejores que los titulares y que el laboratorio de cibernética de España avala ello, al ubicarnos en tal o cual puesto; es hacer consentir a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en su conjunto que este ranquin es de la UNESCO, cuanto no quisiéramos que fuera así. Llegados a este punto, es necesario aclarar que no dudamos de que muchos docentes extraordinarios son muy buenos.

Lo señalado hasta Aquí, no significa que no nos interesen los derechos laborales de los docentes extraordinarios, que de seguro de no estar garantizados, en una buena proporción incide en su entorno familiar; sin embargo, será cada vez más difícil resolver el problema si solo nos quedamos en los efectos y no miramos las causas las causas.

Para el sentido común, lo extraordinario es lo inusual y lo ordinario lo común, paradójicamente en San Simón 1220 docentes son extraordinarios (interinos e invitados) y solo 666 son ordinarios (titulares). Ante esta realidad es necesario formular preguntas en tres niveles.

A nivel local, ¿Porque hemos llegado a esta situación?, ¿quiénes han incidido para ello? ¿Qué interés subyacen? ¿Cuándo empezó todo esto? ¿ es un cálculo político la titularización de los 900 docentes extraordinarios faltado pocos meses para la elección de rector?

A nivel del Sistema de la universidad Boliviana, preguntarnos si ¿El nuevo Reglamento de Régimen Académico docente aprobado por Resolución Nº. 097/2014 del XII Congreso Nacional de universidades ha dejado de lado la categoría de docente extraordinario? ¿Qué garantías laborales se ofrece a los docentes extraordinarios ahora y el futuro? ¿Qué pretensiones de fondo tiene la llamada Acreditación?

A nivel nacional preguntarnos ¿Cuál es la capacidad de aparato productivo del país ¿ ¿ Cuantos profesionales universitarios puede absorber este aparato? ¿Qué va a pasar con la subvención a la Universidad Pública, ahora que precio de las materias primas van bajando? ¿Si, ahora, con menor crecimiento económico, el actual gobierno impulsara la Educación Superior, en lo referente al aumento del presupuesto universitario que cubra el crecimiento vegetativo? ¿Cuál es la política del gobierno respecto al capital y el trabajo? ¿ A qué interese responde la leyes?

Los problemas son multicaules multidimensionales y están vinculados unos con otros; en un intento de coadyuvar con su solución; sería bueno, que intentemos identificar sus causas principales y secundarias, sus relaciones internas como externas, sus contradicciones fundamentales, etc.

Los problemas no están solo vinculados con la normativa, quizá eso se haya destacado en el actual conflicto; los problemas deben ser abordados en su totalidad concreta.

---

*El autor de la presente nota es Delegado Titular al II Congreso Estudiantil Universitario de la UMSS por la Facultad de Ciencias Sociales FACSO.

[1] están comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Estatuto los servidores públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas

El paréntesis es nuestro.

[2] El Art. 7 parágrafo III de la ley de funcionario Público señalaba: Los derechos reconocidos para los servidores públicos en el presente Estatuto y su régimen jurídico, excluyen otros derechos establecidos en la Ley General del Trabajo y otras disposiciones del régimen laboral que rige únicamente para los trabajadores.

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