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Actualizado el 2015-05-04 a horas: 16:38:27

2298, de muy mala fe

Perfora el Decreto Supremo 29033: Reglamento de Consulta y Participación

Marco Octavio Ribera Arismendi *

En sentido estricto, el Decreto 29033 (Reglamento de Consulta y Participación para actividades hidrocarburíferas) aprobado el año 2007 y específico para los pueblos indígenas, tuvo escasa aplicabilidad, y las autoridades del sector petrolero con la venia del gobierno, incurrieron en flexibilizar u obviar su cumplimiento. El más claro ejemplo es la consulta para la sísmica 2D del bloque Liquimuni, que se superponía ala TCO indígena Moseten, la cual fue desarrollada de mala fe y contradiciendo los convenio internacionales y la propia Constitución Política del Estado. La dejadez en su aplicación fue tal, que el mismo vicepresidente del Estado, vio como “muy democrático” cooptar a las diversas comunidades y sus dirigencias con dadivas y chucherías para que se acepte la “consulta” y la operación petrolera, en vez de actuar de buena fe y concertar el proceso con la organización representativa del Pueblo indígena (OPI) conforme a lo establecido en el DS 29033, la CPE y el Convenio 169, entre otras normas.

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Como este hay numerosos ejemplos de negligencia en la aplicación de dicha norma y solo en el Chaco, y a exigencia de algunas dirigencias combativas, el Ministerio de Hidrocarburos se vio obligado a cumplirlo y a regañadientes. Un antecedente crítico relativamente reciente fue en torno al proyecto de Sísmica 3D, a cargo de PETROBRAS, en la zona de campo Sábalo en Tarija y que afecta la TCO Itikaguazu. En este caso el Ministerio del ramo pretendió “delegar” o dejar a su libre albedrio a la empresa petrolera para que inicie la consulta, vulnerando flagrantemente el DS 29033.

Otro antecedente respecto al derecho de consulta a los Pueblos indígenas, es el proyecto de Ley Marco de Consulta, impulsada por el gobierno desde el año 2012, el cual vulnera de pleno los derechos indígenas, el Convenio 169 y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas (y las Leyes que los aprueban, las cuales tiene preeminencia junto con la Constitución del Estado: Bloque constitucional de Normas). Paradójicamente el proceso de concertar dicha propuesta contó con el apoyo de la oficina de Naciones Unidas en Bolivia. La marcada resistencia social sobre dicha propuesta y las observaciones de expertos internacionales como Clavero, han hecho de que momentáneamente sea archivada, sin embargo el gobierno y el sector hidrocarburífero, tienen otras artimañas para seguir impulsando procesos de consulta flexibilizada a fin de favorecer el ingreso de las empresas petroleras a los espacios tradicionales indígenas.

Es el caso del reciente Decreto 2298 (18 abril 2015, modificatorio y complementario del DS 29033), que modifica y vulnera el espíritu del Reglamento 29033. Como antecedente cabe recordar que el DS 29033, ya fue modificado los años 2007 y 2008 por los Decretos 29124 y 29574, las modificaciones se orientaron mayormente a acelerar el proceso, reduciendo el tiempo de la consulta (Artículo 12. Párrafo 2-29574) y dar más protagonismo a YPFB.

El reciente Decreto 2298, ha sido denunciado por fuentes vinculadas a organizaciones indígenas (ERBOL 15 abril 2015) en sentido de convertir la consulta participativa en un documento administrativo con intervención de notario público y allanar la explotación petrolera en tierras indígenas.

Como es ya una regla en la emisión de normas pro-extractivistas, la consabida parafernalia de Considerandos, hace mención a varios artículos de la Ley petrolera vigente (3058) y de la Constitución Política del Estado, a fin de resaltar la supremacía del sector petrolero. Por puro formalismo hace mención a algunos artículos de la Constitución Política del Estado sobre la consulta previa e informada, incurriendo en contrasentidos con el espíritu del Decreto en cuestión.

Se pone de manifiesto la voluntad política de restar importancia y protagonismo a los dueños del territorio, supeditando importantes acciones que estaban en el 29033 no modificado, al Ministerio de Hidrocarburos que es la autoridad competente (AC) del proceso.

En el DS 29033 no modificado, si bien la AC convocaba por escrito a la Instancia Representativa del Pueblo Indígena OPI (Art 10 a); la reunión preliminar era organizada por instancia de representación local (OPI), quienes definían lugar y fecha del evento. En la modificación (2298) queda por sentado (Articulo 2º, I) que la AC es la que define lugar y fecha de la reunión, considerando plazos perentorios en caso de no obtener respuesta escrita. Si a la AC se le ocurre realizar la reunión en Santa Cruz o donde les venga en gana, los líderes indígenas del norte de La Paz o de Pando, al no poder movilizarse oportunamente por sus limitaciones económicas entrarán en la cláusulas de incumplimiento.

En el DS 29033 no modificado, se preveía que la instancia de representación indígena, realice la coordinación interna según sus usos y costumbres (Art 11 I), y presente una propuesta escrita de realización del proceso de consulta y participación (Art 11 I). Dicha propuesta escrita por la OPI debía contener un plan metodológico y cronograma de reuniones, asambleas, etc., asesoría técnica y legal, presupuesto de la consulta. Art 11 I a). Lo primero a precisar es que el lugar, fecha y propuesta escrita, con la metodología incluida, tiene relación directa con los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Es decir la OPI, con los respectivos asesoramientos y capacidades logradas arduamente, era responsable de organizar el preámbulo al proceso de consulta. La modificación del DS 2298, establece que si no hay respuesta escrita por parte de la OPI, la AC procederá a realizar la segunda convocatoria especificando la fecha y el lugar de la Reunión de Consulta, y adjuntando la propuesta metodológica para la misma. El Decreto vuelve a mencionar (Artículo 2º II) que la AC establecerá una metodología, cronograma y presupuesto para ejecutar el proceso de Consulta y Participación, la cual será concertada con la OPI.

Cuando las OPI tenían potestad de organizar el proceso según sus usos y costumbres, es decir, definir el presupuesto (y los cronogramas) junto con la metodología (el como), podían establecer el número de reuniones o talleres, asambleas o encuentros a realizarse para socializar la información del proyecto, además donde, lo cual implica distancias y las formas de movilización. Con la modificación, La AC se arroga el poder de definir donde, como y cuanto implica la consulta.

El carácter draconiano del Decreto despoja a los indígenas del derecho de asumir desde la lógica de sus usos y costumbres, el desarrollo de un proceso, que los atinge e impacta. El proceso de consulta se realizará a la medida y gusto de los intereses del sector y las empresas petroleras.

En este sentido el Decreto 2298 es anti-constitucional, puesto que se viola la Constitución Política del Estado, en su Artículo 352, del Capítulo segundo sobre los Recursos Naturales, que establece: ……En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. Lo más paradójico de todo, es que el Decreto modificatorio, en la presentación de los Considerandos, hace mención del texto constitucional y concretamente al Artículo 352. Es difícil interpretar tanta incongruencia.

En el DS 29033 no modificado, se privilegiaba la elaboración del Acta de entendimiento y el Convenio de validación de acuerdos entre la OPI y la AC, situación que ha sido marginada del 2298, eliminando el inciso c del Articulo 18, II, que establecía la nulidad del proceso si se realizaba sin considerar el acta de entendimiento, lo que muestra la marcada verticalidad de la norma modificatoria.

Se incorpora un nuevo artículo (19) al DS 29033, el cual define que: En cualquiera de las fases previstas de la consulta, la asistencia al evento de las instancias representativas de los PIOs y CC, o la determinación de las bases en asamblea bajo voto resolutivo, dará continuidad a la ejecución de la Consulta y Participación en el estado en que se encuentre la misma y de acuerdo al procedimiento previsto en el presente Reglamento.

Si se toman en cuenta la dinámicas de cooptación de líderes y las acciones para dividir los movimientos y organizaciones indígenas que el gobierno ha desarrollado en los últimos cuatro años especialmente, tiene un fondo perverso, en sentido de que un proceso de consulta, de facto ya mal encaminado, y que fuese observado por la OPI legítima, puede seguir adelante si otras supuestas representaciones de la OPI (paralelas o inorgánicas-ilegítimas) o un grupo de base (cooptado) emita un voto resolutivo a favor de las operaciones petroleras.

Finalmente, en el Artículo adicional 1°, referido al contenido del componente ambiental y social del Documento de Información Pública, muestra la clara tendencia a relativizar los impactos ambientales o socioambientales de las operaciones, al mencionar de forma reiterada y tendenciosa: “los posibles impactos”….

El Decreto firmado por el presidente boliviano y su gabinete en pleno, instruye en el Artículo adicional 2º, de las Disposiciones finales, al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y al Viceministerio de Desarrollo Energético, velar por el buen desarrollo de dichos procesos, garantizando de esta manera la viabilidad de los proyectos hidrocarburíferos. No se instruye a ninguna instancia velar por el respeto de los Derechos Indígenas o de la Madre Tierra, clara muestra de hacia donde apuntan las políticas del gobierno.

Las organizaciones y pueblos indígenas y campesinos podrían impugnar esta norma por tener visos de anticonstitucionalidad y vulnerar sus Derechos, sin embargo considerando la coyuntura, así como el debilitamiento y divisiones que han sufrido la mayoría de las organizaciones por los procesos cooptativos, lo que quedaría es que negocien en condiciones de equidad y respeto el proceso de consulta impuesta por la AC, es decir el donde, cuando, cuento (presupuesto) y especialmente el cómo (la metodología), para que dicho proceso se ajuste lo mejor posible a sus usos y costumbres.

Tabla comparativa

Decreto Supremo Nº 29033 Feb. 2007

Reglamento de Consulta y Participación para actividades hidrocarburíferas DS 2298 18 abril 2015

Tiene por objeto modificar y complementar el Decreto Supremo Nº 29033

Primer momento.- Fase de licitación, autorización contratación, convocatoria y aprobación de las medidas, obras o proyectos hidrocarburiferos y antes del EEIA, que en TCOs, siempre deberá ser analítico integral o de Categoría 1.

Segundo momento.- Previa a la aprobación del EEIA e incorporación de los resultados de la consulta en dicho estudio.

• El Ministerio de Hidrocarburos o autoridad competente (AC) es responsable de la ejecución del proceso. La Autoridad Ambiental competente AAC, es una instancia de coordinación. (Art 5) Art 6: Representación o Instancia orgánica indígena.

• La AC convoca por escrito a la Instancia Representativa del Pueblo Indígena OPI, adjuntando toda la información pública de la Actividad, obra o proyecto (AOP), a una reunión informativa preliminar Art 10 a; Art 10 b: la reunión es organizada por la OPI, quienes definen lugar y fecha del evento, en un plazo no mayor a 7 dias cal de recibida la convocatoria de la AC. La reunión deberá concretarse en un plazo no mayor a 10 dias cal. a partir de la respuesta a la convocatoria de la AC. En la reunión preliminar la AC presenta los alcances de la AOP (Art 10 b)

• La instancia de representación local OPI, realizará la coordinación interna según sus usos y costumbres, para presentar una propuesta escrita de realización del proceso de consulta y participación, Art 11 I, y comunicará a la AC en un plazo no mayor a 10 dias cal. de realizada la reunión preliminar.

• La propuesta escrita por la OPI contendrá un plan metodológico y cronograma de reuniones, asambleas, etc., asesoría técnica y legal, presupuesto de la consulta. Art 11 I a)

• Art 11. Vencido el plazo de 10 dias, la AC en coordinación con la OPI, fijarán una reunión en el área de influencia del proyecto, en un plazo no mayor a 7 dias cal. para analizar la propuesta de la OPI y la contrapropuesta de la AC, para llegar a acuerdos y aprobar un acta de entendimiento que garantice la ejecución de la consulta.

• Cada momento del proceso de consulta contemplará las siguientes fases (Art 9):

a) Coordinación e Información.

b) Organización y Planificación de la consulta

c) Ejecución de la consulta.

d) Concertación.

• En caso de que no se presente la propuesta por la OPI se convocara a una reunión conjunta para la elaboración de una propuesta (Articulo 11 II)

• El proceso de Consulta y Participación será financiado con cargo a la AOP hidrocarburífero. El MHE y Min Hacienda en un plazo de 30 dias y por una resolución bi ministerial establecera los mecanismos para el manejo de los recursos financieros Art 8

• El proceso de consulta será ejecutada por la AC en coordinación con la Instancia Representativa del Pueblo Indígena, dando cumplimiento al acta de entendimiento suscrita, Art 12 I. La consulta deberá cumplirse en los plazos establecidos en el acta de entendimiento. Art 12 II.

• Una vez cumplidos los plazos del acta, se establece un plazo perentorio adicional de hasta tres meses para llegar a un acuerdo conjunto y firmar el Convenio de validación. Art 12 II.

• Los resultados de la consulta concluirán con un documento de validación de acuerdos y un Convenio suscrito entre la AC y la Instancia Representativa del Pueblo Indígena Art 13.

• Las observaciones, sugerencias, complementaciones y recomendaciones concertadas, en la consulta, deberán ser consideradas como criterios fundamentales para la elaboración y aprobación del EEIA analítico integral (Ficha ambiental Categoría 1) de la AOP. Art 15.

• A solicitud de la Instancia Representativa del Pueblo Indígena, la Autoridad Ambiental Competente podrá iniciar proceso administrativo -impugnar- a la empresa consultora encargada de elaborar el EEIA y al representante legal de la AOP, cuando no se incorporen debidamente los resultados del proceso de consulta y participación. Art 16.

• La AAC no emitirá la Declaratoria de Impacto Ambiental para la AOP, si se verifica la no incorporación los resultados del proceso de consulta para la elaboración y aprobación de los EEIA analíticos integrales. Art 17.

• El proceso de consulta estar viciado de nulidad en caso de incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el presente reglamento y en particular (Art 18 II), cuando:

 La información o parte de la misma presentada por la AC fuere falsa o contradictoria.

 La consulta fuera realizada alterando totalmente el procedimiento establecido en el presente reglamento.

 El proceso de consulta y participación sea realizado sin considerar el Acta de Entendimiento suscrito.

 La firma del convenio de validación de acuerdos, fuere logrado por presión, amedrentamiento, soborno, chantaje o violencia y no cuente con el acuerdo mutuo.

Se modifica el inciso a) del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 29033:

Convocatoria. Para iniciar el proceso de consulta y participación, la AC, respetando la territorialidad, independencia organizativa, usos y costumbres de los PIOs y CC, convocará por escrito, adjuntando toda la información pública de la AOP, a las instancias de representación susceptibles de ser afectadas, con copia a sus niveles regional, departamental y nacional, a efecto de sostener una reunión de carácter informativa acerca de la actividad hidrocarburífera y de coordinación sobre el desarrollo del proceso de Consulta y Participación.

Transcurridos quince (15) días hábiles de enviada la primera convocatoria sin obtener respuesta escrita por parte de los PIOs y CC, la AC procederá a realizar la segunda convocatoria especificando la fecha y el lugar de la Reunión de Consulta, adjuntando la propuesta metodológica para la misma, mediante al menos dos (2) de las siguientes comunicaciones:

Publicación en un medio de comunicación escrita de circulación local, regional y/o nacional;

Publicación en un medio de comunicación radial de alcance local, regional y/o nacional; y/o

Comunicación directa en la zona pasible de ser consultada.

Transcurridos diez (10) días hábiles de haberse efectuado la segunda convocatoria, en caso que no se concrete la reunión por inasistencia de los PIOs y CC, la AC procederá con la tercera y última convocatoria mediante carta notariada, especificando fecha y lugar del evento, adjuntando la propuesta metodológica de Consulta y Participación.

Transcurridos diez (10) días hábiles de haberse efectuado la última convocatoria, en caso que no se concrete la reunión o no se obtenga una respuesta escrita por parte de los PIOs y CC, la AC establecerá una metodología y cronograma para ejecutar el proceso de Consulta y Participación.”

Se modifica el Artículo 11: “ARTÍCULO 11.- (DESARROLLO DE LA REUNIÓN PRELIMINAR Y DE PLANIFICACIÓN).

La reunión preliminar y de planificación se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:

Instalada la reunión y verificada la asistencia, la AC dará a conocer los objetivos y el alcance del proyecto sujeto a consulta. Asimismo, se concertará una metodología, cronograma y presupuesto de ejecución de la Consulta y Participación, la cual será plasmada en un acta respectiva;

En caso que no pueda concertarse la metodología en la primera reunión, la AC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, convocará a una segunda reunión para trabajar en dicha metodología, cronograma y presupuesto;

En caso que en esta segunda reunión no pueda concertarse la metodología, la AC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes establecerá una metodología, cronograma y presupuesto para ejecutar el proceso de Consulta y Participación. Se presentará la misma, mediante publicación escrita, comunicación radial y notificación notariada a los PIOs y CC;

La metodología contemplará las actividades y/o procedimientos de ejecución de la Consulta y Participación, mismos que en ningún caso excederán los cuarenta y cinco (45) días calendario.”

Se incorpora el Artículo 19:

ARTÍCULO 19.- (CONTINUIDAD DE LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN). En cualquiera de las fases previstas en el Artículo 9 del presente Reglamento, la asistencia al evento de las instancias representativas de los PIOs y CC, o la determinación de las bases en asamblea bajo voto resolutivo, dará continuidad a la ejecución de la Consulta y Participación en el estado en que se encuentre la misma y de acuerdo al procedimiento previsto en el presente Reglamento.”

Se incorpora el Artículo 20

“ARTÍCULO 20.- (DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE).

Excepcionalmente en los casos que no puedan desarrollarse o concluirse el proceso de Consulta y Participación, de acuerdo a los procedimientos previstos en el presente Reglamento, por causas no atribuibles a la AC, previo informe de la instancia ejecutora, la AC emitirá como resultado una Resolución Administrativa que determine el estado de ejecución del proceso y la constancia de todos los esfuerzos realizados en cumplimiento de la normativa vigente, para desarrollar o concluir con el proceso de Consulta y Participación, salvaguardando en todo momento los derechos de los PIOs y CC. Dicha Resolución Administrativa será comunicada a los PIOs y CC, y al representante legal de la AOP.

La Resolución Administrativa de la AC será incorporada en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental - EEIA, para continuar con el trámite de obtención de la licencia ambiental.

Para fines del presente Artículo, se exceptúa la aplicación del inciso c) del Parágrafo II del Artículo 18 del presente Reglamento.”

Artículo adicional 1°.- El Documento de Información Pública a ser utilizado en la Consulta y Participación, en relación al componente ambiental y social, debe contener lo siguiente:

a. Resumen Ejecutivo de la Actividad Obra o Proyecto - AOP;

b. Descripción de las principales actividades de la AOP;

c. Mapas Temáticos de la AOP;

d. Diagnóstico ambiental y social del área de influencia de la AOP;

e. Los posibles impactos ambientales y sociales;

f. Las medidas que se adoptarán para prevenir, corregir, mitigar, controlar los posibles impactos

g. Información social, económica y cultural detallada sobre los Pueblos Indígenas Originarios - PIOs y Comunidades Campesinas - CC, presentes en el área de influencia directa de la AOP;

h. Información certificada por la entidad competente para sustentar las características de los PIOs y CC, tierras fiscales y/o Áreas Protegidas sobrepuestas al área de influencia directa de la AOP.

Artículo adicional 2°.-

I. Una vez obtenida la Licencia Ambiental en el marco de la legislación vigente, la AOP desarrollará de manera ininterrumpida sus actividades, dado el carácter de interés y utilidad pública por lo que goza de la protección del Estado Plurinacional de Bolivia.

II. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía a través del Viceministerio de Desarrollo Energético como Autoridad Competente para el proceso de Consulta y Participación, deberá velar por el buen desarrollo de dichos procesos, garantizando de esta manera la viabilidad de los proyectos hidrocarburíferos.

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* Biólogo y activista ambiental, marcoriberaarismendi@gmail.com

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