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Actualizado el 2015-05-01 a horas: 12:28:48

Bolivia y Chile: Frente a frente en La Haya

Eduardo Paz Rada

La importante iniciativa política internacional del gobierno boliviano, en los últimos años, en relación al derecho a un acceso soberano al océano Pacífico ha interpelado directamente a las autoridades chilenas que, como en ningún otro momento de la historia, deberán responder con claridad y compromiso efectivo ante un diferendo originado en la invasión militar de 1879, que significó la apropiación de 400 kilómetros de costa, soberanía marítima y 120 mil kilómetros cuadrados de territorio rico en recursos naturales que pertenecían a Bolivia desde su formación en 1825 y que el propio gobierno de Santiago lo reconoció hasta la Guerra del Pacífico.

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La agresión fue impulsada por los intereses imperialistas ingleses aliados a los de la oligarquía chilena, los que buscaban controlar la explotación de guano y salitre destinados a los mercados de producción agrícola de Europa, y aceptada en silencio cómplice por la oligarquía boliviana. Los pueblos de Chile y Bolivia demandan, ahora, a través de manifestaciones realizadas en Santiago y varias ciudades de Bolivia, una solución en el marco de la solidaridad internacional.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, considerado el más alto tribunal que conoce y resuelve controversias y conflictos entre Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), será la instancia que del 4 al 8 de mayo de 2015 escuchará los alegatos de los representantes de los dos países: Felipe Bulnes de Chile y Eduardo Rodriguez de Bolivia, quienes, en esta etapa, harán conocer sus argumentos en torno a la competencia o no de la CIJ de conocer y juzgar. Sobre este punto la Corte deberá pronunciarse hasta finales del año que transcurre.

La petición de fondo de Bolivia es muy clara y sencilla: que el gobierno de Chile se reúna con el de Bolivia para dialogar en torno al derecho boliviano a tener una salida al mar. Sin embargo este requerimiento de “voluntad de conversar” derivó en una primera respuesta evasiva de las autoridades de Santiago al plantear como asunto previo el de la competencia o no de la CIJ, postergando así cualquier conversación y negociación sobre el tema de fondo que, sin duda, significará un proceso más profundo y de largo aliento.

La posición del gobierno chileno es contradictoria, sobretodo porque durante décadas negó toda posibilidad de negociación multilateral con mediación de instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), afirmando que se trata de un “tema bilateral”. Ahora que Bolivia plantea el diálogo bilateral, tomando en cuenta múltiples declaraciones públicas de Presidentes, Ministros y Parlamentarios chilenos que manifestaron, en los últimos cien años, su disposición a solucionar la demanda boliviana, las autoridades de La Moneda dan muchos pasos hacia atrás sin ningún argumento y, al parecer, reivindicando la fuerza como argumento de su política internacional.

El proceso latinoamericano de la última década, marcado por esfuerzos de integración de los pueblos y los países, de voluntad de solucionar problemas pendientes, de acercamiento para desarrollar proyectos emancipadores comunes, de defensa frente a la agresión de las potencias imperialistas --como el caso de las Malvinas Argentinas, de la Cuba bloqueada o de la Venezuela asediada—y de apertura al diálogo sobre temas políticos, históricos, culturales, sociales, diplomáticos, financieros, militares o económicos, compromete a los gobiernos a dialogar con apertura y disposición para solucionar conflictos y construir la Patria Grande impulsada por OHiggins, Santa Cruz, Bolivar y San Martín.

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