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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2015-03-27 a horas: 16:15:56

Crisis de la Justicia en Bolivia

De las irregularidades y lamentos a la primera solución

Gustavo Portocarrero Valda*

Picado por mi curiosidad de medir la honestidad de la comisión “calificadora” del nuevo gobierno, decidí ponerla a prueba. Ya lo había hecho antes, con pasados gobiernos, situación que me permitió hacerlo mejor. Decidí presentarme como candidato al máximo tribunal, sin tener interés en aquello porque vivo fuera del país (6.000 km de distancia) en casa propia, con familia, trabajo y economía sin problemas. Alguien me dijo ¿Y qué pasa si te eligen? Respondí: –Como no me interesa, renuncio de inmediato para no participar en la elección.

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Presenté voluminoso expediente en dos paquetes. Contenía tres títulos profesionales, variadas conferencias sobre temas legales, ejercicio de la docencia universitaria, proyectos de leyes, innumerables artículos de prensa sobre el Poder Judicial, 14 libros de mi autoría (especialmente “Memorias de un Abogado Rebelde”), asistencia a congresos internacionales como Relator y muchas otras cosas más. Intencionalmente omití mi libreta militar, adjuntando fotocopia. Me interesaba si la “transparencia” pregonada iría directamente al fondo; toda vez que lo demás es papeleo posterior. Me aguijoneaba también saber quién me calificaría, cómo lo haría y que sabiendo. Un buen amigo, de allí adentro, me advirtió que había consigna para inhabilitar a quien no sea del partido de gobierno. Aclaro que por propia convicción, nunca fui parte de la desplazada oposición.

Recibí una nota fijándome 8 días para que acompañe el original. Desde el lugar donde vivo instruí por teléfono a mi hija para que lo adjunte con una nota. Buscando tres pies al gato, le respondieron que no tenía poder para presentarlo (no obstante que por ser mi hija lo permite la ley civil)

El proceder de los responsables actuales no se diferencia en nada de gobiernos anteriores. Solo cuenta el control absoluto del Poder. No importa que los apadrinados hagan el ridículo que están demostrando.

La inhabilitación forzada era una de las muchas maniobras, pero no la única. Había también otros actos de público descaro. Me contaron que una cholita, elegida para el Consejo de la Magistratura, ofrecía directamente notarías para devolver favores recibidos. Desconozco que moralidad tenga quien, mientras empleada judicial nunca vistió pollera; empero al trepar a una cúpula judicial cambió su pasada vestimenta para honrar la presencia folklórica aborigen en ascenso.

No perdamos tiempo con más hechos. Ni la designación por el Parlamento ni la elección por sufragio universal resultaron solución, dadas sus condiciones para maniobras. Por ello, ni el ejecutivo ni el legislativo deben meterse con la judicatura. Menos aún los jueces de jerarquía designar a jueces inferiores, ni al personal de auxilio y apoyo.

¿Qué debe hacerse? Conciliando el sufragio de la sociedad con la racionalidad, parte de aquella debería elegir a la magistratura, mediante instituciones nacionales. La elección por una masa global abstracta no reporta utilidad. Expliquémonos.

Todo país tiene sectores de respetabilidad que pueden actuar en la selección-elección. ¿Por qué no habríamos de acudir a aquellos? Hay universidades, colegios de abogados, jerarquía eclesiástica, Defensor del Pueblo, trabajadores de la prensa y otras. ¿No podrían brindar su ayuda, con la base de su honorabilidad?

Lo expuesto es una semilla que debe germinar, desarrollar e imponerse. No es aún propuesta acabada.

Para su viabilidad y corrección, las siguientes sugerencias no dejarían de ser apropiadas.Una Junta, integrada por las cabezas de aquellas instituciones podría proceder a la calificación de méritos y condiciones de los postulantes, cuya selección importaría su designación ipso facto. Una previa tabla de calificación, hecha ley e inserta en la convocatoria, sería la base de la aplicación. El Ministerio de Justicia, sin potestad de mando se limitaría a los comienzos formales. Para la seriedad del acto, el proceso calificatorio deberá ser público, con citación de postulantes para pedir aclaraciones si así se precisa. Elegido el Poder Judicial, el proceso debe continuarse a nivel departamental, en cada distrito.

¿Mucho optimismo? –Veamos si alguien se molesta en sugerir algo mejor.

---

El autor es periodista, gustavop2@hotmail.com

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