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Actualizado el 2015-03-18 a horas: 07:26:02

Corrupción: La peligrosa quinta columna

Eduardo Paz Rada

Con la memoria orientada al Caso Catler, por el cual el ex Presidente de YPFB y alto dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los primeros años de gobierno, Santos Ramirez, se encuentra en la cárcel con una sentencia de doce años de presidio por un acto de corrupción que tuvo en medio el asesinato de un presunto empresario, representante de una empresa que iba a construir la planta de separación del gas natural, ahora se ha presentado el caso de irregulares manejos económicos y administrativos, denunciado por la Contraloría General del Estado, en el Fondo Indígena.

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El alerta rojo ha sido encendido y deberá servir para que todas las instancias de los gobiernos central, departamental y municipal del país desarrollen políticas efectivas para derrotar a la peligrosa quinta columna que no solamente debilita el proceso de cambio sino que tiende a buscar su retroceso y derrota. El presidente Evo Morales, en enero de 2014 al iniciar la campaña electoral, manifestó de manera contundente que durante la nueva gestión las prioridades son: luchar contra la corrupción, reformar la justicia, mejorar la salud de la población y reducir aún más los niveles de pobreza en Bolivia.

Si bien es evidente que la corrupción se desarrolla en los pasillos del mayor secreto y “sin dejar pruebas” y es ejecutada por funcionarios públicos en complicidad con empresarios, especuladores, intermediarios u otros elementos de esta siniestra trama, los mecanismos del Estado deberán ser tensionados para responder drásticamente a estas prácticas; para ello el Ministerio de Transparencia, durante la gestión de Nardi Suxo, impulsó la apertura de Unidades de Transparencia en todas las instituciones públicas, las que deberán ser fortalecidas y contar con la fuerza suficiente para enfrentar el poder mafioso y organizado de la corrupción.

En particular estas prácticas de anticorrupción deberán alcanzar los mayores niveles de eficiencia en los Ministerios, Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Empresas Estatales Estratégicas, Universidades Públicas y otras instituciones que manejan millonarios recursos para la realización de obras públicas, carreteras, compras y adjudicaciones, concesiones, entre los más importantes gastos públicos.

La cruzada contra la corrupción es una lucha en la que, junto al gobierno, deberán participar las organizaciones y movimientos populares y sociales bajo el derecho constitucional del control social y la vigilancia de la comunidad sobre los responsables de la administración de los recursos económicos que pertenecen a todo el pueblo boliviano. El Pacto de Unidad y la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), de la cual forman parte la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), las Mujeres Indígenas Originario Campesinas “Bartolinas”, la Confederación de Interculturales y otras organizaciones indígenas, vecinales y regionales tienen la misión fundamental de combatir a los quintacolumnistas infiltrados en el poder.

La aplicación de la Ley de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, de marzo de 2010, deberá convertirse en prioridad de la gestión pública del Estado.

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