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Actualizado el 2015-03-06 a horas: 15:39:29

Constitución de la identidad de los movimientos sociales urbanos contemporáneos en Bolivia

Jhohan Braxton Oporto Sánchez*

Uno de los rasgos centrales de los movimientos sociales urbanos contemporáneos de Bolivia es la concreción de la vinculación –a veces explícita otras no- de las luchas anticoloniales extendidas desde el siglo XVI con las luchas antiimperialistas en el siglo XX. En el intercambio de experiencias de lucha entre trabajadores indígenas, campesinos y obreros en su territorialidad marginada por los sistemas de poder desplegados por los gobiernos coloniales, liberales y populistas, se fundamentan las dinámicas de cohesión social interna y externas con otros movimientos sociales. Si bien con la refundación de Bolivia como “Estado plurinacional” parte del proyecto político indígena-campesino se concretó en 2009, la subversión del orden social subsumido en pobreza, desigualdad, y discriminación sistémicas plantean nuevos retos para estos movimientos. En tal sentido, el Vivir-Convivir Bien se presenta para los movimientos sociales urbanos como el sentido de un nuevo horizonte societal y, por tanto, objeto justificador mediato y futuro de lucha revolucionaria anticapitalista.

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Introducción

Durante las últimas décadas del siglo XX, las contradicciones socioeconómicas en América Latina a efecto del desarrollo capitalista impulsado por el imperialismo contemporáneo, bajo la máscara ideológica de la globalización neoliberal, se han profundizado. Tal situación ha actualizado ciertos horizontes de la lucha de clases y con ello el re-conocimiento de las mayorías sobre la necesidad de un nuevo proyecto revolucionario en el siglo XXI. Frente a la fosilización de la burguesía en función de poder político y su sistema de gobierno democrático liberal que hizo del Estado un instrumento para su proyecto de desarrollo dependiente –es decir vinculada al capitalismo transnacional-, la rearticulación de las fuerzas de cambio populares rural-urbanas en el caso boliviano se ha convertido en un paradigma referencial de lo que algunos denominan postneoliberalismo (Sader, 2008; Veltmeyer, 2013).

Mientras en la dimensión externa del país, el Estado Plurinacional de Bolivia se posiciona idealizado como síntesis de un proyecto político, económico e ideológico cultural para la construcción del Vivir Bien de su sociedad en equilibrio con la naturaleza, un horizonte epocal postcolonial-postcapitalista más o menos homogéneo, en su dimensión interna la construcción de tal horizonte ha desplegado una efervescente y heterogénea lucha política en el campo y la ciudad nunca antes vista. En relación a lo último, durante 2011 se registraron 1.406 conflictos para un promedio de 117.16 conflictos por mes y casi cuatro por día, esto es tres veces más por día que en el periodo 1970-2008. (Leaño, 2012:52).

Las movilizaciones sociales que provocaron la Guerra del Agua en Cochabamba (2000) y la Guerra del Gas en El Alto (2003) se sustentaron en la integración de fuerzas sociales rural-urbanas que vincularon su experiencia histórica de discriminación, explotación y opresión a la lucha contra la privatización de servicios y recursos naturales. La importancia de los movimientos urbanos fue definitiva, no solo al establecer la ciudad como campo inmediato de lucha sino porque la constitución contemporánea de la ciudad boliviana y sus habitantes es el resultado del periodo de 50 años siguientes a las reformas modernizadoras sociales, económicas, políticas e ideológicas culturales implementadas por el Estado en 1952: en 1950 el 75% de la población boliviana se concentraba en las áreas rurales del país, para el año 2009, el 73% lo hacía en las áreas urbanas (Vacaflores, 2003 y Ledo, 2010:18).

El objetivo de este trabajo es explorar de manera rudimentaria las condiciones históricas de la constitución de los movimientos sociales urbanos y sus elementos de cohesión en clase social (objetivas y subjetivas). Para ello el documento se ha organizado en cuatro unidades, la primera presenta la estructura del análisis y herramientas conceptuales. La segunda unidad desarrolla la relación entre crisis y reformas estatales y su efecto en la reubicación territorial del trabajo en la ciudad durante el periodo señalado. La tercera parte desarrolla un análisis sobre la constitución del proyecto de horizonte societal por parte de los trabajadores campesinos e indígenas. A modo de conclusiones, la cuarta unidad sintetiza los planteamientos centrales del trabajo y las tareas de construcción de dicho proyecto.

1. Precisiones conceptuales para el análisis

Uno de los componentes centrales de la actual dinámica de transformaciones en Bolivia fue el surgimiento de movimientos sociales urbanos, de fuerte autoidentificación étnica en su constitución de clase trabajadora, con un proyecto político de nación propio que, como consecuencia del éxito de las movilizaciones entre 2000 y 2005, sería articulado en 2009 a la refundación de Bolivia como Estado Plurinacional.

En concordancia con tal planteamiento, las cualidades esenciales de tales movimientos: territorialidad (lo urbano) y etnicidad-clase (lo identitario) pueden explicarse desde dos perspectivas históricas de cambio estructural y estratégico: i) de ruptura, la crisis de la territorialidad de la hacienda colonial y del Estado colonial-republicano en 1952 y la crisis de la fábrica[1] capitalista y del Estado desarrollista en 1985; y ii) de continuidad, sobre la persistencia del sentido identitario étnico campesino-indígena en la lucha y resistencia a la Colonia y su integración de clase en la lucha antiimperialista por parte de los habitantes de las ciudades.

Antes de desarrollar estas dos perspectivas es necesario hacer algunas precisiones conceptuales sobre etnicidad, clase social y lo urbano (ciudad).

1.1. Etnicidad

A partir de la raíz griega ethnos que significa pueblo o nación, “etnicidad” se entenderá como: las características socioculturales (lengua, raza, organización social, producción, ideología, otros) de un pueblo o nación en un determinado contexto histórico y territorial. Sobre el carácter dinámico y situacional del concepto etnicidad, Smith acota que: “la pertenencia a un grupo étnico es una cuestión de actitudes, percepciones y sentimientos en que se encuentre el sujeto: a medida que va cambiando la situación del individuo, también cambia la identificación del grupo, o, por lo menos, la importancia de las identidades y discursos a las que se adhiere el individuo irá variando conforme pase el tiempo y las situaciones cambien” (CEPAL, 2000:7)

La dinámica de la etnicidad, en tanto cambio de las concepciones y prácticas de determinado pueblo, se encuentra determinada por factores externos e internos, generales y específicos. De esta manera, continuidades y/o rupturas objetivas y subjetivas en los límites de lo “que es” interno y lo “que es” externo permite asumir cierta particularidad identitaria de lo étnico: lengua, raza, social, política, económica, territorial, histórica, otros, del grupo en su totalidad o de ciertas facciones del mismo en su interior. Esta última característica denota, en oposición a la homogeneidad, el carácter plural de las formas sociales en la historia humana universal.

1.2. Clases sociales

Desde un enfoque de análisis materialista histórico se entenderá “clases sociales” como: los “grupos sociales antagónicos, en que uno [el capitalista] se apropia del trabajo de otro [el trabajador] a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura económica de un modo de producción determinado, lugar que está determinado fundamentalmente por la forma específica en que se relaciona con los medios de producción” (Harnecker, 1985:171). Se trata de la relación entre los dueños de los medios de producción, los capitalistas, y los que venden su fuerza de trabajo para el despliegue de la producción, los trabajadores.

Respecto de la clase trabajadora se distinguen las dimensiones estructural y estratégica: i) clase trabajadora en sí: situación que ocupa en la estructura de producción social; y ii) clase trabajadora por/para sí: posición que toma (“toma de partido”) respecto de su ubicación en la estructura, el desarrollo de una consciencia de clase lo faculta para actuar estratégica y políticamente y buscar la transformación de la estructura (ibid.:184-185).

Considerando que la lucha antagónica de clases, la lucha de clases, se establece como una de las leyes fundamentales de la historia, la identificación de los factores y características que determinan las articulaciones por parte de los trabajadores para constituirse en una clase social para sí se direccionan a la comprensión de las tareas clave a realizar para la construcción de un proyecto alternativo al sistema capitalista.

1.3. Lo urbano

Se entiende como “lo urbano” a aquella cualidad de los asentamientos humanos cuyas características son: relación entre la centralización del capital y la concentración de los medios de producción y la fuerza de trabajo, vinculados a la generación de la riqueza social y la reproducción social (Echeverría, 2013).

La ciudad, como concreción particular de “lo urbano” de los asentamientos humanos, es el resultado de mayor complejidad del proceso de urbanización, es decir, del proceso de transformación de la estructura y superestructuras rurales en estructura y superestructuras urbanas (Garza, 1985, 40).

Desde esta perspectiva las dicotomías rural-urbano, campo-ciudad, periferia-centro, expresan la funcionalidad organizativa material-inmaterial en el territorio de los sistemas económico, político e ideológicos del modo de producción capitalista, y de la relación dominante de este modo por sobre otros. Aunque generadora de las contradicciones antes mencionadas, la subsistencia de otras formas sociales y modos de producción se encuentra condicionada por su funcionalidad a la producción y reproducción social del sistema dominante.

2. Ruptura: territorialización de las fuerzas de cambio

Si bien 1825 supone la creación de la República de Bolivia como nación independiente de España en términos jurídico políticos, el periodo republicano se caracteriza por la extensión de la estructura económica y social colonial hasta mediados del siglo XX, esto fundamentalmente porque “el proceso de ‘liberación’ de las antiguas colonias europeas en América Latina y la fundación de las repúblicas independientes no resultó de rebeliones indígenas que expulsaron as los colonialistas sino de las disputas entre los españoles y los criollos por la explotación de los territorios colonizados, incluyendo a la población nativa” (Burman, 2011:33).

A partir de esta característica histórica del continente americano, la acumulación de contradicciones estructurales económicas y tensiones sociopolíticas internas se identifican dos momentos de ruptura para el caso de Bolivia en 1952 y 1985, que habrán de reconfigurar la estructura socioeconómica de la nación y con ello la re-territorialización del trabajo, las fuerzas de cambio, estableciendo a su vez las condiciones políticas e ideológicas de los movimientos sociales contemporáneos.

2.1. Crisis de la territorialidad de la hacienda

De manera similar que otras naciones de América Latina, la hacienda se constituyó para la clase terrateniente dominante en el mecanismo de generación de riqueza por el control monopólico de tierra y explotación de campesinos e indígenas mediante un régimen tributario consentido por el Estado (Mendoza, 2010:20). La crisis de la territorialidad de la hacienda, como efecto de reformas económicas, políticas e ideológicas efectuadas por el Estado, se refiere al proceso de reubicación del excedente de fuerza de trabajo campesino-indígena a nuevos ámbitos territoriales, particularmente los centros urbanos.

La Revolución populista de 1952 encabezada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y respaldada por movimientos sociales campesino-indígenas, principalmente de la región de los valles de Cochabamba y la región andina de Potosí, Oruro y La Paz, supone la ruptura con el orden oligárquico y terrateniente impuesto por los gobiernos desde la fundación de la República en 1825. De entre las transformaciones propuestas por el nuevo Estado y su proyecto de modernización homogeneizadora inclusiva de lo campesino-indígena (voto universal, nacionalización de recursos naturales para la transformación productiva de los sectores de minería y agroindustrial, creación de un mercado interno, reforma educativa), la Reforma Agraria de 1953 fue el punto de inflexión de un proceso socioeconómico mordaz iniciado en 1936, en el periodo inmediato posterior a la Guerra del Chaco (1932-1935), con la formación de los primeros sindicatos campesinos y sus objetivos de adquirir tierras propias de las haciendas (Rodríguez Ostria, 2010:98-99) y la abolición del pongueaje y el colonato que en ellas operaban.

La esperada dotación de tierra por parte de los sindicatos campesinos en los valles de Cochabamba y las comunidades indígenas de los Andes en La Paz, Oruro y Potosí, fue aplicada con criterios diferenciados y arbitrarios. Mientras que por la concentración de la población de campesinos-indígenas en la región de los valles y andina del centro-occidente del país se produjo una excesiva parcelación que originó el minifundio, en las regiones de menor densidad como los llanos orientales-amazónicos y el chaco al sur del país se produjo una alta concentración de la tenencia constituyendo así un nuevo latifundismo.

Aunque la distribución de la tierra por parte del Estado permitió mejorar las condiciones de vida de los campesinos-indígenas, éstas no le sirvieron para superar su estado de pauperización, ya que tal medida no fue vinculada a una estrategia de desarrollo rural agropecuario. Consecuencia de tal desarticulación productiva uno de los efectos sociales centrales fue la imposibilidad de absorber la población campesina-indígena excedente en el trabajo del campo, derivando esto en la expulsión de tal fuerza hacia las ciudades por “el ideal” de incorporarse al proceso de modernización y diversificación de la estructura económica mediante la industrialización fabril propuesta por el MNR, antes que de atracción a las mismas por su incipiente dinámica industrial[2]. En este contexto real de escaso desarrollo productivo “por la carencia de una base industrial, las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba reciben contingentes de esos campesinos que se insertan en el comercio ambulante o en la provisión de servicios personales de la más variada estirpe y que contribuyen a otorgarle significado al contenido social de la población urbana" (Ledo, 2009:11). En tal sentido, la población recién llegada a las ciudades dará lugar progresivamente a la generación de asentamientos urbanos marginales y carentes de infraestructura básica (Vargas, 2002:14).

Si bien el Estado había ampliado la ciudadanía política, reconocido la propiedad de la tierra, abolido la servidumbre, reformado el sistema educativo para la inclusión de los campesinos-indígenas en el marco de la Reforma Agraria, las pautas socioculturales que definían el proceso de modernización se remitían al monopolio de la población urbana; también en este sentido, las formas de organización política tradicionales de las comunidades campesinas-indígenas rurales fueron desterradas por la democracia liberal. De esta manera la participación política y el ejercicio de la ciudadanía del 70% de la población que entre 1952-1978 tenía como lengua materna un idioma indígena, fue excluida en su desenvolvimiento en las escuelas, la administración pública, los mercados, entre otras, donde el idioma oficial era el castellano (Valenzuela, 2004:28-29).

Esta “ciudadanía de segunda clase” encontrará en el contexto urbano de nuevas condiciones económicas y territoriales informales excluidas en la “forma” de la modernización homogeneizadora, pero en la “realidad” pragmáticamente articuladas a la producción y reproducción del capital, los ámbitos colectivos para resignificar su condición de clase campesina y étnica cultural al vincularse e intercambiar su experiencia y memoria de lucha y exclusión con la de inmigrantes de otras regiones rural-urbanas del país.

2.2. Crisis de la territorialidad de la fábrica

Ante la profunda situación de crisis del proyecto desarrollista modernizador asumido por la Revolución de 1952 y el influjo de condicionamientos de la institucionalidad internacional del imperialismo de Estados Unidos, en 1985 el Estado boliviano implementó el Programa de Ajuste Estructural de la Economía. En tal sentido, la crisis de la territorialidad de la fábrica se refiere a la destrucción del trabajo en la economía formal y su reubicación territorial en la marginalidad de los centros urbanos.

Entre las circunstancias más importantes de la crisis en las que se inscribe la Nueva Política Económica se encuentran: caos económico por la reducción del PIB; hiperinflación; crisis en varias empresas nacionales, provocan que las relaciones del país con organismos internacionales de financiamiento sean suspendidas; crónica inestabilidad política enraizada en gobiernos militares y la atomización político-partidaria; el activismo político sindical “que recogía la herencia colectivista de las sociedades tradicionales con el moderno corporativismo del obrero de oficio de gran empresa” (García citado por Kohl y Farthing, 2007: 124), entre otros.

De las reformas delineadas por el Decreto Nro. 21060 que tienen un impacto en la territorialidad de la fabrica, es con la privatización de recursos públicos y la flexibilización de los derechos laborales (García Linera, 2011) que se consuma un ataque a la organización social del trabajo obrero y su tradición sindical articulada en la Central Obrera Boliviana (COB). Sobre este duro impacto a la clase trabajadora, a mediados de la década de 1990 autores como Calderón y Laserna llegan a plantear que “no parece existir un actor o un sistema de actores que ocupe el espacio dejado por los mineros”[3] (Calderón y Laserna, 1994:2). Dicha desarticulación en lo inmediato se evidencia con el despido de 23 mil mineros (Kohl y Farthing, 2007:125) de la región andina, Oruro y Potosí principalmente, y su “relocalización” en sus comunidades rurales de procedencia en esos departamentos pero mayoritariamente en la ciudad de El Alto y la región de los Yungas del departamento de La Paz, y en la ciudad capital y la región del Chapare del departamento de Cochabamba (Cajías de la Vega, 2006: 39). Pero el impacto mediato es aún mayor, como apunta Vacaflores “los trabajadores mineros, fabriles y empleados públicos despedidos hasta 1990 […] alcanzaban a los 160.000, lo que significa que unas 800.000 mil personas (5 miembros por familia) quedaron en el más absoluto abandono” (Vacaflores, 2003) y se vieron obligados a seguir la opción de emigración al igual que en 1985.

Frente a la pérdida “formal” de su condición de proletarios, su reinserción económica y nuevas condiciones de vida encontraron nicho al igual que en 1952 en el sector informal urbano y paradójicamente en el agrícola rural, en cuyas territorialidades históricamente ligadas a los sectores campesino-indígenas se reencontrarán con su ascendencia étnica. Al respecto Cajías de la Vega apunta que: “si en el pasado los mineros sustentaron un obrerismo vanguardista que les impidió, en muchos casos, articularse con otros actores fundamentales, como con el movimiento campesino-indígena, ahora podían ser capaces de reconocer sus raíces indígenas, sus vínculos con el mundo campesino-rural y de desarrollar nuevos procesos de socialización con el mundo urbano-popular” (ibid.:40).

3. Continuidad: constitución de la identidad de las fuerzas de cambio

En la tradición de análisis de las dinámicas sociales contemporáneas, autores como Fausto Reynaga (1969), René Zavaleta (1979), Silvia Rivera (1984), entre otros, identificaron y caracterizaron la persistencia histórica de dos proyectos coetáneos de nación anclados estructuralmente en el proyecto colonial y a su vez relacionados dialécticamente desde entonces: las “dos Bolivias” o el “Estado Aparente” y el Estado Republicano. Esto es que durante la implementación del proyecto civilizatorio “occidental” desde la colonización, pasando por las reformas liberales y populistas, se desarrolla un patrón de alteridad societal en que formas plurales precoloniales de organización económica, social, cultural y territorial, se reconstituyen y resignifican estratégicamente.

Para Laserna y Calderón (1994:4), este patrón societal de “larga duración” tiene tres fuentes históricas que manifiestan la constante mutación de la sociedad y cultura bolivianas “para vincular los mundos de vida a los cambios dentro y fuera del país”: i) un tejido socio-histórico múltiple, comprende las relaciones de orden intercultural (matrices culturales diversas), intersocial (sistemas de estratificación de clase) e interregional (territorialidades sociales locales, regionales y con el Estado central); ii) convivencia de distintos tiempos históricos y culturales “que se originan en el mundo andino pre colonial y que, aunque parecen haberse superpuesto unos a otros, en realidad se ampliaron y complejizaron a lo largo de la historia”; y iii) relacionamiento de Bolivia con el mundo externo, por lazos de solidaridad con los países vecinos por su “similitud socio-económica, cultural y política” y, por otro lado, por relaciones conflictivas principalmente económicas con los países vecinos (despojo territorial por la vía de conflictos bélicos y políticos) y otras potencias extranjeras (despojo de recursos naturales: minería, hidrocarburos, otros; intercambio desigual).

En relación a este tejido y convivencia, los repertorios de los grupos étnicos andinos de “adaptación en la resistencia” y de supervivencia frente al proceso de colonización, siguiendo a Larson y Stern, recurren a la incorporación selectiva de una amplia variedad de actividades comerciales y de mercado coloniales, al mismo tiempo que desplegaban sus propias prácticas de organización comunitaria (Larson, 2010:44). En esta misma línea, Rivera apunta que “la población indígena de lo que hoy es Bolivia no se comportó como una masa inerte y pasiva; a partir de la llegada de los españoles a su territorio, resistió de las más diversas formas para evitar tanto la consolidación del orden colonial, como las sucesivas fases reformistas que introdujeron renovados mecanismos de opresión y despojo material y cultural. En esta dialéctica de oposición entre invasores e invadidos, se sitúa uno de los principales mecanismos de formación y transformación de las identidades en un país como el nuestro” (Rivera, 2010:41).

Si bien la flexibilidad apuntada por Larson y Stern puede ser una estrategia pasiva pero funcional a la supervivencia de los grupos étnicos sometidos desde la colonia, como bien señala Rivera, estos mismo grupos emprendieron en varios periodos, ámbitos temáticos y contextos territoriales otras estrategias más activas como los levantamientos de insurrección frente al orden establecido por el sistema de poder de turno, por ejemplo: i) Siglo XVI: el Taki Unquy, en quechua “enfermedad del canto”, movimiento contra el culto cristiano y restitución de la adoración de la “huacas” (divinidades precoloniales personificadas por la naturaleza: montañas, lagos, ríos, otros). Se extendió desde Huamanga (Perú) hacia el sur por Bolivia y hasta el norte de Argentina y Chile; ii) 1572: resistencia y muerte del último Inca Tupak Amaru, por lo españoles en la población de Willkapampa (este del Cuzco); iii) 1610 y 1727: Zongo y Aruma, jefes guaraníes (llanos del suereste de Bolivia) luchas contra el avance de soldados, misiones y comerciantes a su territorio; iv) 1780-1781: Tupak Katari (Julian Apaza) lucha en el altiplano de La Paz para restablecer la propiedad de la tierra y la organización social y económica del territorio indígena (suyus, markas, ayllus); v) 1889: Pablo Zárate Willka lidera el levantamiento indígena en la región andina y valles de Bolivia por la defensa del territorio y Estado Originario; vi) 1930-1933: Pablo Nina Quispe lucha por una República de Naciones y Pueblos Originarios en la región andina de Bolivia; vii) 1935: matanza de campesinos en Pucarani (La Paz) para que asistan a la guerra del Chaco; viii) 1974: lucha y masacre de campesinos en los valles de Cochabamba que reclaman participar en el diseño de la política agraria y restitución de precios del mercado ante la devaluación monetaria de 1972 (CSUTCB s/f y Rivera, 2003).

3.1. La memoria larga y la memoria corta

La tradición de lucha campesina-indígena, particularmente de los grupos étnicos de idioma aymara de la región andina (La Paz, Potosí, Oruro, este de Cochabamba) y quechua de la región de los valles (Cochabamba) denotan la constitución de una identidad rebelde, o “cultura rebelde” (Rivera, 2003) fundamentada en la memoria histórica y su reinterpretación continua adecuada a sus visiones, objetivos y prácticas[4].

En un horizonte histórico de memoria larga, la llegada de los españoles al territorio boliviano en 1532 constituye para los grupos étnicos aymara y quechua el punto de quiebre en su historia inca y pre-inca y por tanto el inicio de la lucha anticolonial (Rivera, 2010:57 y Cabezas, 2005:7). En un horizonte de memoria corta, cada experiencia de rebelión a lo largo de la historia se constituye en referencia de lucha con fines concretos pero articulados a la memoria larga, lo que según Cabezas “dota de un sentido de trascendencia histórica a las rebeliones indígenas, de un sentido de continuidad que se ve reflejado en sus objetivos, en su mitos y referentes históricos, así como en sus tácticas” (ibid.).

3.2. La articulación del proyecto político étnico y de clase

La integración de la memoria larga y corta que influye en la construcción de la identidad étnica articulada a la de clase y que sustenta el proyecto político de “plurinacionalidad unitaria” se produjo en la segunda mitad del siglo XX al influjo de las reflexiones del sindicalismo y los proyectos políticos campesino-indígenas quechua-aymaras.

Como efecto del acceso a la educación pública por la Revolución de 1952, los jóvenes intelectuales de origen indígena reconstruyeron entre 1960-1970 su memoria histórica de servidumbre y rebeliones en el periodo colonial, y la vincularon con la persistente marginación, racismo, condición de segunda clase en el periodo post-revolucionario que vivían (Burman, 2011:59). Sobre este reconocimiento de subalternidad actualizada a la modernidad, campesinos e indígenas construirán un proyecto político societal post-colonial y post-imperial. Este proyecto revolucionario tiene dos momentos clave, la participación política y la rearticulación del sindicalismo campesino–indígena.

En 1962 se funda el primer partido indianista: el Partido de Indios Aymaras y Keswas (PIAK). Su acta constitutiva pronuncia:

“Con la bendición del Inti y la Pachamama, nuestros dioses eternos, con el alma en oración, los ojos nublados en llanto y el corazón gritando: justicia y al pie de nuestros nevados el Illampu, Illimani, Sajama, Huayna Potosí, bajo la mirada tutelar del espíritu de nuestra raza; ante los manes de los constructores de Tiwanaku; ante las lágrimas y el dolor sangrante del martirologio y genocidio de millones de nuestros antepasados; y ante el bárbaro descuartizamiento por cuatro caballos del mártir de nuestra libertad: TUPAK KATARI, de rodillas y con nuestra propia sangre firmamos y rubricamos el Acta de Fundación del PIAK, que es la piedra angular de la reconquista de nuestra libertad y de nuestra patria; la patria del indio y para el indio (AMEN).”(ibid.:59-60)

La valoración étnico-nacionalista de este manifiesto indianista-katarista resume el sentido ideológico del proyecto político y la estrategia anticolonial de resistencia y lucha por la reivindicación del movimiento indígena ante el sistema culturalmente euro centrista, ideológicamente homogeneizante, económicamente de explotación irracional, políticamente excluyente, socialmente estratificado y asimétrico (Cejas, 2012:11-12).

La articulación de este posicionamiento étnico con el de clase en el proyecto político aparecerá en 1983 en el Manifiesto de conformación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), dicho documento dicta:

“Frente a la opresión colonial estamos identificados los obreros, campesinos y otros sectores porque tenemos raíces culturales comunes, y porque compartimos el mismo objetivo de erradicar definitivamente todas las formas de discriminación racial y de exilio en nuestra propia tierra. Frente a la explotación capitalista estamos hermanados con los obreros en la lucha por una sociedad sin explotados ni explotadores. Nuestro pensamiento no admite una reducción unilateral de toda nuestra historia a una lucha puramente clasista ni puramente etnicista. En la práctica de estas dos dimensiones reconocemos no solamente nuestra unidad con los obreros sino también nuestra personalidad propia y diferenciada.” (CSUTCB, 1983)

Así, la lucha anticolonial se articula con un proceso liberacionista del antiimperial, con identidad étnica y de clase propias, direccionado a romper con la perversa dependencia del sistema capitalista y la conquista de “autodeterminación” (Cejas, 2012:11-12).

Si bien en los años anteriores y posteriores a la formulación de estos manifiestos existieron múltiples interpretaciones del sentido histórico de la identidad étnica y de clase en los movimientos campesinos-indígenas (que derivaron por la radicalización en la construcción de un Estado-nación propio o fueron cooptados por el tradicional sistema político de partidos), el documento de la CSUTCB es una extraordinaria síntesis de la reconstrucción de la memoria y la proyección política de un grupo social pero con perspectiva de un horizonte societal y de Estado nuevos:

“…estamos convencidos que no aceptamos ni aceptaremos cualquier reduccionismo clasista convirtiéndonos sólo en ‘campesinos’. Tampoco aceptamos ni aceptaremos reduccionismo etnicista que convierta nuestra lucha a un confrontamiento de ‘indios’ contra ‘blancos’. Somos herederos de grandes civilizaciones. También somos herederos de una permanente lucha contra cualquier forma de explotación y opresión. Queremos ser libres en una sociedad sin explotación ni opresión organizada en un Estado plurinacional que desarrolla nuestras culturas y auténticas formas de gobierno propio.” (CSUTCB, 1983)

En oposición al esencialismo dicotómico de lo étnico y de clase experimentado por campesinos e indígenas en el devenir histórico de Bolivia, el planteamiento por estos sujetos de “un Estado plurinacional” contempla un horizonte civilizatorio sin clases, de convivencia entre naciones o pueblos, por tanto de culturas, en el que el Estado es agente cohesionador e instrumento de articulación de los potenciales de la diferencia.

4. A manera de síntesis y de reconocimiento de ciertas tareas

Desde una perspectiva histórica se ha planteado que:

1. Las reformas sociales, económicas políticas e ideológicas implementadas por el Estado en 1952 y 1985 materializaron la exclusión de campesinos, indígenas y obreros en el territorio, particularmente en los centros urbanos del occidente de Bolivia: La Paz, El Alto, Cochabamba.

2. La condición informal social, económica, política y territorial compartida por campesinos, indígenas y obreros en este proceso permitió el intercambio de experiencias de lucha sobre las que se resignificaron, reconstituyeron y proyectan lazos étnicos y de clase, es decir, en sentido ideológico cultural y político.

3. Desde la llegada de los españoles a territorio boliviano en 1532, en la tradición de repertorios pasivos y activos de articulación y resistencia al proceso de colonización desplegados por los grupos indígenas se constituyó una cultura de rebelión.

4. La integración de la memoria larga de lucha anticolonial y la memoria corta de lucha antiimperial forja la articulación de la condición étnica y de clase en un proyecto revolucionario que visibiliza en la victoria un horizonte civilizatorio postcolonial y postcapitalista.

A partir de estos cuatro elementos se pueden plantear sintéticamente las condiciones que determinan la identidad de los movimientos sociales urbanos, de su consciencia en sí, es decir, su identidad de clase:

A) condiciones objetivas: i) la lucha anticolonial y antiimperialista que tiene como saldo miles de muertos campesinos indígenas y obreros desde los inicios de la colonización al presente; ii) la re-territorialización del trabajo en 1952 y 1985.

B) condiciones subjetivas: i) la constitución de una cultura rebelde que resignifica periódicamente en la memoria popular el sentido de las luchas; ii) la conservación y reconocimiento del carácter étnico indígena por campesinos y obreros en las ciudades.

Es a partir del traslape circunstancial de tales condiciones con otros movimientos de diversos ámbitos sociales y territoriales que se generan los lazos estratégicos de cohesión para conjugar la “gran fuerza” que provocó el quiebre del Estado neoliberal y el surgimiento del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario de Bolivia en el siglo XXI.

Sin embargo y a pesar de la apertura política generada por el actual proceso boliviano, la tarea de construcción del proyecto societal constitucionalizado en 2009 requiere nuevamente de una praxis que involucre el trabajo intelectual y la militancia política orgánica ligada a la clase social trabajadora y sus emergentes particularidades históricas, ya sean étnicas, culturales o territoriales, pero finalmente opuestas a la continuidad de la injusticia y desigualdad impuestas por un sistema capitalista que se presenta difícil de transformar aún en periodo de crisis.

Es sobre esta nuevo reto para la praxis, del trabajo y la intelectualidad ligada a él, que debería establecerse una toma de consciencia para sí, de manera que el nuevo horizonte societal no sea una meta de circunstancia, sino en sentido estructural profundo una meta realmente transformadora. Cuestión solo posible si este para sí constituido en identidad consciente se direcciona simultáneamente, a la subversión de la explotación y la opresión sistémicas y con ello la construcción del hábitat y la sociedad cada vez de mayor igualdad para todos.

En tal sentido, dicha praxis debe concebirse como estratégica en la lucha contrahegemónica -ligada al proyecto de descolonización y en línea con los planteamientos de Gramsci-, es decir que supone la ruptura con y la superación de la concepción del reformismo institucional y normativo como vías idealizadas de transformación de las relaciones sociales (concentradas en lo económico). Tal ruptura y superación, implican la participación activa de los movimientos sociales urbanos, ya no en el reformismo de maquillaje y cirugía estética de la sociedad y el hábitat capitalista (el proceso urbano como oposición campo-ciudad) y sus formas de materialización de la opresión y desigualdad, sino en la toma real del poder de decisión y planificación de un nuevo hábitat y con ello de una sociedad igualitaria.

En concordancia con ello, se trata de la construcción de una democracia participativa socialista y comunitaria en sustitución de la democracia representativa burguesa. Esto es la apropiación del Estado por los movimientos sociales urbanos, conscientes para sí, pero no por la ingenua vía del poder por el poder en el actual marco de condiciones ideológicas -de contradicciones propias de un proceso de transición societal[5]-. Sino en un nuevo marco socialista en construcción dónde el poder popular tiene como objetivo transformador el sistema societal del Vivir-Convivir Bien de la comunidad toda.

La construcción de la democracia participativa y una planificación socialistas para el Vivir-Convivir Bien supone, además del poder popular, la participación activa de la intelectualidad orgánica en funciones institucionales de servicio público: gobierno, universidad pública, entre otras instancias. En ese sentido, la constitución de la consciencia para sí solo puede ser concebible en una praxis de relacionamiento entre los movimientos sociales y dicha intelectualidad, dónde se socialice el marco ético del Vivir–Convivir Bien, de igualdad, justicia, solidaridad para el bienestar de la comunidad. Es decir, donde se concreticen las transformaciones económicas, político-jurídicas e ideológico culturales en nuevas relaciones sociales, y por tanto, sobre un nuevo soporte superestructural contrahegemónico de sociedad, direccionado en intención e intensidad hacia la construcción consciente del socialismo comunitario.

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[1] Aunque rudimentarias en su funcionamiento, producto la incipiente industrialización de la economía nacional, utilizamos la figura de la “fábrica” en referencia a

[2] “…las inversiones que se efectuaron no correspondieron a una visión industrializadora de largo plazo, mas bien fueron producto de circunstancias coyunturales, particularmente, el potenciamiento de las ramas de consumo orientado a la satisfacción de las necesidades de algunos segmentos de la población urbana en crecimiento. Responde a este fenómeno la concentración regional de la industria en las principales capitales de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Además este fenómeno tuvo repercusiones adversas sobre el débil eslabonamiento inter e intra sectoriales” (Montaño y Villegas, 1993:9).

[3] Es indiscutible el activismo del sector minero, mediante la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en la dinámica de la COB al momento de constituirse en un sujeto político histórico de la lucha de clases en el siglo XX, más aún considerando su ascendente histórico en un país que ha dependido de la explotación minera desde la Colonia hasta el presente.

[4] En sentido más amplio José Martí ya plantearía la idea una “cultura de resistencia” para denominar a los movimientos de insurrección del continente en su ensayo “Nuestra América” de 1891.

[5] Donde “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer” (Gramsci, 1984:34).

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