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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2014-07-07 a horas: 11:13:14

La degradación profesional del lenguaje

Hernando Calla

A propósito de la agresión violenta de Javier Cusi Aduviri, un hombre de 41 años originario de la provincia Pacajes, a personas para él desconocidas que se encontraban en el aeropuerto de El Alto el pasado jueves 26 de junio, y a las que les ocasionó heridas graves y leves con arma blanca, interesa resaltar, analizar y juzgar el lenguaje jurídico utilizado por jueces, fiscales, abogados que, en este caso particular, pone de manifiesto la defensora de oficio.

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La abogada de Cusi, Mónica Irusta, dijo que según el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referido a la “inimputabilidad” (condición que impide se pueda acusar penalmente a alguien), "está exento de pena el que, en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo con esta comprensión”.

Me pregunto qué quiere decir la abogada, basándose en el CPP, con “la antijuridicidad de su acción”; supongo que se refiere, en el lenguaje poco claro de los abogados, a que el comportamiento violento de Cusi, al haber atentado contra la integridad de las personas amenazando su vida misma, rompió además alguna norma jurídica.

Yo le escuché decir, a través de un telenoticioso, “mi defendido no ha cometido el ilícito del que se lo acusa puesto que no existió, de por medio, dolo o alevosía”.

Sin entrar en las distinciones jurídicas que estas últimas palabras implican, supongo que la abogada quiso decir que Cusi no cometió el delito de “intento de asesinato” con que el fiscal lo imputó, puesto que no hubo dolo de su parte, es decir, una fingida actitud inofensiva (siendo que Cusi arremetió sin ambages contra los que encontró a su paso) ni sus ataques con cuchillo directamente al cuerpo de las personas fueron premeditadas (alevosía).

¿Significa esto que no hubo un crimen de graves consecuencias? Tres personas sufrieron heridas de gravedad a las que tuvieron que intervenir quirúrgicamente para evitar su muerte u otras secuelas, y otras ocho recibieron heridas menores pero igualmente traumáticas. ¿Se trató solamente de un delito menos grave, como sería el caso si el sujeto se hubiera limitado a amenazar a las personas cuchillo en mano? En este caso puramente hipotético, la acusación tal vez podría mitigarse aduciendo los desórdenes mentales del agresor ocasional.

En efecto, el psicólogo forense de la FELCC ha adelantado un diagnóstico de “esquizofrenia paranoide” para retratar los desórdenes mentales que pudieron haber inducido a Cusi a semejante comportamiento violento y desquiciado. Aunque el informe forense no ha sido presentado aún ante el juez de medidas cautelares, la defensora de Cusi propuso en la audiencia que si no se le daba la libertad pura y simple, se lo debería internar en el Centro Psiquiátrico San Juan de Dios, ubicado en la zona de Irpavi II de La Paz (cuyas condiciones para lidiar con enfermos mentales violentos desconocemos).

Por lo visto, los abogados prefieren hablar de “ilícitos” para referirse a lo opuesto de un comportamiento acorde con las leyes, imagino para no tener que hablar específicamente de los delitos cometidos, lo que podría entenderse como culpabilizar anticipadamente violando la presunción de inocencia de los delincuentes. Parecen rehuir incluso utilizar las palabras crimen o delito, de ahí la frecuencia con que se oye hablar de “ilícitos” en los juicios orales. Y no parecen sospechar siquiera la distinción entre crimen y delito que aún se hacía en los inicios de la formalización del derecho positivo en la Europa medieval. Por su adiestramiento profesional, su atención se centra en la infracción a la ley, no importa si se trata de mandamientos éticos (“No matarás”) que se remontan a los códigos morales más antiguos de la humanidad o de cualquier ley coyuntural de menor trascendencia.

El lenguaje cuidadosamente elegido por la defensora de Cusi y la mayoría de los abogados para no decir algo que los comprometa tiende a parecerse al “neohabla” de 1984, la clásica novela de George Orwell.En efecto, esta forma profesional de escudarse en un lenguaje abstracto y aséptico, pretendiendo que es más bien objetivo, no es algo natural ni menos aún inofensivo y, por lo mismo, ha sido motivo de preocupación de algunos autores. A mediados del pasado siglo Orwell anticipó en su novela la degradación del lenguaje a manos de los profesionales o los expertos, contando la fábula de una sociedad totalitaria que impondría el “neohabla” como un lenguaje humano más preciso que el habla cotidiana. Quizá una muestra podría aclarar la idea.

En alguna repartición del “Ministerio de la Verdad” donde trabajaba Winston, el personaje central de la novela de Orwell, había expertos que se ocupaban de “podar” el lenguaje ordinario, eliminando aquellas palabras “innecesarias” de las que se podía “prescindir”. No se trataba sólo de los sinónimos sino también de los antónimos. “En realidad”, le decía a Winston uno de esos expertos, “¿qué justificación tiene el empleo de una palabra sólo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos ‘bueno’… ¿qué necesidad hay de la contraria, ’malo’? Nobueno sirve exactamente igual, mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a ‘bueno’ y la otra no. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra ‘bueno’, ¿qué sentido tienen esas confusas e inútiles palabras ‘excelente’ ‘espléndido’ y otras por el estilo? Plusbueno basta para decir lo que es mejor que lo simplemente bueno...”.

Volviendo a nuestro caso, el abuso profesional de la jerga jurídica impide juzgar los hechos por sus propios méritos y reduce la reflexión sobre lo ocurrido a un análisis legalista pretendidamente objetivo que utiliza términos jurídicos rebuscados —tal vez precisos en relación a los artículos y códigos del derecho penal ¿quién lo sabe?— pero que, por propia experiencia, imposibilitan acceder a una argumentación razonable y comprensible sobre los alcances de la ley a los afectados y a la opinión pública. De este modo, se les escamotea su participación efectiva en una discusión que les atinge directamente y por ende se les priva de su derecho a una verdadera justicia.

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