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Actualizado el 2014-06-08 a horas: 09:11:26

La indefensión de defensores/as de derechos en Centroamérica

Guatemala: Izquierda política y movimientos sociales

Ollantay Itzamná

Con izquierda política nos referimos al conjunto de organizaciones políticas (partidos) de tendencia socialista. Es decir, que en sus ideologías, utopías, programas de gobierno y propuestas jurídicas plantean la liberación integral de los pueblos de los sistemas de dominación. La izquierda política, tradicionalmente son fuerzas electorales.

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Los movimientos sociales, también denominadas izquierda social, son articulaciones (sujetos) sociales, alrededor de demandas comunes, que rechazan sistemas de dominación desde las calles. Son fuerzas sociales que saben lo que no quieren, aunque no siempre tienen claro lo que quieren (propuestas), mucho menos el cómo alcanzar lo que quieren. Es decir, son fuerzas sociales anti neoliberales y anti sistema imperial. Cuando cuentan con un instrumento político se transforman en fuerzas sociopolíticas.

En América Latina del pasado siglo, la izquierda política se planteó la posibilidad de tomar el poder por la vía armada, porque los estados oligárquicos no la reconocían como sujeto político. Posteriormente, cuando se institucionalizaron las democracias representativas neoliberales (en muchos casos, luego de las firmas de acuerdos de paz entre las guerrillas y los estados-ejércitos), la izquierda política (con partidos políticos propios) ingresó en contiendas electorales, y, en no pocos casos, terminaron fortaleciendo democracias del cartón o democracias representativas excluyentes.

En países como Guatemala, la democracia representativa neoliberal, luego de la firma de los Acuerdos de Paz (1996), recrudeció aún más el colonialismo interno y externo. Empobreció, como nunca antes, a las grandes mayorías utilizando con descaro el aparato estatal.

En Guatemala, con la firma de los Acuerdos de Paz, la izquierda política comenzó a formar parte del Congreso Nacional con sus diputados. ¿Qué impacto significativo tuvo la presencia de la izquierda en el Congreso Nacional en aras de los ideales revolucionarios? ¿Por qué la izquierda política se debilitó incluso electoralmente en el transcurso de su participación política en el Estado? ¿Ante quién rindieron o rinden cuenta de sus gestiones los diputados revolucionarios? Son preguntas válidas y legítimas.

Tradicionalmente la izquierda política era la vanguardia revolucionaria. La izquierda social, la masa amorfa. La primera, le marcaba el ritmo y el horizonte ideológico a la segunda. Pero, ahora, esa correlación entre la izquierda política y los movimientos sociales se encuentra muy debilitada.

La izquierda política tradicional (proveniente de las experiencias guerrilleras) se encuentra ideológica, estratégica y tácticamente silenciada. Los movimientos sociales (o la izquierda social), incluso sin una articulación nacional, desde las comunidades se encuentra en una frontal lucha desigual contra los agentes del sistema neoliberal.

La recuperación de los bienes comunes privatizados, la defensa de la Madre Tierra, del agua, de los bosques, de tierra y territorio, de los derechos colectivos e individuales aglutina y dinamiza, de manera simultánea, espontánea y multitudinaria, a indígenas, campesinos, jóvenes y mujeres molestos con el sistema neoliberal.

Mientras la izquierda política tradicional de traje y corbata, moderados y bien portados con la democracia representativa, reditúa un antaño discurso de la lucha de clases; en la Guatemala racista y multicultural, indígenas y campesinos organizados comienzan a marcan el ritmo y la agenda política del país desde las calles y resistencias comunitarias, exigiendo una democracia participativa para repensar un nuevo país. Son la vanguardia de resistencia social en estos tiempos.

Quizás la izquierda social de Guatemala no tenga claro lo que quiere, pero lo que está claro es que: no quiere el sistema neoliberal (visibilizado en las hidromineras), no quiere la democracia representativa corrupta y excluyente, no quiere al aparente Estado racista y abusivo. Esta izquierda social de indígenas y campesinos suple su carencia discursiva y estratégica con experiencias y logros de procesos de cambios del Sur que se filtran vía medios alternativos.

La izquierda política de Guatemala tiene el gran reto no sólo de transitar hacia una democracia participativa sino de redefinir su discurso ideológico involucrando nuevos contenidos (demandas de los movimientos sociales) y nuevos sujetos políticos colectivos (movimientos y comunidades en resistencia).

En Guatemala no hay proletarios. Lo que hay son indígenas discriminados y expulsados de sus territorios, campesinos sin tierra y empobrecidos, mujeres humilladas, y juventud desempleada o trabajando como neoesclavos. Si la izquierda política no se hace pueblo en resistencia, no se hace parte de la dinámica de los movimientos sociales beligerantes, éstos terminarán creando y consolidando su propio instrumento político (partido) para convertir su mayoría demográfica en mayoría política en las urnas.

Los ex comandantes y diputados de traje y corbata tienen que volver hacia las montañas para desaprender y aprender de las nuevas dinámicas y proyectos de país emergentes en las comunidades en resistencia. Esto también es parte de la mística revolucionaria.

Centroamérica: la indefensión de defensores/as de derechos

El pasado 3 y 4 de junio, en la ciudad de Guatemala, se llevó a cabo el encuentro de defensores/as de derechos de Guatemala, organizado por la Plataforma Holandesa. El objetivo del encuentro fue socializar las Directrices de la Unión Europea (UE), Noruega y Suiza para la protección de defensores/as, y conocer la predisposición de las misiones diplomáticas europeas para la implementación de dichas Directrices.

El evento no sólo sirvió para socializar los riesgos y la vulnerabilidad de los derechos de defensoras/as en áreas rurales y urbanas del país, sino, sobre todo fue un espacio en el que las y los activistas de derechos en riesgo, de diversas organizaciones sociales, sintieron ese (casi desconocido) aliento de seguridad, confianza y fraternidad, en un país donde el “oficio” de defensor/a de derechos se castiga con la criminalización y la muerte.

En Guatemala, Honduras y El Salvador se diluyen los derechos humanos a un ritmo tan acelerado que la cantidad de muertes violentas diarias actuales superan a las ocurridas en la época de la guerra interna, o de la guerra de “baja intensidad” contra el comunismo en la región. En aquella época, eran los estados-ejércitos los predadores de defensores/as, ahora, en las democracias de cartón, los verdugos de defensores/as se difumina entre actores como el crimen organizado, empresas privadas, narcotráfico y el aparato estatal.

Las condiciones existenciales para defensores se precarizan aún más con el encaprichamiento violento del sistema neoliberal que se apropia “a la fuerza” de los bienes comunes y condiciones de vida de los pueblos y comunidades ya excluidos y empobrecidos. Ante esta “invasión” violenta promovida y acompañada por los propios estados, la dignidad e identidad de los pueblos se materializa en la creciente acción creativa de sus defensores/as. A mayor vulneración de derechos, mayor la resistencia pacífica y espontánea de las y los afectados, sobre todo mujeres.

Si bien las y los defensores son actores que subvencionan a los estados en su rol de garantizar el ejercicio y el cumplimiento de los derechos fundamentales. Sin embargo, los estados, lejos de agradecer y proteger a las y los defensores de los derechos, los estigmatizan como criminales y enemigos del desarrollo. Y, esto lo hacen con la finalidad de fijar en el imaginario colectivo de la ciudadanía estereotipos adversos en contra de las y los defensores de derechos.

Una vez estigmatizado a defensores de derechos como terroristas, guerrilleros, criminales, el Estado, conjuntamente con las empresas privadas (rechazadas en las comunidades), descarga toda su artillería mediática, jurídica y policial para perseguirlos, encarcelarlos, y en no pocos casos aniquilarlos físicamente.

Las élites de poder que monopoliza el discurso, incluso acusa a defensoras/es como causantes de la miseria material y moral de estos países, como si Guatemala, Honduras o El Salvador hubiesen sigo gobernados por defensores/as de derechos humanos. En este contexto de incertidumbre, donde el o la defensora está condenada a andar “confesado”, espacios de encuentro como el facilitado por la cooperación internacional comprometida con la vida tiene un alto valor ético y humanitario.

Incluso cuando parte de la cooperación internacional está permeada por inevitables intereses económicos, para las y los defensores de derechos de aquí y de allá la preocupación sigue siendo la misma: ¿cómo superar las causas de las injusticias socioambientales que activan la legítima e incontenible resistencia pacífica en los países afectados? ¿Cómo hacer que los estados, lejos de criminalizar a defensores/as de derechos, protejan y promuevan la labor supletoria de estos actores fundamentales?

Las y los defensores emergen de la conciencia social y de la dignidad de los pueblos porque los actores y mecanismo llamados a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos se difuminaron. En este contexto, ¿quién protege a las y los defensores de derechos? ¿Racionalmente se les podría catalogar como criminales o terroristas a quienes defiende el derecho a tener derechos?

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