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Actualizado el 2014-04-15 a horas: 17:21:58

Madre de Dios en rebelión

Ollanta profundiza la criminalización de la protesta social

César Zelada

Durante la campaña electoral, Ollanta Humala prometió gobernar con el pueblo y para el pueblo. No obstante, una vez en el poder político, Ollanta se transformó. Y es que en Madre de Dios, después de 20 días de huelga general indefinida, ya van 1 muerto, 20 heridos, contusos, golpeados, víveres saqueados por la policía, 15 detenidos en el penal, etc. por las balas de la policía.

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¿Cómo comenzó esto? El gobierno ollantista público la Ley 015-2013-IN del régimen especial de control de bienes fiscalizados, con el objetivo de “enfrentar el narcotráfico” y en ese sentido controlar la cuota de combustible de los grifos de 12 regiones donde supuestamente existe narcotráfico, incluido Madre de Dios.

Sin embargo, lo primero que tenemos que decir es que el narcotráfico existe porque es inherente al sistema capitalista. Es un secreto a voces que el Perú es un Narco Estado y que varios partidos políticos, bancos y militares están involucrados con éste. Hay pruebas del vínculo histórico del APRA con el narcotraficante Carlos Langberg así como con la mafia de los Sánchez Paredes (http://diario16.pe/noticia/25003-el-apra-y-sus-vainculos-con-el-narcotraafico).

El libro “El Espía imperfecto” de Sally Bowen y Jane Holligan (http://www.perubookstore.com/libro/PA133/el-espia-imperfecto--la-telarana-siniestra-de-vladimiro-montesinos), que relata como los altos mandos de las FF.AA. y FF.PP. así como los grandes banqueros como Dionisio Romero y los Wiesse se reunían con el hoy preso Vladimiro Montesinos en la salita del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para negociar problemas judiciales y ver como lavaban dinero del narcotráfico es una prueba concreta y contundente de lo que afirmamos líneas arriba.

Por otro lado, hay que señalar que este no es el caso de Madre de Dios. El secretario de la Federación Nativa de Madre de Dios (2000 nativos que se han sumado a la huelga), César Augusto Jojaje, dijo,

"…No somos narcotraficantes, pero nos quieren tratar como si lo fuéramos…la norma obliga a las comunidades a empadronarse como consumidores de combustible para recibir una cuota, sin considerar que este elemento es vital en la selva para movilizarse, ya que no hay carreteras… Ese decreto es una idea de locos. No podemos aceptar. Vamos a radicalizar la huelga. Si el presidente quiere muerte, va a haber muerte como en Bagua…” (La República, 13-04-14).

El día 10 de abril, las autoridades políticas de la ciudad acordaron 4 puntos para dialogar con el gobierno: 1-Derogatoria de la Ley 015-2013-in, 2-Reunion descentralizada de la PCM para la quincena de junio, 3-Presencia del Ministro de agricultura para evaluar daños agrícolas, y 4-Formalización de la minería informal. El viernes 11 de abril se reunieron con representantes de la PCM, pero hasta ahora nada. El gobierno piensa que así como derroto la huelga minera artesanal, con Urresti a la cabeza, pues, también va poder con el pueblo combatiente de Madre de Dios. Pero el tiro le puede salir por la culata. Ya hemos visto esto en anteriores gobiernos como el de García que termino derrotado por el Baguazo.

Esta cuestión expresa que estamos ingresando a una fase peligrosa de polarización social de peligrosas consecuencias para el país. Ya existen sectores de la población que están planteando su separación del Perú y su anexión a Brasil.

Ollanta profundiza la criminalización de la protesta social

Si el fujimorismo llevo a cabo una política macartista contra la izquierda (asesinando a líderes obreros históricos como Pedro Hillca, Saúl Cantoral, etc.), el débil Toledo, con zig zags, trató de reprimir al pueblo para continuar con el modelo (pero que no pudo pro el ascenso de lucha de clases), y Alan García, aprobó algunas medidas legales para imponer la privatización de la selva (también derrotado con el Baguazo), pues, el de Ollanta, es un gobierno débil, que se enfrenta a García por el tema de la corrupción, pero que al igual que éste, quiere profundizar la criminalización de la protesta social, contando a su favor con el apoyo de los gobiernos de izquierda de la región.

Y es que solo así se puede comprender la modificación del inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, que libera de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el que señala: “…Que en el cumplimiento de su deber hagan uso de sus armas u otro medio de defensa…”. Así como leen, el lunes 13 de enero en el diario oficial El Peruano, se publicó la Ley 30151, que permite disparar a los protestantes cuando los policías o militares juzguen que estos están yendo en “contra del orden y la paz social”.

Amparados en esta Ley la policía dio muerte a dos ciudadanos comerciantes en “El Huequito” en pleno centro de Lima en medio de una orden de desalojo la semana pasada. En Madre de Dios, hay varios ciudadanos muertos por bala policial, al estar estos participar en una huelga general que ya lleva más de 2 semanas sin visos de solución. En Puno, un periodista, fue herido de gravedad en el ojo, por cubrir la protesta social de una comunidad de Ayaviri. En Celendín (provincia de Cajamarca), el 8 de abril, Fredy Cargía, y cinco dirigentes de las rondas campesinas, opositores del proyecto transnacional minero Conga, fueron detenidos. Hay que señalar que desde el inicio del mandato de Ollanta ya van más de 30 muertos por diferentes protestas sociales.

A esto hay que agregar que según informes de la Defensoría del Pueblo, existen más 200 conflictos sociales, a nivel nacional, mucho de los cuales se encuentran activos y otros latentes. ¿Todos estos conflictos Ollanta los enfrentará con balas policiales o militares?, ¿Esta es la inclusión social de la que habla tanto en foros internacionales?, ¿UNASUR, CELAC, CAN, no tienen nada que decir al respecto?

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