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Actualizado el 2014-03-01 a horas: 06:22:04

Imposible suspender obras

La ampliación del Canal de Panamá, el gran reto

Luis Manuel Arce Isaac *

Panamá (PL).- La ampliación del Canal de Panamá puede retrasarse más allá de los nueve meses acumulados porque el consorcio que construye el tercer juego de esclusas presentó un preaviso de suspensión. La situación se veía venir desde diciembre pasado cuando el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano, anunció que si el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) suspendía las obras, ellos estaban en capacidad de asumirlas.

Sube a 1.435 millones dólares reclamo de GUPC

Panamá y Madrid.- Los reclamos por sobrecostos impuestos por el  consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargado de las obras de ampliación de la vía interoceánica panameña, aumentaron a mil 435 millones de dólares. El reclamo original por 585 millones que el GUPC interpuso por el atraso debido a una mezcla de concreto incorrecta, fue retirado a principios de diciembre, pero reinsertado ahora ante la Junta de Resolución de Conflictos, confirmó la Autoridad del Canal (ACP).

Las obras de ampliación se retrasaron por esos conflictos en ocho meses y su terminación está proyectada ahora para junio de 2015 en lugar de octubre de 2014. El segundo reclamo, esta vez por 850 millones, 135 millones más que lo planteado a principios de mes, fue presentado por el GUPC a la ACP el pasado martes, por varios factores que, según el consorcio, impactan en el costo y el tiempo de ejecución de la obra.
Tras la insistencia de la ACP y el respaldo de los principales gremios empresariales del país para que se respeten los protocolos del contrato de diseño y construcción del tercer juego de esclusas, el Grupo decidió canalizar sus reclamos por la vía acordada dentro de los límites del contrato.
El administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, dijo que el organismo litigante se reunirá en la primera quincena de enero para dar continuidad al reclamo. En el contrato de diseño y construcción de las nuevas esclusas se estableció que la primera instancia para presentar un reclamo sería la ACP; la segunda instancia conciliatoria, la Junta, y la tercera figura, el arbitraje internacional.

Caen acciones de Sacyr
 
Las acciones del grupo internacional de construcción Sacyr perdieron 10,78 por ciento en la primera sesión del año del mercado español, luego del anuncio la víspera de la  suspensión de las obras de ampliación del Canal de Panamá. Un comunicado de la empresa difundido ayer indicó que el consorcio Grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr, suspenderá las obras de un tercer juego de esclusas debido a la imposibilidad de mantenerse dentro de los costos contratados.

Según esa versión se requieren mil 600 millones de dólares más de lo previsto en el acuerdo firmado por el consorcio integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA. El comunicado enviado a la Autoridad del Canal de Panamá da cuenta que si en 21 días esa entidad no accede a la demanda de mayores recursos financieros suspenderá los trabajos.
El consorcio dijo que tomó la decisión ante la falta de respuesta por parte de la autoridad del canal que une los océanos Atlántico y Pacífico. Diseñado para embarcaciones de 267 metros de eslora y 28 metros de manga, se propone ahora añadir a ese paso un tercer juego de esclusas para permitir el paso de barcos de 427 metros de largo y 55 metros de ancho, 40 por ciento más largos y un 64 por ciento más anchos.

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El Canal de Panamá cumplió 14 años de administración nacional cuando en 1999 se concretó el histórico acuerdo firmado en 1977 entre Omar Torrijos y James Carter que devolvía al país la soberanía de la vía interoceánica y su zona. Desde entonces, los trabajadores del Canal han entregado al Tesoro Nacional aportes directos por ocho mil 590,9 millones de dólares, es decir casi cinco veces más que lo recibido por el país en 85 años de administración estadounidense la cual sólo entregó a los panameños mil 833 millones entre 1914 y 1999.

La vía oceánica actual permite el paso cada año de 14 mil buques Panamax, y a partir de junio de 2015 los duplicará con la entrada en funcionamiento de la tercera esclusa para naves de gran calado post y superpostpanamax, lo que está obligando a una remodelación de los puertos de la región.

Los panameños han hecho gala de buena administración y manejo operacional del Canal, contrariamente a lo que siempre repitieron los ocupacionistas estadounidenses de que los nativos carecían de capacidad intelectual para enfrentar su tarea. Sin embargo, la vida ha demostrado que lo han hecho con mucho más eficiencia que sus antiguos operadores sin que se hayan reportado situaciones, errores o accidentes graves en los trabajos que son permanentes durante todo el año.

La obtención de la soberanía panameña sobre el Canal y su zona de exclusión fue resultado de una gran batalla nacional que comenzó muy temprano y cuyos puntos más destacados fueron la rebelión del 9 de enero de 1964 cuando estudiantes del Instituto Nacional izaron la bandera nacional dentro de la zona. El ejército estadounidense los reprimió salvajemente y provocó entre los panameños 23 muertos, hoy héroes y mártires de la patria.

La segunda gesta, ya firmado el Tratado Torrijos-Carter, fue la invasión militar estadounidense cuya cantidad de muertos aún se desconoce con exactitud, con el subterfugio de capturar al general Manuel Antonio Noriega por narcotráfico, pero con la verdadera intención de no entregar el Canal a los panameños. Esa terrible e injustificada invasión ordenada por el expresidente George Bush (padre) no produjo los efectos buscados gracias al heroísmo del pueblo panameño que logró mantener la vigencia del Tratado Torrijos-Carter hasta su concreción.

Una década después del execrable crimen, al gobierno del expresidente William Clinton no le quedó otra alternativa que ceder y entregar la vía interoceánica a sus legítimos dueños, aunque mediatizada por una cláusula colonialista sobre su defensa militar que a Torrijos no le fue posible obviar.

Estados Unidos, que mantuvo en Panamá el Comando Sur, una fuerzas militar intervencionista, y la tristemente célebre Escuela de las Américas formadora de dictadores, ejerce a su albedrío un "derecho" de "hacer frente al peligro resultante de un ataque armado u otras acciones que amenacen la seguridad del Canal o de los barcos que transiten por él".

Bajo la égida del Comando Sur, que ahora solamente tiene una representación formal en el país, Estados Unidos organiza cada año el ejercicio militar Panamax al que ha ido incorporando a mandos de ejércitos de la región. Al margen de esa situación creada por las cláusulas al Tratado, el gobierno panameño tiene la entera responsabilidad de las operaciones y beneficios del Canal, el fortalecimiento de su papel como centro del comercio internacional y logística, a la vez que cumple su misión de contribuir al progreso sostenible del país.

El general Omar Torrijos es el artífice de la entrega del Canal a la soberanía panameña y gracias a él país logró entrar de una manera dinámica a la era de la modernidad económica y social, y lograr un crecimiento jamás soñado cuando era una colonia bananera dominada por la United Fruit Company y la zona que actuaban como un Estado dentro del Estado.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) admitió en un informe que la actividad tanto de la vía interoceánica como del Sistema Portuario Nacional terminó 2013 con caídas en sectores importantes. El total de toneladas transportadas por el Canal disminuyó 4,8 por ciento en los primeros 10 meses del 2013 en comparación con igual período del año anterior, mientras que el volumen total de carga transportada también registró una caída de 2,6 por ciento, según la Contraloría General de la República.

Una difícil combinación de menos carga, menos naves y menores ingresos reportó el Canal en ese período, recalca el informe. La cantidad de navíos que transitaron por la vía interoceánica se redujo 6,7 por ciento y el total de ingresos recaudados por peajes tuvo un bajón de 1,5 por ciento, mientras que los puertos también se vieron afectados.

En el Sistema Portuario el movimiento de contenedores se redujo 299 mil TEUs (20 pies) lo cual significó un bajón de 4,7 por ciento en comparación con los primeros 10 meses de 2012. En total el volumen de carga en contenedores bajó 5,1 por ciento, de 39,7 millones de contenedores en 2012 a 37,7 millones en 2013.

A pesar de esas bajas, la ACP espera que 2014 sea un buen año pues, según el presupuesto oficial del Canal, se recibirán ingresos por el orden de 1,856 millones de dólares durante el próximo año fiscal.

Litigio

En un litigio premeditado o espontáneo resultado de mal cálculo, ineptitud o ambición, debe excluirse la suspensión de una obra como la ampliación del Canal cual pretende Impregilo, por lo que significa para Panamá y otras muchas naciones fuera del istmo. Las malas relaciones entre la administración de la Autoridad del Canal (ACP) y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) liderado por la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo, han constituido un peligro para la estabilidad de la obra y afectado en varios meses su cronograma de ejecución.

Esa situación resultó tolerada porque al darse un atraso de seis meses casi en el inicio de la obra, cuando se iba a proceder al primer vaciado de concreto, fue asimilada de alguna manera bajo la perspectiva de la ACP, de que el tiempo perdido se podía recuperar, y del GUPC, de que los 585 millones de sobrecosto serían inyectados tarde o temprano a sus finanzas.

Pero el tiempo pasó sin que ni lo uno ni lo otro ocurriera; las obras no se paralizaron, se siguió excavando, dragando y fundiendo los enormes muros de las esclusas y tinas con las mezclas de concreto estipuladas, mientras otras exigencias menores sobre plantilla, aceros y varias menudencias fueron atendidas en la junta de reclamaciones y pagadas por la ACP.

Mientras esas reclamaciones no sobrepasaron el rango lógico de hasta 200 millones de dólares, normal para una obra de esa envergadura y características, los problemas se ventilaban de forma soterrada, como prevé el contrato, dentro de sus límites y sin mayor agonía. Incluso se asumió con bastante tranquilidad el hecho real de que por el atraso inicial en el vaciado de concreto, la obra no se terminaría en octubre de 2014 sino en el primer cuatrimestre de 2015.

Pero he allí que en las postrimerías de 2013, cuando el jolgorio de las navidades y fin de año estaban en su apogeo, una inesperada carta-ultimátum del GUPC, de suspender las obras en 21 días vista, le agua la fiesta a la ACP. Habían transcurrido apenas dos semanas de una comunicación anterior en la cual notificaban, sin argumentos visibles y en dos folios, un sobrecosto de 900 millones de dólares que, junto a otros no detallados, incluidos los 585 millones iniciales, sumaban un reclamo de mil 600 millones de dólares extra.

Las alarmas se dispararon y se apoderó de todos el temor de que el conflicto entre el consorcio formado por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana SA, no encontrara soluciones y derivara hacia la parálisis de la construcción del tercer juego de esclusas, el objeto de obra más complicado de la ampliación, como sigue amenazando Impregilo.

El consorcio se había adjudicado en 2009 el contrato para la construcción de las nuevas esclusas del Canal por 3.118 millones de dólares, de los cuales la ACP ha desembolsado 2.831 millones, 784 millones en anticipos reembolsables, además de 180 millones en costos adicionales que representan cerca del 6,0 por ciento del costo del contrato.

Los detalles de la crisis son conocidos: el GUPC alega haber incurrido en esos sobrecostos por imprevistos básicamente en fallas geológicas e inadecuada calidad de un basalto que no pudieron usar en las mezclas de hormigón como estaba predicho y eso encareció el trabajo y lo atrasó. No explican por qué despidieron a dos mil 500 obreros.

Ellos responsabilizan a la ACP porque su estudio geológico fue insuficiente y detectaron las fallas cuando las excavaciones estaban muy avanzadas. La administración rechaza esos argumentos y les recuerda que tuvieron 14 meses para verificar las conclusiones del estudio, y es inadmisible que dos años y medio después de estar excavando justifiquen la pérdida con dichas fallas.

También la ACP les aclara que ni administra ni dirige al GUPC y que fueron ellos quienes decidieron el diseño y construcción de las esclusas tomando en cuenta las características del lugar y demás detalles técnicos sobre los cuales hicieron sus cálculos de gastos. Si les salió mal, es su problema.

En ese punto es difícil que se pongan de acuerdo y ambas partes lo saben pues ninguno va a aceptar su responsabilidad, pero mucho menos la ACP, la cual cumplió con la entrega del informe sobre el estudio geológico, otorgó un plazo de verificación razonable y planteó un contrato de precio fijo aceptado por la otra parte, así como sus mecanismos de reclamación.

El administrador de la ACP, Jorge Quijano, repite sin embargo que el asunto no está en el monto exigido por el GUPC, sino en que toda reclamación debe ser fehacientemente probada y resolverse dentro de los límites del convenio y no como pretenden Impregilo y Sacyr, fuera de este.

La ACP se ha abroquelado en esa posición, mientras que el plazo de 21 días dado por el GUPC para suspender la obra sigue caminando, aunque el grupo ya no está actuando como un bloque pues afloran diferencias entre sus cabezas principales, Sacyr e Impregilo.

El dueño de Impregilo, el italiano Pietro Salini, quien tildó de "inaceptable y ridícula" la posición panameña, radicalizó su amenaza al declarar en Roma que "Panamá o acepta su nueva oferta de abonar mil millones de dólares y pasar la reclamación a un tribunal internacional en Miami, o se queda sin Canal", actitud arrogante que concitó un rechazo unánime en el país. Esa actitud aparentemente resquebrajó la unidad del GUPC e incluso desde España han llegado rumores de que Sacyr estaría dispuesta a romper el consorcio con el italiano -que tiene el 48 por ciento de las acciones- y seguir con los otros dos socios.

En Panamá el principal ejecutivo de Sacyr, Manuel Manrique, ha tomado distancia de Impregilo y asegurado que la amenaza de paralizar las obras nunca ha salido de esa empresa, ni ha pasado por su mente tampoco abandonarlas.

La respuesta de la ACP a Salini, aunque de indignación, fue serena: "No importa qué tipo de presión se haga, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que el GUPC respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron", dijo su administrador, Jorge Luis Quijano.

Pero al mismo tiempo confirmó que había convocado a la compañía internacional aseguradora Zurich América a fin de analizar la ejecución de las fianzas (400 millones de dólares) depositadas allí, y utilizar ese dinero para asumir la terminación de las obras.

Sacyr asegura que Zurich solo podría aceptar la ejecución de las fianzas si hubiera fundamento en la petición de la directiva de la Autoridad del Canal, pero la ACP considera que el daño causado por el GUPC es más que elocuente y la afianzadora entenderá.

A Quijano le sobran los argumentos para convencer a cualquiera del por qué debe tener listo para su aplicación un Plan B que impida la suspensión de los trabajos, y esto es muy importante pues los 100 ojos de Argos están atentos sobre la crisis para impedir pescar en río revuelto.

Al margen de lo que la ampliación significa para el desarrollo y consolidación económica de Panamá, los problemas en la obra pueden afectar a numerosos países de la región que han invertido miles de millones con vistas a adaptar sus puertos y su logística al cambio que supondrá en el comercio marítimo cuando empiece a funcionar la tercera esclusa. La ACP, moral y estratégicamente, está comprometida con ellos.

En Estados Unidos, por ejemplo, se ejecutan inversiones millonarias a la espera de los enormes barcos que, casi con el triple de capacidad, podrán transitar el paso interoceánico en 2015, como expresó recientemente el director del puerto de Miami, Bill Johnson, donde se completan numerosas obras.

Allí ejecutan 220 millones en excavaciones para profundizar el puerto y otros mil millones en un túnel que lo conectará con la red de autopistas de la ciudad a fin de recibir los buques post-Panamax con casi tres veces más capacidad de carga (13 mil TEU contenedores de 40 pies) que los actuales Panamax de cinco mil 20 pies.

Un estudio encargado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos estima que, después de la ampliación del Canal, la concentración del tráfico marítimo será en menos puertos porque los barcos son mayores y podrán acarrear más mercancías, lo cual obliga a que los puertos deban ser más grandes y profundos.

También se prevé que el tráfico de los post-Panamax se concentre en grandes centros de trasbordo; de ahí que el Caribe, incluida esa región de Colombia que ha apostado mucho capital, pase a ser una zona importante en las nuevas proyecciones del comercio internacional, lo cual está moviendo inversiones portuarias y logísticas multimillonarias.

Esa perspectiva, y los peligros de parálisis de las obras, fue al parecer el motivo principal de la reciente visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden a Panamá, la cual levantó suspicacias pues días después estalló el conflicto con el GUPC.

Como dice el analista internacional Jairo H. Pertuz en su artículo La retoma de Panamá, "muchos se preguntan ¿a qué vino realmente Biden a Panamá? ¿Acaso, nuevamente los Estados Unidos y sus empresas se tomarán el Canal y a Panamá?".

"Los panameños mastican, pero no pueden tragarlo", dice Pertuz y recomienda enseguida que "las autoridades en turno deben aclarar, así como los candidatos a la Presidencia y a Diputaciones del próximo mes de mayo tienen la obligación de abordar este delicado tema. Panamá está en juego y no es para juego".

En ese sentido se recuerdan las famosas jugadas del gobierno de Estados Unidos para arrebatarle a Francia la terminación del actual Canal, cuando ya los contratistas europeos habían excavado y dragado el mayor porcentaje de la vía a costa de miles de obreros muertos por fiebre amarilla.

El Canal lo terminó Estados Unidos y se quedó, además, con su propiedad hasta 1999, cuando le fue devuelto a los panameños por el Tratado Torrijos-Carter de 1977.

No se trata de apoyar o no a la ACP ni al gobierno, sino de los cimientos de la patria, de la real independencia y separación de intereses soberanos y de supervivencia del pueblo panameño y sus descendientes, advierte Pertuz.

El ex ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Eduardo Ritter, dijo en una entrevista por televisión que se debe apoyar a la Autoridad del Canal de Panamá y a su administrador para salir adelante en el conflicto que tienen con el GUPC.

Pero rechazó la decisión del presidente Ricardo Martinelli de intervenir en el asunto, politizarlo y buscar ayuda internacional. Al haber trasladado el caso a la instancia diplomática, que no está prevista en el contrato, se socava la Autoridad del Canal y el rol del Ejecutivo es apoyar a la ACP, pero hasta allí, afirmó.

Complicada la ampliación del Canal de Panamá

La ampliación del Canal de Panamá, estancada en 71 por ciento de ejecución, puede retrasarse más allá de los nueve meses acumulados porque el consorcio que construye el tercer juego de esclusas presentó a la ACP un preaviso de suspensión. La situación se veía venir desde diciembre pasado cuando el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano, anunció que si el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) suspendía las obras, ellos estaban en capacidad de asumirlas.

Al parecer ha llegado el momento de demostrar si eso es verdad o fanfarronada pues en la nota de preaviso de suspensión de los trabajos enviada a la ACP se le da al administrador solamente 21 días de plazo para cumplir con los requerimientos solicitados.

La situación es complicada pues el GUPC reitera que no puede continuar una obra en la que se proyecta un déficit de mil 600 millones de dólares a causa de sobrecostos, los cuales no detalla pero asegura son responsabilidad del empleador.

Al margen de esa cantidad de dinero extra que las cuatro empresas están pidiendo para poder terminar las obras, está la acusación también al Administrador del Canal por haber incumplido las normas y regulaciones de la propia ACP en el contrato, como forzar al grupo a renunciar a varios de sus derechos.

Entre estos el que citan de mayor peso es el de impedir que el GUPC mantenga y restaure el equilibrio financiero por los eventos imprevistos que se han presentado en la obra y que las encarecen de manera muy importante a tales extremos que, si esos dineros no se aportan, será imposible llevar a cabo los trabajos.

La española Sacyr Vallehermoso que encabeza el GUPC, y sus socios italiano Impreglio, la holandesa Jan de Nul, y la panameña CUSA, consiguieron la obra por tres mil 200 millones de dólares, mil 700 millones por debajo de las demás ofertas, lo cual pareció muy extraño y levantó sospechas en los oferentes.

En aquel momento, principios del gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, se generó una gran polémica porque el grupo americano ACS y el español FCC que participaron en la licitación, acusaron al GUPC de hacer una oferta temeraria, con costos que no permitirían desarrollar los trabajos, y es lo que está sucediendo ahora.

Aparentemente el déficit se hizo visible cuando el GUPC no pudo hacer frente al gasto extra de 585 millones de dólares en 2012 para reponer una mezcla de hormigón que incumplía los requisitos técnicos, y allí empezó el reclamo a la ACP pues ninguna de las partes se responsabilizaba con la pérdida.

Pero eso fue solo el inicio, porque a partir de ese incidente que nunca pudo ser zanjado, los sobrecostos aparecieron en todo el cronograma de ejecución hasta alcanzar los mil 600 millones de dólares que se citan en el preaviso del GUPC a la ACP.

A las advertencias del consorcio en diciembre de declararse incapaz de seguir las obras, Quijano respondió amenazando con tomar las obras si no se ajustaban al contrato, aún cuando tanto la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, como el Príncipe Felipe visitaron Panamá para respaldar a Sacyr.

Lo que ha ocurrido, parodiando a García Márquez, es una crisis anunciada, pues las mismas contratistas opositoras, dirigentes políticos y economistas, denunciaron que se estaba en presencia de un "juega vivo" pues se sabía que tres mil 200 millones de dólares no era suficiente para una obra de tal magnitud.

Era de esperarse que en algún momento el consorcio buscaría vía adendas y otras reclamaciones por sobre costos, recuperar los montos de los costos en los que sobregiraría la obra.

¿Qué va a ocurrir ahora? Pues eso lo decidirá la ACP, cuyo líder Quijano acaba de declarar que no importa qué tipo de presión se haga contra ellos, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que el GUPC respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron.

Sea con el GUPC o con la ACP, lo cierto es que Panamá está obligada a responder a las multimillonarias inversiones en países de la región para adaptar, puertos, muelles, almacenes e infraestructura logística en general, a la ampliación que permitirá el paso de los barcos más grandes en la historia de la navegación mundial.

El gran reto

En la madrugada del 5 de febrero, los ómnibus que salen de la base de Cocolí para repartir a los trabajadores de la fase Pacífica del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá quedaron alineados en el estacionamiento sin pasajeros. Con ese simple hecho el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), un consorcio internacional integrado por la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, concretaba su amenaza de suspender los trabajos si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no pagaba los mil 600 millones de dólares reclamados por sobrecostos imprevistos.

La decisión del GUPC, no por esperada sorpresiva, puso en tensión a la ACP a pesar de que su administrador, el ingeniero Jorge Quijano, repite hasta la saciedad que el Canal está en condiciones financieras y tecnológicas de asumir las obras, aún cuando admitía como la mejor solución que el consorcio las continuara.

Pero la renuencia en especial de la italiana Impregilo, la que más resistencia ha opuesto y la que al final desplazó del liderato negociador a la española Sacyr, a aceptar los términos de un cofinanciamiento con un aporte máximo de 183 millones de dólares por parte de ACP, lo complicó todo.

Ya era casi una certeza que si ACP no aceptaba los niveles de aportes -entre 500 millones a mil millones de dólares- exigidos por Impregilo para terminar el proyecto, este se paralizaría bajo la amenaza del GUPC, de entrar en un litigio a largo plazo, el cual podría paralizar el megaproyecto cinco años o más.

Ese cálculo erróneo de Impregilo, aceptado por Sacyr, radicalizó las posiciones de ACP, entre otras razones porque las autoridades del Canal no podían darse el lujo de esperar por un arbitraje que efectivamente podría durar años y cuyo impacto en el avance del trabajo sería demoledor.

Tomando en cuenta esas probabilidades, ACP intentó buscar una solución que no implicara la salida del GUPC del proyecto, aún cuando Impregilo se queja de una posición inflexible de la Autoridad del Canal y la responsabiliza con la suspensión.

Pero aún en el supuesto de que se hubiese logrado un acuerdo entre las partes, siempre quedaría la gran duda de que GUPC mantuviera su palabra, pues el ambiente demasiado enrarecido hace muy cuesta arriba restaurar la confianza perdida en Sacyr e Impregilo.

En consecuencia, llegar a un arreglo con ellos requiere de una restauración creíble y firme de esa confianza que han traicionado y deben demostrar con hechos, con compromisos sólidos y con garantías a toda prueba, que el GUPC va a cumplir su cronograma de ejecución, y no va a forzar nuevas adendas más allá de las toleradas por el contrato. Pero en estos momentos esa posibilidad es muy lejana.

ACP debe demostrar ahora que efectivamente tiene bien estudiado y concebido un Plan B que le permita, como proclama, terminar la ampliación del Canal en 2015, aunque ya es casi imposible para junio o julio, aún cuando es obvio que no podrá asegurar en estos momentos si persistirá o no algún sobrecosto respecto al cálculo del ingeniero Quijano, de que la ampliación puede concluirse con un gasto remanente de mil 500 millones de dólares aproximadamente.

Quijano repite que los sobrecostos no deben sorprender porque están contemplados en el proyecto, algo normal en obras de esta envergadura, lo cual nunca ha cuestionado al consorcio. Lo importante, eso sí, es demostrar que son reales e imprevistos y tienen una justificación lógica, lo cual no ha sucedido en el caso del GUPC.

Pero a partir de ahora, al margen de que el GUPC insiste en que las negociaciones continúan, la vista de la gente dentro y fuera de Panamá está enfocada hacia la confirmación de la capacidad real de la ACP para tomar en sus manos la terminación de la obra.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el gerente de la parte del Pacífico del tercer juego de esclusas, ingeniero Gustavo Rivas, explicó que los aspectos más complicados del poco más de 30 por ciento que resta del trabajo, la ACP lo puede enfrentar sin problemas.

Enlistó entre esos aspectos las conexiones eléctricas, el vaciado de hormigón, remanentes en excavaciones secas del cauce, dragados en las entradas de los dos océanos, conclusión de alcantarillas y tinas, colocación de las compuertas, y varios objetos de obra más.

Según Rivas, el equipo de hombres y mujeres contratados por el GUPC, y en estos momentos despedidos más de dos tercios de ellos, están en absoluta capacidad de concluir la ampliación del canal y su tercer juego de esclusas si se dan todas las condiciones técnicas y financieras para ello.

Más aún, aseguró, se podrán terminar en 2015 a pesar de los nueve meses de atraso acumulados, de los cuales estos dos últimos han sido brutales porque se han producido en el verano, es decir, en época de sequía que es cuando más rápido pueden avanzar los trabajos, en especial los correspondientes a las presas.

En la parte del Pacífico, en la que compete a Rivas -aunque para el Atlántico es más o menos igual- se construyen dos mil 650 metros de presas cuyo avance era del 42 por ciento cuando el 25 de noviembre de 2013 el GUPC decidió paralizar las obras.

Esa decisión fue muy comprometedora para la obra porque el núcleo de arcilla debe tenderse en verano pues se requiere un nivel de humedad específico que permita hacer una compactación óptima, la cual es imposible obtener en época de lluvia.

En términos prácticos eso significa que el tiempo perdido desde el 25 de noviembre hasta la fecha no se recupera y lo que teníamos que hacer hasta ahora hay que dejarlo para el verano de 2015, aunque en la temporada de lluvias podría avanzarse en otros aspectos de las presas, pero no en lo referente a su núcleo de arcilla compactada, nos dijo.

Quijano ha insistido en que la ACP no le teme al trabajo por concluir, y cuyo financiamiento cifra en unos mil 500 millones de dólares, monto que saldría del presupuesto aún no ejecutado, las multas por inicio de obra bajo custodia de la aseguradora Zurich que suman en total 600 millones de dólares, más los 748 millones en adelantos que debe devolver el consorcio, y otras fuentes.

Además, la Asociación Bancaria de Panamá se ofrece para ayudar al financiamiento de ser necesario y sus directivos han declarado públicamente que están en capacidad de aportar todo el dinero que el Canal requiera si rescinde finalmente el contrato con el GUPC y asume la tarea.

La situación mantiene de alguna manera en estado de alerta a la sociedad civil, atenta para que el GUPC no sea sustituido por la norteamericana Bechtel ni haya capital estadounidense en las obras, y en ese sentido ha sido recabada en varias oportunidades la opinión de Quijano.

El temor surge por los antecedentes del primer Canal; Estados Unidos tuvo una injerencia muy directa cuando Panamá se separó de Colombia en noviembre de 1903 y empresas norteamericanas se hicieron con la terminación de la vía.

Ya los franceses habían realizado el grueso de las excavaciones, el lago artificial de Gatún y puesto los miles de muertos por la fiebre amarilla que se pudo controlar gracias al científico cubano Carlos J. Finlay, descubridor del vector, el Aedes aegypti, y por eso hay en el Casco Histórico una enorme tarja a su memoria.

Quijano trata de borrar ese temor de la gente que ve con ojerizas cómo el embajador de Estados Unidos merodea la ACP y visita las obras, pues sería muy triste que la historia de ocupación del Canal y la zona aledaña, tan llena de sangre, de luto y robo de la riqueza y el patrimonio nacional, se repitiera después que el general Omar Torrijos lograra recuperar el Canal para Panamá.

El administrador de la ACP insiste en que el embajador no le ha hecho propuesta al respecto y que su interés está dado en las multimillonarias inversiones realizadas en los puertos de su país para recibir los barcos postpanamax, los cuales deben comenzar a transitar el nuevo cauce en 2015.

La obra es de los panameños y la obra la pagan los panameños, y se va a terminar y con esa misma fuerza laboral panameña, lo que hay que hacer aquí es seguir adelante, con o sin ellos (el GUPC), enfatizó Quijano después de tratar de eliminar sospechas sobre un papel injerencista de Estados Unidos a favor de sus empresas.

Sin embargo, esa sombra de dudas siempre está presente por el simple expediente que Quijano no ha hecho público, ni pretende hacerlo por el momento, en qué consiste su Plan B y sólo ha dicho que en "este tipo de situación hay todo tipo de ofertas, y vamos a esperar el momento de los contactos, en el caso que sea necesario".

Por sí o por no, y quizás a manera de curarse en salud, la sociedad civil rechaza una intervención del gobierno del presidente Ricardo Martinelli en el litigio y han dicho claramente que perjudica en lugar de ayudar, como se puso de manifiesto durante la visita de la ministra española Ana Pastor, quien no pudo ejercer el papel de mediadora.

"Que los gobiernos no metan los callos en este problema porque no pueden intervenir en los asuntos del Canal, ni gubernamental ni diplomáticamente porque es un tema puramente comercial", dijo en TV Jorge Ritter, exdirectivo de la ACP.

Por todas esas razones, y por los peligros externos e internos que se ciernen sobre el futuro inmediato del país, la terminación de la ampliación del Canal dentro de los términos nacionalistas concebidos es el gran reto de hoy de los panameños.

* Corresponsal de Prensa Latina en Panamá.

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