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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2014-02-05 a horas: 11:49:53

Terror en las calles: ¿Cómo combatir la inseguridad ciudadana?

César Zelada

Muchos técnicos, analistas, periodistas y políticos (de derecha y de izquierda), hablan de la inseguridad ciudadana. El propio Ollanta Humala, prometió durante su campaña electoral eliminarla, y cuando llego a Palacio, constituyo un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) que a más de dos años no truena ni suena (y van 5 ministros del interior). Luego, en el colmo de la incapacidad, dijo que, “es un problema de más de 50 años”. Por otro lado, el ex premier Jiménez declaró que era un problema de “percepción”. Así como lo oyen, “percepción”.

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¿Se referirá a la percepción de inseguridad del 50% de la población como dice una investigación del PNUD? Pues puede ser. Pero lo que hay que señalar es que la percepción se basa en una cuestión social objetiva donde todos los días mueren trabajadores en las calles. Según el INEI, “la cantidad de delitos registrados en el Perú tiene una tendencia a incrementarse desde el 2008. Ese año se registraron 151.560 delitos, mientras que el 2012 hubo 254.405. Más del doble en cuatro años”.

A esto hay que sumar que según Latinobarómetro, “…en la última encuesta 2011, el nivel de victimización alcanzó al 40% de los entrevistados, lo que nos posiciona en el segundo lugar en América Latina…el 25% de las víctimas lo fue de hechos violentos, lo que coloca al Perú en el tercer lugar más alto en la región…el 60% de la población del país es cada vez más insegura y el 86% considera que la delincuencia ha aumentado respecto al año anterior…”.

¿Y porque pasa esto si supuestamente estamos en crecimiento económico y en camino al desarrollo y la modernidad? Bueno, lo primero que hay que decir es que todas las propuestas de reforma, aumento de presupuesto, serenazgo, capacitación en inteligencia policial, más tecnología, un Ministro del Interior estratega, etc. han fracasado. Incluso la propuesta de eliminar el 24x24 (que permitiría que los 115 mil policías se dediquen a trabajar a tiempo completo y no los 55 mil como es ahora), está condenada a la derrota.

Y esto, porque así no lo quieran reconocer los defensores del stablisment, la delincuencia es producto del carácter en descomposición del Estado capitalista peruano (esto no quiere decir que hayan policías buenos o hasta demócratas revolucionarios como Rumimaki, Casas o Hallasi, etc.). Cuestión que se profundizo con la dictadura neoliberal fujimontesinista que, a diferencia de gobiernos corruptos anteriores, organizo una mafia para lucrar valiéndose del poder político que ostentaba. En este marco, el acta de sujeción que el fujimontesinismo hizo firmar a la alta oficialidad de las FF.AA. y FF.PP., era una carta libre para que el aparato de “seguridad milico-policial” fuera parte de la mafia de narcotráfico (narco avión), tráfico de armas (que el expresidente colombiano Andrés Pastrana comenta en su libro “Memorias olvidadas” http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/11/131129_ultnot_colombia_pastrana_libro_memorias_men.shtml), y corrupción política gubernamental, etc.

Este aparato mafioso fue desarticulado con la intervención rebelde de las masas en la Marcha de los 4 Suyos. No obstante, los gobiernos neoliberales de Toledo y García, permitieron la rearticulación del mismo porque continuaron administrando el viejo Estado delincuencial. ¿O Uds. Creen que los más de 5 mil narcoindultos y conmutaciones de García no tienen nada que ver con la profundización de la inseguridad hoy? Por su puesto que sí ya que varios de estos pertenecen a redes internacionales de narcotráfico y han vuelto a reincidir.

Y es más, hoy estamos viendo como el heredero de Montesinos, López Meneses, se ufanaba de su poder dentro de las FF.PP. bajo la complacencia de Adrián Villafuerte y el propio Ollanta Humala.

Así las cosas, mientras que en los 60s la institución policial era vista con respeto, hoy, las FF.PP. son vistas como parte del problema delincuencial. Y no es para menos, a fines del 2013, se descubrió que el ex jefe policial de la región Lambayeque, Jorge Linares Ripalda, era parte de la mafia del “Clan del Norte” (http://www.larepublica.pe/16-12-2013/acusan-a-ex-jefe-policial-de-chiclayo-de-dirigir-banda-con-reo-de-piedras-gordas). En Puno, en Octubre del 2013, un teniente y tres suboficiales fueron sentenciados a 15 años de prisión por Tenencia Ilegal de Drogas (http://www.larepublica.pe/12-10-2013/teniente-y-3-suboficiales-son-sentenciados-a-17-anos-de-prision-por-tid). Otro caso sonado fue el del Director Regional de Inspectoría de Amazonas involucrado en lavado de activos (http://www.larepublica.pe/19-05-2013/investigan-policias-y-un-fiscal-por-corrupcion-y-lavado-de-activos).

Entonces, no se puede separar al Estado del tema de la delincuencia. Y justamente, lo que más preocupa a la ciudadanía hoy es la tendencia nacional hacia una violencia generalizada sin precedentes con elementos de sicariato donde se forman “sindicatos de construcción civil” (auspiciadas por el APRA desde el MINTRA), para delinquir y “ajustar cuentas”; donde las mafias colombianas están migrando a nuestro país; y donde el sistema policial es la columna de sostén institucional de las mismas (caso López Meneses).

“Ni reír, ni llorar, comprender”, decía el filósofo Espinoza. Y en efecto, es importante comprender que todo esto es consecuencia de que en una sociedad neoliberal-capitalista el crimen y la inseguridad son bussiness. Por ejemplo, el narcotráfico es un negocio. Lo que importa es el beneficio que se obtiene al final sin pensar en la persona humana. Pero esto tiene vínculos con dos instituciones claves. Por un lado, los aparatos de “seguridad nacional” (cómplices, encubren, ayudan y benefician), y los bancos (todo lo que sacan del robo, latrocinio, crimen, drogas, trata), lo tienen que blanquear en algún lado.

Por tanto, desde un punto de vista revolucionario y mariateguista, es clave desmantelar el aparato policial y crear organismos de defensa con la participación de los ciudadanos y trabajadores organizados (en juntas de vecinos, seguridad ciudadana, etc. como en Michoacán, México), las organizaciones de DD.HH., y a quienes les interese nuestra el bien común.

Pero estas medidas serán insuficientes si no está vinculada a la política de nacionalización de los bancos (bajo control de los trabajadores), para así evitar el lavado de dinero sucio.

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