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Área: Internacional >> Latinoamérica
Actualizado el 2013-12-05 a horas: 03:57:14

EE.UU. y Europa planean una “gran conspiración en la Amazonia”, alerta García Linera, y recrudece la persecución de activistas en Ecuador y Bolivia

El gobierno de Rafael Correa cierra una ONG ambientalista

El gobierno de Ecuador ordenó la disolución de la Organización no Gubernamental (ONG) Pachamama, acusada de injerencia en políticas públicas y de atentar contra la seguridad interna del Estado. En Bolivia el Presidente Evo Morales amenazó nuevamente con expulsar del país a las organizaciones que conspiren contra su gobierno.

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En varios países de América se observa una creciente sofisticación de los mecanismos destinados a impedir, obstaculizar o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Muchos gobiernos desprestigian y estigmatizan a los activistas sociales, restringen sus fuentes de financiamiento e incluso los intimidan con acciones penales, advierte el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El gobierno ecuatoriano clasifica entre los más agresivos de la región, con decenas de casos de persecución a líderes de movimientos ambientalistas que defienden la naturaleza y los derechos comunitarios. Entre los procesados desde 2009 figuran Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán Paute y Efraín Arpi Soria, reconocidos líderes de las parroquias Victoria del Portete y Tarqui de la provincia del Azuay, e impulsores la primera consulta comunitaria sobre minería el 2 de octubre de 2011.

Pérez, Guzmán y Arpi, defensores de las fuentes de agua amenazadas por actividades mineras a gran escala en el páramo de Kimsakocha, fueron acusados de los delitos de “sedición, alteración del orden público, agresión a miembros policiales y destrucción de bienes públicos, paralización y obstaculización de servicios públicos”.

A fines de julio de este año el gobierno ecuatoriano anunció la creación del Sistema Unificado de Información para regular la situación de más de 58 mil Organizaciones Sociales y Ciudadanas registradas en el país, las cuales deben inscribirse en un Registro Único para obtener su personería jurídica.

Hace poco el Presidente Rafael Correa acusó a las ONGS de arroparse bajo la bandera del ecologismo para hacer política contra su gobierno. “Es pura hipocresía, jamás hacen lo que predican”, aseveró refiriéndose a una reciente protesta protagonizada por grupos ecologistas.

El pasado jueves un grupo de personas, entre las que se encontraban varios miembros de la ONG Pachamama, se manifestaron en Quito contra la licitación de nuevos campos petroleros en la Amazonía ecuatoriana. Dos días después, Correa mostró imágenes en las que se observa a los movilizados intentando agredir al embajador de Chile en Ecuador Juan Lira, y golpeando con una lanza a un empresario de la empresa Belorusneft.

Este 4 de diciembre el Ministerio del Ambiente de Ecuador ordenó la disolución de la fundación ecologista Pachamama, luego de que algunos de sus miembros protagonizaron la protesta. Las autoridades consideraron que esa ONG ejecutaba acciones que no constaban en sus fines y objetivos estatutarios.

El gobierno ecuatoriano determinó que la ONG Pachamama cometía acciones de injerencia política, atentando contra la seguridad interna del Estado y la paz pública, y contraviniendo de esta manera lo dispuesto por el Reglamento de Organizaciones Sociales.

En respuesta, la Fundación Pachamama, organización ecuatoriana con más de 16 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas amazónicos y los derechos de la naturaleza, lamentó en primer lugar que el gobierno ecuatoriano haya convocado una ronda petrolera que afecta más de tres millones de hectáreas de bosques amazónicos megadiversos sin siquiera haber implementado un proceso de consulta previa, libre e informada.

En segundo lugar, la ONG proscrita recalcó que la posibilidad de disentir de las políticas gubernamentales y defender derechos constitucionales son consustanciales a la democracia, “y por tanto no estamos dispuestos a renunciar a su ejercicio. Consideramos que esta posición es coherente con nuestra misión institucional por lo que rechazamos cualquier acto que pretenda impedir o dificultar nuestro trabajo”.

Persecución en Bolivia

El gobierno boliviano aplica la misma política ecuatoriana, con el argumento de que algunas ONGs son agencias de espionaje del gobierno norteamericano y se dedican a dividir a los movimientos sociales y a confrontarlos con el gobierno. En repetidas oportunidades el Vicepresidente Álvaro García Linera acusó a las ONGs ambientalistas de “suplantar” a los indígenas, “llenándose la boca con la protección al medioambiente”.

El Presidente Evo Morales dijo que “cuando queremos construir caminos no faltan hermanos indígenas, influidos por algunas ONG, que no quieren. Cuando queremos explorar petróleo, no quieren; cuando queremos instalar plantas hidroeléctricas también se oponen… No puedo entender que representantes de algunos grupos de hermanos indígenas del oriente, de la amazonia y del norte paceño se opongan al desarrollo que requiere el pueblo boliviano”.

Según el Vicepresidente, varias ONGs financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) patrocinaron al movimiento indígena que frustró la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

En una entrevista con el diario mexicano La Jornada, García Linera atribuyó dicho complot al “interés estadounidense de resguardar la Amazonia como su reservorio de agua y diversidad, y promover divisiones entre los liderazgos indígenas mediante organizaciones no gubernamentales, varias de ellas financiadas por USAID”.

El 22 de noviembre García Linera alertó nuevamente en Quito sobre las “maquinaciones” de ONGs y los gobiernos de Estados Unidos y Europa que planean una “gran conspiración sobre la Amazonia”, consistente en la “extraterritorialización de la soberanía amazónica” con el pretexto de proteger el medioambiente.

“Una ONG hace su trabajo, USAID hace su trabajo, el medio de comunicación hace su trabajo, la Fundación hace su trabajo, unos con distintos criterios, que no se tale un árbol, otros que no se toque ningún tipo de bosque, pero en conjunto es un árbol, de un bosque y de toda una trama estratégica de la Amazonia continental”, comentó García en un acto público en la capital ecuatoriana.

Esta semana el Presidente Morales volvió a la carga y amenazó otra vez con expulsar del país a todas las ONGs que conspiren contra su gobierno. Cabe recordar que desde septiembre de 2011 una comisión legislativa investiga a 2.175 organizaciones que operan en el país, especialmente a las que “incitaron y financiaron” las últimas movilizaciones indígenas en defensa del TIPNIS.

El gobierno boliviano decidió reforzar los sistemas de control de las ONGs porque algunas de ellas no cumplen un rol “social” y se dedican a “conspirar”, ya sea “financiando” protestas antigubernamentales o asumiendo posturas “abiertamente políticas”. El régimen adoptó diferentes medidas para mantener a raya a esas entidades, como por ejemplo el congelamiento de sus trámites de registro y, por ende, el bloqueo de sus fuentes de financiamiento.

En cumplimiento de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas N. 251, las ONGs, fundaciones, entidades civiles y organizaciones sociales sin fines de lucro que desarrollan actividades en más de un departamento de Bolivia debían tramitar su personería jurídica hasta octubre de este año.

En la mira las ONGs de Haití, India, Egipto y Siria

Haití es un negocio para las ONGs, cuya injerencia es mayor que su ayuda, afirmaron especialistas cubanos en temas caribeños en el panel “Haití, singularidades. La primacía luminosa, trágica y su castigo”, celebrado en mayo de este año en La Habana.

En la oportunidad, la profesora de la Universidad de La HabanaGloria León reveló el trasfondo injerencista de muchas organizaciones que se ceban en la miseria haitiana y la exacerban en beneficio propio. Recordó que, por ejemplo, la muerte de Toussaint Louverture hace dos siglos creó un cisma político en Haití, que degeneró en el fusilamiento de muchos blancos: esa imagen del “terror negro” aún prevalece.

Fuentes haitianas confirmaron a Prensa Latina que las miles de ONG funcionan como un gobierno paralelo, que acapara los millonarios “grants” (donaciones) sin rendir cuentas al Estado. De hecho, el gobierno de Haití informó que apenas ha visto 2,2 millones de dólares de los seis mil millones donados luego del terremoto de enero de 2010.

Por otro lado, en febrero de 2012 el primer ministro indio Manmohan Singh denunció que detrás de las protestas sociales contra la construcción de una planta electronuclear estaban organizaciones no gubernamentales, principalmente de Estados Unidos, “que no comprenden las necesidades de nuestro país de aumentar la producción de electricidad”.

Según una investigación realizada por el Ministerio del Interior de India, las ONGs opuestas a la construcción de la planta estaban siendo financiadas por otras de Estados Unidos y los países escandinavos. Las autoridades precisaron que a tres de ellas les cancelaron las licencias “por violar las normas” del país.

De igual forma, el gobierno egipcio adoptó medidas ejecutivas para revisar el financiamiento externo de las ONGs que operan en ese país del norte de África. Varias de ellas, subsidiadas por fuentes en Estados Unidos, fueron suspendidas a comienzos del año pasado, y otras sometidas a investigación judicial.

Un organismo judicial respaldó la propuesta de privar al grupo opositor Hermandad Musulmana (HM) de su condición de ONG. La organización islamista HM, ilegalizada en 1954 por el gobierno de Gamal Abdel Nasser, actuó de modo clandestino durante décadas, incluso con el gobierno de Hosni Mubarak. En 2011 organizó manifestaciones que obligaron a dimitir a Mubarak, luego fue registrada como ONG y trabajó para las elecciones presidenciales de junio de 2012 en las que triunfó su candidato, Mohamed Morsi.

El proyecto de ley que regula las actividades de ONGs en Egipto condiciona la expedición de licencias de funcionamiento y prohíbe apoyar campañas electorales, nominar candidatos, crear unidades paramilitares o formaciones de naturaleza política. Según la norma, las ONG podrán recibir fondos y donaciones de entes normales o corporaciones, egipcias o extranjeras, previa notificación a la dependencia administrativa pertinente.

Por otro lado, en Siria la Asamblea del Pueblo (Parlamento) elabora un proyecto de ley que contempla nuevos mecanismos de fiscalización del trabajo de las ONGs que brindan asistencia humanitaria, informó la agencia de noticias SANA. La norma hace énfasis en la importancia de la financiación nacional que ayuda a las ONG a ser financieramente independientes y a mantenerse alejadas de las agendas extranjeras.

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