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Área: Opinión >> Periodismo ciudadano
Actualizado el 2013-11-12 a horas: 23:47:30

La Primera Conferencia Nacional Especializada en Seguridad Social no acata el mandato de la mayoría del magisterio urbano del país

La burocracia sindical impone la conversión inmediata de la mutualidad del magisterio en fondo complementario

Miguel Lora Ortuño

La burocracia oficialista impuso la universalización de los aportes y la conversión inmediata de la mutualidad del magisterio en fondo complementario, con el argumento de que se trata de una resolución aprobada en el último Congreso Ordinario. Sin embargo, dicha resolución congresal ha sido inconsulta porque las bases no han tenido la oportunidad de discutir el asunto y tomar sus determinaciones de manera soberana en sus instancias sindicales.

Miguel Lora Ortuño

Es maestro y dirigente sindical.

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El último acuerdo firmado entre dirigentes de la COB y el gobierno ha dejado en las bases un sabor a poco y la sensación de que la lucha por lograr mejores rentas de jubilación no ha concluido. La huelga y la movilización de abril del presente año tuvieron la virtud de plantear el problema de las jubilaciones como una lucha centrada a arrancar mayores aportes al patrón privado y al Estado burgués, objetivo que los combatientes no han logrado.

El objetivo de alcanzar una renta igual al 100% del sueldo de un trabajador activo se ha generalizado en todos los sectores de trabajadores porque ha encarnado las necesidades de las bases y se ha convertido en un obstáculo para que la burocracia encuentre la posibilidad de un rápido arreglo con el gobierno.

Durante el conflicto, los dirigentes colaboracionistas se han desenmascarado abiertamente como sirvientes de la política burguesa que desarrolla el gobierno del MAS, sumándose a la furiosa campaña que éste desarrollaba contra la única tendencia (el trotskismo) que daba sentido y proyección a la lucha de los explotados y justificaba teóricamente cuál debe ser la bandera clasista que deben enarbolar los trabajadores de hoy en adelante.

Por primera vez, superando en gran medida la concepción colaboracionista del tripartismo en materia de seguridad social, se plantea que las rentas son una forma de salario de pago diferido hasta cuando el trabajador se jubila, como una obligación exclusiva del patrón y del Estado.

El conflicto, a pesar de sus dimensiones y su profundidad, no ha podido ir más allá. Su propio agotamiento interno ha determinado que se potenciaran las tendencias reformistas; los trabajadores, acosados por el cansancio y la campaña cruzada del gobierno y sus sirvientes encaramados en las direcciones sindicales, retroceden y la burocracia logra maniobrar en los niveles de la cúpula sindical (ampliado de la COB) haciendo aprobar los nuevos límites máximos y mínimos de la escala de rentas que significaban una ligera mejorar en el volumen de rentas.

La burocracia oficialista empezó a generalizar la consigna de “consolidar los avances, por muy mínimos que sean para luego emprender nuevas movilizaciones”. Hasta este punto ha llegado la lucha por las jubilaciones. La bandera del 100% está bien plantada; el oficialismo, a través de los dirigentes colaboracionistas, se esfuerza por desvirtuar los objetivos clasistas de la lucha y echa mano a la vieja experiencia frustrante de los fondos complementarios para que sean los mismos trabajadores quienes sigan sacando plata de los bolsillos para mejorar sus rentas.

Ahora la orientación es que se puede alcanzar rentas equivalentes al 100% del sueldo del trabajador activo aumentando los aportes laborales a través de la creación de fondos complementarios. En este sentido se ha firmado un acuerdo con los carabineros cargando gran parte del financiamiento a los recursos de sus instituciones como la MUSEPOL que funcionan con los aportes de los oficiales, clases y la tropa. Inmediatamente después, el dirigente Trujillo de la COB ha planteado que el gobierno permita la creación de fondos complementarios en todos los sectores de trabajadores.

La burocracia estalinista del magisterio urbano ha hecho aprobar en su último congreso ordinario la universalización de los aportes a la Mutualidad del Magisterio Fiscal, institución a la que los maestros se afilian de manera voluntaria hasta ahora, para convertirla también en fondo complementario. Si esto ocurre, los trabajadores de la enseñanza se verán obligados no sólo a aportar todos a esa mutualidad sino a crear nuevos aportes para sustentar las “rentas complementarias” que permitirían jubilaciones con el 100% de sus sueldos como activos o próximas a ellos.

Si hasta ahora aportan casi el 13% para las rentas, con estos fondos complementarios terminarán aportando el 15 o más por ciento de sus miserables sueldos, mientras que el gobierno como patrón aporta un miserable 3% y como Estado burgués nada. De este modo, gobierno y dirigentes sindicales se orientan a acentuar la capitalización individual en el régimen de rentas demagógicamente llamado “solidario”, descargar sobre las espaldas del mismo trabajador todo el peso de las rentas, liberando al patrón y al Estado de su obligación de garantizar una vejez humana a la fuerza de trabajo.

Se impone la burocracia sindical colaboracionista

La burocracia oficialista impuso la universalización de los aportes y la conversión inmediata de la mutualidad en fondo complementario, con el argumento de que se trata de una resolución aprobada en el último Congreso Ordinario. Sin embargo, fue la camarilla oficialista la que sacó el planteamiento de la manga y lo impuso, sin discusión alguna, en la plenaria del congreso directamente controlada por el Ministerio de Educación.

En la Conferencia Nacional Especializada en Seguridad Social realizada en un lugar recóndito de Trinidad, sin escuchar la propuesta de las delegaciones de Cochabamba, La Paz, Oruro y Sucre en sentido de convocar a un Congreso Especializado en seguridad social después de eventos de la misma naturaleza en las federaciones departamentales y regionales, donde las bases tengan la oportunidad de discutir democráticamente y tomar posición sobre el asunto, la burocracia ha resuelto abrumadoramente iniciar con la universalización de los descuentos y la reconversión arriba señalada.

En otros términos, los dirigentes de una minoría de maestros que representan a los distritos pequeños, sin consultar a sus bases, se han impuesto a la mayoría del magisterio urbano del país; no olvidar que La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre representan a más de 60% del magisterio nacional.

La determinación de la Conferencia tiene dos consecuencias:

1. La connotación política es que echa por la borda el sentido de la lucha librada hasta ahora en torno a la seguridad social. Se abandona la exigencia de que el Estado, junto al patrón privado, tienen la obligación de financiar las rentas de sus dependientes. La conversión de la MUMANAL en fondo complementario acentúa el carácter neoliberal de la actual Ley de Pensiones al seguir cargando sobre las espaldas de los trabajadores cualquier posibilidad de mejorar las miserables rentas de jubilación.

Como ha ocurrido en el pasado, lo que se acaba de aprobar en Trinidad será seguido por las burocracias oficialistas de los demás sectores de trabajadores y el gobierno hará todos los esfuerzos para que esto ocurra. Se trata de un colaboracionismo abierto y descarado con el Estado burgués, haciendo que los mismos trabajadores resuelvan el problema de las bajas rentas y, en el futuro, el problema de la sostenibilidad del régimen de rentas.

2. La connotación económica de la medida significará incrementar los descuentos a los maestros que, hasta ahora, ya se realiza por triple partida: el 12,71% para el régimen de jubilaciones; el 1,5% para la MUMANAL y el 1% para el sindicato. Habrá la necesidad de crear un fondo especial para mejorar las jubilaciones y sólo se puede lograr la acumulación de ese fondo con mayores descuentos a los maestros.

Según la resolución del último congreso, se adelanta la posibilidad de incrementar en un 1,5% a los descuentos actuales; pero, como han reiterado los dirigentes oficialistas, todo dependerá del cálculo matemático actuarial que necesariamente tendrá que hacerse en el futuro. Según esta lógica estos descuentos adicionales fácilmente pueden llegar al 3 o 4% más. Si hasta ahora los maestros ya son descontados en la proporción del 15,21%, en el fututo estos descuentos pueden llegar fácilmente hasta el 17 o 18%.

Lo difícil va a ser que al maestro de base acepte la merma de sus miserables sueldos en proporciones mayores al 17 o 18%; por eso, esta maniobra, está destinada a chocar frontalmente con las bases y, muy pronto, las veremos en las calles retomando los objetivos que animaron la movilización de mayo del presente año.

****

El reglamento de inversiones del sistema de pensiones arriesga los aportes laborales

Los últimos convenios firmados por la burocracia de la COB y el gobierno contemplan la discusión y aprobación de un reglamento de inversiones del Sistema Integral del Pensiones (SIP). Este proyecto preparado por el gobierno establece cómo se deben invertir los ahorros de los trabajadores acumulados en las AFPs, que muy pronto pasarán a ser administrados por la nueva Gestora Pública en manos del gobierno. La finalidad es mantener márgenes de rentabilidad aceptables de los ahorros de tal modo que garanticen la sostenibilidad de las rentas de los trabajadores.

El documento señala que estos ahorros se podrán invertir en bonos de otros gobiernos, la compra de títulos – valores y no podrán exceder el 50% del capital acumulado. El Art. 17 del capítulo II del proyecto de reglamento de inversiones señala que se podrá invertir en “valores de deudas emitidos por los ministerios de Hacienda, Finanzas o del Tesoro General del Estado, según corresponda”. También permite adquirir “bonos de bancos centrales de cualquier país, de entidades financieras, deudas corporativas o bonos de renta fija e instrumentos de organismos bilaterales y multilaterales, entre otros, autorizados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)”.

Además, señala el documento que “las inversiones del Sistema Integral de Pensiones deberán cumplir con límites o máximos. Por ejemplo, hasta el 20% de los aportes laborales podrán ser invertidos en empresas públicas como YPFB o PAPELBOL”. También pueden comprar “valores emitidos por el TGN y el Banco Central de Bolivia sin límite alguno”. Podrán adquirir “valores emitidos por el resto del sector público no financiero hasta el 20% de las inversiones de cada fondo” (comprar, por ejemplo, bonos de gobernaciones y municipios).

La única posibilidad de que se pueda garantizar la seguridad y la rentabilidad de los aportes de los trabajadores es que se hagan inversiones en empresas productivas financieramente fuertes y, en Bolivia, por lo menos hasta ahora, la única empresa que reúne estas condiciones es YPFB porque el negocio del gas está generando grande utilidades. Pero, el proyecto le pone un chaleco de fuerza, porque sólo hasta un 20% del total del capital se puede usar en esta clase de inversiones.

PAPELBOL u otras empresas de este tipo que ha creado el Estado son burocráticas, prebendales, donde el nepotismo está a la orden del día y sometidas a políticas de Estado con grandes dosis de demagogia, no garantizan nada; muchas de estas empresas son como elefantes blancos y sólo sirven para las campañas electorales en favor del oficialismo o como fuentes de empleo del ejército de hambrientos de las “organizaciones sociales”.

Todo lo demás, como eso de apostar a los mercados de valores o la compra de bonos del tesoro, de las gobernaciones o de las alcaldías, es invertir la plata en una economía ficticia, en la economía de la especulación que en cualquier momento puede derrumbarse provocando pérdidas irreparables a los trabajadores. No olvidar que estamos viviendo una de las crisis estructurales más profundas del sistema social capitalista y siempre existe la posibilidad de ser arrastrados por la vorágine desenfrenada que provoca la misma.

Las posibilidades de inversión que propone el gobierno en su proyecto no son nada nuevas, ya en la Ley de capitalización individual de corte neoliberal se puso en práctica muchas de ellas, por ejemplo aquellas que se invirtieron en las empresas aéreas como el Lloyd y Aerosur terminaron provocando grandes pérdidas al fondo de capitalización individual. ¿Quién respondió por esas pérdidas? Nadie.

Lo evidente es que el sistema de rentas actual siempre tiene la posibilidad de terminar en la siniestralidad (de zozobrar en medio de una economía en crisis) y el Estado no da las mínimas garantías para que esto no ocurra; por el contrario, procede con una angurria sin límites por usar la plata de los trabajadores con la finalidad de cumplir sus obligaciones sociales como el pago de sueldos y salarios, de los bonos que ha creado demagógicamente con fines puramente electoralistas.

* Secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba y dirigente del POR.

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