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Área: Internacional >> Europa
Actualizado el 2013-10-27 a horas: 09:49:40

Agentes del Cuartel General de Comunicaciones del gobierno británico destruyeron discos duros de computadoras del diario The Guardian

Londres, ¿dónde queda la libertad de expresión y prensa?

Luisa María González *

El primer ministro David Cameron ordenó contactar a directivos del periódico The Guardian para presionarlos a destruir información polémica que él prefiere esconder; son las más recientes noticias del Reino Unido, uno de los paladines de la democracia occidental. Pero la historia no termina ahí. Ante la negativa de la publicación a obedecer, la decisión fue enviar a agentes de la seguridad a hacer el trabajo: eliminar los archivos secretos filtrados por el ex analista de la inteligencia estadounidense Edward Snowden.

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“Los estados miembros de la Unión Europea (UE), incluido el Reino Unido, ponen el grito en el cielo cuando algo semejante ocurre en países de otros continentes”, alertaron los integrantes del grupo Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo. Es un escándalo, agregaron, la manera en que las autoridades británicas intimidaron al periódico y violaron los derechos que protegen las libertades de información y expresión.

El pasado 20 de agosto, el editor del diario británico The Guardian Alan Rusbridger había denunciado que agentes del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) destruyeron los discos duros de las computadoras donde almacenaban las informaciones secretas provistas por Snowden. Según el periodista, el hecho ocurrió cuando ya habían recibido varias advertencias por parte del Gobierno acerca de la necesidad de destruir los datos.

Hace un tiempo, “fui contactado por un alto oficial que decía representar la posición del primer ministro, David Cameron. A ello le siguieron dos reuniones en las cuales él demandó la devolución o destrucción de todo el material en que estábamos trabajando”, explicó. El diario no obedeció la solicitud, agregó, lo cual suscitó nuevos encuentros con figuras gubernamentales en las cuales la demanda era la misma: entregar toda la información de Snowden o destruirla.

Un día después la denuncia de Rusbridger se confirmó y la fuente fue el propio Gobierno: el primer ministro en persona había ordenado al funcionario de su gabinete Jeremy Heywood ejecutar las acciones que ya conocemos. Con aire de infalible lord inglés, el vocero de Downing Street -así se conoce la residencia del jefe de gobierno por la calle donde se ubica-, Nick Clegg, explicó al mundo las razones de la intromisión gubernamental en el trabajo de la prensa: la preservación de la seguridad nacional. Si esas informaciones caen en las manos equivocadas, declaró, podrían significar una amenaza para la seguridad del Reino Unido.

¿Y qué elementos riesgosos contienen los documentos secretos filtrados por Snowden? En esencia, la manera en que los servicios secretos (NSA) de Estados Unidos operan para vigilar a millones de personas en su país y en el mundo mediante las comunicaciones de teléfono e Internet, para lo cual colaboran con sus pares de otras naciones, principalmente la inteligencia británica.

Desde mediados de junio último, los periódicos The New York Times y The Guardian comenzaron a publicar las informaciones confidenciales filtradas por el ex analista de la NSA, quien poco después debió huir de las autoridades de su país y asilarse en Rusia. Las revelaciones causaron revuelo mundial, en tanto evidenciaron un asalto a la privacidad ciudadana en niveles que la gente y algunos gobiernos no parecen estar dispuestos a tolerar. De hecho, recientemente se conoció que la seguridad norteamericana tiene capacidad para espiar más del 75% de todo el tráfico en Internet en ese país.

Tras las primeras informaciones sobre la cuestión, Washington y Londres, protagonistas del espionaje, se apresuraron a justificar el programa de vigilancia con palabras mágicas: seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, como si en el planeta no hubiera ya demasiados conflictos en nombre de esa misma excusa (dígase Irak, Afganistán y Libia, entre otros). No obstante, los acontecimientos recientes parecen indicar que el Reino Unido decidió poner freno a la ola de descubrimientos sin importar cuán lejos debía llegar.

El periodista de The Guardian que divulgó los documentos de Snowden se llama Glenn Greenwald y su compañero, el brasileño David Miranda, fue detenido de manera sorpresiva el 18 de agosto último en el aeropuerto Heathrow de Londres, cuando hacía escala en un trayecto de Berlín a Rio de Janeiro. Las autoridades lo mantuvieron retenido por nueve horas en las cuales lo interrogaron, amenazaron y le incautaron todos los dispositivos electrónicos que llevaba consigo.

Un día después Miranda denunció la ilegalidad de su detención, posición que el gobierno de Brasil apoya y así lo expresa públicamente en pronunciamientos diplomáticos. En este sentido, los senadores del país suramericano exigieron explicaciones por la acción que calificaron de injustificada a partir de la ausencia de evidencias concretas contra el joven. Por su parte, la policía defendió sus procedimientos y aseguró que estaban basados, una vez más, en las leyes de lucha contra el terrorismo, pues Miranda podría llevar consigo datos potencialmente útiles para los terroristas.

Más tarde, la ministra británica de Interior, Theresa May, declaró conocer de antemano que las autoridades policiales detendrían al brasileño, y aseguró apoyar totalmente esta decisión. En resumen, lo sucedido deja pocas dudas acerca de dos cuestiones: primero, el Reino Unido ha realizado actos extremos dirigidos a impedir la continuidad de las polémicas revelaciones de Snowden; segundo, todo ha transcurrido con la anuencia, e incluso bajo las órdenes, de los más altos dirigentes del Gobierno del país.

“Las medidas tomadas por las autoridades británicas en torno a The Guardian están fuera de sintonía con los postulados de ese país sobre los derechos humanos universales, incluida el área de los medios de comunicación, la protección de los derechos de periodistas y la vida privada”, observó al respecto el portavoz de la cancillería rusa, Alexander Lukashevich.

Para el editor Rusbridger los hechos recientes constituyen un indicio de un peligro al acecho: la profesión periodística puede enfrentar en el futuro grandes complicaciones para su funcionamiento, derivadas del gran aparato de vigilancia articulado por el Estado. “No estamos en ese punto, pero puede no pasar mucho tiempo antes de que sea imposible para los periodistas tener fuentes confidenciales. La información, de hecho, la vida humana en 2013, deja ya demasiada huella digital”, señaló.

Pero esa moneda tiene otra cara: en la era de las nuevas tecnologías, aunque alguien borre o incaute información, nunca podrá quedar con la certeza total de que no existan otras copias. Al referirse al asunto, el presidente de los socialistas y demócratas del Europarlamento, Hannes Swoboda, consideró que la destrucción de los archivos de The Guardian fue apenas un acto simbólico, pues se sabe que hay copias de la información en otros lugares. Por su parte, Rusbridger vaticinó que continuarán pacientemente haciendo su trabajo: “seguirán las revelaciones, aunque ya no sean desde Londres”.

* Periodista de la redacción Europa de Prensa Latina.

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