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Actualizado el 2013-08-29 a horas: 18:24:52

El GIZ y el CPLI en pos del “desarrollo” en Honduras

¿Intervención neocolonialista de la Agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ) en la Moskitia?

(OFRANEH/ODHPINH).- En meses pasados, en comunidades Garífunas de los departamentos de Colón y Gracias a Dios (Moskitia), se han venido efectuando una serie de talleres-diagnostico promovidos por la Agencia de Cooperación Internacional Alemania (GIZ) siendo uno entre otros de los supuestos tópicos la preparación del Proceso de Consulta previa, Libre e Informada del Programa Binacional del GIZ de la zona central del Biocorredor Mesoamericano.

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El contenido de estas páginas no refleja necesariamente la opinión de Bolpress

Uno de los temas más candentes para los pueblos indígenas en Honduras es el Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI), consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (CPLI). Honduras firmo y ratificó tanto el Convenio (1995) como la Declaratoria (1997); sin que hasta la fecha se hubiera concretado una Ley del CPLI, situación que ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas

Consulta Comunitaria y el desconocimiento del Estado al CPLI

Desde el año 2003, la OFRANEH efectuó una Consulta Comunitaria sobre la Ley de Propiedad, promovida por el Banco Mundial. Esta fue la primera experiencia en el país de consulta comunitaria, en base al Convenio 169 de la OIT. El Congreso Nacional aprobó en el año 2004 una versión de la ley que excluyó las observaciones a los dos borradores presentados por el Estado en la Consulta efectuada en Durugubuty (San Juan Tela). La Ley en su capítulo III, incluyó una serie de artículos altamente nocivos para los territorios indígenas, especialmente el Articulo 100, que promueve la disolución del régimen comunitario de la tenencia de tierra.

En el año 2006, OFRANEH acudió al Panel de inspección del Banco Mundial, el cual presentó un informe en el 2007, indicando que el Estado de Honduras había violado el Convenio 169 de la OIT. Funcionarios de la actual Administración, adscritos al Instituto Nacional Agrario (INA) y de la Secretaría de Pueblos Indígenas (SEDINAFROH) han sido enfáticos en señalar el peligro que alberga la Ley de Propiedad en relación a la disolución de los títulos comunitarios. Actualmente nuestra organización ventila un Caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el que incluye violaciones al CPLI, además de haber incoado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la Ley de Propiedad.

Existe un desinterés premeditado por parte del Estado de Honduras, en relación a la emisión de una Ley del CPLI, además de una descarada ofensiva en contra de los pueblos indígenas y sus territorios los que se ven amenazados por proyectos extractivos, construcción de represas hidroeléctricas, megaproyectos turísticos además del intento de la actual administración de colocar en subasta parte del territorio nacional para la creación de estados cuasi independientes bajo la denominación de ciudades modelo. Iniciativas que afectan la preservación de los territorios indígenas y la sobrevivencia de los pueblos indígenas como culturas diferenciadas.

En la moskitia hondureña nos encontramos radicados cuatro pueblos indígenas: Miskito, Tawahka, Pech y Garifuna, los cuales compartimos un territorio que posee una vasta biodiversidad. Para el Estado y la Cooperación internacional la Moskitia es rica en "recursos naturales", situación que ha dado lugar a enormes presiones territoriales que van desde la explotación de yacimientos de hidrocarburos, utilización de los denominados recursos biogenéticos, construcción de megarepresas, y los proyectos de la Reducción de emisiones por la Deforestación y Degradación del Bosque (REDD), siendo este último de enorme interés para el GIZ.

La Moskitia como objetivo militar

Mientras Honduras se sume en un estado fallido inducido, especialmente después del golpe de estado del año 2009, el territorio de la Moskitia se convirtió en un santuario para el crimen organizado, al mismo tiempo que se intensificó la presencia de tropas y bases estadounidenses. A finales del año 2011, tuvo lugar la elaboración de un mapeo por parte de las expediciones Bowman del Ejercito de los Estados Unidos, asociados con la universidad de Kansas, investigación relacionada con el denominado Sistema de Terreno Humano. En mayo del 2011 aconteció la masacre de Ahuas, cuando helicópteros de la DEA estadounidense ametrallaron a civiles inocentes, este episodio hasta la fecha no fue aclarado por el Gobierno de los Estados Unidos y mucho menos por las autoridades Hondureñas.

Aparentemente los pueblos indígenas de Centroamérica, en especial los de la Moskitia somos un objetivo militar, ya que hasta al fecha el Sistema de Terreno Humano, ha sido aplicado en Irak, Afganistán y zonas conflictivas en Mexico. Ante la complicada situación existente en Honduras en materia de derechos humanos, especialmente en la Moskitia, cualquier intervención debe ser analizada de forma minuciosa, ya que representa un incremento en la ya existente represión por parte de los organismos de seguridad del estado de Honduras, que muchas veces actúan en contubernio con el crimen organizado.

El GIZ y el CPLI: en pos del “desarrollo” o intervención en la autoderteminación de los pueblos indígenas

La documentación del seminario efectuado en el 2012 en Eschborn, Alemania, por el GIZ, bajo el nombre de "Implementando el Consentimiento Previo, Libre e Informado y Pueblos Indígenas en la Cooperación Alemana: ¿Obstáculo al desarrollo o herramienta para la prevención de conflictos?" nos deja más inquietudes que respuestas. Para comenzar el término desarrollo no deja ser un acertijo para los pueblos indígenas, ya que muchos de los programas de desarrollo no han sido más que intervenciones paternalistas con resultados desastrosos para la madre tierra. El CPLI para los pueblos indígenas es una herramienta de protección de nuestros territorios ante las múltiples intervenciones generadas por lo visión “desarrollista”, en muchos casos impuestas por la Cooperación y Organismos Financieros Internacionales.

Como lo señala el resumen del seminario mencionado, existe una situación "políticamente volátil" y cualquier intervención no solicitada recae en el peligro de convertirse en una transgresión con matices de neocolonialismo. Tal es el caso del Proyecto Binacional, el cual ha realizado una serie de talleres en las comunidades Garifunas desde Tocamacho hasta Plaplaya, en donde los talleres han sido más para el planteamiento de supuestos proyectos, desconociendo la realidad de la Moskitia y generando falsas ilusiones.

La OFRANEH ha sido enfática en señalar la necesidad de la emisión de una Ley del CPLI como un primer paso. La utilización del viejo truco de las cuentas y los espejos (ahora denominados proyectos comunitarios) no deja de atraer a los líderes de las comunidades ante la enorme pobreza económica existente, dando lugar a falsas expectativas.

A pesar que la OFRANEH ha indicado a funcionarios del GIZ la grave situación que existe en la Moskitia, donde el estado fallido es evidente, la cooperación Alemana persiste en proseguir con su intervención, sin tomar en cuenta que es imperativo la emisión de una Ley del CPLI. El derecho que se abroga el GIZ bordea actitudes neocoloniales, impregnadas de una enorme arrogancia.

Entendemos perfectamente la importancia de la conservación del bosque, pero también tenemos claro que los REDD no es más que una falsa solución al cambio climático. El saqueo del bosque continuará inexorablemente mientras persista el contubernio entre el crimen organizado y los elementos de las fuerzas de seguridad del estado, situación que en Honduras parece ser que se agrava.

Masacre de Indígenas Tolupanes y la ausencia del Consentimiento Previo Libre e Informado

La masacre de indígenas de la Tribu Tolupan de San Francisco de Locomapa, cometida en Locomapa, Yoro el pasado 25 de agosto, demuestra una vez más la guerra por la explotación de los bienes comunes que se está librando en Honduras, especialmente en el territorio de los pueblos indígenas, los que nos encontramos a merced de la elite de poder y grupos asociados con el crimen organizado.

Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, fueron asesinados por sicarios al servicio de mafias de mineros ilegales, dedicados a la extracción de antimonio, la destrucción del bosque y la construcción de una represa hidroeléctrica. Los occisos participaban en una toma de la carretera desde hace 12 días, con el objetivo de evitar el saqueo sistemático de su territorio ancestral.

En los últimos tres años en Honduras en nombre de un supuesto "desarrollo" se ha intensificado la minería y construcción masiva de represas, muchos de estos proyectos son promovidos por funcionarios estatales asociados con la actual administración; mientras los pueblos indígenas se encuentran totalmente desprotegidos ante el desconocimiento estatal del Derecho a la Consulta previa, Libre e Informada (CPLI).

Los Tolupanes han padecido de una violencia sistemática, con más de medio centenar de víctimas en los últimos 20 años, sin que exista hasta la fecha una investigación fehaciente sobre esos crímenes y mucho menos se haya judicializado alguna persona respecto a estos crímenes. Aparentemente los sicarios implicados en la reciente masacre de los herman@s Tolupanes han manifestado que existen otros defensores de los bienes comunes en Locomapa que serán ejecutados.

La Tribu de Locomapa en una carta pública de julio de 2012, dirigida al Misterio de Justicia y la Secretaria de Pueblos indígenas (SEDINAFROH), denunció la intervención del maderero Kenton Landa Úcles, el cual introdujo maquinaria para la destrucción del bosque, además de una serie de arrestos ilegales y amenazas de muerte a los miembros de la comunidad opuestos a la destrucción del bosque y la minería.

En nuestro país se anteponen los derechos individuales a los derechos colectivos, existiendo obvias prerrogativas para la elite de poder y los grupos asociados con el crimen organizado, quienes muchas veces cuentan con el apoyo de diputados, militares y empresarios. El estado fallido inducido que vivimos en Honduras y la inexistencia del derecho al debido proceso, además de la asimetría económica existente, dificulta la defensa de los pueblos sus territorios y culturas.

La enorme vulnerabilidad del pueblo Tolupan ante las agresiones de aquellos que vienen explotando el bosque y los minerales, se agrava con el colapso que padece el país en materia de seguridad y justicia.

El desconocimiento del CPLI viene generando una sistemática violación a los derechos humanos, sin tener en cuenta las cosmovisiones de nuestros pueblos y el ejercicio de la propiedad comunitaria, el que frecuentemente es pisoteado y violentado por el Estado de Honduras. A pesar de la existencia de una serie de instancias gubernamentales que se suponen defienden los derechos de los pueblos indígenas, estas suelen recaer en un silencio cómplice, permitiendo de esta forma las violaciones a los derechos humanos.

La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido que "el respeto por los derechos colectivos a la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales es una obligación de los Estados Miembros de la OEA; el incumplimiento de esta obligación compromete la responsabilidad internacional de los Estados". Agrega además la CIDH, que "el reconocimiento oficial del dominio por los pueblos indígenas sobre sus territorios no es un acto discrecional y libre de la voluntad estatal, sino una obligación. Desafortunadamente el Estado de Honduras no ha adoptado las medidas efectivas para reconocer el derecho de propiedad comunal de los pueblos sobre las tierras que tradicionalmente hemos ocupado y usado; al contrario desde el mismo Estado se esta promoviendo la destrucción de nuestros territorios y de nuestros pueblos, cuando se están aprobando Leyes tales como: Ley RED-ZEDE, Ley de Reconversión de la Deuda (Ley Hipoteca), El convenio con el grupo BG de exploración y explotación de hidrocarburos y el programa REDD+.

En Honduras podemos afirmar que existe una política de estado de apropiarse de los territorios de los pueblos indígenas, para su entrega a empresarios nacionales y el capital extranjero, dando lugar a una estrategia de violencia en contra de los pueblos indígenas. El reciente asesinato el pasado 15 de julio del indígena Lenca Tomas García, a manos de elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuando se encontraba en una toma por la defensa del Río Blanco, demuestra la indiscutible protección del Estado a empresarios e inversionistas extranjeros y la criminalización de la protesta social.

Exigimos la protección de los Tolupanes de la Tribu San Francisco Locomapa, sobre todo a los compañer@s Jose Maria Pineda, Vilma Consuelo Soto, Ramon Matute, Sergio Avila, Celso Cabrera y Elvin Enamorado, quienes están sufriendo persecución únicamente por defender los bienes comunes de su pueblo; así mismo exigimos investigación y castigo a los culpables de los hechos acontecidos el 25 de agosto.

Sambo Creek, agosto de 2013.

* Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras, ODHPINH. Fuentes: http://ofraneh.wordpress.com/2013/08/29/honduras-intervencion-neocolonialista-de-la-agencia-de-cooperacion-internacional-alemana-giz-en-la-moskitia/

http://ofraneh.wordpress.com/2013/08/27/honduras-masacre-de-indigenas-tolupanes-y-la-ausencia-de-la-aplicacion-del-consentimiento-previo-libre-e-informado/

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