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Área: Opinión >> Periodismo ciudadano
Actualizado el 2013-08-28 a horas: 04:49:59

En materia de seguridad social, la burocracia está más a la derecha que el reformismo tradicional

El aporte tripartito surge como expresión del colaboracionismo de clase

Miguel Lora Ortuño

Dos posiciones diametralmente opuestas en materia de seguridad social: 1. El colaboracionismo reformista plantea el aporte laboral tripartito como una forma de alivianarle las cargas sociales a la clase dominante y al Estado burgués y preservar la plusvalía en beneficio del dueño de los medios de producción; y 2. En la concepción obrera, deben ser el patrón y el Estado quienes financien las jubilaciones, lo que supone reducir el tamaño de la plusvalía y retornar a la lucha de clases.

Miguel Lora Ortuño

Es maestro y dirigente sindical.

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Ahora, cuando la seguridad social vuelve a ser uno de los ejes del debate, nuevamente se plantea el problema del financiamiento y la sostenibilidad del régimen de rentas recientemente impuesto por el gobierno con la colaboración de la burocracia sindical. En menos de dos años de vigencia de esta Ley, demagógicamente denominada “solidaria”, los trabajadores llegan a la conclusión de que las rentas siguen dependiendo del aporte laboral casi en un 80% (12,71% del salario), mientras que el patrón aporta un miserable 3% y el Estado nada.

El sistema de Pensiones vigente es esencialmente la misma capitalización individual que impuso el neoliberalismo después de 1997, ya que las rentas siguen dependiendo del ahorro individual de los trabajadores. La pequeña diferencia es que ahora el patrón aporta 3% del sueldo de sus dependientes. En esta medida, el gobierno del MAS prolonga la capitalización individual impuesta por el neoliberalismo, que consiste en liberar al Estado y al patrón de la responsabilidad de financiar la jubilación, y los trabajadores siguen entrampados en la vieja concepción del aporte tripartito, de clarísima orientación reformista enmarcada en el colaboracionismo de clase con la burguesía y su Estado.

La concepcion de la seguridad social fue históricamente determinada en una etapa en la que el capitalismo crecía y podía hacer algunas concesiones a los trabajadores. En Europa es la socialdemocracia, ya convertida en la administradora de los intereses materiales y políticos de la clase dominante desde el control del Estado, la que generaliza en la legislación social la concepción del triple aporte como el fundamento financiero de los regímenes a corto y largo plazo (servicios de salud y régimen de rentas). Esta concepción se impone en nuestro continente, primero en México, como un modelo paradigmático en materia social, y después de la revolución de abril de 1952, en Bolivia, se impregna en el Código de la Seguridad Social promulgado en 1956.

El reformismo nacionalista y estalinista hacen coro de la consigna del “aporte tripartito” ocupando todo el espacio del debate, situación de la que aún no logramos salir. En el último ampliado de la COB realizado en la ciudad de Cochabamba para discutir la firma de la propuesta de acuerdo sugerida por el gobierno sobre los topes mínimo y máximo de las jubilaciones y sobre el proyecto de inversiones de los aportes de los trabajadores acumulados en las administradoras de fondos de pensiones, los burócratas cobistas han sugerido abandonar la exigencia de aumentar el aporte patronal y la necesidad del aporte estatal.

El dirigente de la COB Juan Carlos Trujillo y compañía alegaron que no hay que poner en riesgo la estabilidad económica de la empresa privada y del Estado, dizque, porque en este momento de crisis económica es prioritario preservar las fuentes de trabajo, lo que significa soportar estoicamente los bajos salarios y las rentas miserables.

De esta manera, la burocracia desahució un proyecto elaborado por los docentes de la Universidad Mayor de San Andrés, cuyo eje central es la necesidad del aporte del Estado para hacer sostenible la actual ley de rentas. Según muchos entendidos, el fondo solidario ya no tiene el sustento necesario para garantizar la mejora de las miserables rentas que se calculan en base a la sumatoria de la compensación de cotizaciones y los ahorros individuales de los trabajadores acumulados en las AFPs.

Así, la burocracia sindical se posiciona más a la derecha del reformismo tradicional timoneado por la socialdemocracia, el nacionalismo de contenido burgués y el estalinismo; todos ellos han hecho del aporte tripartito una consigna emblemática, mostrándola como una gran conquista social de nuestra época. En otras palabras, los burócratas que pretenden timonear un nuevo partido de los trabajadores se adscriben a la capitalización individual neoliberal, porque, sin decirlo abiertamente, plantean que los trabajadores deben cargar íntegramente con el peso de las rentas.

El movimiento revolucionario internacional no ha podido plantear con precisión la concepción proletaria de la seguridad social, y corresponde al partido trotskista boliviano aportar en esa materia.

Aplicando la concepción marxista del salario, durante el debate con los teóricos de la capitalización individual en materia de seguridad social y con todos los reformistas, se planteó que las rentas de los trabajadores jubilados deben ser consideradas como una forma del salario, pero de pago diferido para cuando éstos ya no están en etapa productiva. Se señaló con precisión que es el patrón y el Estado burgués, éste último como empleador y como organización política de la sociedad capitalista, quienes tienen la obligación de acumular, durante toda la etapa productiva del trabajador, una parte de su salario de tal modo que -cuando llegue a la vejez- pueda recibir una renta mensual que le permita cubrir sus necesidades vitales.

De este modo, la concepción proletaria traslada la lucha por la seguridad social del campo del reformismo y del colaboracionismo de clase al de la revolución, a la lucha de clases. Igual que la lucha por el salario mínimo vital con escala móvil, la disputa por las rentas íntegramente financiadas por el patrón y por el Estado plantea la necesidad de reducir el tamaño de la plusvalía que se apropian los dueños de los medios de producción, es decir afectar directamente a los intereses de la clase dominante nativa, de las transnacionales y del Estado burgués. Se trata, pues, de una legítima consigna de transición, por cuya materialización los explotados llegarán al convencimiento de la necesidad modificar sustancialmente la ley de pensiones y sepultar el orden social burgués.

El pleito de las pensiones no ha terminado. Mientras sigan vigentes las rentas de hambre, mientras los acianos continúen agonizando en medio de la miseria en la etapa más difícil de sus vidas, estará presente la necesidad de luchar por una jubilación que garantice al trabajador una vejez humana. Por eso, mientras la burocracia doble las rodillas vergonzosamente ante la capitalización individual, los trabajadores retornarán a las calles exigiendo al patrón y al Estado que financien las rentas y que éstas cubran sus necesidades vitales.

En las futuras luchas debe ser superado el prejuicio colaboracionista del aporte tripartito, y la consigna revolucionaria debe ser “renta igual al 100 % con aporte patronal y estatal”.

* Secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba y dirigente del POR.

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