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Área: Economía >> Economía y finanzas
Actualizado el 2013-08-21 a horas: 16:03:03

“Las vaquitas y ovejitas ya pueden utilizarse como garantías para acceder a créditos”, destacó el ministro de Finanzas Luis Arce

La nueva Ley de Servicios Financieros combate la usura bancaria y crea la “Defensoría del Consumidor”

La Paz y Santa Cruz (ABI y agencias).- La nueva Ley de Servicios Financieros promulgada hoy por el Presidente Evo Morales regula las actividades de intermediación y la prestación de servicios financieros, principalmente las tasas de interés relativas a producción y vivienda social; incorpora garantías “no convencionales” para acceder a créditos, y crea una “Defensoría del Consumidor Financiero”, entre otras disposiciones que benefician a prestamistas y ahorristas.

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El Presidente Morales promulgó este miércoles en Palacio de Gobierno la nueva Ley de Servicios Financieros que “garantiza préstamos a los prestatarios y el ahorro a los ahorristas, y cuida a prestatarios y ahorristas con la regulación del funcionamiento de la banca”. “Con la promulgación de la nueva norma se garantiza a ambos sectores, a los prestatarios como también a los prestamistas”, destacó el Jefe de Estado.

Morales recordó que antes la banca “estafaba y era usurera”, por lo que se consideró la participación del Estado en la redacción de una nueva norma que preserve los derechos tanto de los usuarios como de las entidades financieras. “Es una Ley que respeta todos los derechos de la banca, pero nuestra obligación especialmente es cuidar al prestamista y ahorrista”, aseguró.

El Mandatario argumentó que el gobierno se vio “obligado a intervenir” con una norma para que no incrementen las estafas realizadas por entidades financieras “para el bien” de la población. “Es importante la participación del Estado ya que en algunas entidades financieras hemos notado mediante la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) que estaban estafando, porque algunas aparecen diciendo que están pagando bonos e intereses y la gente se va a ojo cerrado y caen en esa trampa”.

La Ley del Servicios Financieros define como beneficiarios privilegiados del crédito a los sectores productivo y de vivienda social, y defiende sobre todo al cliente del sistema financiero. El Estado, en su condición de rector del sistema, regulará la prestación de servicios y el funcionamiento de las casas de empeño para evitar abusos en el cobro de tasas de interés. También velará por el acceso igualitario a los servicios financieros, y fomentará el crédito a través de un incentivo a los prestatarios que cumplen con los plazos, y validando garantías no convencionales como la maquinaria y el ganado.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas Luis Arce explicó que la Ley de Servicios Financieros incorpora las garantías denominadas “no convencionales, es decir bienes muebles, incluido el ganado, como vaquitas u ovejitas”. Con la antigua Ley de Bancos las entidades financieras aceptaban garantías convencionales, como los inmuebles, para ofrecer créditos, lo que dificultaba a personas del área rural acceder a préstamos. De esta manera “se pretende fomentar y darle una participación importante al sector productivo, al micro y al pequeño productor, que antes tenía que enfrentar serios problemas para adquirir un crédito”.

El ministro de Arce informó además que la nueva norma posibilita al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) actuar como una entidad financiera de primer piso. “En la Ley le estamos dando al BDP, hasta ahora un banco de segundo piso, es decir que no opera directamente con el público, la posibilidad para que pueda actuar directamente como banco de primer piso, y esto a pedido de muchos productores del país”.

Según el artículo 178 de la Ley, el BDP ahora tiene como finalidad principal promover el desarrollo del sector agrícola, ganadero, manufacturero, piscícola y forestal maderable y no maderable. Además, puede ampliar sus servicios a otros sectores productivos, comercio y servicios complementarios a la actividad productiva de Bolivia, otorgando servicios financieros y no financieros de manera directa o a través de terceros.

El Ministro de Economía indicó que la Ley de Servicios Financieros también posibilita que “los productores puedan organizarse en bancos comunales para fomentarse a sí mismos para poder administrar sus propios recursos y poder desarrollar sus actividades para sí mismos”.

Además, la nueva Ley dispone la creación de una “Defensoría del Consumidor Financiero para consolidar la institucionalidad de una defensa del consumidor de servicios financieros”. Esa defensoría estará a cargo de la ASFI y su misión expresa será proteger los derechos de los clientes frente a los actos, hechos u omisiones de las entidades privadas.

La nueva norma obliga al sistema financiero a transparentar la licitación de los servicios de seguros y regula todos los contratos de servicios financieros, eliminando los contratos individuales. “Hoy con la Ley la autoridad del sistema financiero va a proponer un solo contrato para la contratación y apertura de cajas de ahorro y contratos de crédito de manera generalizada para todos, en el que va a contemplar este equilibrio de los derechos”, detalló el ministro Arce.

El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros Mario Guillén reveló que la Ley autoriza a la ASFI modificar los actuales contratos de crédito para vivienda, eliminando algunas clausulas consideradas abusivas, como por ejemplo las relacionadas a los pagos que se realizan por cargos o comisiones en el trámite de préstamo, y también el inciso que faculta a los bancos a cambiar las tasas de interés "en cualquier momento".

Los contratos de crédito para vivienda suscritos antes de la aprobación de la nueva Ley de Servicios Financieros deberán adecuarse a lo dispuesto en la nueva norma. Con dicha regularización se busca "que desaparezcan esas clausulas abusivas que no te permiten terminar un contrato antes, y que les permiten (a los bancos) cambiar las tasas de interés y los plazos; ese tipo de cosas ya no existirán una vez que salga la Ley", aseguró Guillén en marzo de este año.

Los contratos podrán ser modificados también a iniciativa de la entidad bancaria emisora del préstamo, pero sólo cuando el cambio sea considerado por la ASFI como "beneficioso para el prestatario". "En caso de que no sea beneficioso para el cliente, el contrato tiene que terminar tal como empezó, y eso es importante porque les vamos a quitar a los bancos la posibilidad de cambiarte la tasa, cambiarle el plazo, cambiarte hasta la moneda a veces", remarcó Guillén.

Según la Fundación Milenio, lo medular de la Ley es la incorporación del control de precios en el mundo financiero por medio de decreto supremo (control de tasas de interés), y la obligación de la banca de prestar recursos a los sectores que el gobierno vea conveniente (control de cartera). En otras palabras, "el gobierno se convierte en la autoridad de la actividad financiera (no solo el regulador por medio de ASFI), pero los responsables son los administradores de bancos que se convierten en simples operadores. De intermediadores financieros pasaran a ser operativos del gobierno".

En los debates previos a la promulgación de la norma, el secretario Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) Nelson Villalobos dijo que su sector aceptó la regulación estatal de los contratos de crédito para vivienda, pero pidió que la regulación se aplique solo a los documentos considerados "masivos" (pequeños o medianos) y no a los "especiales", que son para emprendimientos empresariales de gran dimensión.

Este miércoles el presidente de Asoban Kurt Koeningfest consideró que la nueva Ley de Servicios Financieros "no es un instrumento legal más ya que se trata de una ley fundamental para la economía del país que va a tener efectos significativos, tanto para el consumidor financiero como para las entidades bancarias".

Koeningfest, quien participó en la promulgación de la norma a cargo del Presidente Morales, dijo que era necesario contar con una nueva norma que remplace a la Ley de Bancos que quedó "obsoleta" por la transformación del país y por la evolución de los instrumentos del mercado. A modo de ejemplo, reveló que como resultado de la "bancarización" e inclusión financiera, en la actualidad el sistema financiero cuenta con 2.800 puntos para atender a más de 4 millones de ciudadanos y canaliza recursos económicos para 850 mil prestatarios.

La "bancarización" se refleja también en la creciente relación de los depósitos respecto al producto Interno Bruto (PIB), que al 30 de junio corresponde al 46%, según la ASFI. Los préstamos llegan casi a 9 mil millones de dólares, 1.600 millones de dólares (22%) de incremento en los últimos 12 meses. Los depósitos del público a junio llegan a casi 12 mil millones de dólares con un crecimiento de 1.800 millones de dólares en los últimos 12 meses (12%).

Koeningfest añadió que las tasas de interés para créditos se mantienen bajas y se inscriben como las más bajas de la región, mientras que la mora es la "más baja de la historia", pues el 98% de créditos se pagan de acuerdo con el cronograma establecido. Esos indicadores, subrayó, "demuestran que los bancos trabajan por la inclusión financiera y en consecuencia por el desarrollo del país".

Por su parte, el representante de la Asociación de Entidades Financieras de Productores (Fidenpro) Faustino Huanca apreció la inclusión de su sector en la nueva Ley y aseveró que el sistema financiero “debe cumplir una función social incluyente en lugar de ser un negocio, debe ser capaz de atender a pequeños productores”.

El representante de Findepro recordó que durante muchos gobiernos el sistema financiero servía para “discriminar” y “excluirpremeditadamente” a los pequeños productores porque no representaban un negocio para la banca. Como resultado del proceso de cambio que vive el país desde 2006, esa situación cambió y en la actualidad se consolida la inclusión de quienes tienen bajos recursos y se dedican a la pequeña producción.

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