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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2013-07-09 a horas: 18:23:21

A un año del conflicto en Mallku Quta

Criminalización de la protesta y violencia estatal impunes

Carmen Aliaga y Emilio Madrid *

Hace un año atrás, el 10 de julio de 2012, después de dos meses de un conflicto con muchos momentos de tensión y violencia, el presidente Evo Morales finalmente accedió a la demanda de las comunidades del Norte de Potosí, organizadas en la Federación de Ayllus Originarios Nación Charkas Qara Qara (FAOI-NP) afiliados a la CONAMAQ, de revertir al Estado las concesiones mineras de la empresa canadiense South American Silver, en la zona de Mallku Quta del municipio de Sacaca, provincia Alonso de Ibáñez de Potosí.

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Mallku Quta está pasando a la historia de las luchas de los pueblos en resistencia contra la minería transnacional, como uno caso emblemático de la instrumentalización del poder estatal en la protección de los intereses mineros y el reforzamiento del anclaje económico del país en el desarrollo extractivista primario exportador. Dos hechos de la actuación del Estado en este conflicto, debe llamarnos la atención, por un lado el abuso y mala fe en la criminalización y desprestigio de los movimientos en resistencia y sus líderes y por otro la poca voluntad para esclarecer y sancionar el uso de la violencia estatal, dejando en la impunidad a los responsables de crímenes contra la resistencia de los pueblos.

La detención del Curaca Cancio Rojas: Criminalización de la protesta con rasgos de lógicas coloniales y racistas

El 21 de mayo de 2012, la autoridad originaria Cancio Rojas curaca de la marca Sacaca fue detenido en la ciudad de La Paz, acusado de secuestro e intento de asesinato de dos policías, luego de los sucesos del 6 al 9 de mayo en la comunidad de Mallku Quta cuando, a requerimiento de la empresa South American Silver, un contingente policial ingresó en esa comunidad aproximadamente a las 5:00 a.m. para detener a los líderes que encabezaron, en días previos, el desalojo de esa transnacional de su territorio.

Lo paradójico del caso es que el curaca Cancio Rojas no se encontraba en Mallku Quta durante los días del conflicto. Desde días antes se encontraba en la ciudad sede de gobierno La Paz, presentando peticiones ante el ministerio de minería y cuando sucedió la intervención policial, se limitó a denunciar ese hecho en los medios de comunicación de esa ciudad.

Sin embargo, a sabiendas de su inocencia, fue detenido y presentado públicamente como “secuestrador” y “victimario” de los policías que intervinieron en el operativo, cuya legalidad tampoco fue esclarecida. Durante los momentos más tensos del conflicto, cuando las comunidades del Norte de Potosí con la participación activa de cerca de 8mil comunarios iniciaron acciones de presión, pidiendo la reversión del yacimiento minero al Estado y la libertad del curaca Cancio Rojas, el gobierno junto a la policía iniciaron una abierta campaña de condena y sentencia pública contra el curaca y las comunidades.

Desde el viernes 8 de junio, tanto el ministerio de gobierno como el comando nacional de la policía de entonces, hicieron declaraciones públicas en los medios de comunicación respaldando el falso testimonio acusatorio contra de Cancio Rojas. Propiciaron una “Condena Social” contra esta autoridad originaria y el conjunto de los miembros de la comunidad, sin pruebas, sin que hayan concluido las investigaciones, solo respaldados en el poder estatal, como se puede evidenciar en las siguientes citas periodísticas:

“El dirigente campesino Cancio Rojas fue identificado hoy como autor del secuestro y vejaciones a dos policías en la región Mallku Khota en el norte del departamento de Potosí. Los uniformados fueron presentados por el comandante de la Policía Nacional, coronel Víctor Maldonado, para que transmitan un relato de lo vivido entre el 7 al 9 de mayo.” (Los Tiempos, Cochabamba 8 de junio de 2012, resaltado nuestro)

“(Carlos Romero) Recordó que Rojas está detenido por incurrir en una tipificación jurídico penal referida al ‘intento de asesinato contra dos policías’. ‘Particularmente por el secuestro de un policía y la amenaza de enterrarlo vivo y la negativa de haber permitido que pueda haber recibido atención medica después que fue brutalmente golpeado y necesitaba atención médica’, detalló”. (Agencia ABI 8 de junio de 2012)

Al momento de hacer declaraciones en los medios de comunicación, no informaron a la población que desde el momento mismo de su detención el curaca Cancio Rojas declaró no haber estado en el lugar de los hechos, no informaron a la población que después de su encarcelamiento, la policía recibió declaraciones de testigos y recibió certificaciones emitidas por los medios de comunicación que probaban que Cancio Rojas no estuvo en Mallku Quta. Al momento de hablar ante los medios, para estas autoridades, solo una versión era válida la de los policías, las otras versiones, de la autoridad originaria, de los testigos muchos de ellos indígenas, no tenían valor ¿Por ser indígenas?

Salta a la vista que la intención en este caso, no respondió a un propósito de búsqueda de la verdad, sino al de instalar en la opinión pública la imagen de una comunidad indígena violenta y belicosa, que no se somete a la legalidad, se apeló a revivir la imagen del “Indio salvaje y cruel”, que durante los siglos XIX y XX sirvió para justificar medidas de genocidio y exclusión contra las comunidades indígenas originarias, como lo demostró categóricamente Ramiro Condarco en una de sus obras consideradas épicas en la denuncia de la mentalidad racista de finales del siglo XIX.

"El juicio dominante que la sociedad del ochocientos adopta sobre él (indio), restablece el criterio preconizado por algunas corrientes de opinión imperante en los mejores días del periodo colonial: el indio es sucio, ignorante, torpe de entendimiento, violento, cruel y sanguinario" (Condarco 1983: 37)

Solo eso explica porque se alentó la amplia difusión de un testimonio falso, no verificado. Como demuestra un estudio del Observatorio del racismo en Bolivia (2007), constituido por el Defensor del Pueblo y la Universidad de la Cordillera, este tipo de declaraciones pueden entenderse como “mecanismos verbales y simbólicos de inferiorización que se asocian y refuerzan por significados que vinculan lo indio a lo salvaje, lo profano, lo irracional y lo ilegal; es decir nociones que siempre aluden ideas de impureza y transgresión de las leyes y la moral”.

Como siempre, la justicia tarda mucho en llegar, sobre todo cuando se es pobre, indígena y se está en contra de una transnacional minera, en este caso después de 10 meses de haberse dictado su aprensión y encarcelamiento, finalmente el 15 de marzo del año 2013, la fiscalía de Potosí dictó el sobreseimiento del proceso contra Cancio Rojas por ausencia de pruebas, aunque aun todavía está enfrentando otro proceso menor por denuncias también falsas, afortunadamente se le han restituido todos sus derechos, se le ha devuelto el dinero de su fianza y se le ha levantado la orden de arraigo. Una actitud ética y no discriminadora, hubiera procurado que al igual que se obró al condenarlo públicamente ante los medios, el ministerio de gobierno y la policía llamasen a una conferencia de prensa conjunta para decir públicamente que Cancio Rojas era inocente de todo lo que le acusaron.

Violencia estatal impune: La muerte de Juan Mamani, un año sin investigación ni culpables

Antes de que el conflicto alcanzará solución, el jueves 5 de julio, en horas de la tarde, se produjo un intento de intervención policial en Mallku Quta con el saldo de cuatro comunarios heridos de bala y un muerto, el comunario Juan Mamani Mamani, quien fue victimado con un disparo en su cráneo. Al momento de llegar a un acuerdo entre comunarios y gobierno para que finalmente se cancelen los derechos de la transnacional minera en la zona, el compromiso de las autoridades de gobierno fue la de iniciar las investigaciones y dar con los responsables de la muerte del comunario y los heridos de bala. Se ha cumplido un año, desde ese compromiso sin ningún resultado.

Qué gran contraste existe, entre la celeridad con la cual la policía y el gobierno actuaron para criminalizar con falsas acusaciones y encarcelar a Cancio Rojas y la lentitud e ineficiencia para dar con los responsables de la muerte del comunario Juan Mamani.

Criminalizar vs. ejercer derechos: Dos comprensiones opuestas para que no se repitan los hechos de Mallku Quta

Los deseos de cualquier persona identificada con defender los derechos humanos, la justicia y los valores de convivencia democrática seguramente apuntarían a que se generen las mejores garantías institucionales y normativas para que no vuelvan a reeditarse situaciones como el encarcelamiento sin pruebas de personas inocentes, el uso del poder estatal para emitir “condenas sociales” en los medios de comunicación, o la falta de castigo e investigación de los responsables de muertes y heridos durante los conflictos sociales en defensa de los recursos naturales.

Lamentablemente, quienes tienen el poder para implementar esas mínimas garantías a favor de la población, tienen una comprensión opuesta. Al parecer, Mallku Quta está sirviendo de modelo para evitar que la resistencia de una comunidad contra la minería transnacional no llegue tan lejos. Es así que el 1° de mayo de este año, el gobierno promulgó la Ley N° 367 que penaliza los “avasallamientos mineros” con sanciones de cárcel de entre 6 a 8 años, para quienes obstaculicen las actividades mineras. Parece ser que, la intención desde el poder estatal es evitar otros Mallku Quta donde la población expulse a las empresas mineras, para ello se diseñan leyes con el objetivo de encarcelar desde el primer momento a quienes se opongan a la minería en sus territorios.

Sin embargo, Mallku Quta también demostró que cuando las comunidades se organizan defendiendo sus derechos, no hay criminalización ni violencia estatal que los detenga.

* Colectivo CASA.

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