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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2013-06-26 a horas: 00:20:01

Por daño económico al Estado

Condenan al senador Roger Pinto a un año de reclusión

(ABI y agencias).- El Tribunal Primero de Sentencia del departamento de Pando condenó a un año de reclusión al senador de Convergencia Nacional (CN) Roger Pinto por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado de más de 11 millones de bolivianos, informó el fiscal Carlos Cuellar.

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Pinto, que se encuentra refugiado en la Embajada de Brasil en La Paz en calidad de asilado político desde el 28 de mayo de 2012, fue procesado por causar un daño económico al Estado de 11.877.142 bolivianos durante su gestión como director de Zona Franca Cobija (Zofra-Cobija) en el año 2000, al haber asignado recursos de manera irregular a la Universidad Amazónica de Pando (UAP).

“El Tribunal de Sentencia encontró suficientes elementos para declarar culpable al senador Pinto por la comisión de los tres delitos que se le había acusado, determinando una condena de un año”, precisó el fiscal Cuellar en una nota de prensa institucional enviada a la agencia estatal ABI.

Pinto enfrenta más de una veintena de juicios, razón por la cual el gobierno boliviano le negó el salvoconducto para que abandonara el país con destino a Brasil. Una comisión bilateral integrada por el canciller David Choquehuanca, su homólogo Antonio Patriota y expertos en la materia analizaba el caso del senador opositor desde marzo pasado.

Meses atrás el gobierno boliviano presentó una argumentación legal y constitucional a Brasil para que conozca del “error” que cometió al otorgar el asilo político a Pinto. “El objetivo va a ser revertir el asilo político e impedir que el senador viaje al vecino país y evada responsabilidades, porque estamos seguros de que no hay ninguna persecución política. Esta va a ser la oportunidad para demostrar que es un tema jurídico”, dijo el diputado Galo Bonifaz (MAS).

La ministra de Comunicación Amanda Dávila comentó que el Estado boliviano no puede otorgar un salvoconducto a Pinto ni aceptar el asilo político para una persona que tiene procesos en la justicia ordinaria por causas que tienen que ver con delitos comunes. “El gobierno boliviano no cederá ante una presión de un Embajador que está asumiendo una vocería política y no un papel de diplomático como tiene que ser”, afirmó Dávila aludiendo al ex embajador brasilero en Bolivia Marcel Biato.

De la misma manera, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Nardi Suxo criticó a Brasil por asilar al legislador opositor sin considerar siquiera los antecedentes de su caso. Pinto enfrenta cargos por al menos 20 procesos penales por la comisión de delitos comunes cuando ejercía como prefecto de Pando en 2001, incluidas cinco denuncias por casos de corrupción y daño económico provisional ocasionado al Estado supera los 6 millones de dólares.

La semana pasada el diario brasileño Folha de Sao Paulo informó que autoridades de Brasil y Bolivia resolverían en breve el caso Pinto, ya que el gobierno boliviano habría flexibilizado su posición inicial de exigir a Brasil que revoque el asilo político concedido a Pinto.

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