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Área: Economía >> Minería
Actualizado el 2013-05-03 a horas: 19:55:30

El Estado boliviano enfrenta al menos 12 procesos arbitrales interpuestos por transnacionales

South American Silver demanda a Bolivia por la nacionalización de Mallku Khota

La transnacional canadiense South American Silver inició el 30 de abril un arbitraje internacional contra el Estado boliviano por la nacionalización de su concesión minera en el cerro Mallku Khota del departamento de Potosí. El ministro de Minería y Metalurgia Mario Virreira confirmó que se realizan las gestiones correspondientes ante la Procuraduría General del Estado (PGE) para responder a la demanda arbitral.

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El cerro Mallku Khota, un yacimiento donde se presume existe plata, indio y galio, fue escenario de una escalada de conflictos sociales en 2012, que se zanjaron con la reversión del yacimiento, administrado hasta entonces por la Empresa Minera Mallku Khota, filial de la canadiense South American Silver. (ABI)

El 1 agosto de 2012 el gobierno de Evo Morales revirtió “al dominio originario del Estado las Autorizaciones Transitorias Especiales mineras denominadas” Mallku Khota, Jalsuri, Alkasi, Cobra, Viento, Takhuani, Takhaua, Daniel, Antacuna, Norma y Silluta mediante Decreto Supremo 1308, e instruyó a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) contratar a una empresa independiente para valorar las inversiones ejecutadas por los inversionistas.

South American Silver asegura que hizo varios intentos para llegar a un acuerdo amistoso y lograr una indemnización de por lo menos 25 millones de dólares. Según el Ministerio de Minería la firma canadiense no realizó ninguna gestión administrativa ante autoridades nacionales para demostrar que es la casa matriz de la Empresa Minera Mallku Khota.

“Si hizo algunas gestiones esa transnacional, lo hizo a espaldas del pueblo boliviano, a espaldas de las autoridades de ese momento porque South American Silver no está registrada en ninguno de los registros que tenemos en nuestro país”, explicó el ministro Virreira a la agencia ABI.

La autoridad recordó que Comibol inició un estudio técnico para precisar la inversión real que hizo la minera en Bolivia, cuyos resultados estarán listos en un plazo de tres meses. El gobierno está dispuesto a compensar a la canadiense por los estudios realizados en el yacimiento, pero considera que la firma uso el yacimiento para especular en las bolsas de valores. Virreira afirmó que el gobierno tiene todos los registros y evidencias para demostrar ante cualquier tribunal internacional que la canadiense no invirtió en el país.

Según la Fundación Milenio, la política de nacionalización endeudó al país con más de 1.147 millones de dólares por indemnizaciones. Hasta la fecha existen cerca de 12 notificaciones de controversias internacionales contra el Estado boliviano, procesos que están a cargo de la Sub Procuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, informó el procurador general del Estado Hugo Montero.

La PGE concluyó tres arbitrajes internacionales con las empresas Atlas Precius Metal Inc., que gerenciaba el complejo metalúrgico de Karachipampa, y GDF-Suez de Francia y Carlson Dividend Facilityt, accionistas de la empresa eléctrica Corani, nacionalizada en mayo de 2010. El Decreto supremo 493 emitido el 1 de mayo de 2010 nacionalizó el paquete accionario que poseían los inversionistas extranjeros en las empresas Corani, Valle Hermoso y Guaracachi.

La Procuraduría supervisó la firma de la resolución de contrato de riesgo compartido suscrito por la canadiense Atlas y la Comibol para la reactivación de la metalúrgica Karachipampa. La controversia se inició en junio de 2010 cuando Comibol ejecutó una boleta de garantía por 850 mil dólares debido al incumplimiento de inversión total para la puesta en marcha de la fundición de oro, plata y estaño. En respuesta la empresa demandó al Estado y reclamó dos millones de dólares de compensación, además de la devolución de la boleta de garantía.

Luego de negociaciones realizadas bajo la supervisión de la Procuraduría, Atlas entregó la planta de Karachipampa el 30 de diciembre de 2010 y luego firmó con Comibol un contrato transaccional de liberación general y recíproca de obligaciones. Comibol reconocerá a Atlas el pago de 750 mil dólares por las inversiones efectuadas en la primera fase en el complejo de Karachipampa.

El procurador Montero dijo que también fueron solucionadas de manera amistosa las controversias con la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC) que reclamaba compensación por la compra forzada de sus acciones en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). La Procuraduría acompañó el cierre de la operación transaccional de compensación de acciones de Corani a la empresa Carlson Dividend Facility SA, que poseía el 0,65% de las acciones por un valor equivalente a 240 mil dólares.

GDF-Suez de Francia, accionista de la empresa nacionalizada Corani, demandó la compensación de sus acciones, previa evaluación de una empresa independiente que determinó el pago de 18,4 millones de dólares por el 50% del paquete accionario. En este caso se logró suspender definitivamente el arbitraje y evitar al Estado boliviano el gasto de un arbitraje internacional que oscila entre tres y cuatro millones de dólares.

Por otro lado, está pendiente de resolución una demanda de Jindal Steel and Power Limited (JSPL) que el 16 de julio de 2012 dio por terminado el contrato de riesgo compartido suscrito en 2007 con la Empresa Siderúrgica del Mutún, acusando a ésta de incumplir con sus obligaciones contractuales, entre ellas el suministro de gas natural y la entrega total del área de operaciones en el Mutún, ubicado en el departamento de Santa Cruz.

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