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Área: Internacional >> Latinoamérica
Actualizado el 2013-03-23 a horas: 04:26:47

Prevalece la injusticia y el racismo contra los pueblos indígenas

México: La justicia entre rejas junto al indígena tzotzil Patishtán

Silvia Martínez Puentes *

México (PL).- El derecho a la justicia del indígena tzotzil Alberto Patishtán está tan encerrado entre barrotes como él, que se auto declara preso político de la Voz del Amate del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia mexicana le negó al maestro indígena de educación bilingüe su solicitud de reconocimiento de inocencia.

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Desde hace más de 12 años está preso por presunto asesinato de siete policías durante una emboscada en la carretera Simojovel-El Bosque, estado de Chiapas, por lo que fue condenado a 60 años de cárcel. En la Corte dos jueces lo vieron inocente y pidieron su liberación, pero otros tres decidieron que el caso no reunía los elementos suficientes para que deliberara sobre él. Ello a contrapelo de organizaciones mexicanas y de todo el mundo que reclaman libertad por ser un proceso viciado de origen y violatorio de los derechos humanos.

Pero no bastó y el caso fue pasado a un tribunal colegiado del estado de Chiapas para sí entendía procediera a la petición, a sabiendas de cuán difícil resulta que un juzgado se pronuncie contrario a lo resuelto por la Corte. La abogada de la defensa Olga Sánchez sostuvo la tesis de libertad para el acusado a partir de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, por las graves violaciones procesales ocurridas durante el juicio. La declaración del único testigo que identificó al acusado como parte de la emboscada nunca fue sometida al escrutinio y a un debido interrogatorio.

Mientras los testigos de descargo demostraron que el reo no estaba en el lugar de los hechos cuando ocurrió el ataque, pero tales testimonios fueron desechados sin sustento sólido. El abogado Leonel Rivero sostiene que Patishtán no solo es inocente, sino que el recurso de reconocimiento de su inocencia está bien sustentado legalmente. Asimismo, lamentó que la Corte haya dejado pasar la oportunidad de hacer un acto de justicia ante un caso elemental de derechos humanos.

Desde el penal de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, donde se encuentra retenido, el profesor tzotzil en todos los años de prisión denuncia cada día la injusticia de que es objeto y lo infundada de su condena. Justo el día del fallo de la Suprema Corte, el escritor británico John Berger expresó disgusto y tristeza. Es la injusticia (y la estupidez), expresó en un comunicado personal el novelista, ensayista y poeta, junto a su esposa, defensores de las luchas de los pueblos en distintas partes del mundo.

Contra la decisión de esa instancia judicial también se pronunció la Red contra la Represión y por la Solidaridad, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y además protectora de los derechos de los presos indígenas de Chiapas. Para esa organización los ministros a cargo del caso actuaron con arrogancia y discriminación, y una vez más prevaleció la injusticia y el racismo contra los pueblos indígenas y los presos políticos que se encuentran en las cárceles mexicanas.

Las campaña por la liberación de Patishtán concita solidaridad internacional, mientras organizaciones laborales y colectivos europeos le expresan su apoyo, como la enviada desde Paris, Francia, en términos de que “Pase lo que pase, (...), sabemos que usted está ahí encerrado porque su corazón nació rebelde, indígena y pobre”.

En la última semana mundial por la libertad de los indígenas, en nombre del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil (MST) Rafael Vilas declaró que si el gobierno mexicano no quiere ser juzgado en las cortes internacionales por crímenes contra la población y los movimientos populares debe liberar al profesor Patishtán y al zapatista Francisco Santiz, también preso injustamente.

Si Patishtán sigue preso es por competente, porque el trabajo que hacía era muy bueno, no por criminal. No es un enemigo, sino un orgullo para el país, expresó Vilas. También el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, pidió al Primer Tribunal Colegiado de Distrito, a que “cumpla con su deber jurídico” y ponga en libertad al reo prozapatista.

El organismo en un comunicado consideró que la Corte “al desestimar su competencia en el caso (...) constituye una denegación de justicia a miles de personas cuyos procesos estuvieron repletos de irregularidades, tal como es el caso de Patishtán”.

¿Por qué unos si y otros no?

Tras la liberación de la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro de personas, por errores del debido proceso, otros muchos también con tratamientos indebidos por parte de la justicia, salen a la palestra, entre ellos el de Patishtán, a quienes ese derecho constitucional les ha sido negado. La pregunta va y viene en cada escrito y conversación sobre el tema, ¿por qué a la francesa sí?, ¿por francesa? ¿Por qué a Patishtán no? ¿Por indígena?

El diario La Jornada en un editorial publicado luego del fallo del jurado reflexionó sobre los vicios y las faltas al debido proceso judicial observados en el acto de condena de Patishtán. Este no es menos grave y escandaloso que los de Cassez y los autores materiales de la matanza de Acteal, ambos saldados con la liberación de los inculpados por ese propio tribunal y debido a violaciones judiciales como mismo ocurre con el indígena tzotzil, señaló el periódico.

Explicó que la principal prueba empleada en su contra –el testimonio inculpatorio del único sobreviviente en el ataque referido– fue desvirtuada por las propias autoridades judiciales responsables del caso, a grado tal que liberaron a otro de los inculpados en el mismo episodio y con el mismo testimonio. Por lo cual, dijo, “No es gratuito, en suma, que para muchos sectores de la opinión pública nacional e internacional la resolución de la Corte generen sentimientos de disgusto y tristeza”.

La pregunta que muchos se hacen, entre ellos La Jornada, es si las decisiones del tribunal de liberar a personas sentenciadas por faltas al debido proceso fueron en justo apego a criterios jurídicos o incidieron presiones políticas y de poderes fácticos tanto externos como internos. Se califica de improbable que un tribunal de Chiapas se turne el caso de Patishtán, pero no son pocos, como el propio rotativo, que apuestan a no cejar, e incluso a recurrir a un indulto presidencial como vía para subsanar una injusticia emblemática.

* Corresponsal de Prensa Latina en México.

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