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Área: Internacional >> Latinoamérica
Actualizado el 2013-03-23 a horas: 03:22:51

Desalojos masivos de tierras comunales y 78 muertos en valle hondureño del Bajo Aguán

DEA versus miskitos hondureños, nuevo capítulo de la guerra antidroga

Isabel Soto Mayedo *

La Habana y Tegucigalpa.- Un nuevo capítulo de la cuestionada guerra contra el narcotráfico cobra forma en Honduras, donde agentes del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) operan con militares del país centroamericano y violan los derechos humanos de esa nación. Movimientos sociales concuerdan en que cada vez es más evidente la iraquización del territorio y el descalabro de su estado fallido, que sigue sujeto al guión fabricado por el Comando Sur de Estados Unidos.

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De acuerdo con la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), ello queda evidenciado en el despegue de la criminalidad en el país, que llegó a colocarse en el primer puesto en homicidios (86 por cada 100 mil habitantes) y sirve de escenario al imparable tráfico de armas. Mas, en mayo de 2012, nuevos hechos corroboraron las denuncias de las organizaciones civiles y otros entes ciudadanos contra los efectos del reforzamiento de la presencia norteña tras el golpe de Estado, acaecido en junio de 2009.

Agentes de la DEA causaron la muerte de cuatro personas durante un operativo junto a policías locales el 11 de mayo del año pasado, reforzando el rechazo de los lugareños a las fuerzas norteamericanas que actúan en el territorio bajo el supuesto de la lucha contra el narcotráfico. Los habitantes de La Mosquitia, poblada en su mayor parte por indígenas, quemaron varias oficinas gubernamentales del área en protesta por el ataque a una canoa que atravesaba el río Patuca.

En un comunicado, los manifestantes reclamaron que los agentes de la DEA salgan de una vez del territorio, para acabar con el fuego cruzado bajo el cual están esas comunidades hace años por los choques entre narcotraficantes y agentes del estado, con apoyo de la fuerza extranjera. Los líderes de las comunidades indígenas masta, diunat, rayaka, batiasta y bamiasta, afirmaron que quienes iban en la canoa eran pescadores, no narcotraficantes.

Respecto a lo acontecido el 11 de mayo, el alcalde del poblado costero de Ahuás Lucio Vaquedano confirmó que los pobladores inocentes y ajenos al problema de las drogas se transportaban en una lancha en sus actividades cotidianas de pesca y los ametrallaron desde el aire. Cuatro perecieron, entre ellos dos embarazadas, y otros cuatro terminaron hospitalizados en la ciudad de La Ceiba por las lesiones recibidas debido a los disparos de ametralladoras esgrimidas por los uniformados desde un helicóptero.

La portavoz de la DEA Dawn Dearden confirmó que agentes estadounidenses estuvieron presentes en la matanza en el río Patuca y en otro episodio similar ocurrido también en mayo. “Estábamos allí en un papel de apoyo, trabajando con nuestros homólogos”, expresó Dearden. El jefe nacional de la Policía de Honduras, comisionado Ricardo Ramírez, admitió también que el operativo se realizó con el respaldo de la DEA, pero alegó que los ocupantes del bote transportaban drogas y que le dispararon al helicóptero.

Comunidades y organizaciones civiles condenaron tales pronunciamientos porque tratan de ocultar la verdad acerca de la actuación de la DEA, con oficinas en el país centroamericano y respaldadas por tres bases de operaciones forward o de avanzada construidas en Honduras con fondos del Departamento de Estado.

Lo sucedido el día 11, en aguas del Patuca, es un indicador de la violencia a la que es sometido el pueblo miskito por agentes de la DEA junto a los policías hondureños, a juicio de Ofraneh. Tales acciones militares, además del feudalismo tardío imperante en esa zona del país y la pobreza resultante de este, dejaron hasta ahora más de 1.700 lisiados y una gran cantidad de muertos, según la agrupación.

La aplicación en ese ámbito de técnicas de contrainsurgencia perfeccionadas en las guerras de Afganistán e Irak es criticada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que denunció la represión militar contra las protestas pacíficas de la ciudadanía. El movimiento, reconocido por su papel protagónico en la lucha contra el golpe de Estado, exigió liberar a los apresados en estas manifestaciones, orientadas a frenar la injerencia extranjera y la de los empresarios madereros en sus territorios.

Al mismo tiempo, denunció que elementos policiales persiguen a miembros del grupo pertenecientes a la comunidad lenca de la Cuchilla, en el Municipio de Ceguaca, departamento de Santa Bárbara. Alertó, además, que la policía hondureña e industriales madereros agraden a los tolupanes de la comunidad de Lavanderos, en la Montaña de la Flor, por defender estos los bosques de su territorio del saqueo al cual son sometidos de modo permanente.

Todas estas operaciones represivas guardan relación con la supuesta lucha contra el narcotráfico, el desplazamiento de la Cuarta Flota, los componentes sobre militarización y seguridad en los Tratados de Libre Comercio y el Proyecto de Seguridad para Centroamérica, opina Copinh. Igual, están emparentados con los planes de los organismos financieros internacionales, el golpe de Estado en Honduras y el incremento de tropas, bases y operaciones guerreristas que violentan los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios.

The New York Times, diario norteamericano, corroboró que Honduras devino el centro de la guerra contra los cárteles de la droga, los cuales utilizan cada vez más sus zonas desprotegidas para transitar con la cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos. La DEA mantiene una oficina en ese país y el Departamento de Estado sostiene que trabaja con militares hondureños para detener a los narcotraficantes, porque el 79% de todos los vuelos de contrabando de cocaína que salen del sur primero aterrizan allí.

Bajo el supuesto de la lucha antinarcóticos, Estados Unidos sostiene en suelo hondureño escuadrones Fleet Air Superiority Training (FAST) y un Equipo de Apoyo Consultivo, encargado de capacitar y trabajar con tropas locales en el hemisferio occidental, informó el sitio www.tiempo.hn En ese territorio, los militares construyeron tres bases de operaciones forward o de avanzada en zonas aisladas, para que los helicópteros aprendan a responder de modo más rápido a las alertas recibidas.

Especialistas de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos, con sede en Washington, alertaron sobre el aumento de las violaciones de los derechos humanos a la par de las acciones de agentes de la DEA con policías y militares en operaciones antidrogas en esta zona. Según el diario hondureño La Tribuna, el investigador asociado a la institución, George Withers, expresó su preocupación porque Estados Unidos fomente el uso del ejército para el trabajo policial.

Pero pese a las críticas por el uso de Honduras como centro de operaciones militares con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, el gobierno de Porfirio Lobo insiste en que los estadounidenses sólo apoyan logísticamente a sus pares en el tradicional enclave norteño en Centroamérica. El mandatario desoye a quienes coinciden en enlazar esto a la guerra de baja intensidad y a la implementación del terror, estrategias promovidas en este siglo por Estados Unidos para cimentar su hegemonía y el saqueo de recursos en todo el mundo.

La Copinh recordó la impunidad que pesa aún sobre los policías que asesinaron al integrante del grupo Santos Alberto Domínguez, así como la participación de las tropas norteñas en la represión contra los campesinos en el Bajo Aguán. Destacó que elementos policiales siguen persiguiendo a miembros de Copinh pertenecientes a la comunidad lenca de la Cuchilla, en el municipio de Ceguaca, departamento de Santa Bárbara.

La agrupación alertó que la policía hondureña e industriales madereros planifican agredir a los tolupanes de la comunidad de Lavanderos, en la montaña de la Flor, que procuran defender los bosques de su territorio del saqueo a que son sometidos de modo permanente. Todas estas operaciones represivas guardan relación con la supuesta lucha contra el narcotráfico, el desplazamiento de la Cuarta Flota, los componentes sobre militarización y seguridad en los Tratados de Libre Comercio, y el Proyecto de Seguridad para Centroamérica.

Chortis hondureños reclaman sus tierras

Casi tres mil indígenas de 88 comunidades maya-chorti bloquearon el acceso al Parque Arqueológico Ruinas de Copán durante tres días para forzar al gobierno hondureño a cumplir con los compromisos establecidos con el sector. Los integrantes del Consejo Nacional Indígena Maya Chorti (Conimch) solo suspendieron la protesta tras lograr que la administración de Porfirio Lobo aceptara comprar terrenos vendidos a particulares sin consultarlos y reubicar en ellos a familias del pueblo originario.

El convenio firmado por ambas partes contempla 12 puntos, similares a otros de su tipo establecidos en 1997, 2008, y 2009, e incumplidos hasta el momento por las autoridades estatales hondureñas. Entre los aspectos acordados en esta ocasión destaca el compromiso de las autoridades de gestionar la anulación de una orden de desalojo de 350 manzanas de tierra ocupadas por los nativos en la comunidad Nueva Estancuela, explicó el titular de Conimch Óscar Acosta.

También incluye la rehabilitación del fideicomiso que el gobierno aceptó tomar en cuenta en el presupuesto de la nación desde 2008 y 2009, y la compra a terratenientes de la zona de miles de hectáreas con esos fondos para reubicar a unas 35 familias maya-chorti sin hogar. Funcionarios de los institutos Nacional Agrario (INA) y de Antropología e Historia, así como el ministro para Pueblos Indígenas de Honduras, Luis Green, admitieron seguir el proceso de adjudicación de unas 800 manzanas de tierra (1.400 hectáreas) a la comunidad de El Rosario, Copán.

Al mismo tiempo aceptaron coordinar una reunión con el ministro de Educación Alejandro Ventura, y con su homólogo de Cultura, Artes y Deportes Bernard Martínez para garantizar el acceso de los nativos al sistema de enseñanza, el respeto a sus tradiciones, y el apoyo a la Conimch. Los acuerdos entre los indígenas y el Estado incluyen una entrega oficial de títulos de propiedad sobre la tierra a ocho comunidades originarias, el 27 de octubre de 2011, en el Parque Arqueológico Ruinas de Copán.

Pese a acuerdos alcanzados en otros momentos con representantes estatales, los pueblos originarios en el país centroamericano son perseguidos y encarcelados por pelear por los territorios que les corresponden desde tiempos ancestrales, de acuerdo con el dirigente. Copán es una instancia de flujo económico en el país y también una herencia de nuestros antepasados, de cuyo legado no tenemos ningún beneficio, puntualizó Acosta en el contexto del bloqueo a la reserva arqueológica de Copán, iniciada el 13 de octubre de 2011.

Después del golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya (2009), el Poder Ejecutivo y el Legislativo emitieron una serie de leyes contra los derechos de los pueblos indígenas, confirmó la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh). En enero de 2010, el Congreso Nacional aprobó la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022 sin informar ni consultar a los nativos, pese a que su ejecución impactaría a esas comunidades, ejemplificó la agrupación de los afrodescendientes o garífunas, mediante un comunicado.

El documento rememoró que el ente parlamentario avaló el pasado año medio centenar de decretos relacionados con la "energía limpia" y facultó a familias de la elite de poder para construir represas hidroeléctricas en todo el país. Tales iniciativas de corte neoliberal, a juicio de la Ofraneh, permiten el saqueo de la biodiversidad y facilitan la apropiación de territorios de los pueblos indígenas y garífunas.

Frente a esa situación, la organización civil recurrió al Sistema Interamericano de Justicia a fin de evitar "la tercera expulsión del pueblo garífuna" y criticó la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo, conocida como "Ciudad modelo". Esta normativa está concebida para subastar franjas del territorio nacional al capital extranjero y beneficiar a los empresarios nacionales ligados a esos intereses, añade la resolución pública, divulgada por medios de comunicación hondureños.

Ofraneh relacionó el despojo de las comunidades de la bahía de Trujillo para beneficiar a la multinacional canadiense Banana Coast y a su promotor, Randy Jorgensen o "El Rey del Porno", sin que las autoridades consideraran las denuncias contra el proyecto y su representante. El extranjero resulta uno de los defensores de las "ciudades modelos" y es de esperar que el futuro paraíso fiscal que sueñan establecer en la costa norte de Honduras esté localizado en el territorio garífuna, puntualizó Ofraneh.

La política defendida por los organismos financieros internacionales para diluir la propiedad comunitaria surge de la visión neocolonial de señalar a esta como un obstáculo para el desarrollo, alentando su individualización, agrega Ofraneh, y critica la falta de un estado de derecho en Honduras. En este país, la Constitución es violada sistemáticamente y la Corte Suprema defiende una visión de libre mercado, la cual niega el derecho a la consulta de los pueblos y defiende una Ley de Propiedad que transgrede el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, enfatiza.

Para los garífunas, la protesta de los maya-chorti reflejó el rechazo a la ofensiva que indígenas y afrodescendientes padecen en todo el mundo por parte de compañías multinacionales y estados-nación interesados en dominar sus tierras y saquear la biodiversidad del hábitat funcional de estas minorías. Tal es el caso de la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca III, avalada por el gobierno hondureño, aunque generará consecuencias severas para los tawahka y la probable salinización de los humedales de la Mosquitia, en detrimento de miskitos, pech y garífunas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insiste en la importancia del reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada, para evitar las violaciones contra los sectores más marginados. Sin embargo, el Estado hondureño obvia estos principios y acomoda las leyes nacionales a los intereses de los empresarios y políticos que controlan el destino del país, coinciden defensores de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.

Datos del Banco Central de Honduras demuestran que Ruinas de Copán es uno de los sitios turísticos más visitados del territorio, junto a Roatán, en el departamento caribeño de Islas de la Bahía. La presencia de los chorti interrumpió el arribo de turistas al sitio arqueológico ubicado en el departamento de Copán, al occidente de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala.

La ausencia de visitantes en ese memorial del pasado maya impidió ingresar al menos 300 mil lempiras diarias (más de 15.800 dólares) a uno de los países más pobres de Centroamérica, informaron especialistas del ente financiero. El Parque Arqueológico Ruinas de Copán, donde quedan vestigios del mayor texto esculpido en piedra del continente y quizás del mundo, cuenta con mil 420 espacios y alrededor de cuatro mil 509 edificios ancestrales, incluidas pirámides, templos, estelas y tumbas.

Desalojos masivos de tierras comunales y 78 muertos en valle del Bajo Aguán

El ministro de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afro hondureños Luis Green informó sobre denuncias de varios grupos étnicos desalojados masivamente de sus tierras. Green responsabilizó a los terratenientes de irrespetar un acuerdo mediante el cual el Estado se comprometió a comprarles esos terrenos para entregarlos a los campesinos.

Grupos indígenas y garífunas asentados en Copán, Yoro, Roatán y en el sector de Colón denunciaron en enero de este año que algunas personas se apoderan arbitrariamente de sus tierras. El ministro consideró inhumanos estos desalojos porque ya se había hablado con los terratenientes que el Estado les compraría esas tierras para que las comunidades se puedan ampliar. Recordó que recientemente se abrió un diálogo con el ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, para buscar solución a ese tipo de problemas.

El conflicto por tierras en el hondureño Valle del Aguán ha causado en los últimos tres años 78 muertos y ocho desaparecidos, confirmó el fiscal especial de Derechos Humanos Germán Enamorado. Entre las víctimas se encuentran campesinos y guardias de seguridad privada, y la violencia prevalece aunque empresarios, labriegos y Gobierno hayan negociado un acuerdo de compra-venta para superar el litigio.

El Ministerio Público (Fiscalía) mantiene presencia en ese territorio, desarrolla investigaciones y ya procesó algunos casos para ser llevados a tribunales, pero ahora necesita más recursos y personal para actuar. La población residente solicita que los militares y policías desplegados desde noviembre de 2010 en ese escenario sean respetuosos de la integridad y vida cotidiana de las personas para disminuir violaciones de derechos humanos.

Desde que comenzaron en 2009 los campesinos a ocupar tierras y empezaron los desalojos violentos efectuados por guardias del terrateniente Miguel Facussé, el Valle del Aguán se ha convertido en el peor escenario del conflicto agrario. Los campesinos sostienen que esas tierras les fueron entregadas por la reforma agraria en 1980, pero en 1992 una ley permitió la venta de esas parcelas a precios bajos lo que fue aprovechado por terratenientes para apropiarse de ellas.

Los labriegos se han agrupado en varias organizaciones como el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y el Movimiento Campesino Recuperación del Aguán (MOCRA), que han sido las que negocian con empresarios y gobierno. Las autoridades entraron en las negociaciones después que esos movimientos iniciaran el proceso de recuperación de varias fincas de palma africana en poder de los empresarios Miguel Facussé, René Morales y Reinado Canales.

En abril de 2010, el gobierno se comprometió a entregar al MUCA 11 mil hectáreas de tierra, pero sólo dio cuatro mil, y también incumplió con la construcción de 500 viviendas, un centro de salud y varias escuelas. Las organizaciones campesinas también han coordinado acciones con el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán que ha demandado suspender las operaciones militares para garantizar las libertades individuales.

El 15 de febrero Naciones Unidas criticó al Gobierno de Honduras por la falta de protección a los defensores de los derechos humanos y denunció la impunidad existente en ese país. Esas personas son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, tortura, malos tratos, acoso y estigmatización y requieren del amparo de las autoridades, denunció la relatora especial de la ONU para los defensores de los derechos humanos Margaret Sekaggya.

La experta dijo que Honduras tiene un serio desafío en la lucha contra la violencia y la inseguridad y no realiza investigaciones efectivas de las violaciones de esos derechos, lo que socava la administración de justicia y la confianza en las autoridades. Asimismo, señaló que los grupos más vulnerables son los periodistas, los abogados, los fiscales, los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los que trabajan a favor de las mujeres y los niños y las comunidades de homosexuales. También mencionó a las poblaciones indígenas, los afrodescendientes y los defensores del medio ambiente y de los asuntos vinculados a los derechos de la tierra.

* Periodista de la Redacción Centroamérica y Caribe de Prensa Latina.

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