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Actualizado el 2013-02-28 a horas: 20:40:52

Los cambios mínimos ante la crisis de la educación superior

La marca Bachelet y la soberbia concertacionista

Fabián Araneda *

Las responsabilidades de Bachelet en el pésimo manejo de la crisis del 27-F son vistas desde el oficialismo como una gran oportunidad para socavar el apoyo y adhesión popular que dan a la ex mandataria las encuestas de cara a las próximas elecciones. Han intentado varias veces, con distintos énfasis, establecer que la capacidad de liderazgo y de resolución, al fragor del terremoto y tsunami, muestra inoperancia de su parte.En esta línea, incluso la vocera de gobierno la llamó a pedir perdón a las víctimas.

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Sin embargo, nada de eso ha resultado.Ello porque la crítica desde la derecha es oportunista, de vocación meramente electoralista y por ende solo busca “empatar” responsabilidades entre un gobierno que aquella noche se mostró inepto (qué duda cabe) y el fracaso de la reconstrucción (responsabilidad del gobierno actual). A ello sumemos la profunda crisis decredibilidaddel gobierno y del propio Presidente, cuestión que hace que cualquier cosa que digan o hagan cuente con la más amplia desconfianza ciudadana. Junto con eso el gobierno ha mostrado ser tanto o más ineficiente que el anterior. El discurso de la excelencia o “el gobierno de los mejores” se fue a los tumbos. Hoy la derecha está en la UTI. No es opción.

La revelación de las declaraciones de Bachelet ante la Fiscal a cargo del caso volvió a poner el tema en el tapete.A medida que se van recabando nuevos antecedentes queda en evidencia el mal manejo de aquella fatídica jornada. Esa ineficiencia se tradujo en cientos de muertos y damnificados, y por ende debe ser castigada por la opinión pública.

Pero, ¿cuál es la verdadera responsabilidad de Bachelet?

Bachelet encabezó un mal gobierno. A veces los números y la “encuestitis” hacen que perdamos la memoria reciente. En particular, la noche del 27-F evidenció bajos niveles de coordinación entre el gobierno central y las regiones (un centralismo asfixiante) y un nulo manejo de las operaciones de las FFAA, con comandantes que siguieron durmiendo tras el sismo y no tenían aviones disponibles para recorrer el país. Se perdieron horas vitales, al no tener información de lo que pasaba en Concepción y en Talcahuano, debido a un impresentable estado de los sistemas de comunicación. Hablamos de errores que eran fácilmente evitables, pero que costaron la vida de cientos de chilenos.

Pero más allá de enumerar la larga lista de errores técnicos y de procedimiento, nuestra impresión es que la crisis de aquella fatídica noche no es sólo ineficiencia, es la puesta en escena de un gobierno más preocupado de la imagen y popularidad de una presidenta saliente que de diagnosticar y resolver efectivamente una crisis. Había que resguardar “la marca Bachelet”. La soberbia los llevó a hablar de “marejadas” en vez de maremoto. En las primeras horas hubo una obsesión en las voces concertacionistas para bajar el perfil a lo ocurrido (basta escuchar las declaraciones del Intendente del Bío Bío, el socialista Jaime Tohá esa madrugada). La marca Bachelet era más importante que la realidad que golpeaba brutalmente y sin aviso a miles de chilenos.

Esa marca ha sido resguardada por los barones del PS. Ella calla, ellos la blindan y promueven. La defienden con garras y colmillos sedientos de “recuperar” La Moneda. El problema es que “la marca Bachelet” no se vende separada de sus agentes y operadores. Si ella gana, la soberbia concertacionista volverá a instalarse despreciativa de las demandas ciudadanas y populares. Esa soberbia bien la conocimos durante las movilizaciones estudiantiles del 2006 o tras el asesinato de Matías Catrileo.

Porque las limitaciones, el techo de lo posible con la Concertación, se demostró desde el primer momento de ese último gobierno de “centro-izquierda”, cuando mientras Bachelet asumía el gobierno, los pobladores de Peñalolén intentaban tomarse un terreno para lograr el sueño de la casa propia en medio de gases lacrimógenos. Lo hizo nuevamente cuando miles de estudiantes secundarios salían a las calles ese mismo año exigiendo una transformación real de la educación –en una antesala de las potentes protestas que protagonizaríamos el 2011- sólo para ver cómo las autoridades de gobierno llegaban a un acuerdo con la derecha política, perfectos voceros de las necesidades empresariales, en un triste eco del acuerdo del 2005 que creó el Crédito con Aval del Estado y profundizó la mercantilización de la educación.

En los hechos la Concertación ha sido la mejor defensora de los intereses de los empresarios, y ejemplos en ese sentido se pueden mencionar por decenas: la privatización de los puertos, la política intensa de concesiones de obras públicas como las carreteras, los beneficios múltiples para los privados en el manejo de nuestros recursos naturales, las continuas políticas de flexibilización laboral –con el apoyo eterno de la CUT-, la progresiva militarización del Wallmapu y un largo etc.

Apoyar a Bachelet es dar respiración boca a boca a una coalición moribunda.Pensar que una vez en el gobierno la Concertación respetará el programa que pacten es al menos iluso. Ya lo hicieron el 90’. Basta releer el notable libro "El Programa abandonado", del economista Hugo Fazio.

Pero tampoco pretendemos simplificar. No dudamos de las intenciones de verdadera transformación del modelo neoliberal que poseen sectores de la izquierda de la Concertación o del PC. El problema es que estos “buenos muchachos” no podrán avanzar sobre el muro conservador construido por el eje DC-PS, el que también posee el mayor caudal de votos de la coalición, condición que los convierte en el bloque de mayor influencia a la hora de tomar decisiones políticas.

¿Volveremos entonces en las próximas elecciones a escuchar la cantinela del mal menor o los llamados a “parar la derecha”? Eso hoy no es suficiente y va a contra-corriente de un pueblo que ha estado en la calle movilizándose y conquistando espacios. Si algo hemos aprendido es a defender nuestras convicciones cada vez con más fuerza y energía y no nos dejaremos “encantar” por quienes han co-construido un modelo desigual y antidemocrático.

Los cambios mínimos ante la crisis de la educación superior

Aunque se le ha tratado de dar por muerto en variadas oportunidades, el movimiento estudiantil chileno sigue demostrando que sus planteamientos y convicciones están plenamente vigentes y que su lucha sigue siendo necesaria. El sistema de educación superior nos devela cada semana nuevos capítulos de una crisis largamente anunciada, ante la cual los intereses el duopolio político (Concertación y Alianza), en defensa de los intereses económicos de los grupos empresariales, pretendían hacer oídos sordos. El grito de la calle pudo más y hoy nos enfrentamos a la necesidad de cambios estructurales que nadie puede soslayar.

Ningún cambio en educación superior tendrá legitimidad sin la participación activa del movimiento por la educación, conformado por estudiantes, académicos y trabajadores. Los estudiantes fuimos capaces de convocar a amplios sectores de la ciudadanía para defender el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad y terminar con el lucro. Estas demandas, sentidas y arraigadas hoy en el conjunto de la sociedad chilena, no tienen vuelta atrás. Lo hemos dicho hasta el cansancio: este sistema no admite nuevos parches. Se requieren transformaciones de fondo.

Sin embargo, persiste en la postura gubernamental la política de fragmentar vía proyectos de ley el debate. Así, hace unos días se envió el proyecto que reestructura el sistema de acreditación y la Comisión Mixta del Senado aprobó en general el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento estudiantil, que sigue fomentando la lógica crediticia y el endeudamiento. Esto último contó con la aprobación de los senadores Carlos Cantero e Ignacio Walker y de la senadora (designada) Ena Von Baer.

Ante este panorama, ¿cómo seguimos avanzando?

Lo primero, es mantener en alto nuestras banderas. Hemos logrado que todo el país ya sepa que era cierto cuando denunciamos que había empresarios de la educación superior que trasgredían la ley y lucraban, traspasando excedentes desde las instituciones a inmobiliarias creadas para tal efecto. Hoy están siendo investigadas 11 instituciones por dichas prácticas, habiendo incluso ex rectores procesados. No obstante, no perdemos de vista que las que han salido a la palestra son instituciones de importancia menor, permaneciendo aún protegidas las universidades donde se alojan los intereses de los principales grupos económicos del país.

En segundo lugar, la crisis de la Universidad del Mar deja en evidencia el nivel de desprotección en que están los estudiantes y sus familias ante los negociados de privados inescrupulosos. El Estado toma palco, arremete tardíamente con medidas efectistas (cierre de la universidad), dejando para el final las eventuales “soluciones” para los estudiantes estafados. Un escándalo.

Los estudiantes debemos sostener nuestras convicciones. Hasta aquí, el tiempo nos ha dado la razón. La crisis de la educación superior no era una ficción. Por ello, los ejes de nuestro accionar debieran focalizarse en los siguientes puntos:

1. Promover una Reforma Estructural al sistema de educación superior

Esta reforma requiere un rol preponderante del Estado en materia de financiamiento y regulación del sistema. La práctica del autofinanciamiento de las instituciones solo ha beneficiado al sector privado más consolidado (que cuenta con grupos económicos detrás que le sostienen), el que se ha enriquecido a costa de los elevados aranceles estudiantiles y los aportes fiscales indirectos. Por otro lado, la desregulación ha dado pie a instituciones precarias y de mala calidad, que son incapaces de entregar una buena formación, por lo que transforman la ilusión de un título profesional en una vulgar estafa.

2. El Estado debe financiar las universidades públicas

Las universidades públicas funcionan a duras penas, con bajo aporte estatal y con restricciones legales para “competir” en igualdad de condiciones con el sector privado. Es indispensable aumentar los aportes basales de libre disposición y darles márgenes de acción que vayan acordes a su fortalecimiento. El Estado debiera en el mediano plazo hacerse cargo íntegramente del financiamiento de sus universidades.

3. Democratización de las universidades

Es clave no perder de vista el problema de la democratización. Debemos ocupar los espacios de deliberación y decisión al interior de las universidades: Consejos de Carrera, Facultades, Comisiones, etc. Asimismo, es indispensable la derogación del DFL N°1 del 3 de enero de 1981, que en su artículo 22 prohíbe explícitamente la participación de estudiantes y funcionarios en la gestión de las instituciones, así como en la elección de las autoridades.

Los estudiantes no podemos conseguir estos logros solos porque, entre otras cosas, van en beneficio de las nuevas generaciones y de un país más justo. Al interior de nuestras comunidades universitarias es clave concordar posiciones con los académicos proclives a estos cambios. Incluso los rectores, particularmente los del CRUCH, debieran entender que la lucha por aumentar los aportes basales a las instituciones del Estado es una pelea conjunta. Ellos no pueden seguir administrando miseria o mendigando fondos concursables que no garantizan recursos permanentes para financiar el quehacer de las universidades en docencia, extensión e investigación. Menos aún pueden pretender financiar esta tarea vía aumento de aranceles a los estudiantes. Tampoco los Rectores debieran caer en el juego de disputar los escasos pesos entre ellos, sin tener una mirada de conjunto en la defensa de la educación pública.

Si una lección clara nos brinda las experiencias del 2011 y 2012, es que la lucha y la organización son las herramientas que nos han permitido instalarnos como actores relevantes, y posicionar las demandas de los movimientos sociales. Ese es el camino que debemos profundizar.

* Vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universidad de Chile (FECH).

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