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Área: Economía >> Economía y finanzas
Actualizado el 2013-02-23 a horas: 22:00:27

Debido a la subestimación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Los salarios perdieron más del 27% de su capacidad de compra en los últimos 5 años

Fundación Milenio *

Sumando los incrementos salariales otorgados y comparando con la estimación de las diferencias entre la inflación con la canasta base de 2007 y la canasta base de 1991, entre 2008 y 2012 se advierte una pérdida para los asalariados de 27,6%, por la subestimación de la inflación, lo que significa un deterioro significativo en su capacidad de compra como resultado de la subestimación de la inflación oficial.

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador básico para la elaboración de otros indicadores económicos como, por ejemplo, las tasas de interés, el tipo de cambio real, la Unidad de Fomento a la Vivienda, el crecimiento económico y los incrementos salariales. En consecuencia, un IPC subestimado afecta la confianza en el análisis económico, ya que con esta información se tomarán decisiones económicas relevantes.

Luego de alcanzar niveles de inflación estables en Bolivia durante casi una década, 1998–2006, con 3,64% en promedio, en 2007 la inflación comenzó a acelerarse (inicio de la crisis hipotecaria en EE.UU.), alcanzando el 11,73%. Precisamente a partir de 2007 el gasto público comenzó a crecer intensamente, sin un acompañamiento de políticas públicas que incentiven el incremento de la producción nacional. Al mismo tiempo, se aceleraba el aumento en los precios de las materias primas y, en consecuencia, subía el valor de las exportaciones, factor que generaría una expansión significativa de la liquidez en la economía.

En ese contexto, se avizoraba un impulso mayor de la inflación, por esta razón en abril/2008el gobierno decidió cambiar el año base (de 1991 a 2007) y la ponderación de los diferentes grupos de bienes y servicios que sirven para realizar el relevamiento de precios. Incrementó los grupos de bienes y servicios de 9 a 12; disminuyó el ponderador del grupo de alimentos y bebidas de 49,1% a 39,3%, incluyendo los consumidos fuera del hogar; aumentó el número de artículos de la canasta familiar de 324 a 364, y subió los ponderadores de vivienda de 9,7% a 11,1%, transporte de 10,8% a 15,9% y esparcimiento de 3,3% a 6,3%.

La modificación del año base, por cierto necesaria, y de las ponderaciones de los bienes y servicios, no siguió la metodología estándar internacional establecida en estos casos, como lo hizo notar, en su momento, la Fundación Milenio en el documento Coloquios Económicos, N. 11, junio/08. (1)

Al analizar las implicaciones del cambio en la metodología de cómputo de la inflación en Bolivia, la Fundación Milenio anticipa la atenuación de las alzas de precios porque se disminuye la ponderación de alimentos en la canasta de consumo y además porque se utilizarán promdios geométricos antes que aritméticos para medir las variaciones de precio dentro de cada categoría de productos.

Esta subestimación de las variaciones de los precios puede producir resultados redistributivos indeseados, castigando a los más pobres. Considérese, por ejemplo, el caso de una familia de ingresos bajos, sujeta a un salario fijo y otra de ingresos altos que vive de sus dividendos. Para la primera, los alimentos siguen siendo un componente importante de su consumo, pero como sus ingresos se reajustan dando un menor peso a los alimentos, experimentan una pérdida real que los hace más pobres. Los segundos gastan menos en alimentos, pero además sus utilidades crecen porque pagan salarios reales más bajos y porque sus precios aumentan, consecuentemente, terminan siendo más ricos. Así, la sociedad en su conjunto termina con más desigualdad en la distribución del ingreso. (2)

Llama también la atención la magnitud en la que se pretende disminuir la ponderación del gasto de las familias en alimentos. Es innegable que éste fue el componente que más influyó en la inflación en el año 2007 (la inflación en alimentos fue del 20%, mientras que la inflación total fue algo superior al 11%), pero precisamente por esa razón deberíamos pensar que ahora las familias destinan una mayor proporción de sus ingreso al consumo de alimentos, y no menos. Por lo tanto, no hay justificativo para disminuir la ponderación del consumo de alimentos en el cálculo del IPC.

Tomando en cuenta estudios realizados por varios organismos internacionales, en países de bajo ingreso como el nuestro, la población de bajos ingresos destina entre el 60 al 70% de sus recursos a la compra de alimentos y vestimenta, y solamente del 30 al 40% se utiliza para otros gastos. En consecuencia, la ponderación de solamente el 39,3% de los alimentos y bebidas en la canasta de bienes es inconsistente y conduce a subestimar el aumento real en los precios.

Este hecho tiene consecuencias negativas para los más pobres, en la medida en que los reajustes salariales son menores en relación al incremento real de los precios y, con el tiempo determinan una mayor desigualdad en la distribución del ingreso.

Con la nueva metodología de cálculo de la inflación se creó un espejismo de inflación baja. En 2008 la inflación llegó apenas al 11,28% a diciembre. Lo preocupante del caso es que aún con el cambio de metodología, la inflación real del grupo de alimentos fue de 42,76% a diciembre.

Retrocediendo en el tiempo y aplicando las ponderaciones vigentes en la canasta de 1991, se estima que la inflación real total en 2008 habría alcanzado al 23,47%, y los precios de los alimentos habrían subido en 51,38%. Evidenciándose una diferencia de 12,2% en la inflación global y 8,62% en alimentos.

Afortunadamente en 2009, debido a la crisis financiera internacional, se pudo mantener niveles bajos de inflación. El cálculo oficial con la nueva canasta registró un 0,27% de inflación total, mientras que la estimación con la canasta anterior permitió obtener una estimación de una inflación real de 3,44%.

El reporte oficial de la inflación para 2012 fue de 4,55%; empero el cálculo con la canasta anterior muestra una estimación de 10,70%. En el grupo de alimentos y bebidas la información oficial fue de 17,25%, mientras que inflación real acumulada hubiese alcanzado el 21,54%.

Sumando los incrementos salariales otorgados y comparando con la estimación de las diferencias entre la inflación con la canasta base de 2007 y la canasta base de 1991, entre 2008 y 2012 se advierte que hay una pérdida para los asalariados de 27,6%, por la subestimación de la inflación, que, en otras palabras, significa un deterioro significativo en su capacidad de compra, resultado de la subestimación de la inflación oficial, hecho que permite el otorgamiento de incrementos salariales bajos.

Esta pérdida para los asalariados debería resarcirse, por lo menos en parte, con el incremento salarial de 2012.

Salarios nominales y reales y el mercado laboral

La política salarial del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se puede descomponer en tres elementos: el incremento del salario mínimo, los incrementos salariales en el sector público, y las bases que fija el gobierno para el incremento de los salarios en el sector privado.

La política salarial gubernamental ha dado mayor importancia al incremento del salario mínimo. Como se observa, el incremento en el salario básico fue importante en 2011 y 2012, debido a que estuvo entre el 20 y el 22,6%.

Los incrementos salariales para salarios mayores al mínimo en el sector público fueron modestos. Durante los primeros años el primer mandato del Presidente Morales, los incrementos salariales en el sector público se restringieron a los sectores de salud y educación. Desde el año 2009 a los sectores de salud y educación se suman la Policía y Fuerzas Armadas, que en principio recibieron un incremento salarial menor al establecido para el sector de salud y educación, pero desde el año 2011 reciben el mismo incremento que los anteriores sectores.

Hay que señalar adicionalmente que, mediante decreto supremo N. 1186, de 9 de abril de 2012, el gobierno nacional readecuó la escala salarial para servidores del sector público, readecuación que incluyó un incremento salarial del 7%.

Si bien en los dos primeros años del gobierno del MAS se había mantenido el criterio de que el incremento salarial en el sector privado debía de fijarse por acuerdo entre partes, a partir del año 2008 cambió esta política. Desde este año se determina por decreto el porcentaje de incremento salarial mínimo o base, que debe realizar el sector privado a sus trabajadores.

Los salarios reales

Los incrementos salariales nominales (salvo lo dispuesto para el salario mínimo) han tenido como referente a la inflación. La política salarial (para los sectores de salud, educación, Policía, y Fuerzas Armadas, en el sector público, y para el sector privado) se ha basado en buscar un incremento que sea al menos igual a la tasa de inflación que la economía enfrentó en el período pasado.

Se observa que el salario real para los sectores considerados (excepto el salario de la Policía y Fuerzas Armadas, que no recibieron aumentos entre el 2006 y 2008) se incrementaron en términos reales salvo para los períodos 2007, 2008 y 2010, cuando la inflación resultó mayor al incremento nominal del salario. Destaca el importante incremento en los salarios reales el 2009, cuando la inflación resultó menor que la inflación del 2008. También se advierte el significativo aumento del salario mínimo real en 2011 y 2012, debido a la subida del salario mínimo nominal.

Salarios y mercado laboral

Las decisiones en el mercado laboral se toman sobre el valor esperado del salario real, es decir en relación a la evolución del salario nominal, menos la inflación esperada. Tomar como referente para el ajuste la inflación del período pasado, como se ha venido acostumbrando en el caso boliviano, introduce una fuente de variación importante sobre el salario real, dadas las elevadas variaciones que se ha experimentado en las tasas de inflación. Por otro lado, tiende a transmitir la inflación pasada hacia adelante (inflación inercial), dado que elevadas inflaciones se convertirán en elevados niveles de incrementos salariales, que a su vez tenderán a incidir en la inflación futura.

Las políticas de fijación del salario mínimo, así como del ajuste salarial del sector privado han sido frecuentemente criticadas por no tener en cuenta la situación del mercado de trabajo en el país. En particular estas políticas no inciden sobre los ingresos de la mayoría de los trabajadores del país, pues éstos son trabajadores informales o por cuenta propia (dependiendo del criterio que se tome, los trabajadores en el sector informal representan entre el 60 y el 80% de la población ocupada).

Desde otro punto de vista la fijación de los salarios por parte del sector público interfiere con el mercado de trabajo, que es la principal fuerza que determina los salarios. Si los salarios que se fijan por disposiciones legales son menores al salario real de equilibrio (el que emerge del mercado de trabajo, dependiendo de las condiciones de oferta y demanda de la mano de obra), entonces, en realidad, estos no tienen mayor incidencia sobre el mercado de trabajo.

En cambio si los salarios se fijan por encima del salario real de equilibrio, el salario tenderá a ajustarse por cantidades, es decir se generará desempleo. De ahí que frecuentemente la fijación de salarios para el sector privado se considere una discriminación que favorece a quienes tienen empleo, pero afecta a quienes se encuentran desempleados, pues les hace más difícil conseguir trabajo. Por esto se considera que es más saludable el dejar la determinación del salario en el sector privado a la negociación entre partes.

Notas:

1. Documento preparado por el equipo económico de la Fundación Milenio dirigido por Napoleón Pacheco y compuesto por los economistas Juan Brun, José Luis Evia y Germán Molina.

2. Alternativamente, considérese el caso de los jubilados o el de los ahorristas en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). Para ellos, sus ingresos o sus ahorros se reajustarán en menor proporción a la debida porque ahora el IPC variará en función a la nueva metodología que se pretende adoptar. El gran beneficiario de ésta situación será el Estado, que es, en la actualidad, el mayor deudor en UFVs. Con el cambio metodológico que impulsa el INE habrá un traslado de riqueza desde los hogares de los jubilados y de los ahorristas hacia el Gobierno, haciendo la distribución del ingreso menos equitativa.

* Informes Nacionales de Coyuntura N. 179 y 182, del 25 de enero y 22 de febrero de 2013, respectivamente.

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