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Área: Economía >> Notas Institucionales
Actualizado el 2012-11-30 a horas: 00:32:35

Informe de auditoría del BISA revela incumplimiento de la Ley de Bancos

El banco BISA reconoció que demoró dos años y medio en incorporar a sus registros contables los bienes inmuebles que el empresario Roberto Saavedra Bruno dio como pago de intereses en la conciliación y reprogramación de deudas con el banco. Una auditoría del BISA presentada a demanda de la Fiscalía también demuestra que el banco no cumplió con las reprogramaciones debidamente suscritas entre partes.

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Roberto Saavedra Bruno inició una acción judicial contra el banco BISA el 29 de julio del presente año y la formalizó el 30 del mismo mes, luego de haber comprobado que el Banco, según denuncia documentada, actuó de mala fe en el proceso de negociación para conciliar el pago de deudas e intereses que mantenía Saavedra con el BISA.

El proceso de conciliación se prolongó durante cinco meses en 2004, hasta llegar a un acuerdo firmado ante notario en octubre del mismo año, a través del cual el BISA aceptó la dación de bienes inmuebles ofrecidos por Saavedra para el pago total de intereses corrientes y penales, correspondientes a los créditos que estaban en mora. Pero el BISA sorprendió a Saavedra en febrero de 2005 con un juicio civil en el que desconoció los acuerdos, y además con la ejecución forzosa de garantías en valores e inmuebles.

Desde esa fecha Saavedra libró varias batallas judiciales contra el BISA, hasta que a finales de julio de 2012 decidió demandar penalmente a cuatro ex ejecutivos del banco que actuaron de manera directa en el proceso de conciliación de deudas. La demanda fue admitida por la fiscal adscrita a la FELCC, quien encontró suficientes indicios de culpabilidad contra tres de los cuatro denunciados y pidió la aplicación de medidas cautelares que incluyeron la detención preventiva de Stojanovic, Cuéllar y Ledermann del 15 al 16 de agosto y, tras su liberación, la de arraigo aceptada por la Sala Penal Primera de la Corte del Distrito de Santa Cruz.

En octubre de 2012, Saavedra decidió ampliar su denuncia al presidente del BISA Julio León, a su vicepresidente Tomás Barrios y a su apoderada legal Claudia Franco, dada las declaraciones de los tres ex ejecutivos del BISA que señalaron, en sus declaraciones policiales, que sus actuaciones en el caso de Saavedra fueron decididas por “órdenes superiores”. La ampliación de la denuncia fue admitida por la Fiscalía, que también aprobó la incorporación de un cuarto delito, legitimación de ganancias ilícitas, a los tres incluidos inicialmente en la denuncia: asociación delictuosa, estafa agravada y falsedad ideológica.

El proceso penal continúa en curso, estando pendiente la declaración informativa policial de León, Barrios y Franco, prevista en un segundo llamamiento fiscal para el 21 de diciembre. Inicialmente, las declaraciones informativas policiales de León, Barrios y Franco estaban previstas para el 13 de noviembre pasado, pero el señalamiento de declaraciones informativas policiales hecho por la Fiscalía el 8 de octubre último no se cumplió de acuerdo a lo previsto.

Auditoría confirma las denuncias

Un Informe elaborado por el Gerente Nacional de Auditoría Interna del Banco BISA sobre los créditos otorgados al empresario Roberto Saavedra Bruno, y que en 2004 fueron conciliados y reprogramados luego de arduas negociaciones, deja en evidencia una de las irregularidades cometidas por el BISA y denunciadas por Saavedra ante la Fiscalía Adscrita a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Santa Cruz.

El banco incorporó recién en julio de 2007 a su registro contable los bienes que Saavedra había dado en 2004 en pago de intereses, pese a negar en 2005 la validez de la dación de terrenos en pago, en claro incumplimiento a las normas vigentes en el país. Y un dato más, expuesto por la auditoría del propio BISA: pese a ese registro tardío, violatorio de la normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el Banco persistió en su incumplimiento de las reprogramaciones pactadas entre partes y suscritas ante Notario de Fe Pública.

Lo señalado inicialmente significa por un lado que, de forma ilegal e injustificada, el BISA demoró dos años y seis meses para incorporar estos lotes a los registros contables del Banco, como bienes recibidos en recuperación de créditos, infringiendo de manera clara e ineludible la Normativa de la (ASFI) que establece que “la fecha de cómputo para considerar el plazo de tenencia y constitución de las previsiones de los bienes adjudicados o recibidos en dación de pago, corresponde a la suscripción de la minuta por parte del juez o a la fecha de suscripción del protocolo ante Notario de Fe Pública, respectivamente. A su vez, en las fechas ya señaladas se deberá contabilizar la incorporación”.

De otro lado, la misma auditoría del BISA -presentada a demanda de la Fiscalía que investiga la denuncia de Saavedra- permite comprobar no sólo que el Banco infringió normativas de la ASFI al demorar dos años y seis meses en el registro contable de los bienes dados por el empresario en pago de intereses, de acuerdo a las reprogramaciones pactadas y suscritas ante Notario de Fe Pública, sino también que el BISA no cumplió con estas reprogramaciones.

El Informe de Auditoría del BISA fue presentado la semana pasada por el Banco a la Comisión de Fiscales que admitió la denuncia de Saavedra, hecha a fines de julio de 2012, por los delitos de asociación delictuosa, estafa agravada, falsedad ideológica y legitimación de ganancias ilícitas, todos ellos en concurso real, señalando como responsables de los mismos al presidente del BISA, Julio León Prado, al vicepresidente Tomás Barrios Santibáñez y a la apoderada legal Claudia Franco Teixera; y, también, a Drago Stojanovic Vuksanovic, ex gerente regional; Zacarías Eduardo Cuéllar Leigue, ex gerente adjunto de Negocios; y Manfred Gerhard Ledermann Pommier, subgerente de la División de Negocios.

Este Informe del auditor del BISA, aseguran los abogados de Saavedra, constituye una prueba más de la estafa documentada cometida por el banco en contra del empresario, ya que confirma que el BISA ha actuado de mala fe al negar la validez de las daciones de terrenos hechas por Saavedra para el pago de intereses, con la intención de justificar su incumplimiento en la reprogramación de la deuda, pactada en septiembre de 2004, y mantener así a Saavedra como deudor con todos los daños y perjuicios que ello le ha producido.

Para los abogados de Saavedra Bruno, esta actuación irregular del BISA, evidenciada en su propio Informe de Auditoría, confirma que fue el banco el que demoró en incorporar los bienes entregados en dación de pago, mientras por otro lado aceleraba los procesos judiciales para ejecutar la deuda, en una maniobra alejada de las sanas practicas crediticias que la ASFI promueve en su normativa, a través de la cual el Banco buscó justificar el incumplimiento del propio BISA en la acordada reprogramación de los créditos contraídos por Saavedra.

Finalmente, para los abogados de Saavedra Bruno, el Informe de Auditoría presentado por el BISA a la Comisión de Fiscales, pese a contener falsedades materiales a las que en su oportunidad deberá responder el Gerente Nacional de Auditoria Interna, demuestra claramente que el Banco sólo cumplió parte de los contratos favoreciendo a sus intereses (registrar en sus activos los bienes de la dación de pago para posteriormente venderlos con ganancias para el Banco) y perjudicando económica, financiera y moralmente a Saavedra Bruno (al no efectuar las reprogramaciones debidamente suscritas entre partes).

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