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Actualizado el 2012-11-22 a horas: 17:45:47

El censo 2012 y la redistribución de escaños para asambleístas indígenas

Moira Sandóval Calvimonte

No cabe dudas que de los resultados del censo depende la distribución parlamentaria, así lo señala la Ley Electoral Nº 026 y así lo sostuvo el vicepresidente Alvaro García cuando declaró el mismo día del Censo, que la información que se recopilará servirá para definir la Agenda Patriótica 2025 y también abrirá el debate sobre la redistribución de escaños en la Asamblea Legislativa.

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Del resultado de la composición demográfica, se deriva la distribución de escaños parlamentarios, sobre ello no hay novedad, pero lo que puede afectar la composición cualitativa de la Asamblea Legislativa y motiva mi preocupación, es la situación de las naciones y pueblos indígenas de tierras bajas, que producto del Censo, podrían verse afectados en su representatividad.

Concretamente, con los resultados de la pregunta Nº 29, el gobierno pretendería armar una nueva distribución de representantes en la Asamblea Legislativa, amparados en que la distribución de escaños es proporcional a la cantidad de habitantes. De acuerdo a la Ley de Régimen Electoral vigente, la composición de la Cámara de Diputados deberá ser modificada con los resultados de un censo, mediante ley expresa.

Ello permitiría que la redistribución de escaños, para las naciones originarias, sea en número inferior al que les corresponde constitucionalmente, en virtud a que la representación de estos grupos étnicos no ha sido todavía regulada por la Ley Electoral, debiendo vincularse la representatividad a la cualidad de nación originaria y no a la cantidad o número de sus integrantes. Estos son los riesgos de las interpretaciones políticas que podrían hacerse con los resultados del censo.

La plataforma de nueve puntos de la IX Marcha Indígena de este año, incluía un proyecto de reformas a la Ley Electoral, en lo concerniente a la representación indígena. Siguiendo el criterio de representación cualitativa, fundamentaba que a las 36 naciones indígenas vinculadas a una lengua, territorio y cultura uniforme, les corresponde un escaño en la Asamblea Legislativa, debiendo ser en consecuencia 36 asambleístas.

Proponía que los asambleístas indígenas, deberían ser elegidos por sus procedimientos propios y posteriormente, comunicar a las autoridades del Organo Electoral el nombre de su representantes, para conformar el Organo Legislativo. Se aplicaría similar procedimiento de selección de los representantes indígenas para asambleístas departamentales por minoría, conforme al artículo 66 de la Ley Electoral Nº 026.

Asumiendo que la representatividad indígena es de naturaleza cualitativa, cuál sería entonces el motivo para cuantificar a los integrantes de las 36 naciones indígenas? De ahí que quepa afirmar que se busca fundamentar con cifras y datos una distribución que siga criterios cuantitativos numéricos en vez de cualitativos-simbólicos.

A este propósito, se suma la euforia de ciertas personas que, diciendo apoyar a la defensa de TIPNIS, se arrogan una representación e identidad étnica que no es real, como el jefe del MSM, Juan del Granado, quien expresó su decisión de autoidentificarse chimán. Esta inducción a cuantificar y levantar estadísticas sobre la pertenencia étnica de naciones originarias, es totalmente funcional a la pretensión de eliminar la representación simbólica cualitativa que actualmente ejercitan los diputados indígenas.

En este sentido, proporcionar datos falsos, como autoidentificarse con una nación sin pertenecer a ella, no contribuirá en nada a la lucha de las naciones indígenas, por el contrario: podría coadyuvar a la argumentación de que los pueblos indígenas de tierras bajas son grupos minoritarios para la representación parlamentaria.

Empero, se debe considerar que a pesar de todas sus debilidades, mediante los resultados del Censo, el país va a mirarse a sí mismo. Por tanto, ese reflejo debe ser lo más próximo a la realidad.

Esperemos que del Censo se obtengan datos fiables para obtener conclusiones conducentes a planificar las inversiones y distribución de recursos hacia el desarrollo de Bolivia y no para fomentar divisionismos de la sociedad o menoscabar los derechos adquiridos y legítimos de las naciones y pueblos originarios. Es menester que tal representatividad sea respetada.

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