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Actualizado el 2012-11-19 a horas: 08:08:08

Descolonización: emancipación ideológica y política de pueblos indígenas

Moira Sandóval Calvimonte

Hablar sobre descolonización en Bolivia, no consiste simplemente en reproducir el discurso del gobierno, al amparo de la Constitución vigente. Constituye un desafío filosófico y ético más que intelectual, y radica esencialmente en contrastar los postulados constitucionales frente a la realidad objetiva que atraviesa nuestro país.

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El sustento jurídico fundamental de la Descolonización es la Constitución del 2009, que establece en su artículo 9, como fines y funciones esenciales del Estado“1.Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales”

En ese marco normativo, las instituciones públicas y la sociedad en general, deben incorporar ahora el concepto de descolonización en sus prácticas y diseños institucionales, así como en sus proyectos de vida. Para ello, el Estado ha montado una estructura jurídico-institucional con la creación del Viceministerio de Descolonización, de Justicia Indígena, de Medicina Tradicional, etc., para respaldar esta política Estatal. Ello constituye la aplicación de los Aparatos Ideológicos del Estado, aparentemente a favor de “descolonizar” la educación y las prácticas culturales, mediante el uso de mecanismos jurídicos, políticos, sindicales, culturales, y sobre todo, educativos.

Si bien existen algunos avances para cumplir este objetivo, aún falta mucho por recorrer, tanto en la ciudadanía como en las instancias gubernamentales, pero principalmente en aquéllos sectores no urbanos, fuera de los alcances de las reformas institucionales.

Por ello, Bolivia continúa siendo un Estado colonial y que permite el ejercicio de prácticas coloniales a su interior. No solo me refiero a las estructuras sociales institucionales, que pueden remediarse con la normativa ya vigente. Me refiero concretamente a normas elaboradas en función de las pertenencias étnicas, que divide a las razas y que asumen a los indígenas como grupos étnicos y no como un sistema, que realmente constituyen.

A mi modo de ver, el proceso descolonizador no debe únicamente concentrarse en la confrontación de las varias esferas culturales coexistentes en el Estado Plurinacional, sino que debería entenderse además como el aprovechamiento de los espacios y las oportunidades que ofrecen las coyunturas políticas en el país, para la consolidación de los derechos plenos de ciudadanía. Esto, en estricta congruencia con la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas el 2007, consagrada en términos legales en la nueva Constitución del 2009.

En esta línea doctrinal, específicamente, los pueblos originarios deberían consolidar la descolonización con la obtención de derechos para el desarrollo pleno de sus culturas, el ejercicio activo en el sistema político democrático y la instalación en las estructuras de poder del Estado.

Y el mejor ejemplo de esta evolución en un proceso descolonizador, es la participación del mojeño-ignaciano Pedro Nuny Caity, como candidato a la gobernación del Beni, sin depender de organización política tradicional y ejerciendo el liderazgo sin requerir de ventrílocuos ideológicos para tal efecto. Planteando una nueva ideología basada en respeto a la Madre Tierra y profundización de la democracia ensalzando valores ancestrales de culturas originarias.

Esta muestra de emancipación ideológica y política constituye un verdadero acto de descolonización, señalando un nuevo horizonte descolonizador que se plantea para los bolivianos, a la luz de un mundo globalizado que propone y exige reglas de igualdad, respeto y convivencia pacífica entre las diferentes culturas.

*Abogada-Miembro de la Academia de Ciencias Penales-ex asesora de CMIB (Central de Mujeres Indígenas del Beni)

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