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Actualizado el 2012-11-19 a horas: 08:05:00

Recuperar la agenda de octubre para avanzar en el proceso de la liberación nacional

Eduardo Paz Rada

Nuestra Patria vive uno de los momentos mas trascendentales de su historia en torno al dilema de las perspectivas que ha abierto la Agenda de Octubre de 2003, con los levantamientos populares en todas las regiones y su epicentro en la ciudad de El Alto, y que Evo Morales Ayma ha capitalizado políticamente en sendos triunfos electorales (2005, 2008, 2009) y que, lamentablemente, en los últimos años retrocede peligrosamente hacia situaciones que ponen en riesgo la unidad de Bolivia y abre opciones a la oligarquía y al imperio.

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A nueve años de la épica de octubre se hace necesario un análisis y recuento crítico de lo que ha sucedido en Bolivia, América Latina y el mundo en estos primeros años del siglo XXI, pleno de dinámica, transformación, reacomodo y luchas nacionales y de clases que han puesto de cabeza el “orden” capitalista y su disposición estratégica y geopolítica en todo el planeta.

La “Agenda” es concebida como un conjunto de prioridades de un programa de acciones y realizaciones de un gobierno, un estado, un pueblo o un país, sobre la base de las pugnas, enfrentamientos o consensos entre fuerzas políticas, intereses económicos, actores sociales y sus correspondientes estrategias de realización. La agenda puede, además, ser impuesta verticalmente de arriba hacia abajo desde el gobierno hacia el país o, en su caso, construida horizontalmente con la participación y movilización nacional-popular.

La Agenda de Octubre de 2003 representa el programa que definió el pueblo boliviano a través de una movilización general convertida en la insurrección de octubre, destrozando el orden partidario vigente, las prácticas de entrega de los recursos estratégicos, la corrupción institucionalizada y provocando la huida de su mayor representante político-económico, abriendo así un momento de disponibilidad social y nacional hacia la construcción de un nuevo proyecto de país y de vida social y política.

En ese momento se produjo una concentración y síntesis histórica de los aspectos fundamentales de la economía, la política y la cultura de Bolivia manifiestas en el enfrentamiento entre el proyecto y la agenda neoliberal, impuestos durante los pasados veinte años en el marco del debilitamiento e inercia de los movimientos populares, y la emergente agenda popular construida en movilizaciones, bloqueos, manifestaciones y otras formas de protesta social arraigadas en la memoria de lucha del pueblo.

Desde fines de los años noventa se van recuperando las iniciativas del pueblo en su lucha por la defensa de sus derechos, las empresas estatales y los recursos naturales y la Guerra del Agua de Cochabamba, el año 2000, se presenta como el momento de inflexión que culmina en octubre del 2003 con la Guerra del Gas. La construcción de la Agenda nacional-popular fue paulatina en la resistencia y se convirtió en alternativa al orden conservador neoliberal a partir de quebrar el orden político neoliberal que había debilitado al Estado Boliviano, destruido lo poco de una economía nacional, favorecido a las empresas transnacionales petroleras, mineras y bancarias aliadas a la oligarquía local y entregado la administración estatal al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM).

La Agenda de Octubre, por tanto, se levanta como rechazo al orden imperante en base a la defensa de los recursos naturales, particularmente los hidrocarburos, y se manifiesta en lo político borrando prácticamente a los partidos tradicionales que manejaron el país y la economía en los veinte años previos, en lo económico en la necesidad de la recuperación de la iniciativa nacional y estatal mediante la nacionalización e industrialización de los recursos del país, en lo social con la participación directa de los sectores y clases populares como protagonistas, en lo ético luchando contra la corrupción y el tráfico de influencias institucionalizados y en lo internacional manifestando la necesidad de romper los vínculos de sometimiento al poder hegemónico imperialista mundial encabezado por Estados Unidos y sus aliados regionales, particularmente la oligarquía chilena que pretendía la compra de gas natural para su propio desarrollo y su transferencia a mercados norteamericanos.

La chispa del levantamiento de la población de la ciudad de El Alto fue precisamente el proyecto de venta de gas a Chile, considerado como una agresión al pueblo boliviano que no podía usar el gas para el consumo interno, doméstico o industrial, que no podía contar con gas por falta de gasoductos internos, que no podía usar el gas para su industrialización, teniendo importantes reservas que sólo servían para generar millonarias ganancias a las transnacionales y para las grandes industrias y poblaciones de Brasil y Argentina.

LA DISPUTA POR LA NACION

Se abrió así un nuevo momento y horizonte histórico para Bolivia marcado por las señas y el mensaje de octubre de 2003. Los nueve años que han transcurrido no deben ser vistos en blanco o negro, de manera maniquea, sino que, como todo proceso histórico, está lleno de matices, peripecias, correlaciones de fuerzas de la propia lucha de clases, de sectores sociales, de regiones y de pueblos y de la propia lucha nacional contra el imperialismo, de los intereses en juego y sus distintas manifestaciones.

Se puede identificar una primera fase en el periodo 2003-2005, coyuntura en la que se produjo un intento de reapropiación de la Agenda de Octubre por los sectores políticos de la oligarquía, sus partidos e instituciones, sus medios de comunicación e intelectuales que intentaron reciclar muchos elementos de la rebelión del 2003 y articularlos con el antiguo proyecto neoliberal. Pero fracasaron.

Fracasaron en su intento, desde el Parlamento Nacional y desde el Poder Ejecutivo, porque estaba presente un pueblo vigilante, un pueblo movilizado, un pueblo listo para castigar la traición. La negativa a cumplir la agenda de octubre obligó a la dimisión de Carlos Mesa y condicionó directamente la corta administración de Eduardo Rodríguez, quien aprobó la convocatoria adelantada a elecciones nacionales.

De todas maneras estos dos años fueron un periodo de disputa por la conducción de un nuevo proceso marcado por dos proyectos:

Reciclar el neoliberalismo y la democracia pactada en el marco de la vigencia de los partidos tradicionales, incorporando matices más notorios de participación social mediante la denominada participación popular que no fue sino un adorno micro en el contexto de un modelo macro basado en la privatización de la economía, la destrucción del Estado, el libremercado a ultranza y las maravillosas concesiones a las corporaciones transnacionales y la apertura a la participación política de organizaciones no partidarias. Este proyecto no avanzó en ese periodo y quedó frustrado en medio camino.

O avanzar en la ejecución de la Agenda de Octubre. Esta perspectiva fue madurando paralelamente en base a la recuperación no solamente de los recursos naturales para el Estado Boliviano o de la soberanía en las decisiones políticas internas, sino a la recuperación de la dignidad de los bolivianos frente a las imposiciones externas de gobiernos de otros países (Estados Unidos y varios de Europa) o de organismos internacionales (FMI, BM) en las determinaciones públicas del país con pensamiento propio y emancipador. Las políticas petrolera, educativa, minera, financiera, bancaria, judicial, comercial, de salud y muchas otras eran tuición de estos gobiernos y organismos al margen de cualquier decisión soberana, como referencia lateral vale la pena recordar los casos de pagos extras que realizaban estas entidades a fiscales, ministros, altos gerentes de entidades estatales y autoridades o los sobresueldos ilegales a altos funcionarios y parlamentarios con fondos destinados a gastos reservados.

Por tanto la recuperación de los recursos y la soberanía estaba fuertemente articulada con la recuperación de la dignidad nacional y de la lucha contra las formas coloniales de exclusión y discriminación de los más importantes y mayoritarios sectores de la población boliviana.

LOS AVATARES DE LA AGENDA DE OCTUBRE

Una segunda fase corresponde al periodo de ascenso político, electoral y gubernamental del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Evo Morales.

Si bien Evo Morales no fue participe directo de los acontecimientos de Octubre del 2003, él, el MAS y los movimientos sociales fueron capaces de recoger, organizar y representar a las fuerzas populares que marcaron el proceso con importantes triunfos electorales y generando las condiciones para avanzar en aspectos definidos por el levantamiento popular.

Se trata de un proceso político con momentos de gran altura y momentos de caída, con matices y manifestaciones contradictorias. La esperanza y compromiso del pueblo se acrecentó con importantes decisiones desde el gobierno, como el anuncio de la nacionalización de los hidrocarburos, en mayo de 2006, las nacionalizaciones de ENTEL y ENDE, la recuperación de Vinto, la incorporación de importantes sectores, antes excluidos de decisiones públicas, en los niveles de gobierno, el rechazo a la intervención de Washington en el país, la expulsión del Embajador estadounidense, el discurso antiimperialista y las alianzas con gobiernos nacionalistas y de izquierda en el continente, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, las propuestas de revertir las tierras de los latifundistas para redistribuirlas a los campesinos y las acciones para desmontar el poder regional de las oligarquías que mantenían un control violento en los territorios bajo su poder.

Sin embargo, paulatinamente en el gobierno fueron tomando cuerpo las posiciones conciliadoras en lo económico, lo político y lo internacional tanto con las potencias capitalistas, como con las ONGs y Fundaciones y con las empresas transnacionales imperialistas, primero, y después con acciones cada vez más contradictorias con la Agenda de Octubre, abriendo brechas en el proyecto nacionalista, antiimperialista y popular y generando una alta frustración en los sectores populares e insatisfacción porque el gran aval social y político, una especie de cheque en blanco, estaba siendo malgastado.

Las manifestaciones de esta situación se presentan así: Después de avanzar en la elaboración y presentación de la Nacionalización de los Hidrocarburos con el control nacional y estatal de los recursos del gas y el petróleo, se cayó en la política de concesiones a las transnacionales mediante los nuevos Convenios, debido a la presión de PETROBRAS, el gobierno brasileño y el propio presidente metalurgista Lula Da Silva, en beneficio no solamente de PETROBRAS, sino también de REPSOL de España, TOTAL de Francia y BG de Inglaterra, las mismas que habían sido aliadas del neoliberalismo y beneficiarias de la privatización y explotación del gas boliviano. Es un momento negativo porque retrasó el proceso de recuperación de los recursos naturales, la construcción de gasoductos internos y el proceso de industrialización del gas y distorsionó el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos que mandaba “El Estado Boliviano recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los hidrocarburos”, “…las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo el territorio nacional, están obligadas a entregar en propiedad a YPFB, toda la producción de hidrocarburos”, “El Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de los hidrocarburos en el país”.

Al firmar nuevos contratos con las transnacionales se distorsionó el Decreto y el mandato de octubre y se hicieron nuevas concesiones a las petroleras, las que en los últimos seis años han tenido ganancias extraordinarias de alrededor de 8.000 millones de dólares, cuando en los seis anteriores a 2006 habían conseguido rentas declaradas de algo más de 2.500 millones de dólares. Es cierto también que en los últimos seis años han habido mayores ingresos al país por la venta del gas a Brasil y Argentina, alrededor de 21.000 millones de dólares, pero bajo la mirada condicionante y estratégica de las corporaciones petroleras que tienen el manejo de las reservas mundiales de los energéticos marcando territorios, espacios y países en todo el planeta, más aún cuando tienen problemas porque Venezuela e Irán tienen un control más soberano sobre sus recursos como grandes productores y reservas de petróleo. A los arreglos con las transnacionales se suman los casos de corrupción y falta de transparencia en YPFB y otras instancias de gobierno.

De la misma manera, las trasnacionales mineras como Kores o Sumitomo mantienen sus grandes negocios y ganancias en condiciones extremadamente favorables por los bajos impuestos y regalías que pagan al Estado en base a leyes mineras provenientes del periodo neoliberal.

Asimismo, nunca como en estos años las ganancias de los Bancos Privados fueron tan millonarias.

Por otra parte, en aspectos sociales, jurídicos y políticos, la Asamblea Constituyente se convirtió en el Caballo de Troya de un conjunto de Fundaciones, ONGs, y Organismos Internacionales que realizaron millonarios gastos y que, junto a personajes políticos del gobierno del MAS que se prestaron a su juego, impusieron una Agenda que al impulsar una Constitución Política del Estado contradictoria e generadora de tendencias de división y fragmentación de Bolivia pone en riesgo la estabilidad nacional y regional.

Es evidente que el impulso del liderazgo de Evo Morales fue apoyado por varias ONGs, las que consiguieron un importante control en la administración gubernamental en los primeros años de su gobierno e impusieron las líneas maestras de la Asamblea Constituyente. La nueva Constitución tiene muchos aspectos positivos como el reconocimiento de derechos sociales y culturales, la defensa de la soberanía, el antiimperialismo y la participación social en el Estado, pero también valida los Contratos Petroleros y abre la brecha más sensible para la división de Bolivia como unidad política e institucional a través de las distintas autonomías y el reconocimiento de supremos derechos a sectores, regiones, comunidades o territorios. Las autonomías ha sido la bandera más preciada de las oligarquías ganaderas y terratenientes del oriente, norte y sur del país para tratar de mantener el control de los recursos y riquezas naturales y los excedentes económicos de las regiones ricas de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando.

PELIGROS Y PERSPECTIVAS

Se han abierto así múltiples manifestaciones de expectativas de dominio, control, posesión, explotación, propiedad, autodeterminación o de manejo independiente de territorios y recursos al margen del Estado Central, poniendo en riesgo la unidad e integridad boliviana.

Durante los últimos años han sido y siguen siendo muchos y serios los conflictos al respecto, desde el conflicto entre cooperativistas mineros, asalariados y comunidades en Huanuni, Colquiri, Mallku Kota, Corocoro, entre los guaraníes de Itika Guazu apoyados por la ONG Nizcor de España y la petrolera REPSOL frente a YPFB , entre sectores sociales en Caranavi, entre Oruro y Potosí por los recursos fronterizos, entre Chuquisaca y Tarija por reservas hidrocarburíferas, entre policías y comunidades en Uncia o Challapata, entre secciones provinciales de La Paz, El Alto, Palca y Achocalla por territorios, entre gobierno e indígenas de tierras bajas por la oposición de estos últimos a la construcción de la carretera por el TIPNIS y otros.

Aparecen algo así como pequeñas soberanías y derechos de autodeterminación, de carácter sectorial, regional o comunal, vía pueblos o presuntas 36 naciones originarias, dejando de lado el rol central e integrador del Estado y del gobierno y quebrando, de esta manera, una de las banderas de octubre del 2003, la que corresponde a la defensa de la unidad nacional como condición de avanzar en un proceso de liberación nacional y social, de descolonización interna y externa y de soberanía plena del Estado y la sociedad boliviana.

Este contexto permite advertir el grave peligro que corre Bolivia, más aún si existen antecedentes históricos de intereses de oligarquías fronterizas en los países vecinos (Chile, Brasil, Paraguay) que tienen puesta la vista en territorios bolivianos.

En el presente, a nueve años de la insurrección de octubre, encontramos una situación en la que la Agenda de Octubre ha sido distorsionada por el gobierno, con las señales de disconformidad del pueblo boliviano y los conflictos desatados por la contradictoria Constitución. Se advierte la pugna entre tendencias ambientalistas, autonomistas y autodeterminativas de sectores sociales o indígenas impulsados por las ONGs y Fundaciones financiadas desde Estados Unidos y Europa, con las que Evo Morales ha abierto una abierta confrontación, y tendencias desarrollistas e industrialistas que impulsan ideas de integración nacional y fortalecimiento del Estado.

La primera, que levanta un discurso pachamámico y autonomista a ultranza y es respaldada por ONGs, como CEJIS o CIPCA y otras, impulsa los territorios propios, la autodeterminación en el manejo de los recursos naturales al margen del Estado y la vigencia de un archipiélago de soberanías, ésta está perdiendo espacios, sin embargo su fuerza proviene de financiadores y de algunas organizaciones comunitarias, indígenas (CIDOB o CONAMAQ) y sociales que tienen un discurso vinculado al fundamentalismo ambientalista.

La segunda está presentando un discurso mas bolivianista y de unidad e integración nacional, defendiendo la soberanía y las responsabilidades articuladoras del estado, abriendo mejores posibilidades para que Bolivia participe en el proyecto mas ambicioso de la unidad continental de la Patria Grande frente a la dominación imperialista, porque una Bolivia debilitada y fragmentada va a incitar a que se generen divisiones internas en otros países como Chile, Brasil o Perú y va a retrasar un proceso de articulación como son la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En ese contexto es importante remarcar que el proyecto de octubre del

2003 es un proyecto de Unidad Nacional, no un proyecto de dispersión y por ese motivo la gran consigna actual, el gran tema estratégico es cómo impulsar y mantener la unidad de Bolivia por encima de todas las cosas, frente a las agresiones, presiones y fuerzas que conspiran contra su propia existencia.

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