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Área: Internacional >> Latinoamérica
Actualizado el 2012-10-12 a horas: 23:08:04

Algunos apuntes en torno al artículo 119 de la Constitución de Venezuela

En el día de la resistencia indígena (para seguir resistiendo)

Vladimir Aguilar Castro *

Es de resaltar que la sujeción a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) es también sujeción a su texto. En consecuencia, las leyes y los actos valen por estricta conformidad con el orden constitucional. El artículo 7 de la propia Carta Magna prescribe que todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a la CRBV.

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Esta sujeción es ante todo a los valores y principios de la norma suprema. Sin embargo, hay que también tener presente que las palabras que constituyen el texto constitucional deben de ubicarse en el punto de partida pero también de llegada de su interpretación.

Por ejemplo, la figura de la demarcación sólo se encuentra formulada de manera expresa en una disposición constitucional, es decir, en el artículo 119. Una norma infraconstitucional (por ejemplo la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) y la Ley de Demarcación y Garantía sobre Hábitats y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas) que tuviese por objeto la regulación de esta no podría prescindir de su denominación. Es decir, una norma que desarrolle la Carta Magna debe atenerse a sus palabras del propio texto constitucional.

A la par de las palabras ceñidas en el texto constitucional le siguen los actos de los órganos encargados del desarrollo y, sobre todo, de la garantía del principio y derecho constitucional.

Por ello, no cabe atribuir al constituyente la intención de establecer en la norma constitucional mandatos vacios de sentido, inútiles, innecesarios o irrelevantes. Por ejemplo, no hay lugar a soslayar o vaciar de sentido el mandato constitucional del artículo 119 según el cual, el Ejecutivo Nacional en el reconocimiento que hace de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas del país está en el deber de demarcar sus territorios con un único propósito: garantizar y desarrollar sus formas de vida.

En el examen del artículo 119 se desprende que la demarcación, al realizarla el Estado, se convierte en un bien jurídico a tutelar pues es un objeto socialmente útil, susceptible de apropiación y digno, en consecuencia, de protección jurídica. La relevancia de un bien jurídico es prueba de su dignidad como objeto de tutela.

Pero también el artículo 119 nos revela la demarcación como un asunto de orden público. Por lo tanto, es al Estado a quien le corresponde garantizarla por todos los medios necesarios para cumplir con el cometido constitucional.

Este bien jurídico constituye a su vez el objeto de un derecho, de un derecho humano, de un derecho fundamental para los pueblos indígenas ya no sólo de Venezuela sino del mundo: el derecho al territorio.

Al tratarse del derecho al territorio este se procura a través de la demarcación la cual es un mandato para el Estado y un derecho para su destinatario (es decir de los pueblos indígenas como sujeto de derecho) quien la requiere para ejercerla de conformidad a sus usos, tradiciones, costumbres y formas de organización social, política y económica.

La relevancia colectiva para los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela del derecho al territorio se constituye a su vez en el objeto de un interés general. De allí la doble condición de la demarcación como bien jurídico y como asunto de orden público.

El enlace entre la demarcación como núcleo de un derecho fundamental como es el derecho al territorio y el interés general se desprende del propio texto constitucional: en primer lugar, el artículo 119 precisa que el cometido final es garantizar y desarrollar formas de vida. Ello le impone al Estado el deber de reconocer que la demarcación es de interés público y que debe de realizarse con la participación de los pueblos y comunidades indígenas.

La consecuencia jurídica primera del reconocimiento que hace el Estado de la existencia de los pueblos indígenas en el país por mandato del artículo 119, es la imposición al Estado del deber de demarcar.

El artículo 119 configura a su vez la demarcación como el principio que indica la relación fundamental entre los pueblos y comunidades indígenas del país con el Estado. En consecuencia, el principio no se encuentra consagrado en el texto constitucional por voluntad del Estado sino del constituyente originario. Según la disposición citada, el constituyente no atribuye al Estado la potestad de otorgar sino el deber de reconocer aquel principio.

Según el artículo 3 de la CRBV, uno de los fines esenciales del Estado es el de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales. Por tanto, el citado deber de reconocimiento obliga al Estado a adoptar una posición de respeto frente a la demarcación y, a su corolario, el derecho al territorio.

El sujeto puesto específicamente a cargo de ese interés general son los pueblos y comunidades indígenas del país. La previsión constitucional no hace más que recoger así la relación original establecida ab origine entre la demarcación y el derecho al territorio.

Sin el territorio los pueblos y comunidades indígenas del mundo y del país no habrían podido ser lo que han sido ni podrían ser lo que son. En otros términos, la demarcación es un bien inherente al territorio.

Estos y otros aspectos constitucionales nos anuncian que el artículo 119 sigue pendiente de concreción. Hace falta creatividad jurídica para su puesta en marcha. Y ese ha sido uno de los objetivos de muchas apuestas institucionales. Crear, recrear y conocer las herramientas jurídicas y políticas que permitan la materialización del derecho reconocido.

* Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), Universidad de Los Andes, Mérida.

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