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Área: Economía >> Minería
Actualizado el 2012-10-03 a horas: 20:03:43

El gabinete aprobó un anteproyecto de ley para revertir al Estado áreas mineras no explotadas

El gobierno consolida 47 mil cuadrículas mineras de Comibol, y 8.790 para las cooperativas

(ABI).- El gabinete de ministros aprobó el miércoles dos decretos supremos. El decreto 1369 dispone el levantamiento parcial de la reserva fiscal de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y consolida 26 áreas mineras para la empresa estatal, es decir 33.500 cuadrículas, respetando las cuadrículas solicitadas por los cooperativistas y actores privados antes de la emisión de la norma. Por otro lado, el decreto 1368 precisa los derechos de explotación de la veta Rosario de mineros cooperativistas y asalariados.

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El ministro de Minería Mario Virreira explicó que con las 33.500 cuadrículas que se suman a la administración de Comibol, la empresa estatal contará con un total de 47 mil cuadrículas para sus operaciones. Aclaró que dentro de las 26 áreas consolidadas mediante el decreto se respetan los derechos de cooperativistas y actores privados.

El decreto 1369 establece el levantamiento parcial de la reserva fiscal, para lo cual en los siguientes 30 días se emitirá una resolución ministerial que reglamente el procedimiento para ampliar las áreas y dar curso a la solicitud de los diferentes sectores. Un tercer aspecto que engloba el decreto se refiere a la continuidad de los trámites de contratos mineros, en respeto de los derechos pre constituidos.

De otra parte, el gabinete de ministros aprobó el decreto supremo 1368 que determina derechos de explotación de la veta Rosario, perteneciente al yacimiento de Colquiri, por mineros cooperativistas y asalariados, y valida el acuerdo suscrito el sábado entre ambos sectores, con lo que el gobierno dio por concluido el conflicto que duró casi un mes y que cobró la vida del asalariado Héctor Choque.

El ministro de Gobierno Carlos Romero explicó que la norma, tal como se estableció en el convenio al que se llegó el sábado con ambos sectores, señala que hacia el norte de la línea de referencia 82 N de la veta Rosario corresponde a la Cooperativa 26 de Febrero y al sur a la Comibol. La norma indica que el ramal Rosario N, en su integridad, corresponde al sector cooperativista, mientras que el ramal D pertenece a Comibol.

Para precautelar las operaciones, dijo, el transformador queda en manos de Comibol y la rampa en poder de los cooperativistas. Ambos sectores asumen el compromiso de “cuidar” las chimeneas de ventilación y los servicios de agua y aire para el buen funcionamiento del yacimiento.

“Este es el decreto supremo número 1368 que ha sido comprometido en el convenio del sábado estableciendo áreas de operación en la veta Rosario para la Comibol y la Cooperativa 26 de Febrero con lo que el compromiso asumido por el Gobierno Nacional ha sido cumplido”, dijo Romero.

El ministro de Gobierno manifestó que en las siguientes horas Comibol debe suscribir un contrato de arrendamiento con la Cooperativa 26 de Febrero, para el inicio de sus operaciones, y de seguro será necesario realizar “una pericia de campo”para que en el yacimiento se identifiquen las áreas de trabajo.

Aclaró que la Cooperativa 26 de Febrero no puede aliarse o suscribir acuerdos con empresas privadas o transnacionales para la explotación de la parte de la veta Rosario que le corresponde, así como también debe asumir la responsabilidad en el pago a la compañía Sinchi Wayra, luego que se conozca el estudio que defina sus inversiones.

El Ministro dejó en claro que los descuentos por los días no trabajados a los mineros asalariados no fue parte del debate en la mesa de diálogo tripartito ni del análisis que hizo el gabinete de ministros, por lo que queda en manos del Ministerio de Trabajo. Señaló que se calcula una pérdida diaria de 200 mil dólares en Colquiri por la inactividad producto del conflicto suscitado.

Tras el acuerdo y la aprobación del decreto, Romero consideró que no existe ningún impedimento para que los cooperativistas ingresen a la zona y realicen sus actividades normales. “No debería haber ningún motivo para impedir el ejercicio constitucional de los cooperativistas para que retornen a sus domicilios y sus fuentes de trabajo”, dijo.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri informó que aún no reanudaron actividades en el yacimiento a la espera de recibir oficialmente el decreto aprobado por el gobierno. “Todavía no hemos recibido el decreto, mientras tanto no se reinicia el trabajo, eso habíamos advertido al Gobierno y estamos cumpliendo”, dijo en entrevista con radio Erbol.

El dirigente Estallani denunció que una de las esposas de los mineros asalariados fue seriamente lesionada por la agresión de parte de las esposas de algunos cooperativistas, por lo que tuvo que ser internada en un centro médico. “Esta es una tremenda provocación, es una verdadera bomba de tiempo que puede explotar cualquier momento”, advirtió.

Por otra parte, dijo que el anuncio de declaratoria de huelga legal al paro sostenido por los mineros de Colquiri, en defensa de un patrimonio nacional para beneficio de todos los bolivianos, fue comprendida por el ministro de Trabajo Daniel Santalla.

“Después de que se hizo conocer esa información de que fue huelga ilegal, nos reunimos con el ministro de Trabajo Daniel Santalla y él ha emitido una nueva Resolución, dejando sin efecto la disposición anterior”, destacó. Con esto los asalariados de Colquiri cobrarían el sueldo de septiembre sin descuentos.

Derechos mineros

El gobierno aprobó este miércoles un anteproyecto de ley para adecuar los derechos mineros a la Constitución Política del Estado (CPE) que prevé recuperar las áreas mineras no explotadas, informó el ministro Mario Virreira. “Las áreas que se reviertan a consecuencia de la caducidad o resolución conforme a lo previsto en la presente ley serán consideradas reserva fiscal, en los contratos que se resuelvan sobre áreas sobre Comibol, esa titularidad se mantendrán a favor de la empresa estatal”, agregó.

Virreira explicó que el objetivo de la propuesta es establecer mecanismos de control y fiscalización sobre actividades que desarrollan los titulares de derechos mineros y establecer causales de caducidad aplicables a las autorizaciones transitorias especiales y causales de resolución de contratos mineros. Además, el anteproyecto de ley instruye que debe existir un registro actualizado de los derechos mineros y un plan de implementación y desarrollo de actividades mineras.

La autoridad dijo que los actores mineros que sean titulares de autorizaciones transitorias especiales mineras deberán registrar su derecho en el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin), además, de un plan de implementación y desarrollo de actividades mineras, en un plazo máximo de cuatro meses, a partir de la fecha de publicación de la ley.

“La falta de registro de los términos establecidos constituye causal de caducidad y de resolución de contratos sin derecho a indemnización, retornando a dominio del Gobierno boliviano esas áreas mineras”, complementó. La autoridad manifestó que en el sector privado hay una gran cantidad de cuadrículas inactivas, que pasarán a propiedad del Estado. En la actualidad detenta 62.200 cuadrículas, mientras que Comibol, tras consolidar las 26 áreas, contará con 47 mil, y los cooperativistas tienen 8.790 cuadrículas.

Por último, el Ministro de Minería anotó que el anteproyecto de ley también tipifica como delito de allanamiento o destrucción de bienes del Estado (tipificados en los artículos 223 y 298 del Código Penal), los asentamientos no autorizados, avasallamientos o desarrollos ilegales en áreas mineras por parte de servidores públicos.

“Sus autores, cómplices serán pasibles a sanciones establecidas en la ley, no se reconocerán derechos a las personas que realicen asentamientos no autorizados. Los servidores públicos que infrinjan esta disposición serán sujetos a las sanciones establecidas en la ley de Lucha Contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz y Código Penal”, subrayó.

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