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Área: Política >> Ejecutivo
Actualizado el 2012-09-26 a horas: 22:35:59

Por decreto, el gobierno aprueba el Plan de Seguridad Ciudadana y penaliza el uso de dinamita

La Presidenta interina Gabriela Montaño aprobó dos decretos supremos; el primero sanciona con cárcel la tenencia y uso de explosivos durante movilizaciones callejeras, y el segundo instituye el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012–2016.

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El gobierno aprobó por decreto el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012–2016 que será implementado anualmente por las diferentes instancias que componen el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y evaluado con indicadores locales y metas de corto plazo, además de la percepción ciudadana y el índice de criminalidad.

El Plan es el marco referencial para la elaboración de los Planes Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesino de Seguridad Ciudadana. La aplicación tiene plazos establecidos enmarcados dentro de los cinco años de vigencia (2012-2016).

Por otro lado, la Presidenta Montaño aprobó el miércoles el decreto supremo 1359 que sanciona la tenencia y uso de explosivos durante movilizaciones callejeras con penas que oscilan entre uno y cuatro años de cárcel.El Ministerio de Gobierno elaboró el proyecto de decreto que fue analizado y aprobado en reunión de gabinete de ministros.

La norma surge luego de la muerte del Héctor Choque, minero asalariado, quien fue víctima de un explosivo que cooperativistas arrojaron a las instalaciones de la Federación de Trabajadores Mineros, durante una marcha el 18 de septiembre.

Montaño precisó que “la detentación y el uso de artefactos explosivos que pongan en riesgo la vida de personas pasará por el tema penal y en el tema penal está definida una sanción de uno a cuatro años”. Aclaró que la prohibición del uso de artefactos y sustancias explosivas se limita a las movilizaciones en las que se ponga en riesgo la integridad de la población. El uso del material está permitido en fiestas patronales, entradas folklóricas, actividades laborales mineras e hidrcarburíferas.

El decreto habilita a la Policía Boliviana y al Ministerio Público para el decomiso y la incautación de materiales explosivos, en caso de que éstos afecten la vida humana o comprometan la comisión de daños materiales de bienes públicos o privados.

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