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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2012-09-10 a horas: 18:40:01

La masacre Yanomami o el arte de desmentir primero y averiguar después...

Vladimir Aguilar Castro *

El gobierno de Venezuela y la Ministra Maldonado desmienten lo que a todas luces resulta ser una evidencia: una masacre realizada por garimpeiros transnacionales al pueblo indígena Yanomami. La misma ha sido corroborada fundamentalmente por miembros sobrevivientes de la comunidad Irotatheri en el Estado Amazonas y por organizaciones indígenas de base aglutinadas en torno a la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM). In dubio pro indígena es el principio. En caso de duda se favorece al indígena.

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En efecto, el 27 de agosto de 2012 la organización Yanomami Horonami solicitó ante la Fiscalía Superior del Estado Amazonas, el esclarecimiento del “…asesinato de un grupo indeterminado de indígenas Yanomami…” en la comunidad de Irotatheri.

Definitivamente quienes dirigen el país ya nos tienen acostumbrados a pifias, sólo que estas les puede costar lo que tienen como preciado en la hora actual: ganar las elecciones. En política es bueno tener en cuenta la contingencia, la incertidumbre como clave de análisis, pero sobre todo, como elementos a no perder de vista en tiempos de elecciones.

Hemos sido siempre de la idea que los derechos territoriales indígenas no responden a coyunturas electorales sino a tiempos políticos. Esto en parte explica por qué el territorio sigue siendo un derecho indígena pendiente de ser materializado.

Luego de la consagración en la Carta Magna de todo un dispositivo normativo en favor de los pueblos indígenas del país, el cual se abre con el derecho al territorio, el capítulo VIII está aún por hacerse efectivo. Lo ocurrido a los Yanomami se debe fundamentalmente al retraso de los procesos de demarcación y a la incomprensión del Ejecutivo y de sus instituciones en materializar el contenido de los derechos consagrados en el artículo 119 de la CRBV.

A la par de las palabras contenidas en la Carta Magna le siguen los actos y las formas de las instituciones responsables de su puesta en práctica y, sobre todo, de la garantía del principio y del derecho constitucional. Por ello, no se puede negar el mandato constitucional del artículo 119 según el cual, el Ejecutivo Nacional en el reconocimiento que hace de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas del país, está en el deber de demarcar sus territorios con un único propósito: garantizar y desarrollar sus formas de vida.

Este reconocimiento y, en consecuencia, la existencia de los pueblos y comunidades indígenas sólo es posible mediante el derecho al territorio. Esto y no otra cosa es lo sustantivo del mandato constitucional.

La Ministra Maldonado desde su nombramiento quedó rebasada por las circunstancias. Frente a esto, su gran estrategia ha sido dividir y destruir a las organizaciones indígenas. Veinte años después de la matanza Yanomami en Haximú la revolución ya tiene también sus indígenas muertos. A la de Irotatheri se le suma la muerte del indígena Yukpa Alexander Fernández en manos de sicarios de la Sierra de Perijá pagados por ganaderos. Poco ha importado el silencio de algunos dirigentes indígenas o la connivencia de otros. Poco importan ahora los desmentidos, chantajes o amenazas que se pretendan pues el genocidio silencioso a los pueblos indígenas del país en general y al pueblo Yanomami en particular ya se ha consumado.

Lo absurdo es que la masacre no fue el Estado quien la cometió sino garimpeiros pero no la quiere investigar a fondo. Despacharla y banalizarla lo hace cómplice y responsable. La incoherencia gubernamental estriba en que el sistema interamericano de protección de derechos humanos recientemente estableció responsabilidades sobre la matanza de Haximú ocurrida en 1993, que justamente el gobierno actual está intentando resarcir. Abrir una averiguación veráz y transparente sobre los acontecimientos, tal como lo ha hecho Brasil, es lo menos que se puede esperar de un ejecutivo que se autocalifica de revolucionario.

El Canciller venezolano critica a la CIDH en cuanto a que “…esta viola su propia convención sin tener información de las investigaciones…” que realiza el país, pero el gobierno nacional también desmiente primero y averigua después. Paradójicamente, el contenido de reformas que algunos países (entre ellos Venezuela) están proponiendo en el seno de las instituciones de la OEA (CIDH dixit) es que estas investiguen menos las violaciones de derechos humanos de los Estados partes.

De nuevo la teoría de la conspiración se ha puesto en marcha para sustituir la teoría de la ineficiencia. No falta el intelectual de izquierda quepartiendo de la realidad política enseguida se enzarce en una embestida teórica. Tal como Luis Brito García lo comentara en su columna el “(…) Imperialismo Humanitario tiene un modelo: 1) agresiva campaña mediática de descredito contra cualquier gobierno progresista; 2) infiltración de organizaciones no gubernamentales, sicarios, mercenarios o paramilitares que crean perturbaciones; 3) presentación de la defensa del gobierno legítimo como supuesta agresión contra un grupo opositor, una minoría étnica o ciudadanos indefensos; 4) movilización de mecanismos institucionales de deslegitimación instantánea del gobierno legitimo; 5) uso de la fuerza bruta interna o externa para imponer la decisión deslegitimadora (…)” (Ultimas Noticias, Pare de Sufrir, El Imperio Contraataca, Domingo 8 de julio de 2012 y Pare de Sufrir del Domingo 9 de septiembre de 2012. Subrayado nuestro).

La duda que nos asalta es que si la primera tipología es aplicable a Ecuador; la segunda a Venezuela; la tercera a Bolivia; la cuarta a Paraguay y la quinta está por hacerse efectiva en algún país progresista (aunque otrora ya fuera ensayada en países como Granada y Panamá), definitivamente el Imperialismo lo tiene todo calculado y no queda otra opción sino sucumbir a sus huestes.

Por si fuera poco, la absurda tipología aún no incorpora a otros gobiernos progresistas de la región como Argentina, Uruguay o la propia Cuba. Suponemos que esta última tiene la suya propia en la Ley Helms-Burton.

En fin, tales análisis disparatados no hacen sino castrar cualquier iniciativa que pueda surgir desde los movimientos sociales. Pero no sólo eso, nos hace también suponer que la nueva realidad latinoamericana no admite zonas grises coincidiendo con aquel discurso de George W. Bush, quien luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001 afirmaría que quienes no estaban con los EEUU estaban contra ellos.

Esa suerte de maquila epistemológica con la que los intelectuales hacen sucumbir la realidad es un flaco favor a los propios procesos de cambio y gobiernos que se dicen “progresistas” (y en la mayoría de los casos extractivistas), pues sus limitaciones y errores despachan una verdad cada vez más incomoda: la izquierda aún no ha sido capaz de cumplir siquiera con las propias tareas democráticas que la burguesía como clase tenía asignada y a las cuales renunció desde hace tiempo.

El gobierno nacional debería reconocer este 12 de octubre todas las autodemarcaciones realizadas por los pueblos y comunidades indígenas del país. De ganar las elecciones sería el primer acto concreto de justicia territorial hacia los indígenas, luego de 14 años de gobierno. Si pierde, dejaría blindado a los pueblos y comunidades de Venezuela, ya no sólo en sus derechos reconocidos sino, sobre todo, con el piso necesario para que sus derechos constitucionales puedan ser ejercidos.

El Ejecutivo Nacional (pero sin la Ministra Maldonado pues ya debería de haber renunciado) tiene la palabra...

* Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) Universidad de Los Andes Mérida-Venezuela.

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