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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2012-09-04 a horas: 12:31:23

Biocombustibles y seguridad alimentaria

Juan Carlos Zuleta Calderón*

Si bien el sector Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca aún posee una participación porcentual importante en el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia (12,42%, en 2011), el país dista mucho de tener una vocación eminentemente agrícola por cuanto para el mismo año apenas registró un 2,6% de superficie cultivada en el territorio nacional. Estos datos se complican si se considera que, según información para 2010, el 34% de la población boliviana todavía estaría asentada en el área rural, donde además se concentran los grupos poblacionales más vulnerables a la inseguridad alimentaria que dependen de la actividad agropecuaria para su subsistencia.

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Resulta entonces extremadamente peligroso pensar siquiera en la posibilidad de utilizar las escasas tierras aptas para la agricultura de que disponemos en la actualidad en la producción de biocombustibles de diferentes tipos, tal como han sugerido hace poco diferentes analistas e instituciones vinculadas al sector agroindustrial del oriente del país, bajo el argumento de la posible obtención de una mayor soberanía energética.

De concretarse esos proyectos, el país podría caer en una situación de alto riesgo; los aparentes incentivos económicos para producir biocombustibles de manera intensiva particularmente en las tierras más ricas ubicadas en el departamento de Santa Cruz podrían desplazar la producción de otros cultivos con efectos impredecibles sobre la seguridad alimentaria, entendida de la manera más amplia como el acceso a los alimentos por parte de los segmentos más pobres de nuestra sociedad. Conviene anotar que en la campaña agrícola 2011-2012 este departamento habría aportado con el 40% de la superficie cultivada a nivel nacional, habiendo producido el 31% de los alimentos de consumo humano del país.

Así, una posible solución al problema de la alta dependencia del diesel importado de Venezuela (esto es, la falta de soberanía energética) debería buscarse más bien en la reactivación del proyecto “gas-to-liquids” (paralizado desde febrero de este año en YPFB), a partir de un análisis costo-beneficio que considere todos los costos y beneficios (privados y sociales) de dicho emprendimiento. Otra salida, probablemente mucho más eficiente, sería introducir en la agroindustria cruceña vehículos y maquinaria pesada con sistemas energéticos híbridos (a diesel y electricidad) y/o completamente eléctricos, lo que, en el mediano plazo, podría terminar poniendo cada vez mayor presión sobre otro proyecto estratégico visiblemente retrasado (e incluso sin rumbo definido) como es el de la industrialización del litio que debería orientarse – en lo fundamental - a la producción de baterías de alta potencia para ese tipo de medios de producción.

* Economista

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