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Área: Política >> Ejecutivo
Actualizado el 2012-08-26 a horas: 15:28:45

El ex ministro de Gobierno dijo que “alguien rompió la cadena de mando” con la orden de reprimir a los indígenas del Tipnis

Quintana promueve el “exilio dorado” de Llorenti para encubrir autorías de Chaparina

Wilson García Mérida

La investigación sobre los hechos de Chaparina se detuvo precisamente en el punto donde Llorenti y Quintana deberían aclarar ante nuestra sociedad democrática quién rompió la “cadena de mando” ordenando a la Policía reprimir a la marcha indígena.

Wilson García Mérida

Es periodista. Reside en Cochabamba.

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No es posible creer que Sacha Llorenti ignore, administrativamente por lo menos, quién rompió la “cadena de mando” en su Ministerio aquel 25 de septiembre. Llorenti supo y sabe perfectamente que Juan Ramón Quintana como supremo jefe de facto de los aparatos de Inteligencia del Estado, es quien provocó la represión policial en Chaparina. Sabía Sacha Llorenti que Quintana impuso la designación del coronel Víctor Maldonado Hinojosa como Jefe Nacional de Inteligencia, y que fue Maldonado, por instrucciones directas de Quintana, quien encabezó personalmente una avanzada policial en Chaparina minutos previos a la intervención represiva. He ahí el “eslabón perdido” de la cadena de mando que ciertamente alguien rompió…

“Naciones Unidas tiene que estar ocupada por un funcionario que defienda los intereses del Estado, que propicie las mejores condiciones de relacionamiento del Estado con la comunidad internacional”, declaró el estadólatra Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en una nota publicada el jueves por el periódico estatal Cambio apoyando la designación de Sacha Llorenti Soliz como embajador del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene su sede en Nueva York.

Quintana, uno de los funcionarios del actual Gobierno más visiblemente interesados en la salida de Sacha Llorenti del territorio nacional, aseguró que la designación del ex ministro de Gobierno como embajador en la ONU “es idónea”. Restó importancia a los cuestionamientos éticos a dicha designación por las responsabilidades evidentes de Llorenti Soliz en el intento de masacre perpetrado contra los marchistas indígenas el 25 de septiembre del pasado año. “Sólo son cuestionamientos políticos”, minimizó el Ministro de la Presidencia con su habitual tono displicente.

Aquellos “cuestionamientos políticos” minimizados por Quintana, tienen como basamento legal que Sacha Llorenti, siendo Ministro de Gobierno y por tanto principal funcionario responsable de la seguridad interna, no puede eludir sus responsabilidades jurídicas y administrativas en la violenta represión policial contra mujeres, niños, ancianos y líderes indígenas aquella dolorosa tarde de domingo en septiembre; aunque no haya sido el mismo Llorenti en persona quien haya impartido tan torpe instrucción represiva, sólo propia de regímenes fascistas.

De hecho, durante las investigaciones hoy truncadas e inconclusas sobre aquella inconcebible violación contra los derechos humanos de los pueblos indígenas bajo un régimen democrático, Sacha Llorenti se acogió a un atenuante que es el punto exacto donde se detuvo la investigación: “Hubo una ruptura en la cadena de mando”, afirmó Llorenti en sus declaraciones ante el Fiscal asignado al caso, dando a entender que la orden impartida a la policía para reprimir fue emanada de manera inorgánica, es decir por alguien con excesivo poder político pero sin mando legal para decidir tales acciones represivas por encima del Ministro del área e incluso del Presidente.

El turbio informe de Villena

Antes de aquella declaración, Sacha Llorenti había sido acusado por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, como principal responsable de la violación a los derechos humanos de los indígenas, “por haber decidido que fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indígena pacífica, (…) y al haber impartido directamente una orden ilegal que fue ejecutada por la Policía Boliviana”, según establece el Informe Defensorial emitido en noviembre del 2011.

Llorenti Soliz calificó de “inaceptable e inadmisible” la acusación del Defensor del Pueblo en su contra, insistiendo en que la instrucción “no partió ni del Presidente, ni del Ministro de Gobierno” y que “hubo una ruptura en la cadena de mando”.

Villena, más allá de profundizar la investigación indagando sobre quién o quiénes pudieron ser responsables de aquella “ruptura de la cadena de mando”, retrucó a Llorenti criticando al ex Ministro de Gobierno por haber revelado públicamente sobre esa misteriosa interferencia entre los mandos policiales y el Ministerio respectivo. “Esas declaraciones deben realizarse ante el fiscal que investiga el caso y no de forma pública a través de los medios de comunicación”, protestó Villena contra Llorenti sin comprometerse en ningún momento a establecer dónde estaba el “eslabón perdido” de la cadena de mando violentada en Chaparina.

No obstante, el pasado 4 de abril, el fiscal José Ponce, encargado de investigar la represión anti-indígena, reveló que la misma Fiscalía General de la República, más allá de la declaración de Llorenti, emitió un informe conclusivo admitiendo que efectivamente en lo de Chaparina “hubo una ruptura de la cadena de mando”. Sin embargo, explicó el mismo fiscal Ponce, “está en proceso de investigación para establecer en qué momento se habría roto esa cadena de mando“. Y ahí quedó congelada la investigación.

El “eslabón perdido” y su cadena de impunidad

Haya o no habido “ruptura en la cadena de mando” a la hora de ordenar la represión policial contra la columna de los indígenas marchistas, en última instancia el responsable político y administrativo de aquella violación contra la Constitución y los derechos humanos, fue, es y seguirá siendo el entonces Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) en el área de Seguridad e Inteligencia del Estado, en ese momento.

No existe norma alguna —menos en la Constitución Política del Estado que fija con claridad las atribuciones y responsabilidades de los miembros del Poder Ejecutivo a partir del Presidente— que imponga como un atenuante o motivo de absolución una posible “ruptura en la cadena de mando”. Puede ser que Sacha Llorenti no haya emitido la criminal orden de reprimir a los indígenas con la brutalidad policiaca que estremeció al país; pero no es admisible que ignore, como Ministro, quiénes, cómo y cuándo rompieron las instancias orgánicas de su Ministerio vulnerando su propia autoridad administrativa, como él mismo asegura sucedió.

Por tanto, Sacha Llorenti debería permanecer en el país para colaborar en el esclarecimiento de esa “ruptura en la cadena de mando” que provocó la pateadura policial contra los indígenas del Tipnis, ya que la investigación por parte del Ministerio Público se encuentra detenida en ese punto precisamente. Sacarlo del país, nombrándole Embajador ante la ONU, es una especie de “exilio dorado” con el que Sacha Llorenti se alejará definitivamente de la investigación dejando que el “eslabón perdido” de la cadena fracturada se pierda para siempre, más aún si en esta “cadena de la impunidad” se ve comprometido nada menos el propio Defensor del Pueblo.

Hay más de un indicio apuntando al entonces Director de la Agencia para el Desarrollo de las Microrregiones y Fronteras (Ademaf), el ex mayor de Ejército Juan Ramón Quintana, como el “eslabón perdido” en la cadena de mando rota en Chaparina. Desde ese cargo encubierto, Quintana (con todas sus habilidades adquiridas en la Escuela de las Américas —Comando Sur del Ejército norteamericano en Panamá— cuando fue oficial de las FF.AA. durante los gobiernos de Banzer Suárez y Sánchez de Lozada en los 90′) ejerció una especie de “jefatura de facto” de la comunidad de Seguridad e Inteligencia del Estado, a pedido expreso del presidente Evo Morales.

Quintana desde Ademaf, además, aprovechó la coyuntura de la crisis del Tipnis para retornar al Ministerio de la Presidencia, diseñando una estrategia mediática y represiva contra la XVIII Marcha Indígena, estrategia ejecutada desde los órganos de Inteligencia del Estado (militar, policial y civil) mediante las acciones represivas que derivaron en la tentativa de masacre del 25 de septiembre en Chaparina.

Como un logro personal, Quintana contribuyó decisivamente en la desarticulación del movimiento indígena en defensa del Tipnis sacando ventajas de las debilidades políticas e ideológicas de las ONG’s que se montaron en la cresta de la ola de ese movimiento indígena. Al resquebrajar las marchas indígenas combinando acciones represivas —como la de Chaparina— con labores de Inteligencia, desinformación, faccionalismo prebendal y desprestigio de los dirigentes indígenas, Quintana hizo “buena letra” con la jerarquía cocalera del MAS, la cual un año antes había impuesto a Evo Morales su destitución del Ministerio de la Presidencia al ser vinculado con las ONG’s que en el 2010 fueron desplazadas del Gobierno en una disputa interna (ONG’s vs MAS) por cuotas de poder.

La cadena entre Sacha Llorenti y “JR” Quintana

No es posible creer que Sacha Llorenti ignore quién rompió la “cadena de mando” en su Ministerio aquel 25 de septiembre del 2011. Llorenti supo y sabe perfectamente que Juan Ramón Quintana como supremo jefe de facto de los aparatos de Inteligencia del Estado, es el que provocó la represión policial en Chaparina. Sabía Sacha Llorenti que Quintana fue quien impuso la designación del coronel Víctor Maldonado Hinojosa como Jefe Nacional de Inteligencia, y que fue Maldonado, por instrucciones directas de Quintana, quien encabezó personalmente una avanzada policial en Chaparina minutos antes de la represión con gases, pateaduras y amordazamientos cuando los indígenas realizaban una siesta vespertina.

Maldonado es un ex agente civil de la DIN (la policía política del dictador Luis García Meza) experto en labores de inteligencia; es el “ariete” de Quintana para perforar la estructura policial con el fin de ceder espacios a las FF.AA. dentro el actual régimen. El Informe del Defensor del Pueblo omite deliberadamente la presencia y participación del entonces Jefe Nacional de Inteligencia en los hechos de Chaparina; y existen evidencias de que dicho informe pasó por el “filtro” de colaboradores estrechos de Quintana infiltrados dentro la misma Defensoría del Pueblo. El nombre del coronel Víctor Maldonado no figura ni abreviado en el informe de Villena, y sus declaraciones ante el Fiscal del caso tienen carácter de “muy confidencial”.

Pocos meses después de aquella cobarde demostración de “la fuerza del Estado” con la pateadura infringida a los indígenas marchistas, el coronel Maldonado fue “premiado” con el puesto de Comandante General de la Policía Nacional, en un cuestionadísimo nombramiento también propiciado por Quintana. He ahí el “eslabón perdido” de la cadena de mando que Quintana rompió frente a las narices de Sacha Llorenti.

La designación de Llorenti como Embajador ante la ONU es un gran alivio para Quintana. Se trata de un “exilio dorado” que mantendrá alejado a Llorenti de las investigaciones, si es que éstas prosiguen, y además es el precio que el Gobierno de Evo Morales debe pagarle a Llorenti por su silencio cómplice y deshonesto.

No es casual por ello que Quintana se haya puesto la camiseta de “Sacha en la ONU”. En su declaración publicada el jueves por el periódico Cambio, el Ministro de la Presidencia reveló que el nombramiento de Llorenti “está bastante adelantado y se presentó un plan de trabajo con miras a aplicarlo en la agenda internacional”.

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