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Actualizado el 2012-08-13 a horas: 23:59:51

Los indígenas presentan amparos y acciones populares contra la post consulta y la Justicia los acusa de “enriquecimiento ilícito”

Dirigentes del TIPNIS enjuiciados y con mandamiento de aprehensión

Redacción Bolpress

Un fiscal de Beni emitió mandamiento de aprehensión contra varios dirigentes indígenas que participaron en la IX Marcha en defensa del TIPNIS, todos ellos acusados de la comisión de los delitos de “enriquecimiento ilícito” e “incumplimiento de deberes”. Los perseguidos aseguran que su único delito fue rechazar una “consulta” ilegal montada por el gobierno para aprobar con prebendas y amenazas la construcción de una carretera por medio de un parque nacional declarado “intangible” por el propio Presidente Evo Morales.

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En el último año dos marchas indígenas llegaron a La Paz denunciando que el gobierno de Morales pretende construir por la fuerza la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS sin haber consultado previamente a los dueños legítimos de ese territorio, tal y como mandan la Constitución Política del Estado Plurinacional y varios tratados internacionales relativos a los derechos indígenas, todos ellos ratificados por el gobierno “indígena”.

A fines de 2011 el gobierno de Morales se comprometió a no construir carretera alguna en el TIPNIS, declarado zona “intangible” mediante la Ley 180, pero a principios de 2012 promulgó la Ley 222 convocando a una “consulta” para revisar la “intangibilidad” de ese territorio y de esta forma revalidar su proyecto carretero.

En febrero de 2012 los diputados Fabián Yaksic y Marcela Revollo del MSM presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 222. El Tribunal Constitucional sentenció que la consulta convocada por dicha Ley, para ser considerada constitucional, debía necesariamente ser consensuada con los pueblos indígenas del TIPNIS. Sin embargo, el gobierno hizo caso omiso del fallo e inició de manera unilateral la cuestionada post consulta el domingo 29 de julio.

El 25 de julio el dirigente de la Subcentral TIPNIS Fernando Vargas presentó un amparo constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca para frenar la post consulta ilegal, pero el recurso fue rechazado y remitido al Tribunal de Justicia de La Paz. Dos días después, el 27 de julio, el dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) Rafael Quispe interpuso una acción popular ante la Sala Civil Tercera del Tribunal paceño con el mismo fin, pero el recurso también fue observado.

Tras analizar el amparo presentado por Vargas, los vocales Aida Maldonado Bocangel y Jorge Quino de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz alegaron que la demanda tenía “defectos que deberán ser subsanados” en un plazo de 48 horas. En su criterio, faltaba “precisar” los reclamos presentados ante el Tribunal Constitucional que dictó la sentencia 0300/2012. “Tomando en cuenta la naturaleza de la presente acción, aclare con precisión los elementos fácticos que sirven de fundamento jurídico, así como los elementos normativos constitucionales invocados como lesionados”, requirieron los vocales.

Maldonado y Quino también solicitaron a la dirigencia del TIPNIS que adjunte la documentación legal correspondiente que acredite la inexistencia de la concertación para realizar la consulta posterior. Además, “a efectos de no afectar derechos e intereses de terceros que no forman parte de la acción se deberá indicar los nombres, domicilios de todos los terceros interesados tomando en cuenta que existen otras comunidades que también forman parte de la consulta”, exigieron los vocales.

Por otro lado, los vocales Javier Percy Bravo y Ramiro Sánchez hicieron cuatro observaciones al recurso planteado por Quispe. Cabe recordar que la acción popular es un mecanismo establecido en los artículos 68 al 71 del nuevo Código Procesal Constitucional con el objetivo de “garantizar los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad… medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución”, en caso de que éstos sean violados o amenazados.

Minutos antes de cumplirse el plazo de 48 horas para subsanar los errores, el 2 de agosto Rafael Quispe presentó el documento corregido. “Yo no confío en la justicia (porque) aquel juez o fiscal que está apegado a la Ley es perseguido por el gobierno, inmediatamente le abren juicios o procesos; sin embargo, estamos obligados a cumplir con todos los procedimientos que exige la norma burocrática para agotar la vía administrativa nacional e irnos (luego) a la internacional”, advirtió Quispe tras presentar el memorial de enmiendas a la Sala Civil Tercera.

Cuatro días después Quispe fue agredido físicamente por militantes del partido en función de gobierno en la localidad de Corocoro, primera sección municipal de la provincia Pacajes del departamento de La Paz. El 6 de agosto, gente del MAS encabezada por el secretario general de la Empresa Minera Corocoro Severo Castillo, el secretario de Deportes Lorenzo Villegas y otras personas “intentaron matarme cuando yo fui hacer mis necesidades biológicas; he sido interceptado por ellos y la golpiza ha durado un minuto, con palos y guardatojos, diciéndome que por qué yo hablo en contra de Evo Morales”, denunció el agredido en una entrevista con AINI.

Quispe aseguró que no era la primera vez que lo golpeaban: “En la marcha en junio he sido agredido en los Yungas, igual por masistas con la misma intención. También recibí amenazas de Ministros que me decían que me vaya alineando con ellos, hasta me ofrecieron Ministerios y yo lo he negado; y si no iba aceptar estás eran las consecuencias, pero ahora lo voy a tomar en serio”, reveló el dirigente de la CAOI tras recordar que meses atrás el gobernador de La Paz César Cocarico amenazó públicamente con “colgar a los opositores”.

Quispe no es el único perseguido por el gobierno. Este lunes el fiscal de Distrito de Beni Alejandro Cruz emitió un mandamiento de aprehensión contra varios dirigentes del TIPNIS que en días previos impidieron el paso a las brigadas gobiernistas encargadas de ejecutar la cuestionada post consulta en el TIPNIS. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas Vladimir Sánchez aseguró que ni un solo indígena es procesado por oponerse a la consulta, “ni siquiera los que obstruyeron el ingreso a la comunidad Gundonovia”. (ABI)

El fiscal Cruz aseguró que el proceso penal por el cual emitió orden de aprehensión contra dirigentes del TIPNIS obedece a una denuncia presentada por el dirigente del territorio indígena Multiétnico II Richard Torrejón en abril de este año, y por tanto no tiene relación alguna con las acciones de resistencia a la post consulta.

Los dirigentes perseguidos son Alejandro Yuco Semo, Isidro Gonzales García, Adolfo Moye Rosendy, Juan Salvatierra Melgar, Shirley Fabricano Román, Zenón Espíndola Notu y otros, acusados de recibir cada uno alrededor de 200 mil bolivianos del ex prefecto de Beni Ernesto Suárez.

La persecución de dirigentes que critican al gobierno y la criminalización de las protestas sociales se han vuelto moneda corriente en Bolivia. “Hemos visto en los últimos meses, con una cierta preocupación, la (vulneración) del derecho a la consulta a los pueblos indígenas con todo lo que ocurrió alrededor del proyecto de construcción de la carretera en el TIPNIS”, declaró el propio representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Denis Racicot en la conmemoración del 63 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Varios analistas y expertos en la materia alertaron en repetidas oportunidades que el Estado boliviano no solo vulnera los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución sino también la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ratificada por Ley N. 3760 del 7 noviembre de 2007.

La representante residente del PNUD en Bolivia Yoriko Yasukawa dijo que aunque los indígenas tienen mayor representación en los diferentes poderes del Estado, todavía no lograron el reconocimiento pleno de sus derechos políticos y “todavía hay un tendencia de descalificar y agredir a los que piensan diferente a nosotros”.

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