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Área: Economía >> Energía e hidrocarburos
Actualizado el 2012-07-23 a horas: 06:19:47

Tercer caso de corrupción en YPFB:

Carlos Villegas niega ser el nuevo “Santos Ramírez”

La Paz y Santa Cruz (ABI).- El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Carlos Villegas rechazó el domingo las comparaciones hechas entre su gestión y la de Santos Ramírez, ex responsable de la petrolera estatal, respecto a la construcción y puesta en marcha de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande y los hechos de corrupción que rodean a ese millonario proyecto. Legisladores oficialistas y opositores solicitaron incluir a Villegas en ese proceso de investigación, el tercero por corrupción en YPFB.

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La Fiscalía investiga desde el 19 de junio al ex gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos Gerson Rojas y a otros funcionarios implicados en presuntas adjudicaciones fraudulentas de algunos proyectos de YPFB. La noticia de un posible caso de soborno en torno a un millonario proyecto levantó gran revuelo mediático.

El presidente de YPFB recalcó que ese hecho se destapó después que el equipo jurídico y de transparencia de la compañía estatal siguió un proceso de investigación en contra de Rojas por uso indebido de bienes del Estado. Ese proceso develó altos movimientos de dinero (90 mil dólares) a nombre de Rojas y otros hechos irregulares, en complicidad con Agustín Ugarte, por lo que ambos funcionarios fueron destituidos, imputados y detenidos preventivamente.

El 22 de junio Villegas instruyó a los equipos jurídico, transparencia y administrativo de YPFB iniciar un proceso de investigación por uso indebido de bienes del Estado a raíz de la triple colisión de una movilidad Toyota con placa de circulación KKL-2841 el 17 de junio de 2012, conducido por Rojas en la localidad de Yapacaní, Santa Cruz.

El 28 de junio se realizó un inventario de la oficina de Rojas, encontrándose entre sus objetos personales un recibo de depósito bancario por pago de alquiler de cajas de seguridad del Banco Mercantil Santa Cruz y otros documentos que fueron entregados al Ministerio Público. Ese mismo día se procedió a la aprehensión de Rojas, quien fue imputado por el uso indebido de bienes del Estado. El 29 de junio YPFB presentó una querella criminal y solicitó la detención preventiva del acusado, quien fue recluido en el penal de Palmasola.

El 4 de julio Villegas instruyó la ampliación de la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito. La Dirección Legal General de YPFB solicitó al Fiscal Anticorrupción Carlos Candia Justiniano la emisión de un requerimiento fiscal al Banco Mercantil Santa Cruz para determinar la titularidad de las cajas de seguridad, el bloqueo de las cajas, una copia legalizada de los contratos de alquiler y el allanamiento de dichas cajas.

El 5 de julio se pudo establecer la existencia de dos cajas de seguridad, la primera signada con el N.- 298 perteneciente a Gerson Rojas, donde se encontró y secuestró la suma de 90 mil dólares en nueve fajos, anotaciones de supuestos montos y fechas de movimientos de dinero. La segunda caja con el N.- 069 pertenece a Agustín Ugarte y Gerson Rojas, donde no se encontró dineroy otros documentos, pero se estableció, según el kárdex de uso de caja del Banco, que Ugarte ingresó el sábado 30 de junio a horas 12:55 y retiró el contenido de la misma.

El 6 de julio se procedió a la aprehensión de Ugarte, que prestó su declaración informativa señalando que en enero de 2011 recibió instrucciones de Rojas para hacerse presente en la Av. San Martín, cerca al puente Urubó, de la ciudad de Santa Cruz, donde le entregaron 100 mil bolivianos. El 7 de julio YPFB formalizó querella criminal contra Ugarte por el delito de enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes en el grado de complicidad, logrando su detención preventiva en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El 11 de julio la ministra de Comunicación Amanda Dávila informó que el Presidente Evo Morales ordenó a la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Nardi Suxo una investigación minuciosa de los supuestos actos de corrupción denunciados en la estatal YPFB, después de un exhaustivo análisis en el gabinete ministerial de las irregularidades atribuidas a dos ex funcionarios de la estatal petrolera.

“Ha habido una reunión informativa muy extensa sobre el tema y el Presidente Evo Morales ha ordenado de manera inmediata la intervención del Ministerio de Transparencia, independientemente del tema judicial y fiscal que en este momento está en marcha, hay personas detenidas pero además de eso el Presidente ha ordenado la intervención del Ministerio de Transparencia para que se investigue el caso”, explicó Dávila.

Asimismo, la Ministra de Comunicación informó que el Jefe de Estado ratificó su “absoluta” confianza al presidente Villegas. “Es un pequeño grupo que ha incurrido en actos de corrupción, que la logrado recurrir en prácticas de ese tipo pero que no pueden quedar ocultas y tarde o temprano se evidencia, ese hecho ha salido a la opinión pública porque el Gobierno a través del Presidente de YPFB había iniciado antes las investigaciones”, recordó.

Carlos Villegas aseguró que la estatal petrolera tomó la iniciativa de denunciar actos irregulares contra el ex gerente de Plantas de Separación de Líquidos y el ex funcionario Agustín Ugarte, acusados por uso indebido de bienes del Estado y enriquecimiento ilícito. “Todos los hechos que se han develado no hubiesen sido posibles si YPFB no tomaba la iniciativa de la investigación. En consecuencia, se coadyuvó en forma activa con el Ministerio Público promoviendo diligencias”, afirmó el presidente de YPFB.

Por otro lado, la asesora legal de YPFB Mónica Ramírez, quien investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Rojas, confirmó el hallazgo de indicios de corrupción en la compra del terreno para la construcción de la Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco ubicada en Tarija.

Ramírez informó que la petrolera estatal solicitó al Ministerio Público la aprensión del Marcelo Oña, quien fungía como asesor de Rojas, por aprobar la adquisición de un área que no estaba debidamente saneada. Dijo que Rojas y Oña incumplieron con la acreditación del derecho propietario de ese terreno y compraron 479 hectáreas que no estaban debidamente saneadas, cuyo precio total llegaba a los 8 millones de bolivianos, de los que fueron erogados 7 millones.

“Vamos a pedir la detención preventiva de este ciudadano (Oña) toda vez que con su accionar ha demostrado una conducta, no sólo incompatible al código de ética como funcionario de YPFB, sino también que a través de esta conducta se ha notado actos irregulares en la compra de estos terrenos conjuntamente el ex gerente de Plantas, Gerson Rojas”, dijo Ramírez. Oña es acusado de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y obstrucción a la justicia, entre otros delitos.

Según la Asesora legal de YPFB, la construcción de la Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco no está en riesgo, puesto que los terrenos en cuestión, que fueron comprados el 15 de marzo de 2012, terminaron de ser saneados el 5 de mayo de 2012. “En este momento el terreno está debidamente saneado”, aseguró.

Villegas solicitó el pasado viernes a la ministra Nardi Suxo investigar sus bienes y cuentas bancarias para coadyuvar en la indagación que se sigue a dos funcionarios de esa entidad estatal por uso indebido de bienes del Estado y enriquecimiento ilícito. Un día antes legisladores oficialistas y opositores solicitaron incluir a Villegas en ese proceso de investigación, el tercero por corrupción en YPFB.

“Le he solicitado a la Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción se realice investigación sobre mis cuentas bancarias y patrimonio personal, asimismo le sugiero cotejar dichos resultados con mi declaración jurada efectuada en enero del 2006, antes de asumir las funciones de Ministro de Desarrollo Sostenible”, dijo Villegas.

El titular de YPFB indicó que la Fiscalía tiene todo el derecho de citar a todos los funcionarios que vea conveniente, para contribuir al esclarecimiento de ese hecho, que “fue descubierto por iniciativa de la presidencia de YPFB”, a raíz de un accidente de tránsito protagonizado por el ahora ex gerente Gerson Rojas, quien conducía un vehículo de esa empresa sin autorización.

Villegas rechazó el domingo las comparaciones hechas entre su gestión y la de Santos Ramírez, ex responsable de la petrolera estatal, respecto a la construcción y puesta en marcha de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande y los hechos de corrupción que rodean a ese millonario proyecto.

En una entrevista con medios estatales, Villegas justificó, con informes técnicos en la mano, la inversión de 159,5 millones de dólares en ese proyecto, casi el doble del precio que estableció Ramírez en 2008 (86,4 millones), y rechazó enfáticamente que exista un sobreprecio en el costo.

Aseguró que los trabajos de ingeniería, obras civiles y equipamiento que realiza Astra Evangelista S.A. (AESA), parte de la estatal argentina YPF, no se comparan a las labores que iba a desarrollar Catler Uniservice, que pagó coimas -dijo- para adjudicarse la construcción de la Planta de Río Grande y puso en prisión a Ramírez en 2009. “Nosotros tenemos todo el respaldo por eso aceptamos la auditoria internacional que ha instruido el Directorio (de YPFB) y cualquier auditoría que pueda ser definida por el Ministerio de Transparencia, por el Ministerio de Hidrocarburos, por la Contraloría”, afirmó.

Villegas enfatizó que el precio y diseño propuesto en 2008 por Ramírez y una empresa “fantasma” no tiene un respaldo técnico ni científico. “Santos Ramírez define un precio de 86 millones de dólares que saca de la galera, que saca no sé de dónde. No hay ingeniería conceptual no existe ingeniería básica extendida ni mucho menos ingeniería de detalle, procura o construcción”, complementó.

Respecto al proceso contra el ex gerente de Plantas de Separación de Líquidos de YPFB Gerson Rojas y otros funcionarios implicados en presuntas coimas para la adjudicación de la Planta de Rio Grande, Villegas reafirmó que las investigaciones deben continuar “caiga quien caiga”.

AESA ha negado pagos ilegales, sin embargo, el Directorio de YPFB instruyó la contratación de consultores internacionales para realizar una auditoría técnica y financiera a ese proyecto. “Es una decisión atinada porque no solamente esta coima hay que aclarar, sino hay que aclarar todo el proceso”, dijo Villegas.

Por último, indicó que todas las acciones de la petrolera estatal están supeditadas al control de la Unidad de Auditoría Interna y Unidad de Transparencia (internas), la Contraloría del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (externas).

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