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Área: Política >> Ejecutivo
Actualizado el 2012-07-10 a horas: 00:01:09

El sector privado requiere más de 70 leyes para asegurar la inversión y fomentar la agroindustria

Gobierno y empresarios afinan la agenda productiva y la nueva ley de inversiones

Redacción Bolpress

El gobierno de Evo Morales presentó a los gremios empresariales más importantes del país el anteproyecto de la nueva ley de Inversiones y un renovado plan de desarrollo industrial para los próximos cinco años;mientras que el Legislativo y el empresariado comenzaron a consensuar “una agenda legislativa con visión productiva”. “Nos parece muy interesante el proyecto de inversiones del gobierno, y más interesante es que venga a presentarnos sus planes y a escuchar nuestras sugerencias; estamos complacidos”, valoró el presidente de la CAO Julio Roda.

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La redacción de la nueva ley de inversiones es uno de los mandatos del Primer Encuentro Plurinacional celebrado a principios de 2012 en Cochabamba. En esa oportunidad el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Daniel Sánchez aseguró que existen condiciones favorables en el país para incrementar la inversión extranjera. Según el ministro Carlos Romero, la inversión extranjera directa en 2011 bordeó los 700 millones de dólares, el doble que el promedio registrado en el período 2006-2010 de aproximadamente 296 millones de dólares al año.

En el Encuentro de Cochabamba el gobierno y los empresarios crearon el Consejo Económico, Social, Productivo con la misión de diseñar la nueva Ley de Inversiones y una política de desarrollo específica a mediano y largo plazo que dé certidumbre a las empresas extranjeras y nacionales que invierten en el país.

“Hemos discutido sobre la necesidad de dar certidumbre a la inversión extranjera, como también al empresariado nacional, y la opción que tenemos es contar con una Ley de Inversión, un paraguas jurídico que permita a los empresarios extranjeros mirar a Bolivia con prioridad y dar mayor certidumbre a nuestros propios empresarios”, dijo el 2 de mayo el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

El 22 de mayo el presidente de la Comisión de Planificación, Política, Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados Marcelo Elio (MAS) anunció que convocaría a los directivos de la CEPB y a embajadores de países que invierten en el país para iniciar los debates en torno a la nueva ley, “sin obviar al sector privado nacional, y sin discriminar a ningún otro sector”. Sin embargo, un mes después aún no había sido constituido el Consejo Consultivo Económico y Social.

“Se deben concretar a la brevedad posible los dos acuerdos del Encuentro Plurinacional de Cochabamba que son la creación del Consejo Consultivo y la Ley de Inversiones. Demás está mencionar que para generar los niveles de empleo que el país demanda, cada año Bolivia necesita crecer a tasas superiores al 7% y los últimos años hemos registrado niveles entre 4,5 y 5%”, observó el vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) Mario Yaffar Yaffar el 26 de junio.

Según el directivo empresarial, la industria nacional no ha podido remontar el 3% de crecimiento anual, casi la mitad del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), debido a las limitaciones de infraestructura productiva, energía, mantenimiento y apertura de mercados.

El 5 de julio el diputado Marcelo Elío presentó el anteproyecto de ley de Inversiones que regula la inversión extranjera y privada nacional y garantiza la seguridad jurídica en el marco de la economía plural. El anteproyecto de ley de 50 artículos abarca temas referentes a la seguridad jurídica, garantías y aspectos de regulación de empresas, el manejo de los capitales, la industrialización de recursos naturales y la resolución de conflictos y disputas en torno a los bienes naturales.

“La ley reglamenta las inversiones, el registro de empresas, la forma de manejar los capitales y fundamentalmente la industrialización de recursos naturales en territorio boliviano para que dejen de salir materias primas y se pueda obtener valor agregado”, subrayó Elío. Indicó que la nueva legislación garantiza el respeto a los derechos del capital privado, siempre y cuando cumpla con la normativa boliviana en lo referente a las tasas impositivas e invierta lo comprometido. “Los problemas que tenemos hoy en día son fruto de la ley neoliberal regula las inversiones, pero cuando se haga la consulta y los acuerdos con la comunidad el tema de avasallamiento se erradicará por completo”, aseguró.

Una vez aprobada la norma de inversiones, el Congreso trabajará en las nuevas leyes de Bancos y Entidades Financieras, del Banco Central de Bolivia (BCB), el Código Tributario y la ley de Aduanas. “Es un paquete ambicioso de leyes que queremos entregar al país este año”, anunció Elío.

Son más de 70 las leyes requeridas por el sector privado para asegurar la inversión y al mismo tiempo generar fuentes de empleo en la agroindustria yen otros sectores productivos, declaró el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz Gabriel Dabdoub el 9 de julio, luego de reunirse con la presidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado.

Por iniciativa de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz que afilia a más de 25 entidades, este lunes Delgado y dirigentes del empresariado comenzaron a coordinar la redacción de leyes en beneficio del gremio.Participaron en la reunión representantes de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO); Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX); Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y otros.

“Hemos aceptado la invitación muy cordial que nos ha hecho la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, y nos parece muy bien que podamos establecer mecanismos concretos de coordinación en cuanto a la labor legislativa”, destacó Delgado. La legisladora recibió varios aportes, recomendaciones, sugerencias y hasta reclamos de parte de los empresarios que reclaman la simplificación de trámites aduaneros y mecanismos más concretos para combatir los avasallamientos de tierras.

“Creemos que es importante que puedan recibir de parte del sector empresarial la experiencia para generar las leyes necesarias que nos puedan dar la seguridad jurídica, para buscar la normativa que nos ayude a abrir mercados para poder exportar”, agregó Dabdoub. La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural Teresa Morales resaltó la importancia de concertar “una agenda Legislativa con visión productiva, donde se pueda interactuar desde el órgano legislativo a favor de leyes que sean consensuadas en beneficio de la producción agroindustrial”.

La ministra Morales presentó además a la CAO la nueva agenda económica y estrategia productiva del gobierno, que proyecta una inversión estatal de 1.900 millones de dólares en la producción de alimentos y otros bienes estratégicos en los próximos cinco años. “Nos parece muy interesante el proyecto de inversiones que tiene el gobierno para implementarse a partir del próximo mes; y más interesante es que venga a presentarnos sus planes y escuchar nuestras sugerencias; estamos complacidos, es un buen paso y solo se necesita algunos detalles que con gusto ayudaremos”, valoró el presidente de la CAO Julio Roda.

El pasado 17 de junio el Vicepresidente Álvaro García Linera reveló que el gobierno de Evo Morales diseña “un nuevo mapa económico de amplio espectro y sostenibilidad para los siguientes años, un esquema de industrialización que contempla grandes inversiones en proyectos de explotación de recursos naturales, construcción de aeropuertos y carreteras; la industrialización de úrea, amoniaco, polietileno, litio, hierro, entre otras iniciativas.

La referida estrategia incluye un “plan de integración carretera”, un plan de distribución de la riqueza entre los sectores más pobres de la población, y el potenciamiento económico con las organizaciones sociales. García Linera dijo que “esos emprendimientos se están ejecutando en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, La Paz y Potosí, en coordinación con las organizaciones indígenas originarias campesinas, y las autoridades municipales y departamentales”.

Con información de ABI e IBCE.

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