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Actualizado el 2012-05-21 a horas: 06:19:29

El colapso de la nueva Constitución

Andrés Solíz Rada

Con la exigencia del presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Oriente, Chaco y Amazonía (CIDOB), Adolfo Chávez, publicada en el periódico “Cambio”, de La Paz, el 15-05-12, de modificar el vital artículo 349 de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), cuyo texto dice: “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”, se cierra el circuito de sectores ciudadanos importantes que cuestionan el texto constitucional, aprobado el 25-01-09. Chávez considera que los recursos naturales deben ser de los pueblos indígenas y no del pueblo boliviano. La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, calificó la demanda de “inconstitucional, discriminatoria y atentatoria a todos los bolivianos”.

Andrés Solíz Rada

Andrés Solíz RadaAbogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia. Fue el primer ministro de Hidrocarburos de la gestión de Evo Morales.

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Los cuestionamientos a la NCPE se producen en momentos de profunda confusión ideológica y política. Los dos protagonistas de la actual pugna interna, el gobierno y la CIDOB, tienen excelentes relaciones con las petroleras. Evo acaba de entregar nuevas áreas de exploración a Repsol y Petrobrás, a tiempo de subvencionarlas, a cambio de nada, con 30 dólares por cada barril de petróleo que producen en el país. La CIDOB apadrina con su silencio el establecimiento de un Fondo de Inversiones de Repsol a favor de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), cuyos integrantes se benefician con 140.000 dólares mensuales, a cambio de retardar la construcción de gasoductos internos y no cuestionar las políticas exportadoras. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que es parte del Poder Ejecutivo, ha sostenido que un gasoducto que una los mega campos de Tarija con el Salar de Uyuni, a fin de explotar el litio, con los centros mineros de Occidente y con la populosa ciudad de El Alto no es económicamente viable. Lo anterior equivale a decir que Bolivia no es viable.

La CIDOB ocupa ahora espacios de poder en la gobernación de Santa Cruz, en la que el gobernador Rubén Costas es la figura central de la oligarquía cruceña. A su vez, la “cumbre de movimientos sociales”, organizada por el MAS, en enero pasado, tuvo como participantes de primer nivel a representantes empresariales de Santa Cruz, dentro de los cuales existen figuras prominentes de la oligarquía regional.

Antonio Peredo, uno de los dirigentes históricos del partido oficial, pidió a Evo rectificar el rumbo, mediante la consolidación de los avances de su primer gobierno (2006-2011) y la creación de empleo productivo. Peredo advierte, seguramente, que las petroleras están anulando las conquistas de la nacionalización del 01-05-06. Por otra parte, la creación de empleo productivo depende no sólo de inversiones (el gobierno tiene recursos), sino también de gestión, ordenamiento institucional y recursos humanos calificados de los que se carece casi por completo.

La NCPE, al reemplazar el concepto República (salvo referencias aisladas en su texto), por el de Estado Plurinacional, ha caído en el absurdo de creer que es posible fortalecer la construcción nacional, a partir del invento de 36 naciones, desconectadas entre sí, a las que se reconoce territorios ancestrales, autogobierno, sistemas jurídicos independientes y gestión exclusiva de recursos renovables. Este y otros artículos constitucionales causan enfrentamientos entre sectores indígenas y capas medias, traducidos en caos cotidiano. La dificultad para reordenar la convivencia social reside en que si bien casi todos quieren modificar la NCPE, su propio texto tiene tal cantidad de candados y reaseguros que habrá que convivir con ella por lo menos en el próximo lustro.

De los 411 artículos de la NCPE, más de 300 garantizan derechos y garantías, lo que no ha impedido que los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Informaciones, Amanda Dávila, anunciaran oficialmente que el grabar conversaciones telefónicas, para utilizarlas judicialmente, es lícito, ya que la vida privada sólo rige en los domicilios. La NCPE ha facilitado la destitución de autoridades elegidas democráticamente, y la instauración de procesos contra adversarios políticos .Los bloqueos de calles y carreteras, así como la ocupación de minas y campos de petróleo, además de centenares de enfrentamientos limítrofes entre municipios, departamentos y comunidades indígenas es el pan de cada día. Todo lo anterior sucede ante la mirada complacida de núcleos citadinos, especialmente de zonas residenciales, que anhelan retornar al centenario sometimiento de las mayorías indo mestizas.

Tal vez la mayor coincidencia del gobierno con los dirigentes indígenas opositores sea su repudio a la historia patria, a sus pensadores, héroes y mártires. Ambos han trabajado por debilitar aún más el entramado indo mestizo, sobre cuya estructura Bolivia afinca su existencia. A pesar de todo, las cosas tienden a cambiar. Pese al respaldo de la jerarquía eclesiástica al fundamentalismo indígena, el apoyo irrestricto que este recibía de las ONG de Europa y Estados Unidos tiende a disminuir por la crisis económica de los países occidentales. Por su parte, el MAS afronta una lucha interna entre el Vicepresidente Álvaro García Linera y el Canciller David Choquehuanca por saber cual de ellos acompañará a Evo en las elecciones presidenciales del 2014.

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