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Área: Economía >> Transportes
Actualizado el 2012-04-09 a horas: 21:12:47

Patricia Ballivián defiende dudoso contrato de construcción de la carretera del TIPNIS con presunto sobreprecio

Se enturbian los negocios de ABC y OAS

La demanda presentada por el MSM por supuestas irregularidades en el contrato de construcción de la carretera del TIPNIS es “un show político”, afirmó la ex presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Patricia Ballivián, pero no aclaró las irregularidades denunciadas.

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El 27 de septiembre de 2011, el partido opositor Movimiento Sin Miedo (MSM) interpuso ante el Ministerio Público una doble demanda penal contra autoridades del Estado por la violación de derechos humanos en la intervención policial a la VIII Marcha Indígena, y por el presunto sobreprecio en la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, obra adjudicada a la brasilera OAS.

Semanas atrás la abogada del MSM Aida Camacho criticó a la comisión de fiscales asignada al caso “por la lenta investigación” y porque no imputó a ninguna de las personas acusadas de suscribir contratos lesivos al Estado. El jefe del MSM Juan Del Granado lamentó que la investigación haya estado “largamente y dolosamente” paralizada, posiblemente por instrucción del Poder Ejecutivo.

La semana pasada el Ministerio Público retomó las investigaciones del caso TIPNIS, luego de que el MSM inició el 26 de marzo de una acción legal en contra los fiscales Óscar Ponce y Patricia Santos por supuesto incumplimiento de deberes. Hasta antes de la reactivación de las investigaciones, el único que se presentó a declarar fue el ex subcomandante de la Policía general Óscar Muñoz Colodro, quien actualmente guarda detención domiciliaria por instrucción del Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal Cautelar.

Posteriormente, los fiscales tomaron declaraciones informativas al ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, al ex ministro de Régimen Interior Marcos Farfán, al comandante General de la Policía general Jorge Santiesteban y al actual subcomandante de la institución policial general Edwin Foronda.

Ponce adelantó que la comisión de fiscales realizará una inspección ocular en la localidad beniana de Chaparina, donde la policía reprimió a los indígenas que marchaban hacia a La Paz, y dejó abierta la posibilidad de que se recorra el trazo total de la cuestionada carretera adjudicada a OAS.

La justicia investiga los negocios de ABC y OAS

Días atrás el Presidente Evo Morales manifestó su preocupación porque la constructora brasilera OAS no entregó ninguna obra carretera hasta el momento. “El problema no son los plazos o los trabajos no efectuados sino el sobreprecio de más de 100 millones de dólares en el contrato suscrito por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y OAS en 2008”, retrucó Del Granado.

“No es una preocupación sincera la que manifestó el Presidente Morales sino una acción distractiva” con la que busca restar fuerzas a la IX marcha del TIPNIS que comienza el 25 de abril, subrayó el jefe del MSM en una entrevista con la red Erbol.

Del Granado recordó que tramita el enjuiciamiento de los principales personeros de ABC y OAS por la suscripción de contratos lesivos al Estado, “pero de esto no dice nada el señor Evo Morales y tampoco dice nada del pago de 7,5 millones de dólares de parte de ABC a OAS en 2009, cuando no estaba en vigencia el contrato (de construcción de la carretera)”.

Hasta el año 2011, la ABC canceló a la constructora brasilera alrededor de 83 millones de dólares, aparentemente como anticipo por la construcción de la carretera del TIPNIS, pero “hasta el día de hoy no sabemos en qué fueron invertidos esos 83 millones de dólares”, observó Del Granado.

Por otro lado, el ministro de Obras Públicas Guillermo Sánchez y el presidente de la ABC Luis Sánchez insinuaron que OAS ya no construirá el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. El Presidente de la ABC declaró textualmente que “ha quedado clarísimo que ya no es parte de las tareas de OAS que tiene que trabajar únicamente en los tramos I y III”.

Esas declaraciones “no corresponden a la realidad, son absolutamente falsas, engañosas y sin duda tienen una finalidad política antindígena contraria al TIPNIS”, aseguró Del Granado, tras recordar que el 22 de agosto de 2009 el Estado boliviano, ABC, OAS y el Banco de Desarrollo del Brasil (BNDES) suscribieron un contrato de crédito por 332 millones de dólares dividido en tres sub créditos:

El sub crédito A de hasta 66,4 millones de dólares para la instalación de faenas; el sub crédito B de hasta 126 millones de dólares para la construcción de los tramos I y III, y el sub crédito C de hasta 139 millones de dólares para la construcción del tramo II correspondiente al tramo Isinuta–Monte Grande.

Del Granado reiteró que se trata de “dos contratos que dan cuenta, por un lado, de la construcción de la carretera desde Villa Tunari hasta San Ignacio de Moxos y, en segundo lugar, un contrato de financiamiento que establece tres sub créditos, uno de ellos para el tramo II”.

No obstante, el líder del MSM exigió al gobierno que explique si ambos contratos están vigentes o si fueron modificados en cuanto al tramo II. Si fue así, que las autoridades digan “dónde fueron a parar los 83 millones de dólares que hasta el momento se pagó a OAS”.

Además, Del Granado explicó que el contrato de construcción firmado por la ABC y la brasilera OAS el 4 de agosto de 2008, señala en su cláusula tercera -objeto del contrato- que “el contratista se compromete y obliga por el presente contrato a ejecutar todos los trabajos necesarios para el proyecto Construcción de la Carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos”.En ese sentido, “aquí no hay tramos; está el compromiso de OAS con la ABC para la construcción de toda la carretera”.

Según Del Granado, las declaraciones del Ministro y del presidente de la ABC buscan “confundir, neutralizar y engañar” a la dirigencia de los pueblos indígenas del TIPNIS, quienes están preparando la IX marcha indígena contra la construcción del tramo II.

El líder del MSM consideró que el gobierno insiste en la construcción de la carretera a través del TIPNIS por tres razones. La primera es la presión corporativa para ampliar la frontera agrícola cocalera, “sector del cual el presidente Evo Morales parece que es presidente en primer lugar de las seis federaciones (cocaleras)”. La segunda razón es el presunto sobreprecio de más de 100 millones de dólares, “según un estudio realizado no por nosotros sino por la asociación de ingenieros de Cochabamba”.

Según Del Granado, la “tercera razón es que hay la decisión de liquidar con la dirigencia natural del TIPNIS. Yo creo que hay bronca histórica de esta dirigencia pseudo indígena que está en Palacio con esta dirigencia auténtica de tierras bajas que está en el TIPNIS”.

“Representación teatral”

La anterior semana el fiscal Óscar Ponce informó que la ex presidenta de la ABC Patricia Ballivián sería citada a declarar en el marco de la investigación del presunto sobreprecio de más de 100 millones de dólares en la construcción de la carretera adjudicada a la brasilera OAS.

La ex autoridad se presentó a declarar este lunes, informó sobre los pormenores del contrato llave en mano, dijo que la obra fue adjudicada en cumplimiento de leyes y decretos específicos, y aseguró que la denuncia del MSM “es un show o un espectáculo político porque el memorial no tiene pruebas, no tiene sustento ni compara carreteras similares”.

Sin embargo, la abogada del MSM Aida Camacho dijo que la comisión de fiscales a cargo de las investigaciones del caso TIPNIS está realizando una “representación teatral” al convocar a los implicados a declarar sólo en presencia de uno de los fiscales. Reveló que Ballivián declaró este lunes solo ante el fiscal Ponce.

“Llama poderosamente la atención que dos de los fiscales que conforman la comisión – refiriéndose a Carlos Fiorilo y Patricia Santos- no estén presentes en una declaración tan importante y que es esencial para la prosecución de la investigación. Como vemos no existe la tal comisión cada uno lleva adelante las acciones procesales, por tanto se nota que es una representación teatral a la que estamos sometidos y de lo que se trata es de propiciar la impunidad de los imputados”, dijo Camacho.

La abogada explicó que de acuerdo a procedimiento judicial cuando se produce una declaración cada una de las autoridades encargadas de la investigación, en este caso la comisión de fiscales, debe realizar cuestionamientos al imputado para luego establecer la existencia o no de indicios de un hecho denunciado.

“Si los fiscales no están presentes no tendrán ninguna posibilidad de esclarecer los hechos que se han suscitado y eso implica que más adelante no habrá posibilidad de una imputación porque no hubo la participación de las autoridades. Hasta el momento eso está pasando porque no hay ni una solo imputado”, cuestionó Camacho.

Además, la abogada del MSM observó la inclusión del fiscal Carlos Fiorilo en las investigaciones sobre la violación a los derechos humanos de los marchistas del TIPNIS, ya que “tiene serios cuestionamientos de nuestra parte porque en actuaciones anteriores se ha visto que ha tenido apego y favoritismo muy grandes y ha seguido las órdenes del Ejecutivo respecto a hechos que se han denunciado”.

Fiorilo es uno de los fiscales que investigó el caso Caranavi, en el que los acusadores terminaron como acusados.

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