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Área: Política >> Elecciones
Actualizado el 2011-09-14 a horas: 19:43:39

J. Mena, F. Lanchipa, J. Valencia, E. Choque, S. Chanez, H. Cárdenas, M. Mendoza, W. Ayala, R. Flores, Z. Bacarreza, A. Sahonero y E. Argandoña

Entrevistas a candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (I)

Los medios del Estado entrevistaron a los siguientes candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional en las elecciones judiciales del 16 de octubre: Jaime Mena Soruco, Fausto Lanchipa Ponce, Juan Valencia Alvarado, Efren Choque Capuma, Soraida Chanez Chiré, Heldy Cárdenas Méndez, Milton Mendoza Miranda, William Ayala Baldelomar, Ruddy Flores Monterrey, Zenón Bacarreza Morales, Antonieta Sahonero Molina y Elena Argandoña Quino.

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1. Jaime Mena Soruco (Cochabamba)

P. Entre sus atribuciones está resolver los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental ¿qué normas contamos para resolver casos de conflictos?

R. Bien, yo creo que debemos empezar por hacer una referencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene un conjunto de atribuciones, pero de ese conjunto se separan básicamente en dos, uno que es derechos fundamentales, otorgar las garantías necesarias; y el otro son de control de constitucionalidad. Dentro de estos está el conflicto de competencias, y dentro del conflicto de competencias está el de resolver los conflictos que suscitan entre los órganos de los estados, pero también los de la jurisdicción indígena originaria campesina y la ordinaria específicamente. ¿Qué es lo que pasa con estas?, se supone que el tema de la jurisdicción indígena originaria campesina, hay una competencia en razón de territorio, en razón de materia, y por lo tanto es en función de esto que el Tribunal Constitucional si acaso las autoridades indígena originaria campesina hubiesen de resolver o emitir un fallo dentro de su propia hermenéutica, con sus propias reglas, con su propia justicia, entonces el tribunal conocerá aquello.

P. El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de control de constitucionalidad y guardián de la primacía de la Constitución y jerarquía de las normas jurídicas y precautela el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En Europa se dice que el Tribunal Constitucional es el continuador del poder constituyente y además es legislador positivo. En Bolivia tiene la función interpretativa aplicando y emitiendo resoluciones con preferencia a la voluntad de la Asamblea Constituyente.

El Tribunal Constitucional en nuestro país se incorpora en la Constitución de 1994, desde esa fecha el Tribunal Constitucional en materia de administración de justicia ordinaria el citado Tribunal Constitucional ha creado precedentes y líneas jurisprudenciales en materia civil, en materia penal, en materia social, en materia administrativa y en otras áreas en estricta aplicación de la Constitución de 1994. Ahora, hoy día que la Constitución de 1994 no está vigente sino la Constitución Política del Estado a partir del 7 de febrero del año 2009 está vigente esta Constitución, ya no la Constitución de 1994.

Consecuentemente esta nueva ley fundamental responde a una nueva forma de estado que es el Estado Plurinacional de Bolivia, las y los bolivianos quisiéramos saber ¿usted como magistrada o magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional qué va hacer con los precedentes y líneas jurisprudenciales que han sido creadas a la luz de la Constitución de 1994? Es decir ¿va a dejar sin efecto la jurisprudencia anterior, repito, que fue creada a la luz de la Constitución anterior? ¿o de mantener los precedentes y esa línea jurisprudencial?

Si fuese en el primer caso, si es que ha de dejar sin efecto, cuáles son los fundamentos constitucionales y cuáles son los fundamentos teóricos del derecho procesal constitucional que le permitiría a usted modificar el precedente y la línea jurisprudencial, puede citar algún ejemplo de jurisprudencia de esta naturaleza de los Tribunales Constitucionales extranjeros. Quizás podría citarnos jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español y de la Corte Constitucional de Colombia, porque esa es la línea jurisprudencial que nuestro Tribunal ha seguido hasta la fecha.

R. Bien, supongo que podríamos necesitar el mismo tiempo por lo menos de la pregunta, en todo caso vamos a reiterar algunos aspectos. El primero es de que quien va a interpretar la Constitución tiene que ser bajo los moldes que dice la Constitución, y la Constitución dice en primer lugar que se interpretará conforme al texto de la Constitución o la voluntad del constituyente, y también puede utilizar otros medios, porque dice lo utilizará e interpretará con preferencia. Pues bien, respecto al tema de la jurisprudencia, la jurisprudencia son los fallos de los jueces que cuando se emite en un caso concreto no puede tener otro criterio en otros casos, por lo tanto la jurisprudencia son la reiteración de los fallos que emite un tribunal. Hay seguridad jurídica cuando estos tribunales mantienen la misma línea jurisprudencial, ahora bien, cuando hay un cambio en la Constitución habremos que analizar. En el tema de los derechos y garantías constitucionales es una historia extensísima de años y años que ahora van mucho más allá de la historia de nuestro país. Por lo tanto seguramente en ese tema de derecho no habrá mayores elementos, sino a la luz quizás digamos del servicio a la sociedad.

P. El Tribunal Constitucional Plurinacional se ocupa de velar por la supremacía constitucional, explíquennos a qué se refiere esta función.

R. Básicamente el tema es que la Constitución Política del Estado es el instrumento por el cual todos los bolivianos, las bolivianas nos hemos puesto de acuerdo para que sea aquel instrumento jurídico que regula las relaciones de los individuos dentro de la sociedad, que regule la forma del Estado, el modelo del Estado, el tipo de democracia que hemos de tener, la estructura y organización territorial, administrativa, económica, etc. Por lo tanto la Constitución Política del Estado está en la cúspide de todo el ordenamiento jurídico nacional, y por lo tanto la supremacía de la Constitución se explica porque esta ha de ser el primer lugar el referente para todas las demás normas que están debajo en lo forman y en lo material.

P. Entre la anterior legislación y las nuevas disposiciones legales promulgadas existen vacíos jurídicos ¿cómo los resolverá?

R. Bien, yo creo que hay que contextualizar la pregunta, y el tema es que en la teoría se puede entender que las legislaciones en general, puede ser Código Civil, Código Penal, Procedimiento Penal, Comercio, cualquier área podría tener algún vacío. Bueno son los jueces ordinarios los que aplican estas leyes, y entonces el Tribunal Constitucional entra en un momento en el que alguien ve que una norma es insuficiente, o es inconstitucional y le consultan al Tribunal qué es lo que puede pasar frente a una determinada situación o cómo se puede entender una norma. El Tribunal Constitucional dentro de sus atribuciones y las más fundamental es el de interpretar la norma constitucional para su aplicación caso concreto, y ahí develará los aspectos, su aplicación en un caso concreto.

2. Fausto Lanchipa Ponce (La Paz)

P. Entre sus atribuciones está resolver los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental ¿qué normas contamos para resolver casos de conflictos?

R. Entre las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional están las de resolver los conflictos de competencia entre las jurisdicciones indígena originaria campesina que tengan con la jurisdicción agroambiental y la ordinaria. El constituyente ha establecido ya el mecanismo, los límites de cada una de estas jurisdicciones, el instrumento fundamental en este caso para resolver, para dirimir estos conflictos ya sean positivos o negativos es la Constitución Política del Estado. A partir de la Constitución Política del Estado que reconoce las competencias de cada una de estas jurisdicciones en el ámbito territorial, personal, material, y la ley de deslinde jurisdiccional que clarifica cuál es el ámbito de la jurisdicción indígena y tenemos también la ley marco de autonomías que nos va a servir de luz para resolver estos conflictos.

P. En caso de que el Tribunal Constitucional encuentre un tema que ponga en disyuntiva la aplicación de la Constitución Política o de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ¿otorgarán una aplicación preferencial a esos tratados, reconocerán una aplicación preferente de los tratados internacionales no obstante que hay algunas contradicciones en la propia Constitución?

R. Bien, el sistema de protección de los derechos humanos desarrollado en sendos tratados internacionales ha sido incorporada en el texto constitucional y forma parte del bloque de constitucionalidad. Cuando exista alguna duda respecto o alguna colisión en cuanto al instrumento internacional que reconoce los derechos humanos frente al texto constitucional, debemos necesariamente aplicar aquellos principios que ilustran, que guían al intérprete, es decir al juez constitucional, aplicar los principios pro mine, pro actione, siempre favoreciendo cuál de los derechos puede ser de mayor beneficio para la persona, para el ser humano. No debemos tomar en cuenta ese criterio restrictivo de restar los derechos, más bien debemos tener el criterio extensivo de darle una mayor amplitud, una mayor cobertura a base de los instrumentos internacionales o del texto constitucional, reitero, debemos aplicar siempre los principios que hacen a la justicia constitucional.

P. ¿Cuáles son los peores males de la administración judicial?

R. Bueno, la pregunta es bastante amplia, hacer un análisis respecto a cuáles son los males que aquejan la justicia es muy difícil, pero podríamos nosotros esbozar algunos de aquellos, fundamentalmente la retardación de justicia, una justicia que no es pronta no es justicia. También la injerencia política, la corrupción en las decisiones judiciales, la corrupción creo que es uno de los elementos a los que se debe enfocar este nuevo proceso de transformación de la justicia, trabajar para que se elimine en todas las formas la corrupción, porque la retardación, la demora injustificada también llega a ser corrupción. La injerencia, la presión para conseguir una decisión favorable también debe ser evaluada, y es uno de los males que aqueja a la justicia, no solamente nacional, es un patrimonio no exclusivo de la justicia boliviana, creo que es de la justicia mundial.

P. La nueva Constitución Política del Estado establece nuevos derechos y obligaciones para los ciudadanos, ¿considera usted que la aplicabilidad de los mismos está plenamente garantizados?

R. Muy bien, una de las funciones fundamentales y no la principal del Tribunal Constitucional es materializar la Constitución Política del Estado, convertir una Constitución formal a una Constitución material. Una Constitución normativa que sea viva, que refleje en los hechos la realidad social, y el Tribunal Constitucional en el rol que tiene de garantizar la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, pues va hacer que prevalezcan y se materialicen esos derechos que en esta Constitución son bastantes. Llega en número a ocupar aproximadamente una cuarta parte de la Constitución los derechos, por eso es que es una Constitución muy garantista, y una Constitución garantista puede quedar simplemente en el discurso sino se materializa, y entonces una misión fundamental, reitero, un trabajo para el próximo tribunal es volver de lo teórico a lo prácticos estos derechos que reconoce el texto constitucional.

3. Juan Valencia Alvarado (Santa Cruz)

P. Entre sus atribuciones está resolver los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental ¿qué normas contamos para resolver casos de conflictos?

R. Bueno, para no ser reiterativo en todo caso, simplemente voy a agregar lo siguiente, esta atribución del conflicto de competencia entre la jurisdicción indígena campesina con la agroambiental y ordinaria va a ser uno de los temas trascendentales y sobre los tópicos que hay que trabajar, y es un compromiso institucional al que se va a tener que enfrentar en todo caso el Tribunal Constitucional. Y como decía para no ser reiterativo, se van aplicar partiendo de la Constitución y normas escritas, las normas que mencionaba el doctor Lanchipa, pero también normas que no están escritas, he ahí la situación que va a tener que compatibilizarse justamente para absolver estas consultas y a través del Tribunal Constitucional se pueda materializar el pluralismo jurídico y haya la paz social y respetando cada jurisdicción en el marco que le corresponde.

P. ¿Según su interpretación la disposición transitoria novena de la Constitución Política del Estado permite un control correctivo o a posterior de los tratados en Bolivia?

R. Bien, para ser concreto, al igual que la pregunta como específica, precisamente una de las novedades es que con la nueva Constitución se ha previsto el control previo obligatorio a estos tratados internacionales, eso es un gran avance justamente en el nuevo Estado Plurinacional para dar mayor seguridad jurídica y solidez y sobre todo por la soberanía del pueblo boliviano.

P. El Tribunal Constitucional Plurinacional es independiente de cualquier otro órgano, por lo que sus decisiones son vinculantes e inacatables ¿cómo se garantizará esta independencia, quién la controlará?

R. En principio aclarar un poquito, tal vez se refiere al artículo 203 de la Constitución Política del Estado que habla de la vinculatoriedad, debe ser obligatoria y vinculante en vez de acatable, tal vez la pregunta. Bien, ese tema no está en discusión la vinculatoriedad, pero la pregunta indica quién va a asegurar ese cumplimiento efectivo. Cuando el Tribunal Constitucional emite justamente las resoluciones judiciales, cuando las emite directamente el Tribunal Constitucional, por decir un recurso directo de nulidad que se presenta directamente, o un recurso directo abstracto de inconstitucionalidad, donde se deja sin efecto o se expulsar el ordenamiento jurídico como una norma jurídica, por decir que fuera emanada de la Asamblea Legislativa, es el Tribunal Constitucional, tiene los medios coercitivos y compulsivos, sino no sería tal. Ahora en los casos de acción de tutelares que van en consulta o revisión al Tribunal Constitucional, es el Tribunal de Garantías que se encarga de cumplir, y para ello también hay los medios compulsivos y la quejas del Tribunal Constitucional.

P. Si usted es elegido para formar parte del Tribunal Constitucional, ¿cuáles serán las medidas que tomará para hacer prevalecer el estado de derecho?

R. Entre las medidas uno tiene que partir por uno mismo, no puede haber una fórmula y decir, esta es la medida para el estado de derecho. Si uno es consciente, como la pregunta dice si fuera magistrado, consciente a los principios personales, profesionales y ético y luego el apego estricto a la Constitución, cumplir lo que dice justamente el artículo 178 de la Constitución que la declaración de justicia justamente emana de la soberanía del pueblo, está regida bajo ciertos principios y pues hay que aplicarla conforme a los principios, los valores y fines. Si uno se sujeta justamente a sus atribuciones al marco estrictamente como tiene que ser, automáticamente se materializa y se fortalece el estado de derecho, considero que un trabajo consciente es la mejor fórmula, así podríamos decir en otras palabras, para fortalecer el estado de derecho.

4. Efren Choque Capuma (Oruro)

P. ¿A qué se refiere resolver los recursos contra impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones en contravención a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado?

R. Bueno, la pregunta se refiere específica a las competencias que le confiere a la Constitución Política del Estado, al Tribunal Constitucional, en el sentido por ejemplo, una de las competencias es precisamente el de resolver los conflictos que tienen que ver con medidas de impuestos que puedan emerger de la sociedad o también de las diversas organizaciones que pueden recurrir al Tribunal Constitucional para que esta pueda solucionar este problema.

P. Existen conflictos en los que en ocasiones se encuentra en contraposición derechos individuales y derechos colectivos, según su criterio ¿cuál de ellos tendrá preeminencia y cuál la razón?, si podrían tan gentiles en explicarnos, gracias.

R. Bueno, en todo caso la preeminencia según la Constitución Política del Estado, y entre las atribuciones que confiere el artículo 196 al Tribunal Constitucional tiene que ver con que, la preeminencia tiene que ser para el sector colectivo, para la sociedad, para defender los intereses del pueblo debido a que la razón fundamental radica en que la Constitución Política del Estado como ley principal de Bolivia tiende, propugna a proteger los intereses del pueblo boliviano.

P. ¿En caso de ser elegido como miembro del Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco del control de la constitucionalidad qué normas vigentes modificaría?

R. Bueno, creo que uno de los problemas que tiene nuestra justicia es la carga procesal como se ha dicho anteriormente, y creo que en esa medida podríamos trabajar sobre este punto. Por otro lado estoy viendo de que también la ley no prevé una estrecha coordinación, sino una independencia que tiene que ver solamente en términos de interrelaciones entre los diversos órganos, entonces creo que también habría que ver para poder implementar una política jurídica plurinacional, tomando en cuenta que ahora tenemos en vigencia la justicia indígena originaria, habría que implementar una ley que permita articular de manera estrecha estos tres órganos.

P. ¿Existe algún tipo de cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones, ya que esta instancia le otorgará el carácter plurinacional?

R. Bueno, en la práctica en realidad ha venido existiendo, hay un caso de cooperación de complementación entre órganos que ha existido, en el caso de Oruro, estoy hablando de Tambo Quemado, un problema limítrofe donde han participado tanto las autoridades de ambos órganos en este caso. Sin embargo a partir de ahora tenemos una normativa que es la Ley de Deslinde Jurisdiccional que permite inclusive o que dispone la cooperación, la complementación entre las autoridades de los diversos órganos para que puedan solucionar los diversos problemas jurídicos emergentes en el territorio plurinacional.

5. Soraida Chanez Chire (Oruro)

P. ¿A qué se refiere resolver los recursos contra impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones en contravención a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado?

R. Como su nombre lo indica es precisamente un recurso de atribución y competencia del Tribunal Constitucional, ya que el Tribunal Constitucional entre una de sus atribuciones es el de velar por los derechos y garantías constitucionales de las personas, entonces es precisamente este tipo de impuestos, tasas que estén en contravención a la Constitución Política del Estado, entonces está bajo el control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional Plurinacional.

P. ¿Usted qué problemas ha identificado en la administración de justicia, y en virtud a estos problemas que ha identificado qué soluciones plantearía y cuál sería su metodología su trabajo para poner en marcha esa solución o propuesta.

R. Precisamente los problemas que se ha identificado y por toda la ciudadanía es el tema de la carga procesal, es decir la retardación de justicia, la corrupción que de todas maneras ya hay medidas paliativas para ello en la ley de organización judicial, como es la implementación de centros de conciliación, además de la oralidad. En cuanto a las medidas que tomaremos desde el Tribunal Constitucional podemos decir que no es de competencia y atribución del Tribunal Constitucional el de poder viabilizar o dirigir o el tema de la justicia.

P. El ex presidente de la República Carlos Mesa, en julio del 2004 restauró el poder Judicial mediante el decreto supremo 27650, designó interinamente a seis ministros de la Corte Suprema ¿es correcto que el presidente designe a estas autoridades, si o no, cuál será el procedimiento para la designación en caso de acefalias al Tribunal Constitucional Plurinacional?

R. Si, precisamente ese tipo de designaciones en el pasado no me parece correcto, ya que precisamente por esas designaciones se hacía que la justicia sea imparcial, ya que se debían a quienes debían el cargo, ahora a diferencia del pasado, ahora es a través de una pre selección, será el ciudadano, la ciudadana boliviana la que podrá elegir a estos magistrados en general.

P. Si usted es elegido deberá ejercer sus funciones durante seis años ¿qué razones disciplinarias o éticas le impedirían terminar su gestión?

R. Precisamente el término de la gestión antes o después de haber cumplido esta previsto en la ley del Tribunal Constitucional la ley 027, entre las cuales es el haber renunciado por enfermedad grave y otras situaciones que tenga una sentencia ejecutoriada en un proceso determinado. Y entre otras atribuciones está precisamente las circunstancias en las que puede culminar está establecida en la ley del Tribunal Constitucional.

6. Heldy Cárdenas Méndez (Oruro)

P. ¿A qué se refiere resolver los recursos contra impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones en contravención a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado?

R. Bueno, como decían mis compañeros, esta es una de las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional para poder conocer y resolver, ¿por qué?, porque puede ser que a nivel municipal se puedan emitir tasas, impuestos, que puedan ser contrarios a lo que dice la Constitución, en ese sentido el Tribunal Constitucional va a conocer y resolver a través de un recurso que estos impuestos, que estas tasas no contravengan y que sean lo más favorable para, en este caso, para la población o al sector al cual se le va a imponer esta tasa o este impuesto.

P. Las y los bolivianos quisiéramos saber qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar a partir de la elección con los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, y a tal efecto quisiera realizar la siguiente pregunta. Como es de conocimiento de ustedes el Tribunal Constitucional por mandato de la Constitución Política del Estado vigente y en base a la amplia jurisprudencia y doctrina del derecho procesal constitucional, el Tribunal Constitucional realiza el control de constitucionalidad o inconstitucionalidad de todos los actos, ya sea del órgano Legislativo Plurinacional, del órgano Ejecutivo, del órgano Judicial y del órgano Electoral. Dicho de otra manera, el Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución, como el garante de la primacía de la Constitución y jerarquía de las normas jurídicas hace el control de constitucionalidad de los actos de todos los poderes del estado, hoy llamados órganos del Estado.

Esto quiere decir, puede que el Tribunal Constitucional declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley siempre y cuando viole primacía de la Constitución Política del Estado, lo mismo puede ocurrir contra los actos del poder Ejecutivo, lo mismo puede ocurrir contra las sentencias resoluciones del poder Judicial, de ahí es que no existe la cosa juzgada si acaso en el proceso judicial ordinario se han violado derechos fundamentales y garantías constitucionales, consecuentemente el Tribunal Constitucional puede modificar esa resolución judicial. Esto quiere decir que el Tribunal Constitucional puede revisar los actos de los órganos del Estado, la pregunta es ¿si el Tribunal Constitucional hace el control de constitucionalidad a los poderes constituidos, quién controla al controlador?

R. Bueno, básicamente lo que nos quiere decir el doctor, es que quién va a controlar al Tribunal Constitucional, en eso cierra la pregunta. En el caso del Tribunal Constitucional por lo que manda la ley y manda la Constitución, los magistrados se deben regir única y exclusivamente a la asamblea, porque la asamblea es quien detenta la voluntad del soberano que es el pueblo, y por otra parte a la Constitución, en el caso de los magistrados del Tribunal esa es la guía. Ese es el instrumento principal por lo cual tienen que regirse, o sea que cuando hablamos de controlador básicamente es la Constitución, es de velar por los derechos, el de velar por la supremacía de derechos humanos y derechos constitucionales y ahora que estamos en esta etapa tan importante de que son elegidos directamente por el pueblo, será el pueblo pues a través de mecanismos que hay, que puedan también vigilar y controlar sus actuaciones.

P. Una de sus atribuciones es verificar que los tratados internacionales que firme el Estado sean conforme al texto constitucional ¿qué opina de los acuerdos regionales como los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos o la asociación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea, en la que Bolivia fue convocada a negociar, siendo que estos tratados se convierten en normas supranacionales?

R. Puede que los convenios o los tratados sean normas supra nacionales, pero ahora nuestra Constitución actual, dentro de lo que significa el bloque constitucional está primero nuestra Constitución y pasan a formar parte de este bloque constitucional los convenios y tratados en materia de derechos humanos, esas si son normas, en el resto de los temas económicos y temas que vayan relacionados a otros aspectos, el Estado tiene toda la potestad y la soberanía de decidir la constitucionalidad de los mismos, no deberíamos estar sujetos a eso.

P. La nueva Constitución Política del Estado fue creada con la participación del pueblo, pero todavía nos resulta abstracto ¿cómo nos garantiza que las resoluciones que emitan no sean también abstractas y atenten contra la Constitución Política del Estado.

R. Lo que dice la ciudadana que nos pregunta si es cierto, todas nuestras constituciones hasta antes de la que tenemos han sido nominales, simplemente se quedan en el papel. Una de las cosas que mi experiencia me ha permitido conocer y vivir, es que tenemos las autoridades por muy magistrados que sean tienen que acercarse más a la ciudadanía, hacer que estos derechos se ejerzan más pero vivenciales. Yo no puedo emitir una resolución sobre un derecho específico si yo no sé en qué sentido cómo se está vulnerando, conocer inclusive el contexto, lo que la gente piensa, es muy importante y ahora la justicia tenga ese cambio, que podamos acercarnos más a la gente y poder recuperar los haberes propios de lo que también nuestra población sabe y nos puede guiar mucho más.

7. Milton Mendoza Miranda (La Paz)

P. La constante sustituciones de régimen democrático por regímenes autoritarios y dictatoriales, impidieron la vigencia plena de la Constitución la que fue permanentemente desconocida por los gobiernos de facto. La pregunta es la siguiente, ¿cuál debe ser la reacción de nuestro estado frente a políticos que jurídicamente se amparan en la amnistía dictada por otro estado?

R. La amnistía es una facultad que tiene el máximo Jefe de Estado, sin embargo esta no va vinculada a delitos que conculcan derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, por lo tanto esa amnistía desde todo punto de vista tiene que ser sin duda rechazada, anulada, y la Corte Penal Internacional nos ha dado serios ejemplos precisamente para impedir que ese tipo de amnistías tengan alguna viabilidad. Estamos en un estado de derecho, por lo tanto los derechos fundamentales son de cumplimiento obligatorio y tiene que ser realimente respetados, para eso está el Tribunal Constitucional.

P. En la república de Platón Sócrates hablando con un alumno le preguntan que es la justicia, el alumno dice, es dar a todos por igual, Sócrates dice, pero no puedes dar igual entre desiguales, eso no puede ser justicia. La pregunta es ¿usted qué considera por justicia, qué es la justicia.

R. Bueno, la justicia es un valor máximo y podemos hablar de que ser justo es dar a cada quien corresponde, ser justo es resolver un conflicto, ser justo es generar paz social, y ser justo es aplicar la ley, en este caso la Constitución y la ley. Podemos resumirles a manera ese concepto y ese valor que está en la Constitución Política del Estado.

P. ¿Qué nos puede decir sobre las sentencias del Tribunal Constitucional referidas a la consulta en materia de hidrocarburos?

R. Lo importante de las sentencias constitucionales es que estas guarden uniformidad, porque no es posible que existan dos sentencias con diferente línea, eso no puede ser, eso dice muy mal del Tribunal Constitucional. A lo largo de este tiempo el Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias referidas precisamente a los hidrocarburos, y no todas han sido uniformes, existen diferencias diametrales en algún caso por este tema, y eso dice muy mal del accionar del Tribunal Constitucional. Lo más importante el capital del Tribunal Constitucional son sus sentencias y la uniformidad de esas sentencias es la base precisamente la seguridad jurídica.

P. Quisiera saber cuál es la perspectiva que tienen de aquí a un futuro a cinco años sobre la jurisdicción ordinaria y las mejoras hacia estas.

R. Bueno, esperar mejorar con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional el que hacer de la jurisdicción ordinaria, porque será el Tribunal Constitucional quien en todo caso resuelva los conflictos de jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental con la jurisdicción indígena originaria campesina. Es un trabajo muy duro porque esta Bolivia autonómica y plurinacional necesita desarrollo, y necesita desarrollo jurisprudencial a través de las sentencias, los autos y las declaraciones constitucionales que van a sentar las bases precisamente para esa Bolivia autonómica y plurinacional. Esperemos tener en cinco años un Tribunal Constitucional robusto, fuerte y también una justicia ordinaria totalmente cambiada, totalmente transparente y de acceso al público, porque es un servicio público si tenemos una jurisdicción ordinaria mejor tendremos mejor calidad de vida.

8. William Ayala Baldelomar (Cochabamba)

P. La constante sustituciones de régimen democrático por regímenes autoritarios y dictatoriales, impidieron la vigencia plena de la Constitución la que fue permanentemente desconocida por los gobiernos de facto. La pregunta es la siguiente, ¿cuál debe ser la reacción de nuestro estado frente a políticos que jurídicamente se amparan en la amnistía dictada por otro estado?

R. Muchas gracias frente a la pregunta que realizan, a mi parecer es que la amnistía debe ser utilizada de una manera correcta, existen delitos que son de lesa humanidad como el genocidio y otros que vulneran derechos fundamentales. A mi criterio no debe ser utilizada la amnistía para tratar de socapar esos delitos que son de orden universal, y que van en contra de derechos humanos o de derechos fundamentales. Sin embargo también se tiene que reconocer que la amnistía puede ser utilizada e invocada en aquellos casos en que muchas personas políticamente han sido perseguidas, torturadas, muertas o asesinadas y tratando de precautelar su derecho a la vida, han invocado ante otros estados, ante otros países, se les pueda conceder esta amnistía, precisamente para precautelar otros derechos fundamentales que tienen.

P. ¿Cuál es el concepto de derecho y de justicia que tiene en un estado plurinacional?

R. Bien, vamos a partir de lo que significa justicia, justicia es un ideal que al igual que el hombre es perfectible, a medida que va pasando el tiempo van cambiando los tipos de ver la justicia, el derecho no siempre puede ser prefecto, pero si es un parámetro para medir a donde se quiere llegar que viene a ser la justicia. Hay muchas normas como se pueden ver que son declaradas, posteriormente inconstitucionales, y eso es porque quizás esta norma en la buena voluntad del legislador o no, no tienen ese espíritu de justicia, y la justicia es ese ideal al cual nosotros perseguimos, nosotros vamos valorando día a día. La justicia es aquello que se ve en las calles, lo que la gente solicita, muchas veces en temas de justicia en lo que es bueno para uno no es bueno para otros, pero estamos en esa búsqueda de esa verdad y eso se hace a través de la norma, a través de la Constitución y a las leyes a las cuales nos debemos, gracias.

P. ¿Cuál sería el criterio constitucional para la consulta pública en el tema de minería, ya que todavía no existe desarrollo legislativo?

R. Bueno el tema es bastante interesante, y es un tema en el cual tendría que prohibirme emitir un criterio, porque en el caso de llegar a ser magistrado del Tribunal Constitucional, en el caso de que se me ponga en consulta precisamente este tema como bien lo refirió que es un tema muy importante, y en el cual no existe un desarrollo legislativo y tampoco un criterio jurisprudencial tendría que simplemente excusarme a dar la respuesta, lamentablemente. Me hubiera gustado que me hubiera tocado otra respuesta para poder desarrollar un poco más, pero sería prácticamente un criterio adelantado de cómo poder llegar a resolver el caso concreto llegado el momento.

P. Es evidente que existe una burocracia, retardación de justicia y una evidente mala aplicación de los plazos procesales, qué propondrían ustedes, qué métodos, qué políticas para resolver este problema.

R. Muchas gracias por la pregunta, bueno, la retardación de justicia es un gran problema y es un escollo que existe actualmente en todo lo que viene a ser la justicia boliviana, así como al jurisdicción o justicia constitucional. Para tratar de subsanar o mejorar el sistema jurídico boliviano se tiene que implementar y realizar sistemas y políticas que vayan destinadas precisamente a agilizar este tema. La justicia que se aplica día a día tiene que ser una justicia verdadera, más verídica, se tiene que capacitar desde los jueces, el personal de apoyo, se tiene que conseguir nuevos instrumentos que vayan a mecanizar, que vayan a instrumentalizar un poco más y ayudar en la labor efectiva del juez constitucional en este caso, y empezando desde la base de datos y la capacitación de los jueces y del personal del Tribunal Constitucional para así poder lograr una justicia más ágil, veraz y efectiva que vaya en beneficio de la sociedad, gracias.

9. Ruddy Flores Monterrey (La Paz)

P. La constante sustituciones de régimen democrático por regímenes autoritarios y dictatoriales, impidieron la vigencia plena de la Constitución la que fue permanentemente desconocida por los gobiernos de facto. La pregunta es la siguiente, ¿cuál debe ser la reacción de nuestro estado frente a políticos que jurídicamente se amparan en la amnistía dictada por otro estado?

R. Bien, cuando hablamos de la violación de derechos fundamentales, la violación de derechos humanos, cuando hablamos que se trata de genocidio o formas sistemáticas de violación de esos derechos, debemos estar con la convicción de que la comunidad internacional se ha comprometido a través de la suscripción de una serie de tratados internacionales, hacer una persecución de estos criminales en sus territorios. Esto comprende que estos delincuentes no deberían tener el amparo de ningún estado evitando, o promoviendo la impunidad, consecuentemente tenemos los mecanismos para esa situación, y los tratados internacionales que deberían ser observados por los estados. Consecuentemente considero en principio que la amnistía la otorga el estado donde se ha violado al derecho, y lo que correspondería a un tercer estado, es e refugio o el asilo, gracias.

P. La pregunta que quiero hacerle es acerca d la corrupción, en ese aspecto si usted llega a ser elegido qué elementos implementaría para hacer posible una justicia menos corrupta y especialmente tomando el principio de gratuidad.

R. El tema de la corrupción debe ser abordado en todas sus dimensiones, eso requiere que el nuevo órgano Judicial sea sometido a un proceso que yo la denominaría de reingeniería judicial. Esta reingeniería judicial requiere una revisión de la normativa sustantiva y procesada, requiere que los mecanismos que muchos abogados utilizan para dilatar un proceso sean reducidos a su mínima expresión requiere que la gratuidad en los procedimientos sea un requisito en los mismos, debemos señalar que el someter, la celeridad en un proceso no debería de estar en manos de los litigantes, debería ser un rol del órgano judicial, y además de eso requiere que todo el personal esté ampliamente capacitado y con altos principios y valores que los demuestren día a día en el ejercicio de sus funciones al servicio del pueblo.

P. ¿Qué problemas identifica en el control de la constitucionalidad?

R. El problema fundamental es que el Tribunal Constitucional no cumpla su rol, cuál es el rol del Tribunal Constitucional, precisamente ejercer y desarrollar el control de constitucionalidad, eso implica que cualquier disposición legal o de cualquier jerarquía debe estar estrictamente sometida u observar la Constitución Política del Estado. Consecuentemente si no tenemos un Tribunal Constitucional que se concentre en ese control de constitucionalidad, prácticamente estaríamos señalando que no hay un estado de derecho, que estaríamos arribando a una situación de inseguridad jurídica, consecuentemente el rol que vaya a jugar este Tribunal Constitucional sobre el control de constitucionalidad es el rol que va a determinar seguridad jurídica y un estado de derecho que garantiza a cada uno de los individuos el ejercicio de sus derechos y garantías.

P. Cuando se encuentra en un conflicto un derecho colectivo de una comunidad indígena y un derecho individual de un ciudadano, el tribunal ¿por cuál derecho se inclinará y bajo qué principios?

R. Bien, cuando hablamos de que está en conflicto derechos colectivos, tenemos que identificar también respecto de qué otros derechos, si el conflicto es respeto de derechos de privados o si estamos hablando de que el conflicto implica una disposición legal que ha sido emitida y que vulneraría esos derechos de esas comunidades. En principio debemos señalar que el bien jurídicamente protegido que está planteado en la Constitución Política del Estado, la Constitución Política del Estado establece qué derechos, qué bienes jurídicamente son protegidos, las colectividades tienen una serie de derechos y garantías fundamentales previstas en la Constitución. El rol que vamos a asumir en el Tribunal Constitucional comprende la protección de esos derechos, en ese sentido esas colectividades pueden estar en la seguridad de la Constitución Política del Estado.

10. Zenón Bacarreza Morales (Cochabamba)

P. Una de sus atribuciones es resolver las consultas que formule el presidente de la República, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Agroambiental, sobre la constitucional d proyectos de ley ¿cómo garantizará que no será influenciado gubernamentalmente?

R. Una de las atribuciones prácticamente del Tribunal Constitucional y está establecido en la Constitución Política del Estado, es que el órgano de control de constitucionalidad le caracteriza la independencia de cualquier otro órgano del poder público, y eso lo dice también en los principios que está establecido en el artículo 1 de la ley del Tribunal Constitucional que establece claramente el objeto, así como también establece ante sus principios la independencia de este órgano de control de constitucionalidad. De tal modo que la misma Constitución establece que cuando señala en su artículo la cuestión establece el órgano Judicial y Tribunal Constitucional, entonces eso hace ver que prácticamente el órgano de control de Constitucionalidad está plenamente garantizada su independencia y eso lo dice la Constitución.

P. La justicia comunitaria considera que los usos y costumbres son suficientemente importantes que tiene la historia y el peso suficiente como para poder dictaminar desde las comunidades justicia, estoy imaginando en un rito que hace años no se practica, en Curva Charazani la infidelidad de una mujer, consultaba entre los sabios de la comunidad a través de la lectura de la coca y de la llamada de los cóndores. Si la mujer ha sido infiel acto y decisión machista por lo demás, porque los hombres pueden ser infieles y no pasa nada, está condenada casi a muerte y debe suicidarse, este es un ritual que viene desde los años 30 no se conoce que se haya practicado otra vez en Bolivia, pero es un ritual de la justicia comunitaria que va en contra de una visión del sistema judicial y de las leyes que vienen de la República y hoy en el estado plurinacional.

Pregunta, si usted es un juez tan importante como en la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, que es lo que estamos eligiendo ahora, ¿qué haría si alguien le plantea juzgar a quienes obligaron a una mujer así a suicidarse siguiendo usos y costumbres, esto puede ser juzgado, es un delito, cómo resolverlo?

R. Evidentemente tenemos una ley, la ley de deslinde jurisdiccional que establece prácticamente entre la administración de justicia ordinaria y la administración indígena originaria campesina, de tal modo que en el caso de que un magistrado tiene que realizar las sentencias constitucionales, la jurisprudencia constitucional en base a los elementos que especifica prácticamente tanto la justicia indígena originaria campesina, así como el Tribunal Agroambiental y la justicia ordinaria. O sea, en este caso, la ley de deslinde jurisdiccional nos establece la administración propia de la justicia en su propio territorio, pero eso no significa que va a administrar justicia, sino tiene que haber coordinación entre la justicia ordinaria y la Constitución Política del Estado, o sea prácticamente es una decisión que el Tribunal debe manifestar en base a la Constitución, en base al ámbito territorial personal y material que establece la ley de deslinde jurisdiccional.

P. Existe denuncia contra cuatro magistrados por haber cometido prevaricato ¿puede explicarnos en qué caso concreto se puede realizar denuncias de prevaricatos a los magistrados al Tribunal Constitucional?

R. En realidad, la instancia que tiene que juzgar a los tribunos es prácticamente la Asamblea Legislativa, en esa facultad, no nos olvidemos que el Tribunal Constitucional Plurinacional, los magistrados electos deben actuar, sus actos deben estar enmarcados dentro de la Constitución Política del Estado, así como también deben armonizar sentencias constitucionales de otros tribunales, caso Tribunal Constitucional de Colombia o del Perú, donde prácticamente deben enmarcarse en el texto de la Constitución Política del Estado. Si no lo hiciera así en este caso estaría incurriendo en prevaricato, lo cual es penado por ley, y la instancia que corresponde para juzgar a esos magistrados es la Asamblea Legislativa a través del Senado Nacional.

P. Frente a la retardación de los trámites pendientes en el Tribunal Constitucional cuál sería su accionar.

R. Evidentemente el Tribunal Constitucional prácticamente está paralizando esas actuaciones casi dos años, de tal modo que las causas prácticamente están paralizadas, y no así son embargo algunas causas de carácter tutelas que esas si se están realizando. Sin embargo a partir del 16 de octubre una vez que salgan electos los magistrados del Tribunal Constitucional, me parece a mí que tienen que trabajar e inmediatamente sacar las causas a requerimiento de la ciudadanía, porque no es posible que un estado de derecho, un estado social de derecho, del vivir bien que estamos entrando a ese nuevo tipo de estado, entonces las causas tienen que ser resueltas a la brevedad posible para la satisfacción y hacer justicia a los ciudadanos bolivianos.

11. Antonieta Sahonero Molina (Cochabamba)

P. Una de sus atribuciones es resolver las consultas que formule el presidente de la República, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Agroambiental, sobre la constitucional d proyectos de ley ¿cómo garantizará que no será influenciado gubernamentalmente?

R. En ese sentido la Constitución Política del Estado, y la ley del Tribunal Constitucional establece que una de las finalidades del Tribunal Constitucional es el ejercicio del control de constitucionalidad que radica en absolver también estas consultas ¿Qué pretende?, pretende lograr el equilibrio del poder público y de la Constitución Política del Estado en base a la supremacía en la Constitución. La ley del Tribunal Constitucional establece principios sobre los cuales debe funcionar esa institución, uno de ellos es el de imparcialidad e independencia, ¿cómo se garantiza?, ejercitando esos principios de imparcialidad e independencia en base a la idoneidad que caracteriza o que va a caracterizar también a los miembros del Tribunal Constitucional elegidos, es decir que se va a cumplir lo que la Constitución Política establece.

P. ¿Qué políticas propondría usted para superar el hacinamiento carcelario que actualmente se vive en Bolivia en los centros de detención y que genera una retardación de justicia y a la vez una vulneración de los derechos humanos de los reclusos?

R. En realidad son políticas criminales que deben adoptarse a partir de la formulación de las políticas de Gobierno. La Constitución Política del Estado establece la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción agroambiental y la justicia constitucional que está representada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Cada una de estas justicias está delimitada por las atribuciones que establece la misma Constitución Política del Estado, qué es lo que hace el Tribunal Constitucional?, específicamente velar por la supremacía de la Constitución, velar, proteger por la garantía de los derechos humanos, y de las garantías constitucionales también y ejercitar el control de constitucionalidad. Es decir que la formulación de estas políticas mencionadas por el consultante no es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional.

P. Con la creación del Tribunal Constitucional en Bolivia en el año 1994 se ha dado origen e impulso a un derecho procesal constitucional en la práctica es una rama jurídica imprescindible en el ejercicio de control de Constitucionalidad, ¿se tiene los instrumentos jurídicos necesarios para llevar alenté una justicia plural?

R. Gracias, a partir de la Constitución Política del Estado vigente desde el 9 de febrero del 2009 se tiene las herramientas necesarias, por qué?, porque la Constitución establece que los principales principios de la Constitución Política del Estado es el pluralismo. ¿Qué quiere decir eso?, que significa el coexistir, la coexistencia de las diversas formas de administración de justicia que existe en nuestro estado y eso no es una incorporación propia del Estado boliviano, sino de hace muchísimo tiempo atrás se ha venido dando. Por ejemplo Colombia, es uno de los países ya ha aplicado el pluralismo jurídico que está ahora inmerso en nuestra Constitución, y también de los principios del Tribunal Constitucional es el pluralismo jurídico, la interculturalidad lo que garantiza la aplicación de este sistema en la Constitución Política del Estado y los falles del tribunal.

P. ¿Las sentencias constitucionales deben ser decisiones jurídicas o políticas?

R. Desde todo punto de vista las sentencias constitucionales tienen que ser jurídicas. Cuál la base para que estas sentencias constitucionales sean estrictamente jurídicas, lo que dice la Constitución Política del Estado y lo que dice también la ley del Tribunal Constitucional. Las bases fundamentales para que se dicten esas resoluciones: principios e interculturalidad, de independencia, de imparcialidad, idoneidad, celeridad, armonía social, cultura de la paz, todo esto significa que estrictamente están basadas en lo que dice la Constitución Política del Estado. Reiteramos, dice, la finalidad del Tribunal Constitucional es velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, qué significa esto, que todas las sentencias constitucionales deben emitirse en base al cumplimiento de esta norma fundamental, es decir la Constitución Política del Estado.

12. Elena Argandoña Quino (Potosí)

P. Una de sus atribuciones es resolver las consultas que formule el presidente de la República, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Agroambiental, sobre la constitucional d proyectos de ley ¿cómo garantizará que no será influenciado gubernamentalmente?

R. Bueno, cada tribunal se va aplicar como la supremacía de la Constitución Política del Estado, y se encuentra entre los principios de justicia la independencia, la imparcialidad, solo hay que aplicar lo que corresponde frente a la Constitución Política del Estado y seguramente los tribunales serán idóneos y harán lo que tienen que hacer. No hay por qué anticiparse a juicios de valor respecto a una aplicación o no de inconstitucionalidad, la Constitución está estableciendo los marcos generales y las reglas de juego para el respeto a la Constitución.

P. ¿Si usted fuera elegido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, siempre que sea vista en materia civil, y lo designan inevitablemente a una sala penal ¿aceptaría dicha designación o la rechazaría?, puede explicarnos por qué?

R. Bueno, pienso que todos los magistrado que vayan a elegir, a ser elegidos como tribunales, van a poder desenvolverse en cualquier sala y en cualquier comisión, para ello solo necesitamos enmarcarnos en el texto constitucional y la ley del Tribunal Constitucional.

P. Considera que el Tribunal Constitucional es un súper poder sin control, qué se ha extralimitado en algunas sentencias, cítenos un ejemplo.

R. Bueno, yo creo que no es un súper poder, la Constitución es un documento supremo de regulación de todas las normas jurídicas o el ordenamiento jurídico en nuestro país, sin embargo no creo que el Tribunal vaya a ser un tribunal pueblo poderoso, yo creo que aquí el tribunal solo tiene que aplicar en si solo la Constitución Política del Estado, compatibilizar las normas legales que van en orden de la pirámide de arriba para abajo, para que esto se aplique correctamente. Los tribunales vamos a estar también sujetos a un orden de conducta, entonces mal podríamos ser los supremo, dicen ser que somos también un Tribunal Supremo que no vamos a hacer los intocables, los supremos también para ser no observados.

P. ¿Usted considera que la justicia en nuestro país va a cambiar, si la justicia se determina por el modo de producción y en un estado capitalista el modo de producción es liberal, es individualista, entonces la justicia no va a cambiar en nuestro país, pero usted considera que va a cambiar si se cambia el modo de producción?

R. En la justicia si puede cambiar cambiando el modo de producción, pero fundamentalmente la justicia está basada en la Constitución Política del Estado y todas las normas que vienen complementarias para regular diferentes aspectos, áreas y temáticas. Sin embargo cambiar de las condiciones de vida a unas condiciones de vida equitativa, igualitaria en la sociedad, eso también puede llevar a transformar a la justicia.

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