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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2011-07-25 a horas: 22:57:25

Detectan presunto daño económico por Bs. 311.661 en la ex Prefectura de Tarija

En una auditoría especial del periodo 2006–2007, la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado (CGE) en Tarija determinó indicios de responsabilidad civil contra 40 funcionarios de la ex Prefectura de ese departamento (actual Gobierno Autónomo) por el alquiler de equipos de computación y gastos en telefonía celular, ocasionando un posible daño económico de 311.661 bolivianos. Los involucrados estarían devolviendo el dinero malversado.

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El informe preliminar de auditoría especial estableció dos hallazgos: el pago por alquiler de equipos de computación que posteriormente fueron adquiridos, y gastos de telefonía celular cancelados en exceso al límite autorizado.

Sobre el alquiler de equipos de computación, se ha determinado indicios de responsabilidad civil solidaria en contra de los servidores que dispusieron y autorizaron alquilar durante cinco meses, 20 equipos de computación y 10 impresoras por un importe de Bs77.357, los que posteriormente, fueron adquiridos por un valor de Bs98.331.

La decisión no cumplió los procedimientos previstos para una Contratación Menor por Comparación de precios conforme al Reglamento de procesos de contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría (D.S. 27328). Asimismo, originó un pago de alquiler adicional al valor de la compra que representa el 79% del importe cancelado por la adquisición, por cuanto el precio pagado por la exprefectura corresponde a equipos nuevos.

En cuanto a los gastos de telefonía celular, se observó pagos por montos superiores a lo autorizado, otorgación de este servicio a funcionarios de niveles ejecutivos y operativos tampoco autorizados, así como pagos para diferentes unidades de la exprefectura sin identificación de los funcionarios responsables de su uso y en algunos casos sin especificar la unidad, contraviniendo el Decreto Supremo 27327.

El Art. 14 de esa norma señala que “Las entidades que se financien parcial o totalmente con recursos del TGN, quedan autorizadas a otorgar el servicio de telefonía celular sólo para el primer y segundo nivel jerárquico de la Administración Central. Cualquier excepción deberá ser autorizada mediante una resolución expresa de la máxima autoridad ejecutiva…”.

El Art. 15 precisa que "Se autoriza el pago mensual de hasta Bs800.- por el servicio de telefonía celular para los servidores públicos del segundo nivel jerárquico de la Administración Central. Todo excedente en la facturación será asumida con recursos propios de la persona beneficiaria de este servicio".

En este caso, la comisión de auditoría evidenció que en el periodo auditado no existía una resolución expresa, de parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la exprefectura del departamento de Tarija, para que autorice o amplíe, a determinados servidores públicos, el beneficio de la cancelación del servicio de telefonía celular.

Por tanto, se estableció indicios de responsabilidad civil solidaria, por apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, en contra de las personas que autorizaron el pago por servicios de telefonía celular en exceso, así como a usuarios conforme al siguiente detalle:

Gastos en telefonía celular por montos superiores a lo autorizado (6.517 bolivianos),Telefonía Celular en niveles no autorizados – ENTEL (165.682),Telefonía Celular en niveles no autorizados – VIVA (43.526), yTelefonía Celular para funcionarios no identificados (18.578), sumando un total de234.303 bolivianos.

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