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Área: Opinión >> Periodismo ciudadano
Actualizado el 2011-07-04 a horas: 00:44:21

Nueva Ley de clasificación y definición de impuestos

El Poder Central se libera de sus obligaciones y las carga sobre las espaldas de los explotados

Miguel Lora Ortuño

La lectura cuidadosa de la nueva “Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulaciones para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos” nos lleva a descubrir la verdadera naturaleza de la política de las autonomías a nivel departamental, municipal y de los pueblos originarios. Se trata de una de las medidas estructurales que imponen las organizaciones financieras del imperialismo como uno de los mecanismos para tratar de superar la crisis estructural del sistema social capitalista.

Miguel Lora Ortuño

Es maestro y dirigente sindical.

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La monumental campaña montada en torno a las autonomías tiene como eje central la idea de que con esta forma de administración del país las regiones van a poder manejar mejor sus recursos, superar el atraso y su postergación secular por parte del poder central. Tanto el gobierno central como los regionales y los comités cívicos del Oriente controlados por los empresarios privados y la derecha han acogido entusiastas el planteamiento imperialista. Cada cual pensando sacar partido en beneficio de sus intereses materiales.

Los empresarios locales consideran que, por la vía de las autonomías, van a tener el control de la economía y del gobierno locales para evitarse la molestia de la injerencia del gobierno central que afecta sus intereses. El gobierno central, por su parte, considera que ha llegado la hora de deslindarse de una gran parte de sus obligaciones, sobre todo en materia de financiamiento de los servicios de educación, salud, infraestructura vial, etc. Finalmente, las organizaciones financieras internacionales creen haber allanado el camino para que las transnacionales puedan negociar libremente y con ventaja con los débiles gobiernos locales la explotación y al saqueo de los recursos naturales.

Esta nueva “Ley de Clasificación y Definición de Impuestos…” cumple a cabalidad los intereses del poder central:

Primero, define y clasifica el tipo de impuestos que corresponden al poder central y a los gobiernos locales, siempre cuidando la posibilidad de que el Estado central se quede con la parte del león; se trata de impuestos ya existentes y que la población soporta como pesada carga sobre sus hombros.

Segundo, faculta a los “órganos legislativos” locales (parlamentos) para que –por iniciativa del poder regional, de las organizaciones sociales y también de las personas naturales independientes- puedan crear nuevos impuestos de aplicación plena en la jurisdicción. Estos impuestos locales servirán para subvencionar necesidades y obligaciones que el poder central no podrá cubrir. Por tal razón, los explotados, sumadas a las obligaciones tributarias que ya tienen, también tendrán que soportar el peso de los mismos. En este sentido, el Ministro Arce ha señalado que a partir de la promulgación de la nueva ley las gobernaciones y las alcaldías “tienen que asumir la responsabilidad del manejo de sus recursos financieros”, “tienen la obligación de mejorar sus ingresos” por la vía de los impuestos locales, y concluye señalando categóricamente que el Estado “ya no es responsable de la pobreza de los gobiernos locales”.

Todo está claro: cuando el presupuesto asignado por el poder central sea cada vez más insuficiente, por ejemplo para la educación y la salud en virtud al crecimiento vegetativo de la población, serán los gobiernos locales quienes tengan la “obligación” de resolver el déficit por la vía de los impuestos locales. Sin embargo, éstos no pueden crearse ilimitadamente porque terminan chocando con la pobreza regional; entonces abandonarán a su suerte los servicios considerados por la nueva constitución como “derechos humanos” para que la “iniciativa privada” medre con ellos.

¿Dónde está la diferencia, por ejemplo, entre la reforma educativa del Banco Mundial (Ley 1565) y la reforma masista (Siñani – Pérez)? Ambas terminan en el mismo punto: la privatización del “derecho humano” de la educación y lo mismo ocurrirá con los otros servicios que, hasta ahora, son responsabilidad exclusiva del Estado.

* Dirigente de la Unión Revolucionaria de Maestros (URMA) del Partido Obrero Revolucionario (POR).

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