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Actualizado el 2011-06-13 a horas: 20:03:55

El tema marítimo: un comodín político boliviano

Fundación Milenio

En las últimas décadas se ha venido convocando el tema marítimo con creciente frecuencia. Casi siempre asociado a situaciones de crisis interna de manera que la memoria o la posibilidad de un conflicto o una controversia internacionales puedan disolver las discrepancias, animadversiones y enfrentamientos domésticos internos.

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Fue un 23 de marzo, en el año 1978, que el entonces gobernante de facto Gral. Hugo Banzer Suarez, decidió dar un giro radical a su política con Chile y, luego de encuentros presidenciales, negociaciones secretas, convocatorias a ex dignatarios de Estado y hasta la conformación de una suerte de parlamento dedicado al tema marítimo, decidió romper otra vez las relaciones diplomáticas con Chile. Dejó atrás el abrazo de Charaña, con su homólogo Augusto Pinochet, y la famosa promesa del embajador Gutiérrez Vea Murguía que, mostrando su maletín al llegar de Chile, dijo que ahí traía el mar para Bolivia. La posibilidad de un canje territorial que compensara el corredor en el norte de Arica y el acceso directo al puerto quedó cancelado por el rechazo indirecto del Perú, que propuso el control trinacional del puerto de Arica, y por la movilización política de la oposición que peló al sentimiento patriótico para rechazar el canje.

Por eso resulta comprensible que muchos ciudadanos hayan recibido con escepticismo la decisión del Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, que el 23 de marzo de 2011 comunicó su decisión de ensayar el camino de la justicia internacional, demandando a Chile ante los tribunales internacionales. Hasta ese momento la Cancillería se había concentrado en una agenda de 13 puntos, presentada reiteradamente como un avance sustancial en la relación con el vecino país, y en la construcción de la confianza mutua.

El 23 de Marzo el Presidente anunció el cambio de estrategia. Además del significado de la fecha, que recuerda la muerte de Eduardo Abaroa en el puente del Topáter, a pocos días de iniciada formalmente la guerra, el momento político estaba marcado por el significativo descenso en la popularidad del Presidente Morales y del gobierno del MAS, tras la captura del Director del Centro de Información y Generación de Inteligencia (CIGEIN), Gral. (r) René Sanabria, detenido en Chile por tráfico de cocaína y por las movilizaciones sociales por el gasolinazo, que muestran también el desencanto de los sectores populares con el gobierno.

El anuncio gubernamental de demandar a Chile ante los tribunales internacionales tuvo un efecto inmediato en los medios de comunicación, en los dirigentes y representantes políticos que volcaron su atención hacia el tema marítimo y dejaron de lado la inflación y salarios, el narcotráfico, las denuncias sobre el caso Rosza, las innumerables denuncias de persecución política-judicial y vulneraciones a los derechos humanos y el descenso de las reservas de gas natural como consecuencia de la falta de inversiones en exploración petrolera.

El sentimiento emergió nuevamente y hasta algunos ex Presidentes dejaron de lado las acusaciones y agravios y se ofrecieron, como soldados en el frente de batalla legal que anuncia el gobierno. También afloraron actitudes gubernamentales autoritarias considerando que expresar discrepancias o puntos de vista diferentes a las del oficialismo, constituyen amenazas a la unidad nacional.

El gobierno comunicó su decisión de recurrir a los tribunales internacionales, pero no mencionó a cuál de ellos debía acudir, lo que desató controversias y especulaciones interminables. Quienes observan este proceso perciben que no hay profesionalismo, experiencia y menos una estrategia clara a pesar de la creación de la Dirección de Reivindicación Marítima.

Para los entendidos, el tribunal al que se refiere el anuncio gubernamental no puede ser otro que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, pero no han faltado parlamentarios oficialistas que argumentan la posibilidad de lograr que se forme un tribunal específico para tratar este caso, con evidente desconocimiento del Derecho y as Relaciones Internacionales.

La idea de que se trata de La Haya, surge del hecho de que el mismo se encuentra referido en el Tratado de Paz y Amistad firmado entre Bolivia y Chile el 20 de octubre de 1904 y el Protocolo Complementario del 16 de abril de 1907, por el cual se designó como árbitro entre Bolivia y Chile a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, acudiéndose para todo efecto al Artículo 26, Capítulo II del Título IV de la Convención para arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales, suscrita el 29 de julio de 1899 por las potencias concurrentes a la Primera Conferencia de Paz celebrada en la Capital del Reino de Holanda.

Es importante recordar que el Artículo 26 de la Convención de 1899 para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales señala a la letra: “… La Oficina Internacional de la Haya está autorizada a poner a disposición de las Potencias Signatarias sus locales y su organización para permitir el funcionamiento de toda jurisdicción especial de arbitraje. La competencia de la Corte Permanente se podrá extender, dentro de las condiciones establecidas por los Reglamentos, a las controversias entre Potencias no Signatarias o entre Potencias Signatarias y Potencias no Signatarias, si las artes hubieran convenido recurrir a la Corte”.

Según los juristas, esto significa que una demanda no procede en la Corte de la Haya sin convenio previo (Acuerdo de Controversia) entre las partes involucradas, es decir, sin un acuerdo explícito entre Bolivia y Chile para resolver sus diferencias en ese tribunal. Por lo tanto, señalan los entendidos, la solución jurídica multilateral pasa por un acuerdo político-diplomático previo de carácter bilateral. Si además la controversia pudiera resolverse con algún arreglo que involucre los territorios que antes de la Guerra del Pacífico fueron del Perú, requeriría de un acuerdo político trilateral en virtud del Protocolo suscrito entre Chile y Perú en 1929.

Para algunos analistas reviste mayor importancia la acción de los miembros de la Asamblea Plurinacional de aprobar, sin mayor debate ni consideración, “El Pacto de Bogotá”, de 30 de abril de 1948. Los sucesivos gobiernos de Bolivia habían evitado hasta ahora la adhesión del país a dicho Pacto porque consideraban que adherirse al mismo implicaría admitir que el problema limítrofe entre Bolivia y Chile estaría plenamente resuelto con el Tratado de Paz y Amistad de 1904 y que cualquier alteración sólo sería posible por medio de procedimientos pacíficos.

Según diplomáticos y juristas, la adhesión al Pacto de Bogotá implicaría, por lo tanto, la renuncia a la guerra. Esto es concordante con lo dispuesto en la actual Constitución Política del Estado. Quienes defendieron la objeción boliviana al Pacto de Bogotá no lo hicieron por guerreristas, sino porque consideraban que, aunque remota, esa posibilidad representaba un elemento de presión sobre Chile. Ese elemento ya no existe por decisión de la Asamblea y del Gobierno, sin que al eliminarlo el país hubiera obtenido algo a cambio.

Tampoco el Pacto permite demandas unilaterales ante la Corte de La Haya. En efecto, el Pacto de Bogotá en su artículo 38 destaca que el arbitraje solamente procede si existe acuerdo entre partes. Peor aún cuando se destaca que los Laudos Arbitrales de controversias internacionales resueltos por procedimientos pacíficos en el marco de “El Pacto de Bogotá”, son cosa juzgada, es decir, son definitivos, no pudiendo ser impugnados nunca más. De manera que si el fallo fuera contrario a los objetivos nacionales, ya no podrían perseguirse de ninguna manera.

Bolivia denunció el Tratado de 1904 ante la Liga de las Naciones en 1920 y 1921. El mecanismo de arbitraje de ese organismo señaló que no tenía competencia sobre esa materia y que por ende el Tratado de 1904 tenía plena vigencia. Pero Bolivia dejó un antecedente que permitiría que el tema pudiera ser tratado por otro órgano con competencia para ello. Es decir, que la acción realizada entonces no cerró caminos ni fue definitivo, como lo sería una demanda ante la Corte de La Haya, cualquiera fuera su resultado.

De lo anterior concluimos en la necesidad de diseñar una política de Estado que trascienda los intereses y las necesidades de los circunstanciales gobiernos. Fue esta esperanza la que animó a muchos ciudadanos a aceptar su participación en el Consejo Nacional de Reintegración Marítima, creado durante el gobierno de Banzer. Los 100 notables que se reunieron en Cochabamba estaban animados por la voluntad de establecer una política de Estado. La frustración que ellos vivieron no ha sido del todo olvidada y parece haber sido reavivada por los recientes cambios en la política exterior del gobierno.

Si la vía militar de acceso al mar con soberanía ha sido cerrada con la adhesión al Pacto de Bogotá y la vía jurídica es inviable, solo queda la vía diplomática. Sin ser fácil, esta sigue siendo la más apropiada pero para plasmarla se necesita de diplomáticos con sólida formación y experiencia, de una estrategia objetiva, realista y una acción coherente y persistente, alejada a todo objetivo político de corto plazo y concentrada en el logro de una salida al mar.

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