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Actualizado el 2011-05-24 a horas: 01:42:39

La policía y la delincuencia del “proceso de cambio”

Centro de Estudios Populares

El delito de clonar placas de vehículos robados ha sido esta vez el acto criminal que derivó en el cambio del Comandante Nacional de la Policía. El carro con placas clonadas estaba en manos de un suboficial de Policía, y existe la seria sospecha de que el vehículo es de propiedad del removido comandante Ciro Farfán.

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Farfán había sido posesionado el 14 de marzo de este año, con la misión de “acabar con la corrupción en la policía en 90 días”. A escasos días de ese mandato, otro escándalo policial de gran magnitud sacudió al gobierno pues involucraba al general René Sanabria, entonces jefe del Departamento de Inteligencia del Ministerio de Gobierno, con una banda internacional de narcotraficantes. El capo René Sanabria trabajaba nada menos que codo a codo con el ministro de Gobierno y ex activista de derechos humanos, Sacha Llorenti.

El gobierno del “proceso de cambio” viene prometiendo una reforma policial (al igual que todos los gobiernos) que nunca llega. En estos últimos años Evo Morales y su Ministro no han escatimado calificativos acerca de la “sacrificada labor policial” que “ha dado mucho por la población”, han fijado como objetivo crear “el policía del cambio”. Sin embargo toda esta propaganda se desbarata cada vez que aparecen escándalos que involucran a esta cuestionada institución del Estado.

A pesar de que para todos es evidente la crisis estructural de la policía, Evo Morales y Sacha Llorenti acuden al desgastado argumento la presencia de “policías malos” que dañan el prestigio de la institución. La realidad es muy distinta. La policía boliviana está envuelta en escándalos desde siempre. Extorsión, corrupción, asociación con delincuentes, represión, asesinatos extrajudiciales (en la ciudad de Santa Cruz) son parte de la práctica policial. A esto hay que sumar la labor represiva de aplastar las protestas del movimiento popular. En su defensa del viejo Estado, bajo órdenes de las más altas autoridades políticas, la Policía ha cosechado y cosecha una gran cantidad de muertos y heridos. Ésta es la realidad pasada y actual de la “sacrificada labor policial”.

El propio Ministro de Gobierno lo reconoce así cuando admite la existencia de bandas al interior de la Policía (por ejemplo en torno de la clonación de placas), también Evo Morales cuando refiere la existencia de toda una jerga policial-delincuencial para extorsionar a los ciudadanos. El senador oficialista Isaac Ávalos ha dicho hace un par de meses que la Policía “es una vergüenza nacional e internacional”, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, ha declarado este domingo pasado que “mafias” dentro de la Policía, donde participan algunos “generales”, quieren destituirla e incluso planean atentar contra su vida. Los citados aquí son autoridades del gobierno que no pueden ocultar el peligroso accionar de la policía y se contradicen, de vez en cuando, con el argumento de los malos policías.

¿A qué viene entonces esta argumentación? La vieja cantaleta de que el problema no es de la institución sino de malos elementos ha sido utilizada por todos los defensores del viejo Estado, es un argumento deliberado que busca esconder precisamente el carácter reaccionario que tiene la Policía, que su accionar generalizado en contra de la población es su razón de existencia, su característica de reproducción. La existencia de policías “buenos” o “malos” es un elemento secundario, la práctica corrupta y represora de la Policía está marcada como huella de nacimiento y alcanza, como vemos en las propias declaraciones de las autoridades políticas (y tantísimas otras denuncias de la población y los propios policías), a las más altas autoridades.

En realidad la pesada carga que soporta la población debido a la práctica policial es un aspecto de la dictadura de clase del Estado y está insertado en la lógica del sistema. El ingreso a la Policía está regido por pagos de dinero, los postulantes ven en ello una “inversión” a recuperarse en el futuro. Cuando están en la Policía, el pago es para ser enviados a unidades específicas (frontera, aduanas, trámites policiales). La “inversión” realizada será “recuperada” después, a base de extorsiones a los ciudadanos. Es todo el sistema (no los “malos policías”).

Los hechos de corrupción y la represión que ejerce la Policía revelan la forma en cómo el viejo Estado aplica su dictadura sobre el pueblo, dictadura que recae como una pesada carga sobre las espaldas de la gente (fuera de los hechos de muerte y tortura), en particular contra los más pobres, contra los que no tienen nexos con el poder. Esa opresión sobre la gente más desposeída refleja su carácter de clase.

El gobierno ha presentado como “medida revolucionaria” el quitar a la Policía las recaudaciones por Identificación Personal y Trámites de Licencias, para pasarlas a manos civiles. Pero las instituciones burocráticas del Estado actúan de manera similar a la Policía, basta ver el sistema judicial para tener una idea de que es una desgracia caer en sus dependencias. ¿Qué se puede esperar de las recaudaciones en manos de civiles? Así como en la Policía, el ingreso a la administración pública no está exento de coimas y, en el “proceso de cambio”, la compra-venta de avales firmados por altos políticos del MAS. La corrupción generalizada en estas instancias incluso ha “naturalizado” ciertos pagos que las personas se ven obligadas a hacer sin que medie obligación legal alguna.

Las reformas del gobierno de Evo no han tocado esta esencia, tendrían que acabar con el sistema mismo si quisieran hacerlo. Pero el “proceso de cambio” no apunta a transformar el sistema sino a reestructurar el viejo Estado y sacarlo de su crisis a través de reformas aparentemente beneficiosas para la población. Todo proceso reformista se mueve dentro de la dinámica de la vieja sociedad y pronto abandona su retórico combate a “los males” de esa sociedad. El Ministro de Gobierno, por ejemplo, ha sacado el argumento reaccionario de que “detrás de todo corrupto hay un corruptor”, en otras palabras los funcionarios corruptos son víctimas de la población. Eso es colocar a la víctima como victimador. De supuesto defensor de la población ante los abusos del Estado, cuando era presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Llorenti pasó a ser el más fiel defensor del viejo orden. Todo su trabajo está volcado ahora a relativizar la responsabilidad del Estado (en la personificación de sus funcionarios) y endilgar la responsabilidad a toda la sociedad.

Hace algunos años cuando se armaba el proceso de juicio de responsabilidades contra los crímenes de octubre de 2003, ocurrido durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el activista de derechos humanos Sacha Llorenti señalaba la necesaria individualización de los principales responsables de las matanzas porque, según decía, “culpar a todos lleva a no culpar a nadie”. Hoy Llorenti usa esta estrategia para librar de responsabilidades al Estado.



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