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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2011-05-16 a horas: 23:27:47

El gobernador de Beni, arraigado y con detención domiciliaria

Trinidad y La Paz, (ABI).- La juez Cautelar Narda Vega ordenó el lunes detención domiciliaria y arraigo para el gobernador del Beni, Ernesto Suárez y, entre otros dos, el asambleísta Carlos Navia, militante del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), además de una fianza de 50 mil bolivianos.

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"Son medidas sustitutivas a la detención preventiva, las cuales van a consistir en el arraigo de Ernesto Suárez, así como también la detención domiciliaria y una fianza de 50.000 bolivianos", explicó a los periodistas.

Suárez fue formalizado por inferir un daño económico al Estado por 800.000 bolivianos en el caso de la Cooperativa Eléctrica Maniqui, en el municipio de San Borja. El daño económico ocasionado a la Prefectura de Beni y, por extensión al erario nacional, alcanza 840.883 bolivianos.

En la gestión 2006, Suárez, así como el Gobierno Municipal de San Borja, representado por el alcalde, Ronald Tovías Simon, firmaron dos convenios por los cuales la entonces Prefectura de Beni (ahora Gobernación) y la Alcaldía de San Borja canalizaron de fondos a la privada Cooperativa Maniqui Limitada que gerencia el suministro de energía eléctrica en ese distrito amazónico.

Los fondos fueron transferidos a la mencionada cooperativa para el alquiler y reparación de generadores de energía de su propiedad, a contrapelo de la ley.

Asimismo, la Jueza imputó al actual asambleísta Navia, que también ejerció la Prefectura de ese departamento y le dictó medidas cautelares a la detención preventiva por el denominado ‘caso Maniqui‘.

El sumario también implicó a Tovías Simon, ex alcalde de San Borja, que debe sopesar una orden de detención domiciliaria, arraigo y fianza de 50.000 bolivianos.

Tras escuchar el dictamen judicial Suárez denunció que "no existe justicia en nuestro país", y que "con esta clase de acciones sólo se demuestra la persecución por parte del Gobierno". "El pueblo de San Borja me pidió un motor de luz y que se repare el motor de luz, se lo di, porque me pidió; era mi obligación como autoridad, y si eso me cuesta estar aquí con gusto me siento señora juez", afirmó.

Por otro lado, la fiscal Ingrid Rodríguez anunció el lunes que citará a la senadora de la opositora Convergencia Nacional Carmen Eva Gonzales y a Gary Prado, acusados de desacato y encubrimiento por el fiscal Marcelo Soza, cabeza de la investigación del caso terrorismo.

"Es la denuncia interpuesta por el fiscal Marcelo Soza en contra de Gary Prado y la Senadora por los delitos de desacato y encubrimiento, en ese sentido el Ministerio Público ha realizado el inicio de la investigación y estamos solicitando un informe al asignado al caso para librar la citación, eso se va hacer en el transcurso de esta semana", informó a los medios.

Soza demandó a Gonzales por la difusión de un audio en el que aparentemente se escucha su voz, ligándolo a conductas inadecuadas, mientras que la demanda contra Prado está sustentada porque en una entrevista televisiva lo llamó "judicialmente burro".

La jurista informó que, en el caso de que ambos denunciados se encuentren en Santa Cruz, el Ministerio Público se constituirá en esa ciudad para tomar las respectivas declaraciones. Asimismo, anunció que pasada la etapa preliminar de toma de declaraciones solicitará que se asigne un experto para que realice el peritaje del audio de la grabación que difundió la senadora.



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