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Área: Sociedad >> Alcaldías
Actualizado el 2011-01-27 a horas: 16:37:26

Ahora el MAS va tras la suspensión del alcalde tarijeño Oscar Montes

(Agencia Plus).- Cuatro concejales de oposición presentaron este jueves 27 de enero una denuncia formal ante la fiscalía de distrito contra el alcalde de la ciudad de Tarija, Oscar Montes Barzón, y otros ex funcionarios; a quienes se los acusa de los delitos de “contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica”, por la transacción de bienes inmuebles públicos.

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El alcalde y los concejales de la agrupación UNIR ven en la denuncia una intencionalidad política que busca desestabilizar la gestión municipal, y la suspensión de una autoridad electa por el voto popular. En tanto, el fiscal de distrito Rodrigo Antelo, en contacto con la Agencia PLUS, anunció que en las siguientes horas sortearán al fiscal que se hará cargo de la investigación.

La denuncia fue presentada contra el alcalde Montes, la ex oficial administrativa Eliana Majluf, el ex oficial mayor técnico Juan Carlos MENA y el ex director de desarrollo urbano Pedro Marcelo López.

Se acusa a la autoridad por la transferencia de bienes inmuebles de propiedad municipal a personas particulares, sin haber cumplido los procedimientos legales, aprobación del concejo municipal y autorización del Congreso Nacional.

“Se ha evidenciado que algunos los inmuebles transferidos, a título gratuito aparentemente son destinados a áreas verdes”, declaró el concejal del MAS Sergio Gallardo.

El concejal señaló que al no haber cumplido con los procedimientos que establece la Ley de Municipalidades y la Constitución Política del Estado, el alcalde y los ex funcionarios incurrieron en los delitos de “contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes”.

En el memorial presentado ante el ministerio público, los concejales piden se “inicie las investigaciones y se apliquen las medidas cautelares de carácter personal y real que corresponda por tratarse de intereses estatales”, señala el documento.

Por su parte, el alcalde tarijeño indicó estar con la conciencia tranquila, al asegurar que el único fin de sus acciones, que están respaldadas legalmente, era lograr un beneficio económico a la alcaldía.

Explicó que a fin de viabilizar la ejecución de obras, el año 2008, realizó un acuerdo transaccional con Ubaldo Flores Villegas, propietario de dos lotes de 200 metros del barrio 15 de abril, por otros lotes de 294 metros en el barrio Catedral, de la ciudad de Tarija.

“Se ha hecho un acuerdo transaccional un poco más grande, pero menos costoso. Los lotes en el barrio 15 de abril tenían un costo de 39.000 bolivianos, y nosotros les entregados dos lotes por un valor de 32 mil; entonces le hemos ahorrado a la alcaldía 7 mil bolivianos”, explicó la autoridad.

En ese marco, el burgomaestre tarijeño, aseguró que el único propósito de la denuncia, es generar inestabilidad y causar un daño a la gestión municipal.

Por su parte, el presidente del concejo municipal, Rodrigo Paz Pereira en declaraciones a la Agencia PLUS, afirmó que los concejales denunciantes no cumplieron con los procedimientos correspondientes, ya que no le dieron la oportunidad al ejecutivo municipal de asumir defensa en las instancias correspondientes, el ente deliberante.

“Al parecer a estos ciudadanos, no les interesa escuchar la contraparte del ejecutivo, sino que sea el ministerio público que desarrolle las investigaciones; yo creo que la razón de esta denuncia no es buscar la verdad, sino generar la inestabilidad en el gobierno municipal, lo que se estuvo buscando desde el inicio de la gestión”, remarcó el concejal.

El fiscal de distrito Rodrigo Antelo señalo que una vez recibida la denuncia y en el marco de lo que establece la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el caso será remitido al programa integral anticorrupción (PIA).

Indicó que una vez cumplido los procedimientos, inmediatamente sortearan al fiscal que se hará cargo del caso, para que en 24 horas inicie las investigaciones; por lo que estiman que en tres meses, tiempo máximo que establece las normas, concluyan la primera etapa de la investigación.

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