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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2011-01-13 a horas: 16:54:38

2,6 millones de bolivianos en juego

La Contraloría denuncia mal uso de dinero público en la Prefectura cruceña y en la UMSFX de Sucre

La Contraloría General del Estado (CGE) verificó que en 2006, durante la gestión del prefecto y actual gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, se concretó una transferencia irregular de más de 700 mil bolivianos de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburo (IDH) para el pago de sueldos y aguinaldos. Por otro lado, la CGE denunció que pagaron hasta tres sueldos a un solo funcionario de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, y cuantificó un daño económico de 1,9 millones de bolivianos.

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En la gestión 2006, el Prefecto, Secretario General y Director de Administración y Finanzas de la Prefectura del departamento de Santa Cruz viabilizaron y autorizaron comprobantes de contabilidad y cheques para la transferencia de recursos del IDH a favor del Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Veterinario (LIDIVET), por un importe total de 1,2 millones de bolivianos en una adenda del 18 de junio de 2006, verificó la Gerencia Departamental de Santa Cruz de la Contraloría General del Estado.

Como parte de ese importe, 758.275 bolivianos se pagaron con recursos del IDH, los cuales conforme a las rendiciones de cuentas efectuadas por el entonces Director Ejecutivo de LIDIVET, fueron destinados a pagos por nivelación de sueldos, aportes patronales y aguinaldos por mayo a diciembre de 2006, fuera de las competencias del IDH definidas en el Decreto Supremo 28421 de 21 de octubre de 2005.

El Decreto Supremo 28421 del 21 de octubre del 2005, en su Artículo 2, que modifica el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 28223 de 27 de junio de 2005, modificado a su vez por el Decreto Supremo 28333 de 12 de septiembre de 2005, establece las áreas de inversión del IDH por las Prefecturas.

Se detectaron responsabilidades penales en las personas de Rubén Darío Ibáñez Calderón y Palmira Aguilera Álvarez, entonces Director Ejecutivo y Gerente Administrativo y Financiero del LIDIVET, respectivamente, por el delito de “Malversación”. Asimismo, respecto de Rubén Armando Costas Aguilera, entonces Prefecto, por los delitos de “Incumplimiento de deberes” y “Conducta antieconómica”, y sobre Roly Aguilera Gasser y Luis Parada Rivero, entonces Secretario General y Director de Administración y Finanzas, respectivamente, por los delitos de “Malversación”, “Incumplimiento de deberes” y “Conducta antieconómica”.

Por otro lado, la Gerencia Departamental de la CGE en Chuquisaca efectuó la Auditoría especial de remuneraciones y aguinaldos pagados en la Universidad de San Francisco Xavier por las gestiones 2008 y 2009, identificando indicios de Responsabilidad Civil y un daño económico de 1.957.231 bolivianos.

El daño se habría producido por el pago de sueldos superiores a la remuneración mensual máxima aprobada para el sector público, puesto que de la revisión de planillas mensuales de sueldos de la Universidad, así como la documentación proporcionada por las diferentes entidades del sector público (planillas de sueldos, boletas de pago y comprobantes de contabilidad), se evidenció la percepción de sueldos, salarios, honorarios, dietas y otras remuneraciones análogas con fondos del Estado, mensuales iguales o superiores al monto de remuneración mensual (Bs15.000) aprobada para el Presidente del Estado Plurinacional.

Estos hechos constituyen Indicios de Responsabilidad Civil solidaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 inciso c) de la Ley 1178 y están sujetos a la aplicación del artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal, Inc. h) por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, para los servidores públicos que aprobaron los pagos, así como Indicios de Responsabilidad Civil, por concepto de percepción indebida de sueldos, para quienes simplemente cobraron los beneficios en exeso por los servicios prestados, precisó Amilcar Ayala, gerente departamental de Chuquisaca.

Entre los involucrados figuran funcionarios que al acumular cargos públicos y/o ejercer más de una actividad en el sector público (Universidad y otras entidades públicas), percibieron remuneraciones iguales o superiores a la establecida para el Presidente , ocasionaron daño económico a la Universidad.

En total son 80 funcionarios, entre los que se encuentran actuales y ex servidores de diferentes jerarquías de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, de los cuales llaman la atención las personas que trabajan en tres entidades,y que en promedio su acumulación de sueldos es de 20 mil bolivianos, lo que significa que tuvieron aguinaldos de hasta 40 mil bolivianos durante las gestiones pasadas.

Anteriormente, la CGE acusó al personal del Gobierno Municipal de Sucre de aprobar 64 proyectos de loteamientos y urbanizaciones al margen de la ley en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de junio de 2005, causando un daño económico de 1.914.576 bolivianos.

Los involucrados en este hecho son 47 funcionarios de diferente jerarquía del Gobierno Municipal de Sucre que participaron en la elaboración, evaluación y aprobación de proyectos de loteamientos y urbanizaciones. Algunos de ellos comenzaron a devolver los recursos, como por ejemplo el actual presidente de la Brigada de la Asamblea de Chuquisaca Ignacio Mendoza, en ese entonces concejal por Izquierda Unida (IU).

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